Afganistán 2023

En medio de una creciente crisis humanitaria acompañada de turbulencias económicas, la población afgana sufrió violaciones de los derechos humanos y represión en grado extremo. Los talibanes impusieron cada vez más restricciones a las mujeres y las niñas, al parecer con el fin de hacerlas desaparecer por completo de la vida pública. Voces del panorama internacional pidieron investigar esa persecución de género como crimen de lesa humanidad. Se redujo la libertad de expresión, y quienes expresaban pacíficamente puntos de vista críticos con los talibanes se enfrentaban a desaparición forzada, detención ilegítima, arresto arbitrario, tortura y otros malos tratos. Se mantuvo la cultura de la impunidad, incluso para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bajo el gobierno talibán se redujo aún más la libertad de religión. Los grupos étnicos, incluidas las minorías religiosas, sufrían cada vez más marginación, prejuicios y desalojos forzosos. Los talibanes llevaron a cabo en público ejecuciones y castigos corporales, tales como lapidaciones y flagelaciones.

Derechos económicos, sociales y culturales

A lo largo del año, la devastadora crisis humanitaria que asolaba el país se agravó bajo los efectos del régimen talibán vigente desde 2021, catástrofes como terremotos e inundaciones y varios años consecutivos de sequía. Los organismos de la ONU calculaban que el número de personas necesitadas de ayuda había aumentado desde los 18,4 millones de 2022 hasta casi 29 millones en agosto de 2023. La OMS advirtió de la existencia de millones de personas en riesgo de desnutrición y enfermedad y con acceso escaso o nulo a atención médica y alimentos, incluidos 2,3 millones de niños y niñas en peligro de desnutrición aguda. En noviembre, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Afganistán había recibido sólo el 34,8% de sus fondos, lo que se sumaba al aislamiento internacional del país y a las sanciones económicas que se le habían impuesto en respuesta a la toma del poder por los talibanes. La expulsión masiva de población refugiada afgana por Pakistán auguraba un empeoramiento de las dificultades humanitarias. Irán y Turquía continuaron expulsando a personas refugiadas afganas.

El sistema de salud seguía dependiendo de la ayuda internacional y continuaba siendo precario, debido a la falta de infraestructuras y de recursos adecuados.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideraron que las draconianas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas, unidas al uso del arresto y la detención arbitrarios, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos, podían ser constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género.¹

En abril, los talibanes hicieron extensiva a los empleos con la ONU la prohibición de trabajar fuera de casa impuesta a las mujeres, lo que dificultó aún más el reparto de ayuda humanitaria. Se siguió prohibiendo a las mujeres trabajar en el sector público, salvo en ámbitos como la sanidad y la educación primaria, o en determinadas instituciones de seguridad, como los aeropuertos o las cárceles de mujeres. Se les prohibió aparecer en público solas o viajar más de 72 km sin un acompañante varón. Los salones de belleza recibieron la orden de cerrar a partir de julio, lo que afectó a unos 60.000 negocios de propiedad de mujeres, según informes de la ONU.

También se siguió prohibiendo a las mujeres participar en actividades deportivas y visitar los parques públicos. En algunas provincias, como Herat, las autoridades talibanas informaron de la implantación de otras restricciones de alcance local, como la prohibición de que las mujeres acudieran solas a restaurantes.

Aumentaron las restricciones relativas a la educación de las niñas. Además de prohibirles matricularse en cursos más allá de la enseñanza primaria, en junio se prohibió a las ONG internacionales —incluidos los programas dirigidos por UNICEF— impartir educación comunitaria y se les ordenó transferir sus programas a organizaciones locales. Según informes, en los meses de junio y julio más de 4.500 mujeres fueron despedidas de sus puestos de trabajo en el ámbito de la enseñanza.

Numerosos organismos de la ONU informaron de un aumento de los matrimonios precoces y forzados y de la violencia por motivos de género y los feminicidios, que quedaban impunes. Los talibanes desmantelaron progresivamente el marco institucional de ayuda a las sobrevivientes de violencia de género que había operado bajo el gobierno anterior, dejándolas supeditadas a la sharia (ley islámica) y en peligro de sufrir nuevos abusos. Se recibieron informes generalizados de mujeres y niñas que sufrían depresión, que, en algunos casos, desembocó en suicidio.

Discriminación

Aumentó la marginación de las personas hazaras, uzbekas, turcomanas y tayikas, que eran desalojadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras. Hubo informes de detenciones y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad baluchi.

Los talibanes resolvieron disputas sobre tierras y ganado a favor de comunidades kuchis —trashumantes y pastunes— y obligaron a las comunidades hazara locales a pagar indemnizaciones por casos relacionados con la desaparición de ganado ocurridos hacía más de 20 años. Se recibieron informes sobre ataques de comunidades kuchis contra residentes hazaras.

No sólo se propinaron palizas a personas hazaras y se destruyeron sus bienes —incluidos vehículos, viviendas y cosechas—, sino que, además, entre junio y agosto fueron asesinados seis hombres hazaras en el distrito de Khas Uruzgan (provincia de Uruzgan). La impunidad de esos delitos continuaba siendo motivo de preocupación. Según informes, en octubre dos2 hombres hazaras fueron asesinados en el límite entre los distritos de Lal wa Srajangal y Dawlat Yar, en la provincia de Ghor. También se recibieron informes sobre varios asesinatos de hombres hazaras —algunos de ellos líderes religiosos— ocurridos en la provincia de Herat en noviembre y diciembre.

Homicidios y ataques ilegítimos

La población civil siguió sufriendo ataques en todo el país, a pesar de haberse reducido la violencia relacionada con el conflicto tras la toma del poder por los talibanes. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) registró un total de 3.774 víctimas civiles entre agosto de 2021 y mayo de 2023 (1.095 mortales y 2.679 con heridas), atribuidas, en su mayoría, al grupo armado Estado Islámico en la Provincia de Jorasán. El 13 de octubre, este grupo reivindicó la autoría de un atentado contra una mezquita chií hazara en la provincia de Baghlan en el que murieron al menos 20 personas y más de 60 resultaron heridas.

En un informe publicado en junio, Amnistía Internacional refirió que, en el contexto de los combates con el Frente de Resistencia Nacional, los talibanes habían aplicado castigos colectivos a la población civil en la provincia de Panjshir, incluidos arrestos arbitrarios masivos o de aldeas enteras. Asimismo, en el informe se confirmaba que los talibanes habían ejecutado extrajudicialmente al menos a 14 detenidos del Frente de Resistencia Nacional en los distritos de Khenj y Darah sólo entre el 12 y el 14 de septiembre, y que en estos 2 distritos, así como en el de Rokha, había habido muchas más ejecuciones extrajudiciales. Se calculaba que durante ese periodo habían sido ejecutadas extrajudicialmente como mínimo 48 personas, aunque posiblemente fueran muchas más.²

Continuaron con impunidad las ejecuciones extrajudiciales colectivas —constitutivas de crímenes de guerra— de personas relacionadas con el anterior gobierno y de miembros de grupos armados opuestos a los talibanes. La UNAMA registró al menos 218 ejecuciones extrajudiciales de miembros del anterior gobierno y personal de seguridad entre agosto de 2021 y junio de 2023.

Pena de muerte y tortura y otros malos tratos

La población sometida a arrestos y detenciones arbitrarios y a desapariciones forzadas corría el riesgo de ser ejecutada, morir bajo custodia y sufrir tortura y otros malos tratos. Entre enero de 2022 y julio de 2023, la UNAMA había registrado 1.600 casos de violaciones de los derechos humanos durante el arresto y la detención, la mitad de ellos constitutivos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En junio, Amnistía Internacional halló indicios de la muerte por tortura en 2022, a manos de los talibanes, de al menos tres civiles acusados de lealtad al Frente de Resistencia Nacional en la provincia de Panjshir. No se tuvo constancia de ninguna investigación sobre este caso de tortura ni sobre otros.

En mayo, la ONU expresó preocupación por que los talibanes continuaran llevando a cabo ejecuciones públicas y castigos corporales. Hasta junio se tuvo noticia de al menos una ejecución pública. El Tribunal Supremo de facto de Afganistán comunicó que cientos de personas habían sido condenadas a qesas (castigo equivalente al delito cometido), incluida la lapidación. Se siguieron aplicando en público castigos corporales, lo cual era constitutivo de tortura y otros malos tratos. La UNAMA documentó que, entre noviembre de 2022 y abril de 2023, 274 hombres, 58 mujeres y 2 niños habían sido flagelados en público, y en mayo de 2023 ya había otras 103 personas condenadas a castigos similares.

Libertad de religión o de creencias

Las minorías religiosas —entre ellas la chií, la sij, la hindú, la cristiana, la ahmadí y la ismaelí—, continuaron sufriendo marginación, prejuicios y discriminación.

Se impusieron restricciones a actos y celebraciones de carácter religioso alegando motivos de seguridad. Entre otras, se restringió la festividad de la Ashura, en julio, observada, sobre todo, por la población musulmana chií. En la provincia de Ghazni, el 28 de julio murieron 4 personas chiíes de etnia hazara —una de ellas, mujer, y otra, menor de edad— y otras 6 resultaron heridas por los disparos efectuados por los talibanes para disolver las celebraciones de la Ashura.

Los talibanes excluyeron la jurisprudencia chií del sistema educativo, con lo que la enseñanza religiosa se basaba exclusivamente en la rama suní del Islam.

Libertad de expresión

El espacio de la libertad de expresión y los medios de comunicación siguió reduciéndose drásticamente. Según informes, en marzo murieron al menos dos periodistas en un atentado con explosivos. Decenas de periodistas fueron víctimas de arresto arbitrario y hostigamiento por informaciones críticas con los talibanes o por haber infringido sus normas. Entre agosto de 2021 y agosto de 2023, los talibanes habían detenido al menos a 64 periodistas durante periodos de duración variable. El periodista franco-afgano Murtaza Behboodi quedó en libertad tras nueve meses de detención.

Entre agosto de 2021 y agosto de 2023, más del 80% de las mujeres periodistas habían dejado de trabajar debido al aumento de las restricciones, una de las cuales obligaba a llevar el rostro tapado a las mujeres que aparecían en televisión.

Los talibanes obligaron a la cadena de radio y televisión Hamisha Bahar, en la provincia de Nangarhar, a interrumpir su emisiones durante 20 días por impartir cursos de periodismo mixtos.

Entre la toma del poder por los talibanes, en agosto de 2021, y agosto de 2023, habían cerrado más de la mitad de los medios de comunicación registrados, y dos tercios de la totalidad de periodistas habían abandonado sus puestos de trabajo.

Se siguió reprimiendo a las personas que expresaban puntos de vista críticos con los talibanes, incluidas las que lo hacían en las redes sociales, como el profesor universitario Rasoul Parsi, que fue arrestado en marzo y seguía en detención al concluir el año.

Libertad de reunión pacífica

Se empleó fuerza excesiva e ilegítima para atacar protestas pacíficas, muchas de ellas lideradas por mujeres. Según la ONU, entre marzo y junio se habían documentado en todo Afganistán 95 protestas lideradas por mujeres. Según informes, los talibanes utilizaron armas de fuego, cañones de agua y pistolas paralizantes para dispersar actos de protesta, como el convocado por mujeres el 18 de julio en la capital, Kabul, contra el cierre forzoso de los salones de belleza.

Prosiguieron los arrestos arbitrarios y las desapariciones forzadas de manifestantes, por lo que muchas protestas se trasladaron a plataformas de Internet.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil siguieron sufriendo violencia, intimidación y vigilancia, y en muchos casos fueron víctimas de arresto arbitrario, desaparición forzada y detención ilegítima. Según informes de la ONU, las personas detenidas eran sometidas a tortura y otros malos tratos, incluidos abusos sexuales.

Las activistas de derechos humanos Nida Parwani y Zhulia Parsi fueron detenidas el 19 y el 27 de septiembre respectivamente, junto con otras personas de su familia; todas quedaron en libertad en diciembre. Matiullah Wesa, activista por el derecho a la educación, salió en libertad en octubre, tras pasar siete meses encarcelado. Nargis Sadat y Parisa Azada Mubariz fueron arrestadas arbitrariamente por los talibanes y quedaron en libertad tras pasar algún tiempo en prisión, aunque un elevado número de activistas y periodistas continuaba en la cárcel.

Derechos de las personas refugiadas

El temor generalizado a la persecución de los talibanes llevó a miles de personas a abandonar el país. Muchas de ellas temían también los ataques de agentes no estatales, como el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán. Más de 1,4 millones de personas afganas refugiadas en Pakistán corrían peligro de ser devueltas.³ Según informes, hasta el mes de diciembre, el gobierno paquistaní había devuelto ya a Afganistán a más de 490.891. Otras muchas habían sido expulsadas —o amenazadas con serlo— de Irán y Turquía.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Tras años de conflicto, Afganistán tenía una de las mayores poblaciones de personas internamente desplazadas del mundo. Las que habían sido devueltas desde Pakistán y otros Estados se enfrentaban a las duras condiciones invernales sin disponer de los recursos necesarios, como vivienda, acceso a un empleo, asistencia sanitaria y medios de subsistencia suficientes.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo seguían siendo ilegales y se castigaban con la pena de muerte. Las personas LGBTI siguieron sufriendo numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas por los talibanes, como discriminación, violencia selectiva, amenazas y detenciones arbitrarias. Muchas continuaron viviendo en la clandestinidad, por temor a que sus vidas corrieran peligro, y también se denunciaron algunos casos de matrimonios forzados de personas LGBTI.

Impunidad

Seguía habiendo una cultura generalizada de impunidad, especialmente en relación con los crímenes de derecho internacional. Al finalizar el año aún no se habían hecho públicos los resultados de las investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional sobre esta cuestión.⁴ Amnistía Internacional instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas que recopilara y preservara pruebas para posibles procesos penales, que complementara el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán. En julio, este relator especial declaró que la grave discriminación que sufrían las mujeres y las niñas equivalía al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Además, afirmó que el objetivo de los talibanes de dominar totalmente a las mujeres y las niñas por medio de un régimen de discriminación sistémica podía “calificarse de apartheid de género”.

El acceso de la población afgana a la justicia se vio gravemente restringido al suspender o abolir los talibanes la legislación hasta entonces vigente, introduciendo en su lugar una interpretación restrictiva de la sharia y sustituyendo a jueces y profesionales del derecho por sus propios candidatos.