Panamá 2015/2016
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Panamá 2015/2016

Se suspendió el juicio contra el ex presidente Manuel Noriega por la desaparición forzada en 1970 de Heliodoro Portugal. Una comunidad indígena llevó a cabo protestas contra un proyecto hidroeléctrico sobre el que aseguraba no haber dado su consentimiento libre, previo e informado. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron las precarias condiciones en una prisión naval.

Información general

La Corte Suprema de Justicia aprobó nuevas investigaciones contra el ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por corrupción y por las escuchas y vigilancia electrónica ilegales a opositores políticos, periodistas, líderes sindicales y otros miembros destacados de la sociedad. Ricardo Martinelli, que abandonó el país, negaba las acusaciones y afirmaba ser víctima de una persecución política.

Derechos de los pueblos indígenas

En febrero, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá suspendió temporalmente la construcción de la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, que había sido el foco de un conflicto de tierras con la comunidad indígena Ngöbe-Buglé; la suspensión estuvo motivada por las deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de dicha represa. No obstante, el gobierno declaró posteriormente que la construcción de la represa, que ya estaba casi concluida, se iba a reanudar. La comunidad Ngöbe-Buglé llevaba varios años protestando contra la construcción, pues aseguraba que no se le había consultado adecuadamente antes de iniciarla, y que la represa inundaría sus tierras.

Impunidad

El juicio del ex presidente Manuel Noriega por la desaparición forzada del activista y líder sindical Heliodoro Portugal en 1970 fue suspendido poco antes de la fecha en la que debía iniciarse en mayo. La suspensión se decretó tras un recurso de apelación presentado por el abogado de Manuel Noriega, que alegaba que el juicio vulneraba las condiciones bajo las cuales Francia había extraditado a su cliente en 2011. No estaba claro cuándo se pronunciaría el tribunal ni si el juicio continuaría.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en 2008 que Panamá era responsable de la desaparición forzada de Heliodoro Portugal y de que no se hubiera investigado el crimen. La Corte Interamericana resolvió que el gobierno debía llevar a cabo una investigación efectiva, garantizar que se castigara a los responsables e indemnizar a la familia del desaparecido.

Aunque Panamá había ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2011, no reconocía la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones presentadas por las víctimas o en su nombre o por otros Estados Partes.

En junio, el ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor viajó a Panamá para comparecer ante la fiscalía y responder a preguntas relacionadas con su detención y con las torturas que las autoridades panameñas le habían infligido entre 2002 y 2003. La Corte Interamericana celebró en febrero una vista con representantes del gobierno para abordar el hecho de que Panamá no había cumplido en su totalidad una sentencia de 2010 relativa a este caso, que resolvía que Panamá debía investigar las violaciones de derechos humanos cometidas contra Jesús Vélez Loor y mejorar el trato a las personas migrantes.

Condiciones penitenciarias

Las organizaciones locales de la sociedad civil, el relator especial de la ONU sobre la tortura y el director del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidieron a las autoridades que detuvieran la transferencia de reclusos al centro penitenciario de máxima seguridad de la base naval de la isla de Punta Coco. Los expertos de la ONU afirmaron que la prisión operaba fuera del sistema penitenciario oficial y presentaba condiciones de insalubridad, y que los presos eran trasladados allí sin la debida notificación a sus abogados y familiares. El director del sistema penitenciario, Gabriel Pinzón, negó que se estuvieran violando los derechos humanos de los reclusos, pero declaró que el gobierno crearía una subcomisión para investigarlo.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional