Resumen

Los niveles de impunidad e inseguridad siguieron siendo elevados. Las autoridades continuaron obstruyendo la lucha contra la impunidad, lo que ponía en peligro la justicia y el Estado de derecho. El gobierno consiguió cerrar de manera definitiva la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Congreso avanzó en los debates sobre proyectos de ley regresivos, acercándolos a su aprobación. Aumentaron los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en un contexto de reducción del espacio de la sociedad civil. Al concluir el año, Guatemala aún no había ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ni la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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