Resumen

Miles de personas seguían huyendo del país para dejar atrás los altos niveles de desigualdad y violencia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, y en especial quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, corrían un grave peligro y debían hacer frente a campañas de difamación. La impunidad y la corrupción persistían y debilitaban la confianza de la opinión pública en las autoridades locales, además de obstaculizar el acceso a la justicia. Los avances que se habían hecho anteriormente para consolidar el sistema de justicia penal y el Estado de derecho se vieron obstaculizados. Varios casos de gran repercusión sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado seguían estancados.

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