Ecuador 2022

Las organizaciones denunciaron decenas de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en junio en todo el país. Las fuerzas de seguridad mataron a un manifestante en Puyo. Al menos 146 personas privadas de libertad fueron asesinadas en el contexto de una crisis del sistema penitenciario. Las autoridades no ofrecieron verdad, justicia y reparación a las comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo. Se despenalizó el aborto en los casos de violación.

Información general

El presidente Lasso, cuyo índice de aprobación descendió por debajo del 20% durante el año, anunció estados de excepción hasta en siete ocasiones aduciendo diversos motivos, entre ellos el riesgo para la seguridad que suponían los grupos del crimen organizado, pero también supuesta violencia en el contexto de las huelgas nacionales. Durante el año siguieron estallando protestas multitudinarias en todo el país.

Libertad de expresión y de reunión

Las organizaciones ecuatorianas denunciaron que la respuesta de las autoridades a las protestas de los pueblos indígenas por los problemas socioambientales que empezaron en junio había dado lugar a una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, criminalización de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y agresiones contra estos grupos. Al menos seis personas murieron en el marco de las protestas.

Derechos de los pueblos indígenas

En enero, la Corte Constitucional falló a favor de la comunidad indígena A’i Cofán de Sinangoe y confirmó que el Estado había violado los derechos de la comunidad a la consulta previa, a la naturaleza, al agua, a un medioambiente sano, a la cultura y al territorio, al otorgar 20 concesiones mineras sin el consentimiento de esa comunidad y tramitar otras 32 que afectaban a su territorio. La Corte también reconoció el derecho de la población A’i Cofán a organizar una guardia propia para proteger su tierra y ordenó medidas de reparación integral para la comunidad.¹Al terminar el año, las autoridades no habían cumplido la sentencia.

El 28 de enero, la rotura de un oleoducto que era propiedad de la empresa privada OCP Ecuador provocó el derrame de aproximadamente un millón de litros de petróleo en la cuenca del río Coca, en la Amazonía, y afectó a los pueblos indígenas y su medioambiente. Al terminar el año, los pueblos indígenas afectados por este derrame y por otro que había tenido lugar en abril de 2020, también en la Amazonía, seguían sin acceder a la verdad, la justicia y la reparación.²

El 14 de junio, las fuerzas de seguridad detuvieron en la provincia de Cotopaxi a Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que quedó en libertad ese mismo día por la noche tras haber sido recluido en régimen de incomunicación y acusado del delito de “paralización de un servicio público”. Las organizaciones de derechos humanos consideraron que su detención había sido arbitraria y que los procedimientos penales que se siguieron contra él podían constituir criminalización de la protesta. El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados manifestó que el derecho a la defensa del dirigente también podría haberse visto afectado.

Uso excesivo de la fuerza

El 21 de junio, las fuerzas de seguridad que reprimían una manifestación en Puyo, capital de la provincia de Pastaza, lanzaron una granada de gas lacrimógeno —directamente y a corta distancia— contra un hombre indígena kichwa identificado como B. G., que murió posteriormente como consecuencia de las heridas sufridas.³

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por el uso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas. El Comité criticó la autorización concedida para utilizar tipos de munición potencialmente letales, como perdigones, además del uso indiscriminado y desproporcionado de gas lacrimógeno.

Al concluir el año, la Fiscalía General del Estado no había acusado formalmente ni procesado a ningún agente encargado de hacer cumplir la ley por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022.

En noviembre, la Corte Constitucional resolvió que la reforma constitucional del presidente Lasso, que posibilitaba la participación de las fuerzas armadas en operaciones conjuntas con la Policía Nacional, de manera permanente y complementaria, para combatir el crimen organizado debía someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional.

Derechos de las personas detenidas

En febrero, el presidente Lasso emitió el Decreto 355, que concedía el indulto a 3.000 personas presas con el propósito de reducir el hacinamiento y prometía la contratación de 1.400 guardas más y una inversión de 125 millones de dólares estadounidenses en el sistema penitenciario antes de 2025.

El 9 de mayo, 44 presos murieron y otros 10 resultaron heridos en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas en el contexto de una crisis prolongada. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, al menos 146 reclusos fueron víctimas de homicidio en prisión en 2022.⁴

Derechos de las mujeres

En abril, el presidente sancionó una ley que despenalizaba el aborto en los casos de violación. La ley incluía condiciones restrictivas, como permitir el aborto sólo hasta la duodécima semana de embarazo. En julio, la Corte Constitucional modificó la ley para que dejase de exigir la autorización de los representantes legales o de terceros en el caso de las niñas y adolescentes que hubieran sido víctimas de violación y quisieran acceder al aborto.

Las autoridades no garantizaban el acceso a la justicia y los servicios de protección a las mujeres refugiadas sobrevivientes de violencia de género, especialmente las procedentes de Venezuela.

En septiembre se encontró el cadáver de la abogada María Belén Bernal, víctima de feminicidio, que había desaparecido ese mismo mes tras acudir a la Escuela Superior de Policía de la capital, Quito.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al terminar el año, las autoridades aún no habían concebido ni aplicado una política nacional para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro.

Actuación deficiente contra la crisis climática

El gobierno no había anunciado una nueva contribución determinada a nivel nacional desde 2019.