Ecuador 2017/2018

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Ecuador 2017/2018

Se sometió a persecución y acoso a líderes indígenas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de ONG, en medio de persistentes restricciones del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Continuó la restricción del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. El proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres estaba pendiente de revisión en la Asamblea Nacional.

Información general

Lenín Moreno Garcés asumió la presidencia el 24 de mayo. Poco después convocó un referéndum y una consulta popular que debían celebrarse en febrero de 2018 al objeto de que la ciudadanía ecuatoriana decidiera sobre asuntos tales como la reforma de la Constitución para eliminar la reelección indefinida de autoridades, la prohibición de la minería en áreas protegidas, y la reducción de la zona de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Escrutinio internacional

En mayo, el historial de derechos humanos de Ecuador se sometió al examen periódico universal de la ONU. Ecuador aceptó las recomendaciones de adoptar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, crear un mecanismo de consulta eficaz para los pueblos indígenas, ajustar a las normas internacionales las leyes nacionales sobre la libertad de expresión y de reunión, garantizar la protección de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y asegurar la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Ecuador se comprometió a liderar la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas multinacionales y derechos humanos. Recibió un total de 182 recomendaciones, de las que aceptó 159, tomó nota de 19 y dejó para revisión ulterior cuatro.

En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias sobre la violencia y el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y sobre las industrias extractivas y el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas en Ecuador. La CIDH expresó preocupación por la ausencia de representantes del Estado en ambas audiencias.

Libertad de expresión y de asociación

En enero, el Ministerio del Ambiente rechazó una denuncia presentada por el Ministerio del Interior para disolver la ONG Corporación Acción Ecológica, por falta de pruebas que vincularan a la ONG con la violencia acontecida en 2016 en la provincia de Morona Santiago.

Violencia contra mujeres y niñas

En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En diciembre, el presidente Moreno vetó parcialmente el proyecto de ley y propuso una serie de modificaciones, que estaban pendientes de revisión en la Asamblea Nacional al concluir el año.

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, varias organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron ante la CIDH incursiones en el territorio del pueblo sápara relacionadas con ulteriores proyectos de extracción petrolífera. También denunciaron licitaciones públicas del Estado para la extracción petrolera en el territorio del pueblo kichwa de Sarayaku sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de este pueblo indígena, a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba que el pueblo kichwa fuera consultado.

En abril, el líder indígena shuar Agustín Wachapá quedó en libertad condicional tras cuatro meses de detención preventiva por cargos de incitar a la violencia en Morona Santiago en 2016. El pueblo shuar siguió haciendo frente a una disputa sobre el desarrollo de dos minas de cobre en su territorio.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Varias ONG denunciaron ante la CIDH la falta de un sistema de protección adecuado o de una institución especializada responsable de investigar los ataques y la criminalización de que eran objeto los defensores y defensoras de los derechos humanos. Asimismo, denunciaron el frecuente uso indebido del cargo de ataque o resistencia a las autoridades para procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desapariciones forzadas

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señaló en marzo que no se había determinado responsabilidad penal por 17 casos de desapariciones forzadas identificados por la Comisión de la Verdad para el periodo 1984-2008, y que seguía sin revelarse el paradero de 12 de esas víctimas.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional