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Ecuador 2016/2017

Quienes criticaban a las autoridades, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, se exponían a sufrir procesamiento, acoso e intimidación; se restringía el derecho a la libertad de expresión y de asociación. A los pueblos indígenas se les negaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos de desarrollo que afectaban negativamente a sus medios de vida.

Información general

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que incluían el reiterado uso de la fuerza por parte de la policía contra manifestaciones pacíficas, disposiciones legales que amenazaban los derechos de asociación y de reunión, y retrasos en la reforma legislativa para permitir una consulta adecuada con los pueblos y nacionalidades indígenas y otras comunidades. El Comité recomendó incrementar los esfuerzos para poner fin a la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y abordar la violencia contra las mujeres y la violencia sexual en las escuelas.

Libertad de expresión y de asociación

En abril, varios líderes de pueblos indígenas comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y condenaron las restricciones a su derecho a la libertad de asociación.

En septiembre, las autoridades disolvieron la Unidad Nacional de Educadores (UNE), alegando que no había inscrito debidamente en registro su junta directiva.

En diciembre, el Ministerio del Interior presentó una denuncia contra la Corporación Acción Ecológica, acusándola de cometer actos violentos a raíz de que ésta publicara información sobre el posible impacto medioambiental de las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago. A consecuencia de ello, la organización se enfrentaba a la amenaza de cierre.

Derechos de los pueblos indígenas

En enero, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció negociaciones del gobierno cuyo propósito era conceder permisos a empresas extranjeras para la extracción de petróleo en su territorio sin consultar a la comunidad.1

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución sobre el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. En ella reconocía que el Estado había cumplido la mayor parte de las órdenes contenidas en su sentencia de 2012. La Corte solicitaba al gobierno más información relativa a la obligación de proporcionar formación permanente y fomento de la capacidad para ayudar a los funcionarios y funcionarias judiciales a resolver casos de violaciones de derechos de los pueblos indígenas. En diciembre, la Corte celebró una audiencia sobre el cumplimiento, por parte del Estado, de los puntos resolutivos de la sentencia relativos a la eliminación de explosivos del territorio de Sarayaku y al derecho a la consulta previa de los pueblos afectados por dichas medidas. Se esperaba que la Corte dictara su resolución en 2017.

En diciembre, tras una serie de actos de violencia y hostigamiento por parte de las autoridades contra el pueblo indígena shuar por su oposición a un proyecto minero en Morona Santiago, el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona y detuvo al presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En enero, los líderes campesinos Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron acusados de “terrorismo” por participar en una campaña contra la construcción de una planta hidroeléctrica que la comunidad creía que limitaría su derecho al agua.2 Ambos fueron absueltos ese mismo mes por falta de pruebas.

En julio, un coordinador de la Defensoría del Pueblo desestimó una denuncia del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama en la que alegaban haber sido agredidas y detenidas arbitrariamente durante una manifestación pacífica contra un proyecto minero en la provincia de Cuenca. Las mujeres solicitaron que se revisara la decisión de conformidad con los procedimientos de la Defensoría del Pueblo. No se había anunciado ninguna decisión al terminar el año.

  1. Una vez más Ecuador estaría ignorando los derechos de los pueblos indígenas en favor de la explotación petrolera (AMR 28/3360/2016)
  2. Acusación de “terrorismo contra líderes comunitarios (AMR 28/3205/2016)

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