Tanzania 2020
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Tanzania 2020

El gobierno restringió el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en el periodo previo a las elecciones de octubre. En junio, el presidente declaró que Tanzania estaba libre de COVID-19. Las autoridades restringieron gravemente la libertad de los medios de comunicación, alegando que de ese modo contenían la “propagación de noticias falsas” sobre la pandemia. Se cerraron medios de comunicación por informar sobre actos políticos. Se impedía la asistencia de niñas embarazadas a las escuelas convencionales, y se las segregaba en centros educativos alternativos.

Información general

El 28 de octubre, Tanzania celebró sus sextas elecciones generales desde la reinstauración del sistema multipartidista en 1992. En noviembre, el presidente inició su segundo mandato tras unos controvertidos comicios. Antes, durante y después de las elecciones, la policía detuvo arbitrariamente y golpeó a políticos de la oposición y cientos de sus simpatizantes, mientras que otros resultaron muertos. Varios políticos, entre ellos Tundu Lissu, candidato presidencial por Chadema, principal partido opositor, y los políticos de oposición Lazaro Nyalandu y Godbless Lema, así como la familia de este último, huyeron del país después de las elecciones, por temor a la persecución.

Derecho a la salud

El gobierno ocultó información relativa a la COVID-19 e hizo caso omiso de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la manera en que gobiernos, profesionales sanitarios y población en general debían responder a la pandemia. Al terminar el año no había un sistema fiable ni rápido para proporcionar información exacta sobre la pandemia. El 29 de abril, el gobierno dejó de publicar información sobre tasas de infección. El 5 de junio, el presidente anunció que el país estaba libre de COVID-19, lo que dificultó aún más que la población tanzana tomara medidas adecuadas para protegerse del contagio.

Condiciones de reclusión

En abril, el presidente indultó a 3.717 presos siguiendo las recomendaciones de la OMS de descongestionar las prisiones para limitar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, las prisiones continuaron abarrotadas, lo que ponía en peligro la salud de la población reclusa. Había 32.438 personas presas, de las cuales 17.974 estaban en detención preventiva; la población reclusa superaba en un 9% la capacidad de las prisiones.

Discriminación: mujeres y niñas

Las niñas embarazadas y las madres jóvenes eran discriminadas en el sector educativo. El gobierno siguió impidiendo su asistencia a las escuelas, y utilizó un préstamo del Banco Mundial —destinado a la mejora de la educación secundaria para niñas— para mantener su segregación en centros de enseñanza alternativos, donde el programa de estudios del primer ciclo de secundaria, que consistía en cuatro años, se comprimía en dos años.

Represión de la disidencia

Las autoridades usaron disposiciones legales para silenciar la disidencia pacífica y restringieron gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, sobre todo en el periodo previo a las elecciones.

En abril, el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones de Tanzania multó a Star Media Tanzania Limited, Multichoice Tanzania Limited y Azam Digital Broadcast Limited con 5 millones de chelines tanzanos (2.150 dólares estadounidenses), y les ordenó que pidieran disculpas por “difundir información falsa y engañosa” sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 por el gobierno, un delito contrario a la Ley sobre el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones de Tanzania. En el mismo mes, el Organismo Regulador suspendió por seis meses el periódico online Mwananchi y le impuso una multa de 5 millones de chelines tanzanos (2.150 dólares) por publicar una fotografía del presidente en la que parecía infringir las directrices relativas al distanciamiento físico. Las autoridades declararon que Mwananchi había violado la Normativa sobre Comunicaciones Electrónicas y Postales (Contenidos Online) de 2018.

El gobierno sancionó a periódicos y emisoras, sobre todo entre junio y octubre, por informar de actos políticos relacionados con las elecciones. Todas las tiradas y la distribución del periódico Tanzania Daima se suspendieron por tiempo indefinido; la cadena de televisión Kwanza TV fue suspendida por 11 meses, y Clouds TV y Clouds FM Radio, por siete días.

En agosto, el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones modificó la Normativa sobre Comunicaciones Electrónicas y Postales (Emisión por Radio y Televisión) para limitar la cobertura de las elecciones por los medios de comunicación internacionales. Las emisoras locales se veían obligadas a obtener la autorización del regulador para emitir contenidos producidos por medios de comunicación extranjeros o en colaboración con ellos. Las enmiendas también exigían que los periodistas extranjeros fueran acompañados de funcionarios del Estado en sus misiones informativas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades sometieron a defensores y defensoras de los derechos humanos a intimidación, hostigamiento, amenazas, detención y reclusión arbitrarias y enjuiciamiento. Las organizaciones de derechos humanos se exponían a cierres o suspensiones si no cumplían los requisitos excesivos impuestos por leyes y diversas normativas.

Tanto el abogado de derechos humanos Tito Elia Magoti como Theodory Giyani continuaban privados de libertad tras ser detenidos arbitrariamente en diciembre de 2019. Su reclusión estaba relacionada con sus actividades en las redes sociales, y en virtud de varias leyes —entre ellas la Ley de Delitos Informáticos— se formularon en su contra cargos de “posesión de un programa informático diseñado con el fin de cometer un delito”, y de “dirigir delincuencia organizada, y blanqueo de dinero”. Un tribunal de Dar es Salaam aplazó sus causas en más de 10 ocasiones tras las reiteradas peticiones de ampliación de los plazos de la acusación para concluir sus investigaciones.

En julio, la policía detuvo al clérigo islámico Sheij Issa Ponda en Ilala, un distrito de Dar es Salaam. El clérigo estuvo recluido durante 10 días por distribuir un artículo que, según la versión policial, constituía incitación y atentado contra la paz durante el periodo previo a unas elecciones. En su artículo, el clérigo había insistido en la necesidad de un organismo electoral independiente y había afirmado que los musulmanes sufrían discriminación, especialmente en la selección para empleos dependientes del gobierno. Tras su liberación, unos hombres que a su juicio eran agentes de policía lo amenazaron con detenerlo de nuevo, y en agosto pasó a la clandestinidad, donde permanecía al terminar el año.

Libertad de asociación

El gobierno controló e impidió cada vez más el trabajo de las ONG, lo que restringía gravemente el derecho a la libertad de asociación.

El 24 de junio, la secretaria del Registro de ONG suspendió las actividades de Inclusive Development for Citizens - Tanzania, una organización que promovía la buena gobernanza. Se acusó a la organización de no aportar datos sobre sus actividades de 2019 ni una lista de sus miembros y de sus acuerdos con donantes, entre otras cosas, vulnerando la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y normativas relacionadas con las ONG.

Ese mismo día, la secretaria del Registro expidió notificaciones a la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania y al Centro Jurídico y de Derechos Humanos en las que se exigía que explicasen en el plazo de siete días por qué no debían adoptarse en su contra medidas legales, incluida su exclusión del registro por infringir las leyes relativas a las ONG. La secretaria del Registro ordenó también al Centro Jurídico y de Derechos Humanos la suspensión de toda actividad relacionada con las elecciones. A continuación, la Comisión Electoral Nacional rechazó las solicitudes de ambas ONG para actuar como observadoras en las elecciones generales.

En agosto, la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania, integrada por más de 160 personas y organizaciones, anunció la suspensión temporal de sus actividades tras ordenar la policía la congelación de sus cuentas por incumplir la Ley de Organizaciones no Gubernamentales. Se acusó a la Coalición de concertar acuerdos con donantes sin consultar a la Oficina del Registro de Hacienda y a la Oficina del Registro de ONG.

Detención y reclusión arbitrarias

En junio, la policía detuvo en el distrito de Kilwa a Zitto Kabwe, líder del partido opositor ACT-Wazalendo, junto a otros siete miembros del partido. El partido afirmó que los habían acusado de “poner en peligro la paz” cuando asistían a una reunión del propio partido que según la policía era ilegal. Quedaron en libertad bajo fianza al día siguiente y no se les facilitaron detalles de sus presuntos delitos.

En julio, la policía detuvo a Nusrat Hanje, secretaria general de la sección juvenil de Chadema, y a otros cinco miembros de este partido, en la región de Singida, al oeste de la ciudad de Dodoma, tras haber enarbolado la bandera del partido mientras cantaban el himno nacional. Se formularon en su contra cargos como “reunión ilegal, ridiculizar la bandera nacional y el himno nacional, y conducta que puede alterar el orden público”. Se les denegó la libertad bajo fianza y el 10 de julio se les recluyó en la Prisión de Singida, donde estuvieron durante 133 días, a pesar de que el Tribunal Superior de Dodoma autorizó su apelación contra la denegación de la libertad bajo fianza el 26 de agosto. El director de la Fiscalía retiró los cargos contra los seis el 23 de noviembre.

En agosto, la policía detuvo a Joseph Mbilinyi, que se presentaba como candidato al Parlamento por la circunscripción de Mbeya Urban, y lo acusó de celebrar una manifestación no autorizada. La detención tuvo lugar cuando Joseph Mbilinyi se dirigía a recoger formularios de candidatura en las oficinas nacionales de la Comisión Electoral Nacional. Quedó en libertad sin cargos el mismo día.

En noviembre, la policía detuvo a Freeman Mbowe, presidente de Chadema, y a tres miembros del partido y presentó en su contra cargos de “delitos de terrorismo” por convocar protestas de ámbito nacional contra el desarrollo de las elecciones de octubre. Tundu Lissu (véase supra, “Información general”) fue detenido al día siguiente. Los dos quedaron en libertad bajo fianza.

Juicios injustos

En febrero, el Tribunal Residente de Primera Instancia de Dar es Salaam en Kisutu ordenó la excarcelación del periodista de investigación Erick Kabendera tras haber llegado éste a un acuerdo de sentencia con el ministerio público. El periodista había sido secuestrado por hombres no identificados en julio de 2019, y 24 horas después la policía había confirmado que estaba bajo su custodia. Más tarde lo acusaron formalmente de blanqueo de dinero y de implicación en delincuencia organizada.

Erick Kabendera, que fue sometido a un proceso judicial prolongado que sufrió 16 aplazamientos, afirmó que lo habían torturado en la prisión de Segerea, en Dar es Salaam. También sufrió brotes de enfermedades y se le negó autorización para visitar a su madre enferma, que falleció mientras él estaba en prisión. El tribunal le ordenó pagar al fiscal general más de 273 millones de chelines tanzanos (116.000 dólares estadounidenses) para cubrir, entre otras cosas, presuntas deudas por evasión fiscal y una multa. En caso de no pagar en el plazo de seis meses, sería detenido de nuevo.

En mayo, la policía detuvo al cómico Idris Sultan y lo dejó en libertad 10 días después, previo pago de una fianza de 15 millones de chelines tanzanos (6.550 dólares estadounidenses). Su reclusión guardaba relación con un vídeo que había distribuido en las redes sociales en el que presuntamente se burlaba del presidente. Fue acusado de “no registrar una tarjeta SIM previamente propiedad de otra persona”, y de “no informar del cambio de titularidad de una tarjeta SIM”. Su caso fue aplazado al menos nueve veces por el Tribunal Residente de Primera Instancia de Dar es Salaam en Kisutu, y al terminar el año continuaba pendiente.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En junio, el Parlamento aprobó la Ley sobre Legislación Escrita (Enmiendas Diversas) núm. 3 de 2020 que, entre otras cosas, exigía a los demandantes, en virtud de la Ley de Aplicación de los Derechos y Deberes Básicos, la presentación de declaraciones juradas que mostrasen que las violaciones de derechos humanos les habían afectado directamente. Por consiguiente, esta nueva ley menoscababa las demandas de interés público y la rendición de cuentas del gobierno por violaciones de derechos humanos.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional