África 2016/2017

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África 2016/2017

En 2016 barrieron el continente protestas masivas, movimientos y movilizaciones que a menudo se articularon y organizaron a través de las redes sociales. Manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos se alzaron reiteradamente contra la represión de formas inspiradoras, y campañas como #oromoprotests (Protestas de Oromo) y #amaharaprotests (Protestas de Amahara) en Etiopía, #EnforcedDisappearancesKE (Desapariciones forzadas Kenia) en Kenia, #ThisFlag (Esta bandera) en Zimbabue y #FeesMustFall (Fuera tasas) en Sudáfrica constituyeron imágenes emblemáticas del año.

Habida cuenta del largo historial de represión y su magnitud, algunas de las protestas —como las de Etiopía y Gambia— habrían sido inimaginables tan sólo un año antes. A menudo, las demandas de cambio, inclusión y libertad fueron espontáneas, virales y estuvieron impulsadas por ciudadanos y ciudadanas corrientes, especialmente personas jóvenes que soportaban la triple carga del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Aunque en su origen las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, en algunas terminó por haber elementos violentos, a menudo en reacción a la dura represión por las autoridades y a la falta de espacios para que la gente expresara sus opiniones y se organizara.

Esta tendencia a desarrollar resiliencia y el debilitamiento de la política del miedo abrían una puerta a la esperanza. Haciendo caso omiso de las amenazas y la prohibición de protestar, y negándose a retroceder ante las brutales medidas de represión, la población salió a la calle en masa para expresar su opinión y reivindicar sus derechos mediante actos solidarios, boicots y un uso amplio y creativo de las redes sociales.

Pese a las historias de valor y resiliencia, la represión de las protestas pacíficas alcanzó nuevos máximos y se observaron escasos o nulos avances en la tarea de abordar los factores subyacentes al descontento ciudadano masivo.

Se reprimió brutalmente la disidencia, como puso de manifiesto la constante generalizada de ataques contra manifestaciones pacíficas y contra el derecho a la libertad de expresión. Se siguió persiguiendo y agrediendo a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos. La población civil continuó sufriendo las peores consecuencias de los conflictos armados, que se caracterizaron por violaciones del derecho internacional persistentes y a gran escala. Prácticamente continuó sin abordarse la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las violaciones graves de derechos humanos, y quedaba mucho por hacer para abordar la discriminación y la marginación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas las mujeres, los niños y niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Represión de protestas pacíficas

Durante el año hubo una constante generalizada de represión violenta y arbitraria de las concentraciones y las protestas —caracterizada por prohibiciones de protestas, detenciones arbitrarias, reclusiones, palizas y homicidios— en una larga lista de países entre los que figuraban Angola, Benín, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Nigeria, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Togo y Zimbabue.

Las fuerzas de seguridad etíopes, por ejemplo, utilizaron sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las protestas mayoritariamente pacíficas iniciadas en Oromia en noviembre de 2015 que se intensificaron y extendieron a otras partes del país, especialmente la región de Amhara. Las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente las protestas, incluso con munición real, lo que causó la muerte de cientos de personas y la detención arbitraria de miles más. Tras declarar el estado de excepción, el gobierno prohibió todas las formas de protesta y mantuvo el bloqueo del acceso a Internet y las redes sociales que había comenzado durante las protestas.

En Nigeria, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad emprendieron una campaña de violencia contra manifestantes pacíficos pro-Biafra, lo que causó la muerte de al menos 100 manifestantes durante el año. Hubo indicios de que las fuerzas armadas utilizaron munición real con poco o ningún aviso para dispersar a multitudes, y de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales masivas, incluido el caso de al menos 60 personas que fueron abatidas a tiros en el espacio de dos días en relación con los actos de protesta para la celebración del Día del Recuerdo de Biafra el 30 de mayo. Estos actos se realizaron de forma similar a los ataques y el uso excesivo de la fuerza que se habían empleado en diciembre de 2015 contra concentraciones en las que las fuerzas armadas habían masacrado a cientos de hombres, mujeres y niños y niñas en Zaria (estado de Kaduna) durante un enfrentamiento con miembros del Movimiento Islámico de Nigeria.

En Sudáfrica, las protestas estudiantiles se reanudaron en agosto en las universidades de todo el país bajo el lema #FeesMustFall y, con frecuencia, terminaron en episodios violentos. Aunque era posible que hubiera habido violencia en el lado estudiantil, Amnistía Internacional documentó muchas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, con actos como, por ejemplo, disparar a quemarropa balas de goma contra estudiantes y simpatizantes, en general. El 20 de octubre, en Johannesburgo, un líder estudiantil recibió 13 disparos con balas de goma por la espalda.

En Zimbabue, la policía siguió usando fuerza excesiva para reprimir las protestas y las huelgas que tuvieron lugar en Harare. Cientos de personas fueron detenidas por participar en protestas pacíficas en diferentes partes del país, entre ellas el pastor protestante Evan Mawarire, líder de la campaña #ThisFlag, que fue brevemente detenido para tratar de sofocar la disidencia creciente y finalmente huyó del país cuando temió por su vida.

En muchas de estas protestas y en otras, especialmente en Chad, Etiopía, Gabón, Gambia, Lesoto, República del Congo, República Democrática del Congo y Uganda, aumentó la represión contra las redes sociales y hubo una constante de restricción arbitraria o bloqueo del acceso a Internet.

Ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas fueron con frecuencia blanco de violaciones de los derechos humanos, en un contexto en el que el derecho a la libertad de expresión estuvo sometido a una constante erosión y a nuevas olas de amenazas. Hubo intentos de aplastar la disidencia y recortar la libertad de expresión en todo el continente, especialmente en Botsuana, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Kenia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.

Algunas personas pagaron el precio más alto: la vida. En Kenia, un destacado abogado de derechos humanos, su cliente y el taxista que los transportaba fueron víctimas de desaparición forzada y homicidio extrajudicial a manos de la policía. Formaban parte de los más de 177 casos de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente por los servicios de seguridad durante el año. En Sudán, el asesinato del estudiante universitario Abubakar Hassan Mohamed Taha, de 18 años, y de Mohamad al Sadiq Yoyo, de 20, a manos de agentes del servicio de inteligencia se produjo en un contexto de intensa represión de la disidencia estudiantil. En Somalia, unos agresores que no fueron identificados mataron a dos periodistas en un clima en el que los profesionales del periodismo y de los medios de comunicación sufrían hostigamiento, intimidación y ataques.

Muchas otras personas fueron objeto de detención arbitraria y seguían enfrentándose a procesos penales y reclusión a causa de su trabajo. En Angola, a pesar de que se tomaron algunas medidas positivas —especialmente la absolución de defensores y defensoras de los derechos humanos y la liberación de presos y presas de conciencia—, se siguieron utilizando juicios por motivos políticos, cargos de difamación y legislación sobre seguridad del Estado para reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y otras voces críticas. En República Democrática del Congo, los movimientos juveniles se clasificaron como grupos de insurrección. Asimismo, siguió sin conocerse el paradero de los políticos y periodistas que habían sido detenidos arbitrariamente en Eritrea en 2001 y llevaban sometidos a desaparición forzada desde entonces, pese a que el gobierno anunció que seguían con vida.

En Mauritania, aunque el Tribunal Supremo ordenó la excarcelación de 12 activistas contra la esclavitud, 3 continuaron recluidos; además, las organizaciones y los activistas contra la esclavitud siguieron siendo objeto de persecución por parte de las autoridades.

Además de encarcelamiento, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos también sufrían agresiones físicas, intimidación y hostigamiento en muchos países como Chad, Gambia, Kenia, Somalia y Sudán del Sur.

El 18 de abril, Día de la Independencia de Zimbabue, unos agentes de seguridad del Estado agredieron brutalmente al hermano del desaparecido periodista y activista en favor de la democracia Itai Dzamara por llevar un cartel en un acto celebrado en Harare al que asistió el presidente Robert Mugabe. En Uganda se sucedieron varios ataques contra oficinas de ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos. La persistente falta de rendición de cuentas por estos delitos transmitía el mensaje de que las autoridades consentían y toleraban esas acciones. En un caso, los intrusos mataron a golpes a un guardia de seguridad.

En muchos países, los medios de comunicación, los periodistas y los usuarios de las redes sociales se enfrentaban cada vez a más dificultades. En una estratagema para acallar a los medios de comunicación críticos en el periodo anterior a las elecciones, las autoridades de Zambia cerraron el periódico independiente The Post y detuvieron a algunos de sus directivos y a familiares de éstos.

En Burundi aumentaron los ataques contra la sociedad civil y los ya mermados medios de comunicación independientes: se detuvo a periodistas, miembros de grupos de redes sociales e incluso escolares simplemente por expresar su opinión. En Camerún, Fomusoh Ivo Feh fue condenado a 10 años de prisión por reenviar un mensaje de texto sarcástico sobre Boko Haram.

En algunos países la nueva legislación fue motivo de preocupación. En Mauritania, el Parlamento estaba examinando un anteproyecto de ley que restringía el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. En República del Congo se aprobó una ley que aumentaba el control del gobierno sobre las organizaciones de la sociedad civil. En Angola, la Asamblea Nacional aprobó cinco proyectos de ley que restringían de forma inadmisible el derecho a la libertad de expresión. En otros países se utilizó legislación existente —entre otras, leyes sobre el terrorismo y el estado de excepción— para criminalizar la disidencia pacífica. El gobierno etíope —cada vez más intolerante con las voces contrarias— intensificó su campaña de represión contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y disidentes, utilizando para ello la Proclamación Antiterrorista.

Entre los aspectos positivos, hubo algunas muestras esperanzadoras de activismo y valor en el ámbito judicial —incluso en países sumamente represivos— que cuestionaron el uso que hacían los gobiernos de la ley y del poder judicial para acallar la disidencia. En República Democrática del Congo se dejó en libertad a cuatro activistas en favor de la democracia, medida positiva insólita en un año muy difícil para la libertad de expresión en el país. El histórico fallo judicial dictado en septiembre contra la legislación represiva de Suazilandia fue también otra victoria para los derechos humanos. El Tribunal Superior de Zimbabue anuló una prohibición de celebrar protestas. Aunque otra sentencia del Tribunal Superior la invalidó posteriormente, la valiente decisión —tomada después de que el presidente Mugabe amenazara a la magistratura— representó una victoria en defensa de los derechos humanos y transmitió el mensaje claro de que el derecho a la protesta no podía eliminarse por capricho. En Gambia, más de 40 presos y presas de conciencia —algunos de los cuales llevaban detenidos hasta ocho meses— quedaron en libertad bajo fianza en espera del resultado de sus apelaciones inmediatamente después de las elecciones.

Represión política

En 2016 se celebraron en África varias disputadas elecciones que se caracterizaron por el aumento de la represión. En muchos países, entre ellos Burundi, Chad, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, República del Congo, República Democrática del Congo, Somalia y Uganda, se arremetió duramente contra líderes y voces de la oposición.

En uno de los acontecimientos más inesperados, decenas de miles de ciudadanos gambianos participaron en concentraciones pacíficas antes de las elecciones presidenciales, aunque los resultados electorales continuaban impugnados al concluir el año.

Los meses previos a las elecciones se vieron empañados por violaciones graves del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente. Decenas de miembros de la oposición fueron detenidos por participar en protestas pacíficas; dos de ellos murieron bajo custodia. Un total de 30 manifestantes fueron condenados a tres años de prisión por su participación en protestas pacíficas, y otros 14 estaban en espera de juicio. Todos quedaron en libertad con fianza inmediatamente después de las elecciones del 1 de diciembre.

Aunque en un principio admitió su derrota ante el líder de la oposición, Adama Barrow, posteriormente el presidente Yahya Jammeh impugnó los resultados y mantuvo una postura desafiante ante la presión nacional e internacional para que traspasara el poder.

El gobierno ugandés socavó la capacidad del partido opositor para impugnar legalmente los resultados de las elecciones de febrero. Las fuerzas de seguridad detuvieron en repetidas ocasiones al agraviado candidato presidencial Kizza Besigye y a otros compañeros y simpatizantes de su partido, y también cercaron su domicilio e irrumpieron en las oficinas del partido en Kampala.

En República Democrática del Congo se llevó a cabo una represión sistemática de quienes se oponían a la pretensión del presidente Joseph Kabila de continuar en el poder después de su segundo mandato, que era el plazo máximo que permitía la Constitución y terminaba en diciembre, y de quienes criticaban el aplazamiento de las elecciones. Las fuerzas de seguridad detuvieron y hostigaron a quienes se pronunciaron explícitamente sobre el debate constitucional o denunciaron violaciones de derechos humanos, y los acusaron de traicionar a su país.

En Somalia, la aguda crisis humanitaria se vio agravada por una crisis política en relación con los colegios electorales para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El grupo armado Al Shabaab rechazó las elecciones en todas sus formas y pidió a sus seguidores que atentaran contra los colegios electorales y mataran a las personas notables de los clanes, las autoridades gubernamentales y los parlamentarios que participaran en los comicios.

Las autoridades de República del Congo siguieron manteniendo recluido a Paulin Makaya, presidente de Unidos por el Congo, únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Después de que la oposición rechazara los resultados de las elecciones presidenciales de marzo, las autoridades detuvieron a destacadas personalidades de la oposición y reprimieron protestas pacíficas.

Las autoridades de Costa de Marfil persiguieron a miembros de la oposición y restringieron injustamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica antes de un referéndum sobre cambios constitucionales celebrado en octubre. Entre otras medidas, detuvieron a decenas de miembros de la oposición en una protesta pacífica. Soltaron a algunos en diferentes lugares de la capital económica, Abiyán, y a otros a aproximadamente 100 kilómetros de sus casas, obligándolos a regresar caminando en una práctica conocida como “detención móvil”. En octubre, durante una protesta pacífica en contra del referéndum, la policía disparó gas lacrimógeno, golpeó con palos a los líderes y detuvo al menos a 50 personas.

Conflictos armados

La población civil sufrió graves abusos y violaciones de derechos humanos en los conflictos armados de África, especialmente en Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. La violencia sexual y de género fue generalizada, y se reclutó a menores como niños y niñas soldados.

En África occidental, central y oriental, grupos armados como Al Shabaab y Boko Haram siguieron perpetrando incesantes actos de violencia y abusos que se saldaron con centenares de homicidios y secuestros de civiles y obligaron a millones de personas a vivir con miedo e inseguridad tanto dentro como fuera de sus países. En Camerún, los abusos contra los derechos humanos cometidos por Boko Haram provocaron que en la región de Extremo Norte hubiera más de 170.000 personas —en su mayoría mujeres y niños y niñas— internamente desplazadas. En Níger, más de 300.000 personas necesitaron ayuda humanitaria durante el estado de excepción declarado en la región de Diffa, donde Boko Haram fue responsable de la mayoría de los ataques.

Muchos gobiernos respondieron a estas amenazas haciendo caso omiso del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con medidas como detenciones arbitrarias, reclusiones en régimen de incomunicación, torturas, desapariciones forzadas y homicidios extrajudiciales.

En Nigeria, había 29 niños y niñas menores de seis años —incluidos bebés— entre las más de 240 personas que murieron en espantosas condiciones en el tristemente famoso centro de detención del cuartel de Giwa, en Maiduguri, durante el año. Miles de personas capturadas en detenciones masivas en el nordeste del país, a menudo sin pruebas en su contra, continuaban recluidas sin juicio, en condiciones insalubres y de hacinamiento, y sin acceso al mundo exterior. De un modo similar, en Camerún había más de 1.000 personas —muchas detenidas arbitrariamente— recluidas en condiciones espantosas, y decenas de ellas murieron de enfermedades y malnutrición o por torturas. En los casos en que se procesó a personas detenidas sospechosas de apoyar a Boko Haram, se hizo sin las debidas garantías, ante tribunales militares en los que la condena a muerte era con diferencia el resultado más probable.

En Sudán, la situación humanitaria y de seguridad en los estados de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur continuó siendo alarmante. Las pruebas del uso de armas químicas por parte de las fuerzas gubernamentales en la zona de Jabel Marra (Darfur) demostraron que el gobierno seguiría atacando a la población civil sin temor a tener que rendir cuentas por las violaciones del derecho internacional que cometiera.

En Sudán del Sur, pese a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas rivales, los combates continuaron en distintas partes del país durante el año y se intensificaron en la región de Ecuatoria, en el sur del país, a raíz del estallido en julio de intensos enfrentamientos en la capital, Yuba. Durante los combates, las fuerzas armadas —especialmente los soldados gubernamentales— cometieron violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios selectivos y ataques incluso contra personal de ayuda humanitaria. La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) recibió críticas por no haber protegido a la población civil durante los combates. No se aplicó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer una fuerza de protección regional. El asesor especial de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur alertaron de que se estaban creando las condiciones para un genocidio.

En República Centroafricana, pese a las elecciones pacíficas de diciembre de 2015 y febrero de 2016 la situación de seguridad se deterioró durante el año y amenazó con sumir al país en más violencia letal. Hubo grupos armados que llevaron a cabo numerosos ataques, y, el 12 de octubre, combatientes que habían formado parte de al menos dos facciones diferentes de Seleka mataron al menos a 37 civiles, hirieron a 60 e incendiaron un campo para personas internamente desplazadas en Kaga-Bandoro.

Sin embargo, a pesar del derramamiento de sangre y el sufrimiento, la atención del mundo se alejó aún más si cabe de los conflictos de África. La respuesta de la comunidad internacional a los conflictos de este continente fue, a todas luces, lamentablemente insuficiente, como pusieron de manifiesto el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU no impusiera sanciones a Sudán del Sur y la insuficiente capacidad de las operaciones de mantenimiento de la paz para proteger a la población civil en República Centroafricana, Sudán y Sudán del Sur. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), entre otros actores, apenas tomaron medidas para presionar al gobierno de Sudán a fin de que permitiera el acceso de la ayuda humanitaria e investigara las denuncias de abusos y violaciones graves de derechos humanos. La respuesta de la UA a los crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos cometidos en el contexto de conflictos y crisis continuó siendo principalmente lenta, irregular y pasiva, y no formaba parte de una estrategia integral y sistemática.

Personas en movimiento

Los conflictos de África —especialmente en Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia, Sudán y Sudán del Sur— siguieron siendo los principales desencadenantes de la crisis mundial de refugiados y del desplazamiento interno de personas dentro de las fronteras. Millones de mujeres, hombres y niños y niñas siguieron sin poder regresar a sus casas o se vieron obligados a huir hacia peligros desconocidos y futuros inciertos a causa de nuevas amenazas.

La mayoría de los cientos de miles de personas refugiadas y migrantes que viajaron a Libia huyendo de la guerra, la persecución o la pobreza extrema, a menudo con la esperanza de atravesar el país para asentarse en Europa, procedían del África subsahariana. Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron terribles abusos contra los derechos humanos, entre ellos violencia sexual, homicidios, tortura y persecución religiosa, a lo largo de las rutas de tráfico ilícito de personas que conducían a Libia o la atravesaban.

En el norte de Nigeria continuaba habiendo al menos dos millones de personas internamente desplazadas; vivían en comunidades de acogida y, en algunos casos, en campos abarrotados y sin acceso suficiente a alimentos, agua y servicios de saneamiento. Había decenas de miles de personas internamente desplazadas recluidas en campos bajo la vigilancia armada del ejército y la Fuerza Civil Especial Conjunta, que fueron acusados de explotar sexualmente a mujeres.

Miles de personas murieron en estos campos a causa de desnutrición grave.

Cientos de miles de personas procedentes de Libia, Nigeria, República Centroafricana y Sudán seguían viviendo en condiciones precarias en campos de refugiados de Chad. Según la ONU, más de 300.000 personas huyeron de Burundi, la mayoría a campos de refugiados de las vecinas Ruanda y Tanzania. Más de 1,1 millones de somalíes seguían en situación de desplazamiento interno, y otros 1,1 millones de personas refugiadas de la misma nacionalidad permanecían en países vecinos y otros lugares.

El número de personas refugiadas en países vecinos en los tres años transcurridos desde el inicio del conflicto de Sudán del Sur alcanzó un millón, mientras que un total de 1,7 millones de personas continuaban desplazadas dentro del país y 4,8 millones sufrían inseguridad alimentaria.

El gobierno de Kenia anunció su intención de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, en el que vivían 280.000 personas refugiadas. Alrededor de 260.000 procedían de Somalia o eran de ascendencia somalí y, a consecuencia de otros cambios en la política de Kenia en materia de personas refugiadas, corrían peligro de ser devueltas, lo que contravenía el derecho internacional.

Impunidad y ausencia de garantías de justicia

La impunidad continuó siendo un denominador común en todos los grandes conflictos de África, donde las personas sospechosas de cometer crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos raramente rindieron cuentas.

Pese a tener un mandato claro, la UA todavía no había adoptado medidas concretas para establecer un tribunal híbrido para Sudán del Sur, tal como exigía el acuerdo de paz de este país. Ese tribunal representaba la opción más viable para garantizar la rendición de cuentas por delitos tales como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, y para disuadir de la comisión de nuevos abusos contra los derechos humanos.

Hubo algunos avances hacia el establecimiento del Tribunal Penal Especial en República Centroafricana, pero la gran mayoría de los presuntos responsables de delitos graves y violaciones flagrantes de derechos humanos continuaron en libertad, sin ser detenidos ni investigados. Además de la grave debilidad de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en República Centroafricana, la impunidad siguió siendo uno de los factores clave del conflicto, y la población civil se vio expuesta a violencia letal e inestabilidad.

En Nigeria hubo indicios convincentes de violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por las fuerzas armadas que dieron lugar a la muerte bajo custodia militar de más de 7.000 jóvenes y niños nigerianos y a la ejecución extrajudicial de más de 1.200 personas. Sin embargo, el gobierno no adoptó ninguna medida para investigar esas denuncias. Nadie respondió ante la justicia, y las violaciones de derechos humanos continuaron.

La Corte Penal Internacional (CPI) retiró los cargos contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, y el locutor de radio Joshua Arap Sang y, por consiguiente, quedaron archivadas todas las causas de la Corte relacionadas con la violencia poselectoral que había tenido lugar en Kenia en 2007 y 2008. Esta decisión fue un duro revés para los miles de víctimas que todavía no habían obtenido justicia.

En un acto de traición hacia los millones de víctimas de delitos internacionales de todo el mundo, tres Estados africanos —Burundi, Gambia y Sudáfrica— manifestaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma.

La UA también siguió pidiendo a los Estados que ignoraran sus obligaciones internacionales de detener al presidente sudanés Omar al Bashir, pese a estar éste reclamado por la CPI por cargos de genocidio. En mayo, Uganda no detuvo al presidente Al Bashir ni lo entregó a la CPI, fallando a los cientos de miles de personas que habían muerto de forma violenta o quedado desplazadas en el conflicto de Darfur.

Sin embargo, hubo algunos momentos históricos y alentadores para la justicia internacional y la rendición de cuentas.

Durante el 15 periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes celebrado en noviembre, muchos Estados africanos miembros de la CPI afirmaron su apoyo a la Corte y su intención de permanecer dentro del sistema del Estatuto de Roma. Este compromiso ya se había reflejado en la Cumbre de la UA de julio, celebrada en Kigali, en la que muchos países —entre ellos Botsuana, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Túnez— se opusieron a un llamamiento a su retirada masiva del Estatuto de Roma. En diciembre, el presidente electo de Gambia anunció que tenía la intención de anular la decisión del gobierno de retirarse del Estatuto de Roma.

Hubo acontecimientos positivos, como la sentencia condenatoria dictada en mayo contra el ex presidente de Chad, Hissène Habré, por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos entre 1982 y 1990. Las Salas Africanas Extraordinarias de Dakar lo condenaron a cadena perpetua, marcando un hito en los esfuerzos para poner fin a la impunidad en África. Fue el primer caso de jurisdicción universal en el continente, y Hissène Habré fue el primer ex dirigente africano procesado por crímenes de derecho internacional en otro país africano.

En marzo, la CPI declaró culpable a Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de República Democrática del Congo, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en República Centroafricana. Le impuso una pena de 19 años de prisión en una sentencia condenatoria que por primera vez en la historia de la Corte consideraba la violación crimen de guerra y se basaba en la responsabilidad de mando. El fallo condenatorio marcó un hito en la batalla por la justicia para las víctimas de violencia sexual en República Centroafricana y en todo el mundo.

La CPI también inició el juicio del ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y de su ministro de Juventud, Charles Blé Goudé, por cargos de crímenes de lesa humanidad. Además, declaró culpable a Ahmad al Faqi al Mahdi —presunto dirigente del grupo armado Ansar Eddine— de los ataques perpetrados contra mezquitas y mausoleos de Tombuctú (Malí) en 2012, actos que constituían crímenes de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Sudáfrica reprendió al gobierno por haber incumplido sus obligaciones nacionales e internacionales al no haber detenido a Al Bashir durante una visita que éste había realizado al país en 2015, afirmando con ello la norma internacional de rechazar la inmunidad de los responsables de crímenes de derecho internacional, con independencia de su cargo oficial.

Discriminación y marginación

Con frecuencia, las mujeres y las niñas fueron objeto de discriminación, marginación y abusos, en muchos casos a causa de tradiciones y normas culturales, y de discriminación institucionalizada por leyes injustas. También se las sometió a violencia sexual y violaciones en conflictos y países que acogían a un gran número de personas desplazadas y refugiadas.

Según la información recibida, el nivel de violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas fue elevado en muchos países, entre ellos Madagascar, Namibia y Sierra Leona.

En Sierra Leona, el gobierno siguió prohibiendo a las niñas embarazadas asistir a las escuelas de educación general y presentarse a pruebas académicas. El presidente también rehusó sancionar un proyecto de ley que legalizaba el aborto en algunas situaciones, pese a que el Parlamento lo había aprobado dos veces y Sierra Leona tenía una elevada tasa de mortalidad materna. El país rechazó las recomendaciones de la ONU de prohibir por ley la mutilación genital femenina.

En Burkina Faso, el matrimonio precoz y forzado arrebataba la infancia a miles de niñas de tan sólo 13 años, a las que, por otro lado, el coste de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impedían decidir si tener hijos y cuándo tenerlos. Sin embargo, tras una intensa campaña de la sociedad civil, el gobierno anunció que revisaría la ley para elevar a 18 años la edad legal para contraer matrimonio.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, o percibidas como tales, siguieron sufriendo abusos o discriminación en países como Botsuana, Camerún, Kenia, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. En Kenia, dos hombres elevaron una petición al Tribunal Superior de Mombasa para que declarara inconstitucionales la exploración anal y las pruebas de VIH y hepatitis B a las que habían sido obligados a someterse en 2015. Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad de los exámenes anales practicados a hombres que presuntamente mantuvieran relaciones homosexuales. Las exploraciones anales forzadas vulneraban el derecho a la intimidad y la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecida en el derecho internacional.

En Malawi, una oleada sin precedentes de ataques violentos contra personas con albinismo puso de manifiesto el fracaso sistémico de la función policial. Personas particulares y bandas delictivas cometieron secuestros, homicidios y saqueos de tumbas para conseguir partes del cuerpo que creían que tenían propiedades mágicas. Las mujeres y los niños y niñas con albinismo estaban especialmente expuestos a sufrir homicidios, en ocasiones a manos de sus propios familiares.

En Sudán, la libertad de religión se vio socavada por un sistema jurídico en el que la conversión del islam a otra religión era punible con la muerte.

La falta de rendición de cuentas de las empresas fue también otro factor que propició graves violaciones de los derechos de los niños y niñas. En República Democrática del Congo, los mineros artesanales —incluidos miles de niños y niñas— extraían cobalto en condiciones peligrosas. El cobalto se utilizaba para alimentar aparatos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles, pero las principales marcas electrónicas —entre ellas Apple, Samsung y Sony— no llevaban a cabo comprobaciones básicas para garantizar que en sus productos no se usaba cobalto extraído por mano de obra infantil.

Mirando al futuro

La Unión Africana declaró 2016 Año de los Derechos Humanos en África, pero muchos de sus Estados miembros no llevaron a la práctica la retórica sobre los derechos humanos. Si hay un aspecto del año que deba ensalzarse es la historia de la resiliencia y el valor que demostró la gente a la hora de transmitir el mensaje claro de que la represión y la política del miedo ya no la silenciaba.

Casi con total seguridad, el recrudecimiento de las crisis en países como Burundi, Etiopía, Gambia y Zimbabue podría haberse evitado o minimizado si hubiera habido voluntad y valentía políticas para abrir espacios en los que la población habría podido expresar libremente sus opiniones.

Pese a que hubo avances en algunas áreas, las respuestas de la UA a las violaciones de derechos humanos —ya fueran éstas causas estructurales de los conflictos o producto de ellos— siguieron siendo en su mayoría lentas, irregulares y pasivas. De hecho, incluso en los casos en que expresó preocupación, en general la UA careció de la determinación y la voluntad política para abordarlas de frente. También se observaron problemas de coordinación entre los órganos y mecanismos de paz y seguridad —como el Consejo de Paz y Seguridad de la UA y su Sistema Continental de Alerta Temprana— y las instituciones regionales de derechos humanos, lo que limitó la posibilidad de dar una respuesta integral a las violaciones de derechos humanos que provocaron conflictos o surgieron de ellos.

A la UA le quedan menos de cuatro años para hacer realidad su aspiración de “silenciar todas las armas” en el continente de aquí a 2020. Ha llegado el momento de traducir en hechos este compromiso, garantizando una respuesta eficaz a las causas estructurales de los conflictos, incluidas las persistentes violaciones de derechos humanos.

Asimismo, se necesitan medidas más eficaces para atajar el ciclo de la impunidad, entre ellas alejarse de los ataques de motivación política contra la CPI y esforzarse por garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos graves y las flagrantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Sudán del Sur y otros países.

La UA ha emprendido la elaboración de un Plan Decenal de Acción y Ejecución en Favor de los Derechos Humanos en África, lo que le brinda una nueva oportunidad de abordar sus retos más importantes. El punto de partida debe ser el reconocimiento de que, pese a la represión y la exclusión, los africanos y las africanas están alzando la voz para reivindicar sus derechos.

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