África 2020
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África 2020

Si en algún momento existió un atisbo de esperanza de que 2020 sería el año en el que se rompería el ciclo de conflictos armados en África, la continuidad de los combates en varios países azotados por la guerra frustró cualquier motivo para el optimismo. El compromiso adquirido en 2013 por los líderes y lideresas africanos de “silenciar las armas” antes de 2020 seguía sin cumplirse. Al contrario, el sonido de los disparos fue cada vez más audible y se cobró miles de vidas.

Los graves abusos y las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos seguían siendo características habituales de los conflictos. Las fuerzas de seguridad, los grupos armados y las milicias cometieron atrocidades con impunidad tanto en el conflicto que afectaba desde hacía 10 años al nordeste Nigeria como en el que había estallado recientemente en la región de Tigré (Etiopía), entre otros.

Los efectos devastadores de los conflictos se agravaron debido a la pandemia de COVID-19, así como a invasiones de langostas y perturbaciones climáticas. La convergencia de estos factores causó estragos en la población, y puso al descubierto barreras profundamente arraigadas para el acceso a los sistemas de protección de los derechos y fisuras estructurales en esos sistemas. La pandemia desveló en particular las deplorables condiciones de la atención de la salud pública, así como las desigualdades en el acceso a derechos socioeconómicos básicos. Paralelamente, los confinamientos y los toques de queda aumentaron el riesgo de violencia sexual y otros tipos de violencia por motivos de género que afectaban a mujeres y niñas, mientras las supervivientes tenían dificultades para acceder a asistencia letrada, justicia y atención de la salud. En el lado positivo, se observaron algunos avances notables en la protección de las mujeres y las niñas contra la discriminación, como la primera condena por violación conyugal en Esuatini o la tipificación como delito de la mutilación genital femenina en Sudán.

Los gobiernos hicieron uso de fuerza excesiva para hacer cumplir la normativa sobre la COVID-19 y para disolver protestas. La pandemia sirvió también de pretexto para que los gobiernos intensificaran la mano dura y la represión de la disidencia. Por otra parte, las elecciones se caracterizaron por violaciones generalizadas de derechos humanos.

Conflicto armado y ataques contra la población civil

Los conflictos con grupos armados y los ataques contra la población civil continuaron o se intensificaron en la mayor parte de la región. Los grupos armados mantuvieron su presencia en África occidental y en la región del Sahel, y atacaron a la población civil en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. En su respuesta, las fuerzas de seguridad del Estado también cometieron violaciones graves de derechos humanos contra civiles. En África central, los grupos armados arruinaron la vida de muchas personas en Camerún, Chad y República Centroafricana. En África austral, la violencia presente desde hacía tiempo en la provincia de Cabo Delgado (Mozambique) se intensificó y se convirtió en un conflicto armado abierto. Las regiones de los Grandes Lagos y el Cuerno de África seguían siendo escenario de conflictos prolongados. En República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, los conflictos siguieron enconándose, si bien con diversos grados de intensidad y alcance geográfico. Estalló un nuevo conflicto en la región de Tigré, en un país —Etiopía— asolado también por la violencia entre comunidades.

Entre febrero y abril, los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger intensificaron las operaciones militares para combatir a los grupos armados. En este proceso, las fuerzas de seguridad cometieron violaciones graves de derechos humanos contra civiles, en particular ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En Nigeria, las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques indiscriminados en el contexto del conflicto en el nordeste del país. En uno de estos incidentes, al menos 10 niños y niñas y 7 mujeres murieron al bombardear la Fuerza Aérea un poblado del estado de Borno.

En Mozambique, 1.500 personas habían perdido la vida hasta septiembre en el conflicto de la provincia de Cabo Delgado. Los grupos armados decapitaron a civiles, quemaron casas, saquearon poblados y secuestraron a mujeres y niñas, mientras que las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente, causaron la desaparición forzada, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados.

En Somalia, el mando militar de Estados Unidos responsable de las operaciones militares en África (USAFRICOM) siguió utilizando vehículos aéreos tripulados y no tripulados (drones) para llevar a cabo más de 53 ataques aéreos durante el año. En febrero, dos ataques aéreos causaron la muerte de dos civiles y heridas a otros tres. En Sudán del Sur continuaron los enfrentamientos esporádicos entre las partes en el conflicto armado, y los efectivos militares saquearon bienes de civiles, incendiaron poblados y destruyeron edificaciones, incluidos hospitales, iglesias y escuelas.

En Burkina Faso continuaron los enfrentamientos entre grupos armados y los ataques contra la población civil, en muchos casos por motivos étnicos. Los ataques y los homicidios cometidos por distintos grupos armados tuvieron lugar en poblados, mezquitas y mercados de ganado en las regiones del norte, el Sahel y el este del país. En Malí, decenas de civiles murieron a manos de varios grupos armados, sobre todo en el centro del país. En particular, unos hombres armados que, según se creía, estaban vinculados al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes atacaron en julio varios poblados de las comunas de Tori y Diallassagou y mataron al menos a 32 civiles. En Nigeria, Boko Haram fue responsable de la muerte de más de 420 civiles y siguió reclutando a niños soldados y secuestrando a mujeres y niñas.

En Camerún continuó la crisis en la región anglófona. Los grupos armados separatistas actuaron contra personas a las que consideraba partidarias del gobierno. En octubre, en un nuevo retroceso, unos hombres armados mataron a ocho escolares e hirieron a varios más en la región del Suroeste. En la región del Extremo Norte, el grupo armado Boko Haram siguió llevando a cabo cientos de ataques contra civiles.

La violencia entre comunidades se intensificó en Etiopía. En noviembre, al menos 54 personas del grupo étnico amhara del poblado de Gawa Qanqa, en el distrito de Guliso (zona de West Welega), murieron en un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo armado Ejército de Liberación Oromo. El mismo mes estalló un conflicto armado en la región de Tigré y decenas de personas de etnia amhara, probablemente cientos de ellas, fueron masacradas en la ciudad de Mai-Kadra el 9 de noviembre en un ataque efectuado por las milicias locales.

En Níger, los grupos armados, entre ellos el Estado Islámico en el Gran Sáhara, atacaron a civiles y personal de ayuda humanitaria. En junio 10 trabajadores de ayuda humanitaria fueron secuestrados por hombres armados en Bossey Bangou ( región de Tillabéry), y en agosto 7 cooperantes murieron a manos de miembros del Estado Islámico en el Gran Sáhara en la reserva de jirafas de Kouré. En República Centroafricana se registraron violaciones de derechos humanos semejantes, y hubo 267 ataques contra personal de ayuda humanitaria en los que murieron dos cooperantes. En Malí, los ataques de grupos armados se extendieron a personal de la ONU y causaron dos víctimas mortales.

Al Shabaab siguió actuando contra la población e infraestructuras civiles en Somalia, y en agosto hizo estallar un vehículo con explosivos en un hotel costero de la capital, Mogadiscio, que causó la muerte de al menos 11 personas y heridas a otras 18. En Sudán del Sur, los combates entre grupos étnicos y clanes se multiplicaron, y al menos 600 personas perdieron la vida, 450 resultaron heridas y miles se vieron desplazadas.

Todas las partes en los conflictos armados deben poner fin de inmediato a los ataques indiscriminados o selectivos contra civiles, no combatientes o infraestructuras civiles. La Unión Africana, la ONU y los Estados miembros deben redoblar la presión para proteger a la población civil y para que se respete el derecho internacional durante los conflictos.

Impunidad

La impunidad de los autores de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos seguía siendo generalizada. En los países en situación de conflicto, la búsqueda de justicia presentó un panorama desigual en cuanto a los progresos, socavados por las medidas regresivas adoptadas por los gobiernos.

En febrero, en República Centroafricana, el tribunal penal de Bangui declaró a 5líderes del grupo armado antibalaka culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y el Tribunal Penal Especial confirmó en septiembre que se estaban investigando 10 casos. Sin embargo, varios dirigentes de grupos armados seguían desempeñando cargos en el gobierno mientras los miembros de esos grupos cometían abusos contra los derechos humanos.

En República Democrática del Congo, el tribunal militar operativo de Kivu Septentrional condenó a cadena perpetua a Ntabo Ntaberi (alias Sheka), líder del grupo de milicias Nduma Defensa del Congo, por delitos contra la población civil cometidos en esa provincia entre 2007 y 2017. Entre los cargos figuraba la violación de unas 400 mujeres, hombres, niñas y niños en 2010.

En Sudán del Sur, los tribunales civiles y militares condenaron a varios militares por violencia sexual relacionada con los conflictos. Al mismo tiempo, no se tomaron medidas dignas de mención para establecer el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, previsto en los acuerdos de paz de 2015 y 2018. Además, el presidente nombró gobernador de la provincia de Ecuatoria Occidental a un ex jefe militar opositor sospechoso de violencia sexual generalizada relacionada con los conflictos.

Corte Penal Internacional

Hubo novedades en la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con la situación en varios países, como Malí, Nigeria y Sudán.

En junio, Ali Muhammad Ali Abd al Rahman (alias Ali Kushayb), ex alto mando de las milicias sudanesas, se entregó a la CPI después de eludir la justicia durante 13 años por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en Darfur. Sin embargo, al terminar el año las autoridades sudanesas no habían entregado a la Corte al expresidente Al Bashir y a otras dos personas para que respondieran de las denuncias formuladas en su contra.

En julio comenzó ante la CPI el juicio de Al Hasan ag Abdoul Aziz ag Mohamed, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Tombuctú cuando era miembro de Ansar Eddine, grupo armado que controló la ciudad durante la ocupación islamista del norte de Malí entre 2012 y 2013.

En diciembre, la Fiscalía de la CPI dio por concluido tras 10 años el examen preliminar de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente perpetrados por Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas, y decidió solicitar autorización para abrir una investigación formal.

Entre las novedades relacionadas con el genocidio de 1994 en Ruanda figuraban la detención en Francia en mayo de Félicien Kabuga, presunto financiador principal del genocidio, que en octubre quedó bajo la custodia del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales en La Haya. También en mayo, el fiscal jefe del Mecanismo confirmó que Augustin Bizimana, contra quien el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había dictado auto de procesamiento en 2001 por genocidio, había muerto en 2000 en República del Congo.

Los gobiernos africanos deben renovar su compromiso con la lucha contra la impunidad emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y poniendo a los presuntos autores a disposición de la justicia.

Represión de la disidencia y de las libertades

En una región donde las extralimitaciones y la represión del Estado eran ya importantes motivos de preocupación, la situación empeoró en 2020. Los gobiernos aprovecharon la pandemia de COVID-19 para intensificar las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En casi todos los países objeto de seguimiento se impusieron estados de excepción para frenar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, estas medidas se utilizaron con frecuencia para violar los derechos humanos, en particular mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para imponer su cumplimiento.

Las medidas represivas contra los derechos humanos en el contexto de elecciones también se ampliaron. Aunque estaba prevista la celebración de 22 procesos electorales, varios de ellos se aplazaron o suspendieron, y, en los que llegaron a término, los comicios tuvieron lugar en un clima de miedo y fueron el telón de fondo de violaciones de derechos humanos generalizadas.

Uso excesivo de la fuerza

El uso de fuerza excesiva para hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19 fue habitual. Esa fuerza causó muertes y lesiones en muchos casos, como en Angola, Kenia, Sudáfrica, Togo y Uganda.

En Angola, decenas de personas murieron por disparos de la policía, incluido un niño de 14 años. En Kenia, al menos seis personas, entre ellas un niño de 13 años, murieron a causa de la violencia policial en los primeros 10 días del toque de queda impuesto en todo el país. Aunque el presidente pidió disculpas públicamente, los excesos policiales continuaron durante todo el año.

En Ruanda, el clamor en las redes sociales hizo que el presidente y el ministro de Justicia condenaran la violencia policial en la aplicación del toque de queda y prometieran que se rendirían cuentas. En Uganda, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 12 personas, entre ellas una mujer de 80 años. En Sudáfrica, la muerte de Collins Khosa tras recibir una brutal paliza de efectivos militares y policiales que hacían cumplir el confinamiento de ámbito nacional reflejó un antiguo motivo de preocupación acerca del uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad.

Represión de protestas pacíficas

Las fuerzas de seguridad continuaron ejerciendo violencia contra manifestantes pacíficos. En Etiopía, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para disolver protestas y mataron a cientos de personas. En junio, la dispersión violenta de las protestas desencadenadas por el homicidio de un famoso músico oromiffa causó al menos 166 muertes sólo en Oromia. En agosto, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 personas tras las protestas por la detención de funcionarios de la administración de zona, líderes comunitarios y activistas en la zona de Wolaita.

En Nigeria, las protestas del movimiento #EndSARS dieron lugar a la disolución de la Unidad Especial Antirrobos (SARS), un grupo policial conocido por la comisión de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, se pagó por ello un precio muy alto, ya que en octubre al menos 56 personas murieron violentamente en todo el país en las intervenciones de las fuerzas de seguridad para controlar o poner fin a las protestas. Entre las víctimas había 12 personas que perdieron la vida cuando las fuerzas armadas abrieron fuego contra manifestantes en el área de peaje de Lekki, en la ciudad de Lagos.

En Guinea, siete personas murieron violentamente en mayo durante manifestaciones contra la aplicación por las fuerzas de seguridad de las restricciones de la circulación asociadas a la COVID-19. Muchas más perdieron la vida en manifestaciones contra un intento de modificar la Constitución para que el presidente pudiera aspirar a un tercer mandato. El 22 de marzo, día del referéndum constitucional, 12 manifestantes fueron víctimas de homicidio, 9 de ellos por arma de fuego. En los días que siguieron a las elecciones presidenciales de octubre, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 personas que protestaban por los resultados.

La represión de las protestas adoptó otras formas, como prohibiciones ilegítimas, acoso judicial y detenciones arbitrarias. En Burkina Faso se prohibieron o impidieron arbitrariamente varias protestas, entre ellas una sentada organizada en enero ante el Tribunal de Uagadugú para reclamar justicia por el homicidio de 50 personas por un grupo armado en 2019. En Costa de Marfil, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente en agosto por participar en manifestaciones contra la candidatura del presidente Ouattara para un tercer mandato. En Camerún, las autoridades prohibieron las manifestaciones en todo el país tras la convocatoria por el opositor Movimiento por el Renacimiento de Camerún de acciones de calle contra la decisión del gobierno de celebrar elecciones regionales en diciembre. El 22 de septiembre, al menos 500 simpatizantes del Movimiento por el Renacimiento de Camerún que se disponían a participar en protestas fueron detenidos arbitrariamente.

En el lado positivo, en marzo el Tribunal Constitucional de Uganda anuló las disposiciones de la Ley de Gestión del Orden Público que otorgaban a la policía poderes excesivos para prohibir las reuniones públicas y las protestas.

Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la oposición

Los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la oposición no disminuyeron ni siquiera en plena pandemia. Así ocurrió en particular en los países que celebraron elecciones o se disponían a celebrarlas, como Burundi, Costa de Marfil, Guinea, Níger, Tanzania y Uganda.

En Burundi, más de 600 miembros de un partido opositor fueron detenidos antes de las elecciones del 20 de mayo y durante la jornada electoral. En Níger, una oleada de detenciones de activistas políticos precedió a las elecciones presidenciales de diciembre. En Tanzania, al menos 77 dirigentes y simpatizantes de la oposición fueron detenidos y recluidos arbitrariamente en el periodo posterior a las elecciones de octubre, y, en el periodo previo, las autoridades habían suspendido las actividades o congelado las cuentas bancarias de varias ONG de derechos humanos.

En otros países, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de secuestros, desapariciones forzadas y homicidios. En Malí, un activista contra la corrupción fue secuestrado por agentes del servicio de inteligencia encapuchados y estuvo recluido en régimen de incomunicación durante 12 días. Se formularon en su contra cargos falsos que un tribunal desestimó más tarde. En Mozambique, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos activistas cuyos cuerpos sin vida se hallaron más tarde junto a los de otros 12 civiles. Por otro lado, Ibraimo Abú Mbaruco, periodista de una radio comunitaria, fue sometido a desaparición forzada por miembros de las fuerzas armadas, y al terminar el año se desconocía su paradero.

En Níger, Sudán del Sur y Zimbabue se actuó especialmente contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que habían difundido denuncias de corrupción y exigían rendición de cuentas. En Zimbabue se hizo uso indebido del sistema de justicia penal para perseguir al periodista de investigación Hopewell Chin’ono, entre otros defensores y defensoras de los derechos humanos.

Se registraron algunos hechos positivos. En Uganda, un tribunal superior ordenó en febrero la excarcelación de Stella Nyanzi por condena injusta y violación de sus derechos humanos, unos días antes de que terminase de cumplir la condena de 18 meses de prisión que le había impuesto un tribunal de primera instancia tras declararla culpable de ciberacoso al presidente. En junio, el Tribunal Supremo de Burundi anuló el fallo de un tribunal de apelación por el que se confirmaba la sentencia condenatoria de Germain Rukuki y ordenó que se celebrara una nueva vista del recurso.

Libertad de los medios de comunicación

La represión de la disidencia también fue evidente en las restricciones impuestas por los gobiernos a los medios de comunicación. En Mozambique, asaltantes no identificados atacaron con explosivos incendiarios las oficinas del periódico independiente Canal de Moçambique, más o menos al mismo tiempo que las autoridades formulaban cargos falsos contra dos directivos del periódico. En Tanzania, los periódicos y medios audiovisuales críticos con el gobierno fueron objeto de sanción, suspensión o prohibición, y se modificó la normativa que regulaba las emisiones de radio y televisión para limitar la cobertura de las elecciones por los medios de comunicación internacionales.

En Togo, el nuevo Código de Prensa y Comunicación aprobado en enero preveía cuantiosas multas para los periodistas por insultar a las autoridades gubernamentales. En marzo, dos periódicos fueron suspendidos por publicar una información sobre el embajador de Francia. Un tercer periódico fue suspendido por criticar las suspensiones. Los periodistas, en particular en Níger y República del Congo, también fueron objeto de hostigamiento por criticar la respuesta de los respectivos gobiernos a la COVID-19.

La noticia positiva fue que el fiscal general de Somalia estableció una nueva fiscalía especial para ocuparse de los delitos contra periodistas.

Los gobiernos deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúan de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza y de armas de fuego, y que los casos de uso excesivo de la fuerza se investigan de forma inmediata, exhaustiva, independiente y transparente y se pone a disposición de la justicia a los presuntos responsables.

Deben respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y llevar a cabo investigaciones inmediatas, efectivas y transparentes sobre los informes de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, poner a disposición de la justicia a los presuntos autores y garantizar el acceso a la justicia y recursos efectivos para las víctimas.

Deben acabar con el hostigamiento y la intimidación de defensores y defensoras de los derechos humanos y poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas o encarceladas.

Los gobiernos deben respetar la libertad de los medios de comunicación y garantizar que pueden desempeñar libremente su actividad con independencia, y que los profesionales de los medios pueden llevar a cabo su trabajo sin intimidación, hostigamiento ni temor a represalias.

Derechos económicos, sociales y culturales

Derecho a la salud

El primer caso de COVID-19 en el África subsahariana se comunicó en Nigeria el 28 de febrero. Al terminar el año había más de 2,6 millones de casos confirmados y más de 63.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en toda África. Con una grave escasez de material médico, como respiradores y equipos de protección individual para el personal sanitario, la mayoría de los sistemas de atención de la salud de la región no estaban preparados para responder de forma adecuada a la pandemia. La insuficiente capacidad para realizar pruebas de detección dio lugar a graves demoras para conocer los resultados correspondientes. Lesoto, por ejemplo, no tuvo capacidad alguna para realizar pruebas hasta mediados de mayo, y hasta entonces las muestras se enviaban a Sudáfrica.

Algunos países ocultaron o dejaron de publicar información relacionada con la COVID-19, mientras que otros hicieron caso omiso de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de salud pública. En mayo, los gobiernos de Burundi y Guinea Ecuatorial expulsaron de sus respectivos territorios a destacados representantes de la OMS. La respuesta a la pandemia también se vio obstaculizada por las deficientes infraestructuras viales y por la falta de hospitales y de profesionales de la salud.

La pandemia evidenció decenios de abandono y de insuficiencia crónica de recursos del sector de la salud pública en toda la región, a pesar del compromiso contraído por los gobiernos africanos en 2001 de dedicar al menos el 15% de sus presupuestos anuales a la atención de la salud. La pandemia también puso al descubierto la corrupción inherente al sector. Se denunció el robo y la apropiación indebida de fondos, material médico y paquetes de atención destinados a la COVID-19 en muchos países, como Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.

En contraste, al menos 20 gobiernos de la región intentaron descongestionar las prisiones como parte de respuestas más amplias a la pandemia. Con todo, la mayoría de las prisiones de la región seguían estando abarrotadas, lo que entrañaba riesgos para la salud de la población reclusa.

Derechos del personal sanitario

Los gobiernos de la región no protegieron adecuadamente al personal sanitario de la exposición a la COVID-19. El personal trabajaba en entornos insalubres e inseguros debido a la escasez de equipos de protección y desinfectantes. En Sudáfrica, al menos 240 profesionales sanitarios habían muerto hasta principios de agosto tras contraer la COVID-19. En julio, unos 2.065 profesionales sanitarios de Ghana se habían infectado y 6 habían muerto debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19.

A pesar de hacer frente a un aumento del volumen de trabajo y a riesgos operativos adicionales, el personal sanitario de la mayoría de los países continuó sin recibir compensaciones adecuadas. A medida que los efectos de la pandemia resultaron insoportables, los profesionales de la salud recurrieron a acciones reivindicativas para exigir mejoras en las condiciones de trabajo. El personal sanitario de toda la región planteó sus motivos de preocupación mediante denuncias formales, protestas y huelgas, por ejemplo en Burkina Faso, Kenia, Lesoto, República del Congo, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Zimbabue. Por su parte, los gobiernos respondieron con diversas formas de represalias.

En Guinea Ecuatorial, una enfermera fue objeto de hostigamiento gubernamental y judicial por denunciar en un mensaje de WhatsApp la falta de oxígeno en el hospital de Sampaka, en Malabo. En Zimbabue se detuvo a 17 miembros del personal de enfermería por contravenir la normativa de confinamiento tras protestar para reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

Impacto en los medios de vida y el derecho a la alimentación

La COVID-19 tuvo efectos devastadores para las ya frágiles economías de la región. Los toques de queda, los confinamientos y las órdenes de permanecer en casa afectaron de forma desproporcionada a las personas que trabajaban en la economía informal, que constituían el 71% de la fuerza de trabajo de la región. Muchas de ellas perdieron medios de vida e ingresos y no podían costearse alimentos y otros suministros esenciales. Esto agravó la situación ya crítica de quienes hacían frente a situaciones de inseguridad alimentaria prolongada, también como consecuencia de las sequías recurrentes y las invasiones de langostas.

Los negocios y las empresas se vieron obligados a interrumpir su actividad y dejaron a miles de personas sin empleo. En Lesoto, más de 40.000 trabajadores de los sectores minero e industrial fueron despedidos. Aunque la mayoría de los gobiernos aplicaron programas de ayuda social que incluían el suministro de alimentos a quienes vivían en la pobreza, este apoyo fue con frecuencia insuficiente.

Desalojos forzosos

Los gobiernos también continuaron violando el derecho a una vivienda adecuada incluso cuando la COVID-19 puso de relieve su importancia. En Etiopía, Ghana y Kenia, las demoliciones por parte el gobierno de asentamientos informales en las respectivas capitales —Addis Abeba, Accra y Nairobi— dejaron a miles de personas sin hogar y más expuestas a contraer la COVID-19. En Esuatini y Lesoto, por su parte, miles de personas vivían con miedo constante al desalojo forzoso por parte de las autoridades y de actores privados.

Una novedad positiva fue el fallo en abril del Tribunal Superior de Zambia que consideraba que el desplazamiento forzado de las comunidades rurales serenje de sus tierras ancestrales violaba varios de sus derechos humanos.

Derecho a la educación

La pandemia de COVID-19 alteró el desarrollo de la actividad docente debido al cierre de escuelas en toda la región, sobre todo en la primera mitad del año. El uso de la enseñanza online hizo que millones de niños y niñas no tuvieran acceso a su derecho a la educación debido a la falta de tecnología adecuada. Esto afianzó las constantes existentes de desigualdad y pobreza. En los países afectados por conflictos, como Burkina Faso, Camerún y Malí, el acceso a la educación se vio menoscabado también por la inseguridad y los constantes ataques de grupos armados.

Los gobiernos africanos deben utilizar el máximo de los medios de que disponen para abordar con urgencia la insuficiencia crónica de recursos del sector de la salud pública, además de tratar de recabar más cooperación regional e internacional para reforzar los sistemas de atención de la salud. Además, deben escuchar y abordar los motivos de preocupación en materia de seguridad y de otra índole del personal sanitario y poner fin a toda forma de hostigamiento y de enjuiciamiento arbitrario.

Los gobiernos deben garantizar también que los desalojos se ajustan a las normas internacionales y que todos los niños y niñas tienen acceso a la educación.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes e internamente desplazadas

Millones de personas continuaban desplazadas de sus hogares por conflictos armados, crisis humanitarias y violaciones persistentes de los derechos humanos. En Burkina Faso, el número de personas internamente desplazadas alcanzó el millón. En República Centroafricana, 660.000 personas se habían visto desplazadas por conflictos hasta el 31 de julio. En Eritrea, la población seguía huyendo del país en masa, principalmente para eludir el servicio nacional indefinido. En Somalia, el deterioro de la crisis humanitaria derivada del conflicto, la sequía, las inundaciones y una invasión de langostas había desplazado a casi 900.000 personas hasta agosto. En Mozambique, el conflicto en la provincia de Cabo Delgado había causado el desplazamiento de más de 250.000 personas hasta septiembre.

Las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo se contaban entre las afectadas de forma desproporcionada por la COVID-19. Los cierres de fronteras dejaron a muchas de ellas varadas. Los programas de ayuda social para la COVID-19 del gobierno de Sudáfrica excluyeron a las personas refugiadas y solicitantes de asilo durante el primer trimestre del año.

Los gobiernos deben respetar el derecho a solicitar asilo. Deben mantener abiertas las fronteras para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y al mismo tiempo tomar medidas adecuadas en materia de salud pública en los pasos fronterizos. Los gobiernos también deben garantizar el acceso de todas las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes a los sistemas nacionales de salud y protección social.

Discriminación y marginación

Violencia contra mujeres y niñas

Los confinamientos y los toques de queda asociados a la COVID-19 aumentaron el riesgo de violencia sexual y de género dirigida contra las mujeres y niñas. En muchos casos, las supervivientes tuvieron dificultades para acceder a justicia, atención de la salud, asistencia letrada y terapia psicológica. En Sudáfrica, la violencia sexual y de género siguió aumentando hasta alcanzar un índice casi cinco veces mayor que la media global. La COVID-19 también tuvo efectos devastadores en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres al alterar el acceso a los servicios de atención de la salud materna.

La violación y otras formas de violencia sexual y de género también continuaron en las situaciones de conflicto. En República Centroafricana, la ONU registró entre junio y octubre 60 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, como violación, matrimonio forzado y esclavitud sexual. En República Democrática del Congo se registró un aumento de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto en el este del país.

Sin embargo, se observaron algunos progresos en la protección contra la discriminación de mujeres y niñas. En enero, por primera vez, un hombre fue declarado culpable de violación conyugal en Esuatini. En febrero, Sudáfrica anunció que redactaría un tratado regional sobre la violencia contra las mujeres. Sudán tipificó como delito la mutilación genital femenina en abril. El mes siguiente, el presidente de Ruanda indultó a 36 mujeres condenadas por aborto. Sierra Leona estableció en julio el primer tribunal modelo para delitos sexuales, que juzgaba por la vía rápida los casos de violación.

Personas con albinismo

Las personas con albinismo seguían sufriendo ataques violentos y mutilaciones. En Zambia, en marzo se descubrió el cuerpo desmembrado de un hombre de 43 años a quien le habían quitado los ojos, la lengua y los brazos. En abril se exhumó de su tumba el cadáver de un hombre y se robaron partes del cuerpo. En Malawi se profanó en enero la tumba de un niño de dos años. El mes siguiente, un asaltante no identificado atacó a una mujer de 92 años y le amputó dos dedos de los pies.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Continuó la discriminación contra las personas LGBTI, y las relaciones homosexuales seguían estando tipificadas como delito en la mayoría de los países. En Madagascar, una mujer quedó recluida en espera de juicio por cargos de “corrupción de menores” por mantener presuntamente una relación homosexual consentida con una mujer de 19 años. En Esuatini, las autoridades rechazaron la solicitud de inscripción en el registro presentada por Minorías Sexuales y de Género de Esuatini, un grupo de activistas de los derechos LGBTI. En Uganda, la policía detuvo a 23 jóvenes en un albergue para personas LGBTI con el pretexto de hacer cumplir la normativa sobre la COVID-19. Aunque 4 quedaron en libertad por motivos médicos en los primeros tres días tras la detención, los demás estuvieron recluidos durante 44 días sin acceso a sus abogados ni a tratamiento médico.

Los gobiernos deben reforzar las medidas de prevención y protección contra la violencia por motivos de género, especialmente en el contexto de confinamientos, toques de queda y situaciones de conflicto. También es necesario adoptar más medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, en la ley y en la práctica, lo que incluye garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Los gobiernos africanos deben tomar medidas para poner fin a todas las formas de ataques y discriminación contra los grupos marginados. Es preciso adoptar medidas urgentes para brindar protección efectiva a las personas con albinismo, poner a los presuntos autores de delitos a disposición de la justicia y garantizar el acceso de las víctimas a justicia y recursos efectivos. Los gobiernos también deben derogar la legislación que margina a las personas LGBTI y penaliza las relaciones homosexuales.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional