África 2019
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África 2019

Al tiempo que se cumplía el plazo para hacer efectivo el compromiso político regional de “silenciar las armas” antes de 2020, en varios países del África subsahariana continuaban los conflictos irresolubles, y nuevas formas de violencia utilizadas por actores no estatales daban lugar a homicidios, tortura, secuestros, violencia sexual y desplazamientos masivos generalizados, incluidos crímenes de derecho internacional.

Los prolongados conflictos de República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur seguían activos, con ataques indiscriminados y selectivos contra civiles. En Camerún, Malí, Nigeria, Somalia y otros países, los grupos armados cometían abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios y secuestros, que provocaban desplazamientos masivos. Las fuerzas de seguridad de los Estados respondían a menudo con graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

Estos conflictos y la inseguridad —junto con nuevas formas de violencia entre comunidades, que surgieron en países como Etiopía— constituían recordatorios brutales de que África estaba muy lejos de romper esta espiral mortal de conflictos armados y violencia.

Con frecuencia, lo que se silenciaba no eran las armas, sino la justicia y la rendición de cuentas por crímenes y otras violaciones graves de derechos humanos. Desde Nigeria hasta Sudán del Sur, innumerables víctimas de crímenes y abusos graves contra los derechos humanos no obtuvieron justicia ni reparación.

El año estuvo también marcado por la represión generalizada de la disidencia, en forma de supresión de protestas pacíficas y ataques a medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política. En más de 20 países se negó a la población el derecho a manifestarse pacíficamente, con medidas como imposición de prohibiciones ilegítimas, uso excesivo de la fuerza, hostigamiento y detenciones arbitrarias.

En dos tercios de los países objeto de seguimiento, los gobiernos restringieron duramente la libertad de expresión, y algunos de ellos reprimieron especialmente a periodistas, blogueros y blogueras, grupos de la sociedad civil y miembros de la oposición política, especialmente en procesos electorales. 

Estas violaciones de derechos humanos se cometían en un contexto en el que no se protegían ni se hacían efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Continuaron los desalojos forzosos sin indemnización en países como Eswatini, Nigeria, Uganda y Zimbabue. El acaparamiento en gran escala de tierras para usos comerciales impactaba en los medios de vida de miles de personas en Angola. El ya difícil acceso a la atención de la salud y la educación en todo el continente, se vio exacerbado por los conflictos en algunos países, como Burkina Faso, Camerún y Malí.

Con todo, en toda África, personas corrientes, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se echaron a la calle. De Jartum a Harare y de Kinshasa a Conakry, muchas personas participantes en manifestaciones pacíficas se enfrentaron a las balas y las palizas para defender los derechos que sus dirigentes no hacían valer. Y, en ocasiones, las consecuencias supusieron un punto de inflexión, a partir del cual se produjeron importantes transformaciones en los sistemas políticos y se abrieron espacios para reformas institucionales profundas en países como Sudán y Etiopía.

Conflicto armado y violencia

En África seguían teniendo lugar algunos de los conflictos de más difícil solución del mundo, y continuaban los conflictos armados en países como Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Malí, Nigeria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En dichos países y en otros, como Burkina Faso, Chad, Etiopía y Mozambique, los ataques de grupos armados y la violencia entre comunidades se saldaron con personas muertas, desplazadas y heridas. Las respuestas de las fuerzas de seguridad de los Estados se caracterizaron por la comisión generalizada de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Ataques indiscriminados y selectivos contra civiles

En Darfur, las fuerzas del gobierno sudanés y las milicias aliadas con ellas perpetraron homicidios ilegítimos, violencia sexual, saqueos sistemáticos y desplazamientos forzados. La destrucción de al menos 45 aldeas en Jebel Marra continuó hasta febrero, y, en mayo, más de 10.000 personas se habían visto obligadas a huir.

En Sudán del Sur, murieron civiles en enfrentamientos esporádicos entre fuerzas del gobierno y grupos armados. Las partes en el conflicto obstruían el acceso a la ayuda humanitaria; cada vez más niños y niñas eran reclutados como soldados, y la violencia sexual relacionada con el conflicto era generalizada, incluidas las violaciones individuales y en grupo y la mutilación sexual.

En Somalia, el uso indiscriminado y cada vez mayor de drones y aviones tripulados en los ataques efectuados por el mando regional de Estados Unidos para África (AFRICOM) continuó causando muertes y víctimas civiles. La cifra sin precedentes de más de 50 ataques aéreos supuso la muerte de al menos tres civiles, con lo que el número de muertes de civiles causadas por dichos ataques en los dos años anteriores ascendió al menos a 17.

Abusos cometidos por grupos armados, violencia entre comunidades y respuestas ilegítimas de los Estados

Los grupos armados continuaron con sus ataques brutales, perpetuando un amplio catálogo de abusos y crímenes en Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Malí, Nigeria, Somalia y otros países. Algunos ataques constituían graves abusos del derecho internacional humanitario. A menudo, la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus aliados también implicaba graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario.

En Somalia, la ONU registró más de 1.150 víctimas civiles hasta mediados de noviembre. Al Shabaab fue responsable de la mayoría de dichos ataques selectivos, incluido uno perpetrado con un camión bomba en diciembre, que mató a cerca de 100 personas en Mogadiscio. Las operaciones militares de las fuerzas somalíes y sus aliados contra Al Shabaab también mataron a hirieron a decenas de civiles, a menudo en ataques indiscriminados.

En las regiones del noroeste y el suroeste de Camerún, grupos armados separatistas de habla inglesa continuaron perpetrando abusos, tales como homicidios, mutilaciones y secuestros. El ejército respondió de manera desproporcionada, realizando ejecuciones extrajudiciales e incendiando viviendas.

La seguridad se deterioró de manera significativa en el centro de Malí, con homicidios generalizados de civiles, cometidos por grupos armados y por los autoproclamados “grupos de autodefensa”. En respuesta a ello, las fuerzas de seguridad de Malí cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura.

En Etiopía, la respuesta de las fuerzas de seguridad al aumento de la violencia entre comunidades, que se saldó con la muerte de cientos de personas, con frecuencia llevaba aparejado el uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, en enero, las Fuerzas de Defensa de Etiopía mataron al menos a nueve personas, tres de ellas menores, durante las operaciones emprendidas para contener la violencia étnica en la región de Amhara. El ejército prometió una investigación, pero sus conclusiones no se habían hecho públicas al concluir el año.

Desprotección de la población civil frente a los abusos cometidos por grupos armados

Muchos Estados, así como fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, tampoco cumplieron con su obligación de proteger a la población civil de los crímenes de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos —como homicidios, tortura, secuestros y desplazamientos masivos— cometidas por grupos armados.

En el este de República Democrática del Congo, la policía local y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU destacadas en la zona permanecieron en sus bases mientras grupos armados mataban al menos a 70 civiles en Beni en noviembre.

En Nigeria, las fuerzas de seguridad no protegieron a la población civil en el noreste cuando Boko Haram llevó a cabo más de 30 ataques que se saldaron con la muerte de al menos 378 civiles y el desplazamiento de miles de personas. La población de algunas de las aldeas y pueblos atacados denunció que las fuerzas de seguridad nigerianas habían retirado su protección poco antes de los ataques.

En la Región del Extremo Norte de Camerún, la población civil protestó por la falta de protección del Estado y la sensación de abandono en medio de un aumento de los ataques de Boko Haram, en los que al menos 275 personas perdieron la vida y otras sufrieron mutilaciones o secuestro.

Impunidad

Una de las principales razones de la persistencia de los conflictos armados y la violencia en tantos países era que se seguía sin investigar debidamente ni hacer rendir cuentas a los responsables de los abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidos los crímenes de derecho internacional. A pesar de ciertos avances observados en algunos países, en general no se adoptaron medidas concretas para ofrecer justicia a las víctimas.

En Sudán del Sur, los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado continuaban gozando de impunidad, y el gobierno siguió bloqueando el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, mecanismo judicial liderado por la Unión Africana que tenía por objeto abordar el legado de violencia y ofrecer justicia a las víctimas del conflicto.

En Sudán, los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante más de 16 años en Darfur—entre ellas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio— todavía no habían comparecido ante la justicia.

Como en los años anteriores, el gobierno de Nigeria no adoptó medidas auténticas para ofrecer justicia a las incontables víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el noreste por Boko Haram y por sus propias fuerzas de seguridad.

El presidente de Malí promulgó una ley de “reconciliación nacional” de la que el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Malí dijo que podría “impedir a muchas víctimas de violaciones graves ejercer su derecho a una justicia justa y equitativa, obtener reparación y conocer la verdad sobre las violaciones cometidas en el pasado”. Pese a las numerosas violaciones y abusos cometidos desde 2012, se habían celebrado pocos juicios y se habían dictado todavía menos sentencias condenatorias.

También había impunidad generalizada en relación con los abusos perpetrados por actores no estatales, así como con las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, incluida la represión de las protestas, la tortura y otros ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil, minorías y personas refugiadas y migrantes.

En Sudán, pese a los ataques brutales reiterados de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas —que mataron a 177 personas e hirieron centenares más— sólo un caso se llevó a juicio. En octubre, el nuevo gobierno de transición de Sudán estableció un comité independiente para investigar las violaciones más graves de derechos humanos perpetradas en Jartum el 3 de junio. No obstante, aunque estaba previsto que el comité publicara su informe y sus conclusiones antes de tres meses, el plazo se amplió.

En Etiopía, el gobierno todavía no había realizado investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los abusos cometidos por actores no estatales y las fuerzas de seguridad, que incluían homicidios de manifestantes y numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos en las prisiones.

Una de las escasas señales de avance fue el examen en los tribunales civiles de República Centroafricana de algunos casos de abusos cometidos por grupos armados. También lo fue el hecho de que el Tribunal Penal Especial recibiera 27 denuncias e iniciara investigaciones, si bien no dictó ninguna orden de arresto ni comenzó ningún juicio. Además, el acuerdo de paz de febrero entre el gobierno y 14 grupos armados permitió la entrada de presuntos perpetradores en el nuevo gobierno, por lo que persistió la impunidad.

En República Democrática del Congo había un panorama ambivalente similar. Los tribunales militares conocieron de algunos casos de violación ocurridos en el contexto del conflicto, pero no hicieron rendir cuentas a altos cargos civiles y mandos militares sospechosos de cometer o promover crímenes de derecho internacional. Varios políticos y altos cargos sospechosos de violaciones del derecho internacional conservaron sus puestos en las instituciones del Estado o fueron asignados a otros igualmente relevantes.

Corte Penal Internacional

En la Corte Penal Internacional (CPI) hubo avances relativos a Costa de Marfil, Malí, República Centroafricana y República Democrática del Congo, pero se avanzó poco en relación con las situaciones de Guinea, Nigeria y Sudán.

El año comenzó con el fallo absolutorio en primera instancia del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y de su exasesor Charles Blé Goudé, que estaban acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en 2010 y 2011. La Fiscalía recurrió la sentencia.

En diciembre, un informe de la Fiscalía de la CPI volvió a confirmar que el gobierno de Nigeria no estaba adoptando medidas significativas para ofrecer justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Boko Haram y por sus propias fuerzas de seguridad durante el conflicto del noreste del país. No obstante, la Fiscalía no decidió si se debía abrir una investigación, casi 10 años después de haber iniciado un examen preliminar. Con todo, señaló que esa decisión se tomaría en 2020. 

En Sudán, el ex jefe del Estado Omar al Bashir fue derrocado en abril, pero ni él ni otros tres sospechosos fueron entregados por las autoridades a la CPI, que había dictado órdenes de detención contra ellos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.

Hubo avances en los procedimientos relativos a República Centroafricana. En enero, Patrice-Edouard Ngaïssona, líder de un grupo de la milicia antibalaka, fue transferido a la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en 2013 y 2014. En febrero, la causa se unió a otra abierta contra Alfred Yekatom, también líder de un grupo armado antibalaka. En diciembre se confirmaron parcialmente los cargos contra ellos y el caso se llevó a juicio.

En septiembre, la CPI confirmó los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad formulados contra Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ex jefe de la policía islámica de la ciudad maliense de Tombuctú.

En noviembre, la CPI condenó a 30 años de prisión a Bosco Ntaganda, ex jefe militar de una milicia que actuaba en el este de República Democrática del Congo. Había sido declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en julio.

Represión de la disidencia

Represión de las protestas

En más de 20 países se negó a la población el derecho a manifestarse pacíficamente, con medidas como imposición de prohibiciones ilegítimas, uso excesivo de la fuerza, hostigamiento y detenciones arbitrarias.

El uso excesivo de la fuerza y la comisión de otros abusos para dispersar protestas pacíficas dieron lugar a muertes, lesiones y detenciones ilegales en varios países.

En Sudán, miles de personas participaron en manifestaciones pacíficas que, en abril, pusieron fin a decenios de represión del gobierno del presidente Omar al Bashir y devolvieron la esperanza de que se respetaran los derechos humanos. No obstante, pagaron un precio terrible. Al menos 177 personas murieron y cientos resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad emplearon munición real, gas lacrimógeno, palizas y detenciones arbitrarias para dispersar manifestaciones multitudinarias pacíficas en Jartum y otras partes del país.

Las fuerzas de seguridad de Zimbabue iniciaron una violenta represión contra quienes protestaban por la subida del precio de los combustibles en enero y mataron a tiros al menos a 15 personas, hirieron a otras 78 y detuvieron arbitrariamente a más de 1.000.

Las fuerzas de seguridad de Guinea continuaron fomentando la violencia durante las manifestaciones al recurrir al uso excesivo de la fuerza. Un mínimo de 17 personas murieron (al menos 11 de ellas en octubre y 3 en noviembre) durante las manifestaciones contra una reforma constitucional que permitiría al presidente Alpha Condé presentarse a un tercer mandato.

En Benín, entre abril y junio, las fuerzas de seguridad mataron al menos a cuatro manifestantes y transeúntes.

En Angola, la policía y las fuerzas de seguridad dispersaron con violencia manifestaciones en favor de la independencia en enero y diciembre, y realizaron decenas de detenciones arbitrarias. En Chad, 13 personas fueron golpeadas y detenidas durante una manifestación pacífica contra la escasez de gas butano. La policía de República Democrática del Congo empleó fuerza excesiva para dispersar al menos 35 manifestaciones pacíficas, en las que hirió al menos a 90 personas y detuvo arbitrariamente a decenas. En Yuba, Sudán del Sur, se impidió la participación en una protesta pacífica en mayo, después de que el gobierno desplegara al ejército, realizara registros casa por casa y amenazara a manifestantes.

En otros países, los gobiernos utilizaron medidas administrativas y de otra índole para imponer restricciones y prohibiciones ilegítimas de manifestaciones pacíficas. Durante la mayor parte del año, las autoridades policiales nigerianas prohibieron las reuniones pacíficas en varios estados y restringieron el acceso a un popular punto de reunión del que partían la mayoría de las protestas en la capital, Abuya.

En Senegal, se empleó legislación que restringía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluido un decreto de 2011 que prohibía las reuniones en el centro de Dakar. En Tanzania y en Togo, la reforma de leyes vigentes permitió imponer aún más restricciones de amplio alcance a la libertad de asociación y de reunión pacífica. En Guinea, las autoridades prohibieron por motivos imprecisos y demasiado generales más de 20 manifestaciones.

La represión de las protestas fue particularmente habitual antes, durante y después de elecciones. En enero, las autoridades camerunesas interrumpieron violentamente manifestaciones pacíficas contra la reelección del presidente Paul Biya y detuvieron arbitrariamente a cerca de 300 manifestantes, incluido el líder del partido de oposición Movimiento para el Renacimiento de Camerún. En el periodo previo a las elecciones parlamentarias de Benín, las autoridades impusieron una prohibición total de las manifestaciones y detuvieron a decenas de activistas de la oposición.

En Mauritania, durante los días posteriores a las elecciones presidenciales de junio, se detuvo de manera arbitraria a activistas de la oposición política y se prohibieron las manifestaciones de grupos de oposición que impugnaban los resultados electorales. En Guinea, más de 60 miembros del movimiento en favor de la democracia Frente Nacional por la Defensa de la Constitución sufrieron detención arbitraria. Durante las elecciones de octubre de Mozambique, se detuvo y se sometió a reclusión prolongada en régimen de incomunicación a 18 personas que realizaban labores de observación electoral.

Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la oposición

La represión generalizada de la disidencia adoptó también la forma de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

En Guinea Ecuatorial persistieron el hostigamiento, intimidación y detención arbitraria de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas. Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, una de las pocas ONG independientes de derechos humanos del país, fue detenido, y se revocó mediante decreto la autorización del Centro.

En Zimbabue, la policía presentó cargos contra al menos 22 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes de la sociedad civil y de la oposición por su presunto papel en la organización de protestas pacíficas contra el precio de los combustibles en enero; otras personas huyeron del país. Entre las personas detenidas figuraban Evan Mawarire, clérigo local y activista, y Japhet Moyo y Peter Mutasa, secretario general y presidente, respectivamente, del Congreso Sindical de Zimbabue.

Las autoridades de Burundi continuaron reprimiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. El gobierno suspendió la actividad de la organización de la sociedad civil PARCEM, y un tribunal confirmó la sentencia que condenaba a 32 años de prisión al defensor de los derechos humanos Germain Rukuki.

Tras una farsa de juicio celebrado en junio, un tribunal sursudanés dictó sentencias de prisión contra seis hombres, incluido el profesor universitario y activista Peter Biar Ajak.

En Mauritania, la policía irrumpió en el domicilio del activista contra la esclavitud Ahmedou Ould Wediaa y lo detuvo arbitrariamente como consecuencia de las críticas que había vertido contra las autoridades por su respuesta a las protestas relacionadas con las elecciones. En Nigeria, los periodistas y defensores de los derechos humanos Omoyele Sowore, Olawale Bakare y Agba Jalingo fueron detenidos arbitrariamente por cargos de motivación política.

Un acontecimiento positivo fue que las autoridades de República Democrática del Congo anunciaron en marzo que, por orden presidencial, habían sido excarceladas más de 700 personas y se habían cerrado todos los centros de detención no oficiales gestionados por la Agencia Nacional de Inteligencia. Entre las personas liberadas figuraban varios presos y presas de conciencia y otras víctimas de reclusión arbitraria prolongada.

Libertad de expresión y reducción del espacio político

Nueva legislación regresiva

Algunos gobiernos optaron por promulgar nuevas leyes para restringir las actividades de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

En junio, Costa de Marfil aprobó un nuevo Código Penal que amenazaba con menoscabar aún más el derecho a la libertad de expresión. Se incluían en él los delitos de ofender al jefe del Estado y publicar datos que pudieran socavar el orden público.

Ese mismo mes, Burkina Faso modificó su Código Penal e introdujo delitos demasiado generales, que podían emplearse para restringir el acceso a la información y reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y blogueros y blogueras.

En julio, Guinea aprobó la Ley de Prevención y Represión del Terrorismo, que contenía disposiciones demasiado generales que permitían criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.

En diciembre, la Asamblea Nacional de Nigeria comenzó a estudiar dos proyectos de ley que restringían gravemente el derecho a la libertad de expresión en Internet; uno de ellos proponía la pena de muerte para el “discurso de odio”. Dichos proyectos de ley conferirían a las autoridades facultades arbitrarias para bloquear Internet, limitar el acceso a las redes sociales y castigar las críticas al gobierno con penas de hasta tres años de cárcel.

Libertad de los medios de comunicación

Al menos en 25 países —más de dos tercios de los que eran objeto de seguimiento— se restringía la libertad de los medios de comunicación y se criminalizaba a quienes ejercían el periodismo.

La situación en Somalia era particularmente grave. En el sur y el centro del país y en Puntlandia, las fuerzas de seguridad golpeaban, amenazaban y sometían a detención arbitraria de manera habitual a periodistas. El grupo armado Al Shabaab mató a dos periodistas y sometió a otros a violencia, intimidación y amenazas. También se cerraron cuentas de Facebook de periodistas y se recurrió al soborno para obligar a medios de comunicación a autocensurarse; asimismo, al menos ocho periodistas huyeron al exilio debido a las amenazas contra sus vidas.

En otros 17 países se detuvo arbitrariamente a periodistas. En Nigeria, Amnistía Internacional documentó 19 ejemplos de agresión, detención arbitraria y reclusión de periodistas, contra quienes en muchos casos se formularon cargos falsos. En Sudán del Sur se detuvo al menos a 16 personas que trabajaban en medios de comunicación y se hostigó a periodistas, incluidas dos profesionales que fueron agredidas durante un mitin del presidente Salva Kiir.

El periodista mozambiqueño Amade Abubacar fue detenido y estuvo recluido en espera de juicio durante meses. En Tanzania, el periodista de investigación Erick Kabendera y dos periodistas más fueron detenidos arbitrariamente por cargos falsos. Cuatro periodistas y su conductor fueron detenidos en Burundi cuando se dirigían a investigar información sobre enfrentamientos entre un grupo armado y las fuerzas de seguridad del Estado.

En Sierra Leona, las autoridades continuaron utilizando la Ley de Orden Público para silenciar a periodistas, activistas y otras personas.

También eran habituales el cierre y la suspensión de medios de comunicación por orden de las autoridades. En enero, el gobierno de República Democrática del Congo cerró varios medios de comunicación para intentar impedir la publicación de resultados electorales no oficiales y la celebración de manifestaciones generalizadas contra el presunto fraude electoral masivo. En mayo, la Comisión de Comunicaciones de Uganda ordenó la suspensión del personal de 13 emisoras independientes de radio y televisión que habían informado de la detención arbitrara del músico y político de la oposición Bobi Wine. También se cerraron medios de comunicación en Ghana, Togo, Tanzania y Zambia. 

Al verse obligados cada vez más los informativos independientes y los grupos de opinión opositores a migrar a Internet, también aumentaron las restricciones impuestas por los gobiernos. Se ordenaron cierres de Internet en Zimbabue, durante las protestas de enero por el combustible, y en Benín, Mauritania y República Democrática del Congo, durante y después de las elecciones. En julio, el presidente de Chad anunció que había pedido a los proveedores de servicios de Internet relevantes que eliminaran las restricciones sobre las redes sociales. Previamente, las autoridades habían negado ser la causa de los bloqueos aplicados desde 2018.

Personas refugiadas, migrantes y desplazadas

Los prolongados conflictos, junto con las crisis humanitarias recurrentes y las persistentes violaciones de derechos humanos, obligaron a cientos de miles de personas a huir de sus hogares en busca de protección.

En Somalia, más de 300.000 personas se vieron desplazadas internamente a causa del conflicto, las sequías e inundaciones y los obstáculos para acceder a ayuda humanitaria. Igualmente, en Camerún sufrieron desplazamiento interno 700.000 personas en las regiones del noroeste y el suroeste del país, a causa de la inseguridad, y más de 270.000 en la Región del Extremo Norte, debido a los ataques de Boko Haram. Hubo también patrones similares de desplazamiento interno en otros países: 600.000 personas en República Centroafricana, más de medio millón en Burkina Faso, más de 222.000 en Chad y más de 200.000 en Malí.

Las personas refugiadas y migrantes que huían a países vecinos sufrían a veces abusos, violaciones de derechos humanos y repatriación forzada.

Ruanda albergaba aproximadamente a 150.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, principalmente de Burundi y República Democrática del Congo. Al terminar el año, nadie había comparecido ante la justicia por tres incidentes acaecidos en Ruanda en 2018, en los que, al abrir fuego las fuerzas de seguridad contra personas refugiadas que se estaban manifestando, habían muerto al menos 11 personas refugiadas congoleñas y decenas habían resultado heridas.

El gobierno de Tanzania continuó presionando a más de 160.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo burundesas para que regresaran a su país, a pesar de que allí se estaban cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra partidarios de la oposición, reales o supuestos, incluidas las personas refugiadas que regresaban. La presión aumentó en agosto, cuando el gobierno firmó un acuerdo bilateral con Burundi para devolver a personas refugiadas “de manera voluntaria o no voluntaria”.

El fallido sistema de gestión de solicitudes de asilo de Sudáfrica dejó sin documentación adecuada a cientos de miles de personas. Hubo un índice de rechazos de solicitudes de asilo del 96%, y se estimaba que había 190.000 apelaciones y revisiones acumuladas. En agosto y septiembre, la violencia xenófoba —impulsada en parte por años de impunidad de los ataques cometidos en el pasado— se saldó con la muerte de al menos 12 personas, sudafricanas y extranjeras.

Discriminación y marginación

En varios países persistían la discriminación, la marginación y la violencia contra las mujeres y las niñas, derivadas a menudo de tradiciones culturales e institucionalizadas por leyes injustas.

En muchos países, incluidos Burundi, Camerún, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán y Sudán del Sur, las mujeres y las niñas eran víctimas de violación y otras formas de violencia sexual y de género.

Se registraron limitados avances en Sierra Leona, con la aprobación de una nueva ley que establecía que a partir de ese momento todos los casos de delitos sexuales los vería directamente el Tribunal Supremo.

Las niñas embarazadas seguían estando excluidas de la escuela en países como Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Tanzania. Surgió un rayo de esperanza cuando, en diciembre, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) rechazó —por considerar que constituía discriminación— la decisión tomada por Sierra Leona en 2015 de prohibir que las niñas embarazadas se examinaran y asistieran a los centros escolares ordinarios.

Hubo algunos avances en la protección de las mujeres y las niñas frente a la discriminación. En noviembre, el gobierno de transición de Sudán derogó restrictivas leyes sobre el orden público que regulaban la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Ghana introdujo un proyecto de Ley de Disposiciones Positivas que tenía por objeto lograr un 50% de representación femenina en los cargos públicos de poder; no obstante, pese a una intensa labor de promoción de los grupos locales de derechos de las mujeres, no se había aprobado aún al concluir el año.

Personas con albinismo

Las supersticiones en torno a los poderes mágicos de las personas con albinismo continuaban fomentando los ataques contra ellas. En Malawi, un hombre de 60 años fue mutilado y asesinado en enero delante de su hijo de 9. Un niño de 14 años fue secuestrado en febrero y se hallaba en paradero desconocido.

En julio, el Foro de la Sociedad Civil de la Comunidad de Desarrollo del África Austral aprobó una moción que condenaba las agresiones, secuestros, homicidios y discriminación contra personas con albinismo en toda la región.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) hacían frente a discriminación, procesamientos, hostigamiento y violencia en países como Angola, Eswatini, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Uganda.

En Nigeria, se llevaron a cabo detenciones generalizadas de personas gays, lesbianas y bisexuales y, en diciembre, se llevó a juicio en Lagos a 47 hombres acusados de mostrar afecto en público a personas de su mismo sexo.

En Senegal, al menos 11 personas fueron arrestadas por su orientación sexual e identidad de género, reales o presuntas. Nueve de ellas fueron condenadas a entre seis meses y cinco años de prisión. En Uganda, la policía detuvo a 16 activistas LGBTI en octubre y les practicó exámenes anales forzados. En Tanzania se cerraron seis centros de salud que trabajaban por los derechos de las personas LGBTI después de que algunos de ellos fueran acusados de “promover actos poco éticos”.

Dos acontecimientos positivos fueron que el Parlamento de Angola aprobó un nuevo Código Penal que despenalizaba las relaciones homosexuales y que el Tribunal Supremo de Botsuana dictó una sentencia histórica que despenalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo.

Medios de vida, educación y atención de la salud

Muchos gobiernos no protegían ni hacían efectivos los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda.

Medios de vida amenazados

En Angola, se acaparaban en gran escala tierras para la ganadería comercial sin consultar ni indemnizar a las comunidades ganaderas tradicionales, que no podían alimentar por ello a sus animales y se enfrentaban a inseguridad alimentaria y hambruna.

En el sur de República Democrática del Congo, un accidente que se saldó con la muerte de 43 mineros artesanales y el despliegue del ejército en dos enormes minas de cobre y cobalto dejó al descubierto la deficiente regulación de la minería y la escasa protección de los derechos humanos en el país. En República Centroafricana, un informe parlamentario sacó a la luz la responsabilidad de una empresa minera en la contaminación de un río local.

Desalojos forzosos

En países como Eswatini, Nigeria, Uganda y Zimbabue, el derecho a una vivienda adecuada se violaba con desalojos forzosos. Miles de personas fueron desalojadas sin el debido proceso, indemnización ni otras reparaciones. Por ejemplo, durante el año, el gobierno de Nigeria desalojó más de 20 comunidades en el estado de Lagos.

En Eswatini, cientos de personas estaban expuestas a sufrir desalojos forzosos. En una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional en mayo, el gobierno prometió introducir una moratoria de todos los desalojos, pero al terminar el año no la había anunciado.

Acceso a atención de la salud

El derecho a atención de la salud estaba gravemente amenazado en países como Burundi, Madagascar, República Democrática del Congo y Zimbabue. En República Democrática del Congo, al menos 1.680 personas murieron de ébola, 5.000 de sarampión y 260 de cólera. En Burundi, más de 3.100 personas murieron a causa de la malaria. El conflicto armado de Camerún dio lugar a la destrucción de varios centros de salud.

En Sudáfrica, hubo informes generalizados de escasez de anticonceptivos y tratamientos antirretrovirales, así como de falta de personal en los centros de apoyo a sobrevivientes de violación.

Acceso a la educación

El acceso a la educación en países afectados por conflictos armados era particularmente problemático. En Malí se cerraron 920 escuelas en junio tras producirse ataques contra docentes e instalaciones. En diciembre, en las regiones del noroeste y suroeste de Camerún asoladas por el conflicto sólo funcionaban el 17% de las escuelas y sólo el 29% del profesorado podía trabajar, según la ONU. En Burkina Faso, los ataques de grupos armados provocaron el cierre de 2.087 escuelas, lo que afectó a más de 300.000 estudiantes y 9.000 docentes.

Un aspecto positivo fue que el gobierno de República Democrática del Congo introdujo la educación primaria gratuita —un derecho consagrado en la Constitución—, que beneficiaba a millones de niños y niñas. Sin embargo, este avance se vio obstaculizado por las deficiencias de planificación e infraestructura y la falta de financiación suficiente.

Órganos regionales de derechos humanos

Seguía siendo escaso el cumplimiento de las decisiones de los órganos regionales, que se veían además frustrados por la reiterada falta de cooperación de los Estados miembros o por los intentos de socavar su independencia y autonomía.

Un reducido número de países presentaron informes de Estado Parte ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y Bienestar del Niño, pero con años de retraso. La mayoría de los Estados miembros que recibían peticiones de apelación urgente y medidas provisionales no respondían, aunque dichas peticiones fueran relativas a casos que presentaran un peligro de daño irreparable.

Sólo unos pocos Estados miembros aceptaron peticiones de visitas de los órganos regionales, pero ninguno facilitó que se llevaran a cabo en la práctica en 2019, y ni un solo país cursó una invitación permanente a la Comisión Africana ni al Comité Africano de Expertos.

En agosto, el presidente de Zimbabue prometió que el país ratificaría el Protocolo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pero al concluir el año no lo había hecho. Tanzania suprimió el derecho de particulares y ONG a llevar casos contra el Estado directamente ante la Corte Africana, en un cínico intento de eludir la rendición de cuentas.

Pese a los numerosas dificultades que encontraban, la Comisión Africana y el Comité Africano de Expertos registraron unos resultados bastante notables a la hora de desarrollar nuevas normas de derechos humanos, incluida la Observación general 5 sobre el derecho a la libertad de circulación.

Mirando al futuro

África afrontaba numerosos desafíos en materia de derechos humanos: proteger a la población civil en los conflictos armados; liberar de la represión a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas; abrir espacio político para el diálogo; abordar la discriminación y violencia contra las mujeres y las minorías, y salvaguardar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas vulnerables eran sólo algunos de ellos.

Con todo, si 2019 nos enseñó algo, fue que la rendición de cuentas y la justicia son fundamentales para cualquier solución eficaz, como también lo son la capacidad y la resiliencia de las personas para lograr cambios positivos y significativos en materia de derechos humanos.

La Unión Africana declaró 2020 el año de “silenciar las armas”, pero el objetivo de acabar con los conflictos en África sigue estando muy lejos. Sólo se podrá lograr poniendo fin a la cultura generalizada de impunidad y garantizando justicia y reparaciones para las víctimas de graves abusos y violaciones de los derechos humanos.