África 2017/2018
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África 2017/2018

El panorama de derechos humanos en África estuvo marcado por violentas campañas de represión de manifestaciones pacíficas, y ataques concertados contra la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la implacable violencia contra la población civil en los conflictos de larga duración se agravó por el estancamiento de las iniciativas políticas para resolver esas crisis. Continuó el ciclo de impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos —incluidos crímenes de derecho internacional— cometidos en los conflictos.

La intolerancia a la disidencia pacífica y el arraigado desprecio por el derecho a la libertad de reunión pacífica eran cada vez más habituales. De Lomé a Freetown, de Jartum a Kampala y de Kinshasa a Luanda se registraron detenciones masivas de personas que se manifestaban pacíficamente, así como palizas, uso excesivo de la fuerza y, en algunos casos, homicidios.

Existía el peligro de que el bloqueo político y la inacción de los organismos regionales e internacionales a la hora de abordar los conflictos de larga duración y sus causas subyacentes se normalizasen y diesen lugar a la comisión de más violaciones de derechos humanos, con impunidad.

Estas tendencias se enmarcaban en un contexto de logros lentos e intermitentes en la reducción de la pobreza y de limitados avances en materia de desarrollo humano. Según el Informe sobre Desarrollo Sostenible en África, la reducción de la pobreza extrema se producía a un ritmo lento, y eran las mujeres y las personas jóvenes quienes más la sufrían.

No obstante, también hubo señales de esperanza y avances que pocas veces llegaron a los titulares de la prensa internacional: el valor de la gente corriente y de los defensores y defensoras de los derechos humanos que alzaron la voz en favor de la justicia, la igualdad y la dignidad frente a la represión.

En algunos países se produjeron reformas importantes. Gambia revocó su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), puso en libertad a personas presas por motivos políticos y prometió abolir la pena de muerte. El proyecto de Constitución de Burkina Faso contenía disposiciones que fortalecían la protección de los derechos humanos.

También destacaron las históricas decisiones judiciales en materia de derechos humanos. La decisión del Tribunal Superior de Kenia de bloquear los planes del gobierno relativos al cierre de Dadaab —el mayor campo de refugiados del mundo— impidió la devolución de más de 250.000 personas refugiadas a Somalia, donde corrían peligro de sufrir abusos graves. En Nigeria, dos sentencias declararon ilegales las notificaciones de desalojo forzoso sin la presentación de los avisos establecidos por la ley, y resolvieron que los desalojos forzosos y la amenaza de llevarlos a cabo constituían trato cruel, inhumano y degradante.

El Tribunal Constitucional de Angola declaró inconstitucional la legislación concebida para reprimir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Represión de la disidencia

Represión de las protestas

En más de 20 países se negó a la población su derecho a manifestarse pacíficamente, con medidas como la imposición de prohibiciones ilegítimas, el uso excesivo de la fuerza, el hostigamiento y la detención arbitraria. El disfrute del derecho a la libertad de reunión fue la excepción y no la regla.

En Angola, Chad, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y otros países, se emplearon medidas jurídicas, administrativas y de otra índole para restringir y prohibir de forma ilegítima protestas pacíficas.

En Angola, las autoridades impedían con frecuencia la celebración de manifestaciones pacíficas, aunque, según la ley, éstas no requerían autorización previa. En Chad se prohibieron al menos seis reuniones pacíficas y se detuvo a muchas de las personas que las habían organizado o habían participado en ellas. En República Democrática del Congo se prohibieron y reprimieron protestas pacíficas, especialmente las relacionadas con la crisis política provocada por el aplazamiento de las elecciones. En Sudán se impidió a las organizaciones de la sociedad civil, a la oposición política y a estudiantes darfuríes celebrar actos.

El uso excesivo de la fuerza y la comisión de otros abusos para dispersar protestas pacíficas dieron lugar a muertes, lesiones y detenciones ilegítimas en muchos países. En Angola, la policía y las fuerzas de seguridad respondieron con detenciones arbitrarias, reclusiones y malos tratos a las escasas manifestaciones que se celebraron. Las fuerzas de seguridad de Camerún reprimieron con violencia las manifestaciones que tuvieron lugar en las regiones de habla inglesa. La policía de Kenia empleó fuerza excesiva —que incluyó el uso de munición real y gas lacrimógeno— contra manifestantes de la oposición tras las elecciones generales, causando decenas de víctimas mortales; al menos 33 personas, entre ellas dos niñas, murieron por disparos de la policía.

En Togo, al menos 10 personas —entre ellas tres niños y dos miembros de las fuerzas armadas— murieron violentamente durante una operación represiva de las fuerzas de seguridad, que con frecuencia golpeaban a los manifestantes y utilizaban gas lacrimógeno y fuego real contra ellos. Las fuerzas de seguridad de Sierra Leona abrieron fuego contra estudiantes que se manifestaban contra una huelga del profesorado universitario en la ciudad de Bo; un estudiante murió y varios resultaron heridos a consecuencia de los disparos. El gobierno de Uganda llevó a cabo registros, detenciones, intimidación y hostigamiento para poner fin a las reuniones pacíficas y silenciar la oposición a una reforma de la Constitución que eliminaría el límite de edad para ocupar la presidencia del país.

Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas de la oposición

La represión generalizada de la disidencia también se manifestó en los ataques cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, blogueras y blogueros.

En Camerún se detuvo arbitrariamente a activistas de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y docentes, y, en algunos casos, se los enjuició en tribunales militares. El gobierno prohibió las actividades de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Había muchas personas detenidas por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional.

Las autoridades de Chad detuvieron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas para silenciar las críticas al gobierno, especialmente en respuesta a la indignación creciente por la crisis económica.

En Guinea Ecuatorial, la policía detuvo a activistas, lo que ponía de relieve la predisposición de las autoridades para abusar de la legislación con el fin de intimidar y silenciar la disidencia.

En Eritrea había miles de presos y presas de conciencia y por motivos políticos detenidos sin cargos ni acceso a sus familiares ni a asistencia letrada; muchos de ellos llevaban recluidos más de 10 años.

En Etiopía continuaron practicándose detenciones arbitrarias en virtud de la declaración del estado de excepción, que se levantó en junio. El gobierno ordenó la excarcelación de 10.000 de las 26.000 personas que habían sido detenidas en 2016 en aplicación del estado de excepción. Sin embargo, se recluyó a cientos de personas en aplicación de la Proclamación Antiterrorista, una ley draconiana que se utilizaba con frecuencia para hostigar a personas críticas con el gobierno.

En Mauritania se conmutó la condena a muerte por apostasía impuesta al bloguero Mohamed Mkhaïtir, que no obstante siguió recluido aun después de haber cumplido su condena. También permanecían encarcelados dos activistas contra la esclavitud.

Las autoridades de Madagascar intimidaron y hostigaron a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos para tratar de silenciarlos. Se intensificó el uso de cargos penales contra quienes se atrevían a pronunciarse contra la explotación y el tráfico ilícitos de recursos naturales.

El gobierno de Sudán siguió sofocando la disidencia, y las fuerzas de seguridad intensificaron la persecución de miembros de partidos políticos de la oposición, sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y estudiantes, que sufrieron detenciones y reclusiones arbitrarias por cargos falsos, y tortura y otros malos tratos sistemáticos.

En Zambia se utilizó la Ley de Orden Público para reprimir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, sobre todo contra activistas de la sociedad civil críticos con el gobierno y contra líderes de partidos políticos de la oposición. La policía empleó fuerza excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente y pasó por alto la violencia contra activistas de la sociedad civil ejercida por grupos leales al partido gobernante.

En Zimbabue, el pastor protestante Evan Mawarire —fundador del movimiento #ThisFlag (Esta bandera)— sufrió persecución y hostigamiento hasta que fue absuelto tras el cambio de gobierno que tuvo lugar en noviembre.

La intelectual ugandesa Stella Nyanzi estuvo detenida durante más de un mes por publicar en Facebook críticas al presidente y a su esposa, que era la ministra de Educación.

Nueva legislación regresiva y reducción del espacio político

Algunos gobiernos dieron pasos hacia la adopción de legislación que restringía las actividades de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y opositores.

El Parlamento de Angola aprobó cinco proyectos de ley que contenían disposiciones que restringían la libertad de expresión, y estableció un organismo regulador de los medios de comunicación dotado de amplias competencias en materia de supervisión.

En Costa de Marfil se aprobó legislación que incluía disposiciones que restringían el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo disposiciones relativas a la difamación, la ofensa al presidente y la difusión de noticias falsas.

Un anteproyecto de ley de Nigeria y unas propuestas de reforma de la Ley de ONG de Malawi introducían controles arbitrarios, invasivos y excesivos sobre las actividades de las ONG, incluidos los grupos de derechos humanos.

Libertad de los medios de comunicación

En al menos 30 países —más de la mitad de los que eran objeto de seguimiento— se restringía la libertad de los medios de comunicación y se criminalizaba a quienes ejercían el periodismo.

El uso indebido del sistema de justicia para silenciar la disidencia era habitual en Angola, donde el gobierno utilizó legislación sobre difamación especialmente contra periodistas e intelectuales.

En Uganda, la periodista Gertrude Uwitware fue detenida por apoyar a Stella Nyanzi. En Kenia, las autoridades utilizaron el hostigamiento y la intimidación para silenciar a los medios de comunicación.

En Botsuana se hostigaba e intimidaba persistentemente a periodistas por realizar labores de investigación, y unos agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron y amenazaron de muerte a tres periodistas que habían llevado a cabo una investigación sobre la construcción de la vivienda vacacional del presidente Ian Khama.

Camerún y Togo bloquearon el acceso a Internet para obstaculizar la labor periodística y cerraron medios de comunicación.

En Etiopía se detuvo a activistas, entre ellos periodistas y blogueros. Muchas de estas personas fueron condenadas en virtud de la Proclamación Antiterrorista, que contenía definiciones imprecisas de los actos de terrorismo.

Un tribunal militar de Camerún condenó en un juicio injusto al periodista de Radio France Internationale Ahmed Abba a 10 años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El periodista quedó en libertad en diciembre, tras la decisión de un tribunal de apelación de reducirle la condena a 24 meses.

Represión política y violaciones de derechos humanos en el contexto de elecciones

El miedo, la intimidación y la violencia empañaron las elecciones presidenciales en Kenia. La policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes de la oposición tras las elecciones, causando decenas de víctimas mortales; al menos 33 personas murieron por disparos de la policía. Altos cargos del partido gobernante amenazaron reiteradamente la independencia del poder judicial después de que el Tribunal Supremo anulara los resultados de las elecciones. La Junta de Coordinación de ONG amenazó con el cierre y otras medidas punitivas a organizaciones de derechos humanos y gobernanza que habían criticado el proceso electoral.

En las elecciones presidenciales de Ruanda, celebradas en agosto, el presidente en ejercicio Paul Kagame obtuvo una arrolladora victoria tras los cambios constitucionales que le permitieron presentarse a un tercer mandato. Las elecciones transcurrieron en un clima de temor alimentado por dos decenios de ataques contra la oposición política, los medios de comunicación independientes y los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se hostigó a posibles candidatos presidenciales con métodos tales como campañas de desprestigio.

El periodo previo a las elecciones en Angola, celebradas en agosto, estuvo marcado por abusos contra los derechos humanos: se intimidó reiteradamente a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por poner al descubierto la corrupción y las violaciones de derechos humanos. La policía detuvo a personas que se manifestaban e hizo uso excesivo de la fuerza contra ellas.

En Burundi, la represión política era práctica habitual, y hubo homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en todo el país.

Conflicto armado y violencia

Los conflictos de África, aunque diversos en naturaleza e intensidad, se caracterizaron en general por graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos actos que constituían crímenes de lesa humanidad.

En un contexto de parálisis de las iniciativas regionales encaminadas a resolver el bloqueo político, el conflicto de cuatro años de duración de Sudán del Sur, que había obligado a millones de personas a abandonar sus hogares, continuaba cobrándose vidas y causando un intenso sufrimiento. En la región de Alto Nilo, decenas de miles de personas civiles se veían obligadas a huir a medida que las fuerzas gubernamentales quemaban, bombardeaban y efectuaban saqueos sistemáticos de sus casas. Además, la violencia sexual continuó con la misma intensidad. En diciembre, tras el foro impulsado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) para revitalizar el acuerdo de paz anterior, se firmó un acuerdo de cese de hostilidades. Sin embargo, poco después estallaron de nuevo enfrentamientos en diferentes zonas del país.

En Sudán, la situación humanitaria y de seguridad en los estados de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur continuó siendo desesperada, y las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos fueron generalizadas.

El conflicto de República Centroafricana se recrudeció, lo que dio lugar a abusos y violaciones de derechos humanos a gran escala y a crímenes de derecho internacional. Fuera de la capital del país, controlada por el gobierno, los grupos armados llevaron a cabo abusos de toda índole, y persistían las denuncias de explotación y abusos sexuales cometidos por las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU.

En República Democrática del Congo, la violencia sin precedentes en la región de Kasai causó miles de muertes, y el 25 de septiembre había 1,5 millones de personas internamente desplazadas; más de 35.000 personas huyeron a la vecina Angola. Los soldados del ejército congoleño emplearon fuerza excesiva, y mataron a decenas de supuestos miembros y simpatizantes del grupo insurgente armado Kamuina Nsapu, que, a su vez, reclutó a niños y niñas y dirigió ataques contra la población civil y las fuerzas del gobierno. La milicia progubernamental Bana Mura fue responsable de decenas de ataques por motivos étnicos, que incluyeron homicidios, violaciones y destrucción de bienes civiles.

En respuesta a las amenazas del grupo armado Boko Haram y los crímenes de guerra que seguía perpetrando, las fuerzas de seguridad de Camerún y Nigeria continuaron cometiendo violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones en régimen de incomunicación, torturas y otros malos tratos que, en algunos casos, causaron muertes bajo custodia. En Camerún, los tribunales militares siguieron imponiendo penas de muerte en juicios injustos a personas acusadas de apoyar a Boko Haram, aunque durante el año no se ejecutó a ninguna. En Nigeria, el ejército detuvo arbitrariamente y recluyó en régimen de incomunicación y en duras condiciones a miles de mujeres, hombres, niñas y niños. En Níger, donde el gobierno declaró el estado de excepción en zonas del oeste del país fronterizas con Malí y lo prorrogó en la región de Diffa, más de 700 personas que presuntamente pertenecían a Boko Haram comparecieron en juicio.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados, entre ellos Al Shabaab y Boko Haram, perpetraron abusos y ataques contra civiles en Camerún, Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Somalia, entre otros países. En algunos casos, los ataques constituyeron abusos graves contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En la región de la cuenca del lago Chad, Boko Haram cometió crímenes de guerra a gran escala. El grupo armado lanzó ataques contra civiles, causó muertes y provocó un aumento de los desplazamientos de población civil. El resurgimiento de los ataques en Camerún y Nigeria se saldó con la muerte de cientos de civiles. En Nigeria, aunque 82 de las alumnas secuestradas de Chibok (nordeste del país) fueron liberadas en mayo, se desconocía el paradero de miles de mujeres, niñas y hombres jóvenes secuestrados que sufrían terribles abusos, incluidas violaciones. Más de 1,7 millones de personas de todo el nordeste del país se vieron desplazadas, lo que dejó a muchas de ellas al borde de la inanición.

En Malí, los ataques de los grupos armados contra civiles y miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz se extendieron del norte al centro, y en octubre se prorrogó un año más el estado de excepción.

En octubre, Al Shabaab llevó a cabo en la capital de Somalia, Mogadiscio, el más mortífero de sus atentados recientes contra población civil. En él murieron más de 512 personas.

Tortura y otros malos tratos

Se tuvo noticia de torturas y otros malos tratos en muchos países, entre ellos Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Etiopía, Mauritania, Nigeria y Sudán.

Las fuerzas de seguridad de Camerún torturaron a personas sospechosas —a menudo sin pruebas— de apoyar a Boko Haram. Estas violaciones de derechos humanos constituían crímenes de guerra y se cometían con impunidad.

En Etiopía, las personas detenidas por terrorismo se quejaban reiteradamente ante los tribunales de que la policía las sometía a tortura y malos tratos durante los interrogatorios. Aunque en algunos casos los jueces ordenaron a la Comisión Etíope de Derechos Humanos que investigara las denuncias, las investigaciones no cumplían las normas internacionales de derechos humanos.

Entre los aspectos positivos, en Nigeria se promulgó en diciembre el Proyecto de Ley contra la Tortura, cuya finalidad era prohibir y tipificar como delito el uso de la tortura.

Personas en movimiento

Los conflictos prolongados, junto con las crisis humanitarias recurrentes y las persistentes violaciones de derechos humanos, obligaron a millones de personas a huir de sus hogares en busca de protección. Las personas refugiadas y migrantes sufrían abusos y violaciones de derechos humanos generalizados. La comunidad internacional no brindó apoyo suficiente a los millones de personas refugiadas acogidas en países africanos.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mitad de la población de Somalia necesitaba asistencia humanitaria a causa del conflicto en curso y de la sequía. Estos dos factores provocaron el desplazamiento interno de más de un millón de personas durante el año, que se sumaron a los 1,1 millones de personas internamente desplazadas que vivían en condiciones deplorables en asentamientos informales inseguros.

En Kenia, más de 285.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Somalia seguían necesitando protección urgentemente. En febrero, una sentencia del Tribunal Superior bloqueó la decisión unilateral del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, decisión que, contraviniendo el derecho internacional, había puesto a más de 260.000 somalíes en peligro de devolución. Dadaab continuó abierto, pero el gobierno keniano siguió negándose a inscribir en el registro a las personas que llegaban de Somalia. Entre diciembre de 2014 y noviembre de 2017 habían sido repatriadas a Somalia, en virtud de un acuerdo de repatriación voluntaria, más de 74.000 personas refugiadas de Dadaab. Las repatriaciones tuvieron lugar pese a que suscitaba dudas su carácter “voluntario” y preocupaba que, debido al conflicto y la grave sequía, en Somalia no existieran aún unas condiciones que garantizaran que las devoluciones se llevaban a cabo con seguridad y dignidad.

Huyendo del conflicto, cientos de miles de personas de República Centroafricana se trasladaron a países vecinos o quedaron internamente desplazadas, viviendo en campos improvisados.

Las operaciones militares y el conflicto con Boko Haram en la región de la cuenca del lago Chad obligaron a millones de personas a huir de sus hogares. En Nigeria había al menos 1,7 millones de personas internamente desplazadas en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en el nordeste del país. Según declaraciones del ACNUR, en esta región había 5,2 millones de personas que precisaban ayuda alimentaria urgente y 450.000 niños y niñas menores de cinco años con necesidad apremiante de nutrición. En Chad, más de 408.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán vivían en condiciones terribles en campos de refugiados.

Botsuana negaba a las personas refugiadas la libertad de circulación, el derecho a trabajar y la integración local. Quienes solicitaban asilo soportaban prolongados procedimientos de determinación de la condición de refugiado y detenciones.

Miles de personas seguían huyendo de Eritrea, donde la situación de los derechos humanos y la imposición del servicio nacional militar indefinido planteaban grandes dificultades a muchas de ellas. Durante el tránsito y en algunos países de destino, estas personas hacían frente a graves abusos contra los derechos humanos, y muchas de las que se dirigían a Europa sufrían detenciones arbitrarias, secuestros, abusos sexuales y malos tratos. Contraviniendo el derecho internacional, Sudán devolvió en agosto a más de 100 personas refugiadas a Eritrea, donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

En Sudán del Sur, unas 340.000 personas huyeron de una escalada de los combates en la región de Ecuatoria, que dio lugar a atrocidades y hambre entre enero y octubre. En la región meridional, las fuerzas gubernamentales principalmente, pero también las de oposición, cometieron crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, contra la población civil. Más de 3,9 millones de personas —aproximadamente un tercio de la población— habían quedado desplazadas desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013.

Los demás Estados apenas hicieron nada por ayudar a los países vecinos, que albergaban a más de dos millones de personas refugiadas procedentes de Sudán del Sur. Uganda recibió a un millón de refugiados —en su mayoría niños y niñas— y, debido a la insuficiencia crónica de financiación por parte de la comunidad internacional, tuvo dificultades para aplicar su política sobre personas refugiadas, que era progresista y ampliamente respetada. Por consiguiente, el gobierno ugandés, el ACNUR y las ONG tuvieron problemas para cubrir las necesidades básicas de las personas refugiadas.

Impunidad

En numerosos contextos y países, la pasividad a la hora de garantizar justicia y reparación y de hacer rendir cuentas a los presuntos responsables seguía siendo un factor clave en la comisión de abusos y violaciones de derechos humanos.

En República Centroafricana hubo algunos avances en la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Especial, creado para procesar a las personas sospechosas de las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante los 14 años de conflicto. El fiscal especial del Tribunal tomó posesión de su cargo en mayo, pero el Tribunal no estaba todavía operativo y la impunidad continuó siendo la norma.

En Sudán del Sur aún no se habían establecido los tres órganos de justicia transicional previstos en el acuerdo de paz de 2015. En julio, la Comisión de la Unión Africana (UA) y el gobierno acordaron una hoja de ruta conjunta para la creación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. Se dio continuidad a los debates sobre los instrumentos para la creación del Tribunal, pero no se aprobó nada oficialmente.

En Nigeria, la Junta Especial de Investigación —creada por el ejército para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos— absolvió de crímenes de derecho internacional a altos mandos del ejército, en un clima de preocupación sobre la independencia e imparcialidad de la Junta. Su informe no se hizo público. En agosto, el presidente en funciones creó un comité presidencial de investigación para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas; el comité celebró audiencias públicas entre septiembre y noviembre, pero al concluir el año no había resultados. Mientras tanto, las autoridades nigerianas celebraron juicios colectivos secretos contra presuntos miembros de Boko Haram; en un juicio de cuatro días de duración, se condenó a 50 detenidos a diversas penas de prisión.

En República Democrática del Congo, el homicidio en marzo de dos expertos de la ONU (un hombre y una mujer) y la desaparición de su intérprete y tres de sus conductores, de nacionalidad congoleña, en la provincia de Kasai Central ilustró la urgente necesidad de poner fin a la violencia en la región. La investigación que llevaron a cabo las autoridades congoleñas no fue transparente ni creíble. En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió enviar un equipo de expertos internacionales al país para colaborar en la investigación. En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos designó un equipo de tres expertos cuyas conclusiones se esperaba conocer en junio de 2018.

En Etiopía, la policía y el ejército seguían gozando de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en 2015 y 2016. El gobierno rechazó las peticiones de que se llevaran a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de protestas en varias regiones.

Las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal confirmaron la sentencia condenatoria y la pena de cadena perpetua impuestas al expresidente chadiano Hissène Habré por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura.

Corte Penal Internacional

Burundi se convirtió en octubre en el primer Estado Parte en retirarse del Estatuto de Roma de la CPI. Pese a ello, la Sala de Cuestiones Preliminares hizo pública en noviembre su decisión de autorizar a la fiscal de la CPI a abrir una investigación relativa a crímenes de la competencia de la Corte que presuntamente habían sido cometidos en Burundi —o por personas de nacionalidad burundesa fuera del país— entre abril de 2015 y octubre de 2017.

Sin embargo, los acontecimientos en África dejaron entrever una moderación de la retórica que pedía la retirada de la CPI. La UA adoptó en enero una decisión que, pese a tener un título engañoso, exponía planes de compromiso con la CPI y otras partes interesadas. Resultó especialmente alentadora la manifestación expresa de algunos Estados miembros —entre ellos Senegal, Nigeria, Cabo Verde, Malawi, Tanzania, Túnez, Zambia y Liberia— de apoyar la CPI y rechazar toda idea de retirada masiva.

El nuevo gobierno de Gambia revocó su retirada del Estatuto de Roma, y el Parlamento de Botsuana aprobó un proyecto de ley que incorporaba el Estatuto de Roma a la legislación nacional.

En mazo, el gobierno de Sudáfrica anunció que revocaría la notificación de su intención de retirarse del Estatuto de Roma, después de que el Tribunal Superior de North Gauteng confirmase que retirarse de la CPI sin consultar al Parlamento era inconstitucional y nulo. No obstante, a principios de diciembre se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para derogar la Ley de Incorporación del Estatuto de Roma al Derecho Sudafricano, lo que indicaba la intención del gobierno de seguir adelante con su decisión de abandonar la CPI.

Mientras tanto, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que Sudáfrica tendría que haber ejecutado la orden de detención contra el presidente sudanés Omar al Bashir durante la visita que éste había realizado al país en 2015. La sentencia confirmaba que el presidente Al Bashir no tenía inmunidad frente a la detención, y que todos los Estados Partes del Estatuto de Roma tenían la obligación de detenerlo si entraba en su territorio, y de entregarlo a la Corte.

En su informe preliminar de diciembre, la Fiscalía de la CPI anunció que seguiría analizando los ocho posibles crímenes supuestamente cometidos en Nigeria que ya había identificado, así como reuniendo pruebas de nuevos crímenes, pero que aún no había adoptado una decisión sobre la apertura de una investigación.

Discriminación y marginación

En algunos países persistían la discriminación, la marginación y los abusos contra las mujeres y las niñas, a menudo derivados de tradiciones culturales e institucionalizados por leyes injustas. Las mujeres y las niñas eran sometidas a violaciones y otras formas de violencia sexual, especialmente en el contexto de conflictos y en países que albergaban a un gran número de personas refugiadas e internamente desplazadas.

Las niñas embarazadas seguían estando excluidas de la escuela en países como Sierra Leona y Guinea Ecuatorial. En junio, el presidente de Tanzania anunció la prohibición de que las niñas embarazadas se reincorporaran a las escuelas del sistema público, lo que fomentaba la estigmatización y la discriminación de las niñas y de las víctimas de violencia sexual.

La violencia de género contra las mujeres y las niñas imperaba en muchos países, entre ellos Liberia, Malawi, Mozambique, Suazilandia y Sudáfrica.

En países como Burkina Faso, la falta de equipos médicos, medicamentos y personal en los hospitales dejaba a mujeres embarazadas y bebés en grave peligro de sufrir complicaciones, infecciones y muerte en el parto. Aunque la tasa de mutilación genital femenina disminuyó, esta práctica seguía estando muy extendida pese a estar prohibida por ley.

En Liberia, donde las víctimas de violación prácticamente no disponían de servicios de aborto asequibles y accesibles, las tasas de lesiones y mortalidad materna eran de las más elevadas de África a consecuencia de los abortos peligrosos.

Aunque Sudáfrica contaba con una legislación progresista en materia de aborto, las mujeres y las niñas encontraban importantes dificultades para acceder a servicios de aborto legales y estaban expuestas a riesgos graves para la salud —e incluso para la vida— derivados de un aborto inseguro. El gobierno no abordó la negativa de los profesionales de la salud a practicar abortos.

En Angola, el gobierno propuso una modificación del Código Penal destinada a despenalizar el aborto en determinados casos, pero el Parlamento la rechazó. Ante el clamor de la ciudadanía, se aplazó indefinidamente la votación parlamentaria sobre la legislación.

Personas con albinismo

Las supersticiones sobre los poderes mágicos de las personas con albinismo alimentaron una oleada de agresiones contra ellas; en Malawi y en Mozambique se las secuestraba y mataba para amputarles partes del cuerpo. En Mozambique, un niño de siete años fue asesinado por unos desconocidos que lo secuestraron en su casa. A pesar de la indignación pública, el gobierno apenas tomó medidas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI sufrieron discriminación, hostigamiento, persecución y violencia en países como Senegal, Ghana, Malawi y Nigeria. En Ghana, el presidente del Parlamento pidió una modificación constitucional para que la homosexualidad fuera considerada ilegal y punible por ley. En Liberia, un hombre detenido en 2016 y acusado de “sodomía voluntaria” en virtud del Código Penal permanecía recluido en espera de juicio. En Nigeria se denunciaron detenciones, humillaciones públicas, extorsiones y discriminación de personas por su orientación sexual.

En una decisión histórica, un Tribunal Superior de Botsuana ordenó al gobierno cambiar la mención relativa al sexo que figuraba en el documento de identidad de una mujer transgénero, y determinó que su negativa a hacerlo no era razonable y conculcaba los derechos de la mujer.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

En un contexto de creciente urbanización, desempleo, pobreza y desigualdad, muchos países no garantizaban viviendas habitables, asequibles y accesibles.

Un total de 115 personas murieron a causa de un desprendimiento en un extenso vertedero situado en las afueras de la capital de Etiopía. La mayoría de las víctimas vivían junto al emplazamiento y se ganaban la vida con el reciclaje de basura.

Al menos 10 personas, entre ellas dos menores, también murieron en un desprendimiento ocurrido en un vertedero de Guinea.

En Nigeria, las autoridades desalojaron por la fuerza a al menos 5.000 personas de las comunidades ribereñas de Otodo-Gbame e Ilubirin (estado de Lagos) mientras los servicios de seguridad lanzaban gas lacrimógeno y disparaban munición real para despejar la zona. Los desalojos forzosos conculcaban una orden de un tribunal superior que impedía a las autoridades llevar a cabo demoliciones en esas comunidades.

Por otro lado, una sentencia de un tribunal superior de Nigeria declaró ilegal la demolición prevista del asentamiento de Mpape (Abuya), lo que proporcionó alivio a cientos de miles de habitantes. El tribunal determinó que las autoridades tenían la obligación de abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y debían elaborar políticas que hicieran efectivo el derecho a una vivienda adecuada.

Rendición de cuentas de las empresas

En República Democrática del Congo, personas adultas y menores de edad arriesgaban la vida y la salud trabajando en minas de cobalto por un dólar estadounidense al día. En Sudáfrica, el gigante británico de la minería del platino Lonmin Plc permitía que su mano de obra viviera en la miseria en Marikana, a pesar de que hacía más de 10 años que la empresa había adquirido el compromiso jurídicamente vinculante de construir 5.500 viviendas. Nadie rindió cuentas por el homicidio, cometido en 2012, de 34 personas que protestaban por las malas condiciones de la mina.

Al mismo tiempo, en varios países se observaron síntomas crecientes de presión, acción y demandas públicas en favor de la rendición de cuentas de las empresas.

En junio se inició en Países Bajos una causa civil histórica contra Shell en la que se acusaba a la empresa de complicidad en la detención, reclusión y ejecución ilícitas de “los nueve ogonis” a los que el gobierno militar de Nigeria había ahorcado en 1995. Algunas organizaciones internacionales pidieron que se investigara a Shell por su participación en estas violaciones graves de los derechos humanos que las fuerzas de seguridad nigerianas habían cometido en Ogoniland en la década de 1990.

Algunos gobiernos tomaron medidas positivas. El gobierno de República Democrática del Congo se comprometió a poner fin al trabajo infantil en el sector minero antes de 2025, lo que podría representar un paso importante hacia la erradicación del empleo de niños y niñas, algunos de tan sólo siete años, en labores mineras peligrosas. Ghana ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, de la ONU, con el que se pretendía proteger a los trabajadores y trabajadoras contra el tóxico metal líquido mediante la reducción del uso de mercurio en la minería de oro artesanal y a pequeña escala, y proteger a las personas menores de edad frente a la exposición.

Mirando al futuro

Aunque en 2017 persistieron los problemas vinculados a la situación de los derechos humanos y, en algunos casos, se agravaron, también hubo motivos de esperanza y se presentaron oportunidades para el cambio. El principal motivo de esperanza eran las incontables personas que, en toda la región, defendían los derechos humanos, la justicia y la dignidad, a menudo arriesgando sus vidas y sus libertades.

Los organismos regionales de África continuaron siendo fundamentales para lograr un cambio positivo, además de tener ante sí numerosas oportunidades. Durante el año, la UA respaldó un ambicioso plan para cumplir con su compromiso de “silenciar las armas” de aquí a 2020. Emprendió un programa de reformas institucionales que preveía la movilización de importantes recursos para sus actividades y para las intervenciones en materia de paz y seguridad. Este enfoque global y la aspiración de la UA de abordar las causas profundas de los conflictos ofrecían posibilidades reales de movilizar una respuesta regional efectiva para mejorar la protección de la población civil y el respeto de los derechos humanos, y hacer frente a la arraigada cultura de impunidad.

En 2017 se cumplieron también 30 años de la creación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que, pese a enfrentarse a numerosos desafíos, había contribuido significativamente a la promoción y la protección de los derechos humanos, especialmente mediante la elaboración de una lista impresionante de instrumentos y normas. Sólo en 2017, la Comisión adoptó al menos 13 de esos instrumentos, que dotaron de contenido concreto las amplias disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África.

La Comisión debía apoyarse en estos logros y esforzarse por mejorar y fortalecer sus procesos y mecanismos; debía elaborar un conjunto unificado de directrices consolidadas de presentación de informes de los Estados, y aplicar sistemáticamente su procedimiento para dar seguimiento a la aplicación de las decisiones y recomendaciones que les formulaba.

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