Níger 2023
Los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado en julio restringían severamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Después del golpe de Estado se detuvo arbitrariamente a varias figuras políticas destacadas y se cometieron agresiones sexuales contra mujeres. Los grupos armados lanzaron ataques ilegítimos en los que murieron civiles. El matrimonio precoz seguía siendo una práctica muy extendida. Las personas migrantes devueltas desde Argelia vivían en una situación de extrema vulnerabilidad. El conflicto armado obstruía el derecho a la educación, a la alimentación y al agua, en una situación agravada por el cambio climático.
Información general
En julio, las fuerzas armadas de Níger derrocaron al presidente Mohamed Bazoum en un golpe de Estado y tomaron el poder como Consejo Nacional para la Salvación de la Patria (CNSP). Los militares detuvieron al presidente y su familia en el complejo presidencial; en agosto el presidente fue acusado de “alta traición”. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) cerró todas las fronteras terrestres y aéreas y suspendió todas las transacciones comerciales y económicas de sus Estados miembros con Níger.
Según el Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de Catástrofes, las grandes inundaciones debidas a las intensas lluvias causaron la muerte de al menos 51 personas, afectaron a 161.252 y arruinaron casi 2.207 hectáreas de tierras de cultivo.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
El 5 de junio, las autoridades cerraron el semanario L’Évènement por impago de impuestos. Su director, Moussa Aksar, sufría hostigamiento desde 2020, tras la publicación en ese medio de artículos relacionados con sobrecostos de material de defensa por el Ministerio de la Defensa en la década de 2010.
El 26 de julio, las fuerzas armadas dispersaron de forma violenta manifestaciones espontáneas de simpatizantes del presidente en la ciudad de Niamey. Tras el golpe de Estado, el CNSP suspendió todas las actividades de los partidos políticos hasta nuevo aviso.
El 30 de septiembre, la periodista Samira Sabou fue detenida en el domicilio de su madre en Niamey por hombres encapuchados que se presentaron como miembros de las fuerzas de seguridad.1 Posteriormente fue trasladada a la Unidad de Investigaciones Criminales de la policía de Niamey y acusada formalmente de “generación y difusión de datos susceptibles de alterar el orden público”. Quedó en libertad el 11 de octubre en espera de juicio.
El 3 de octubre, Samira Ibrahim, usuaria de las redes sociales conocida como “Precious Mimi”, fue declarada culpable y condenada a una pena condicional de seis meses de prisión y al pago de una multa de 300.000 francos CFA (479 dólares estadounidenses) por “generación de datos susceptibles de alterar el orden público”. Los cargos en su contra se presentaron después de que publicara en Facebook que Argelia se había negado a reconocer al CNSP.
Detención arbitraria
El 23 de enero, Abdoulaye Seydou, coordinador del grupo activista M62-Moutountchi/Bourtchintarey: Unión Sagrada para la Salvaguardia de la Soberanía y la Dignidad del Pueblo, así como de la Red Panafricana por la Paz, la Democracia y el Desarrollo (REPPAD), compareció ante el Tribunal Superior de Niamey por la “generación y difusión de datos susceptibles de alterar el orden público” tras haber denunciado la muerte de mineros del oro durante una operación militar en la localidad de Tamou en 2022. El fiscal retiró los cargos iniciales y lo acusó de “complicidad en el incendio voluntario de cobertizos y casas que servían de vivienda”. Detenido desde su comparecencia ante el Tribunal Superior, Abdoulaye Seydou fue condenado en abril a nueve meses de prisión y quedó en libertad en apelación en julio.
Tras el golpe de Estado, varios altos cargos del anterior gobierno y del anterior partido gobernante fueron detenidos sin cargos por las fuerzas armadas. Además del presidente Bazoum y su familia, también fueron detenidos sin cargos el exministro del Petróleo, Sani Mahamadou Issofou; el exministro del Interior, Hamadou Adamou Souley; el exministro de Defensa, Kalla Moutari, y el exministro de Finanzas, Ahmad Jidoud.2
Homicidios y ataques ilegítimos
El 2 de febrero, miembros del Estado Islámico en el Sahel mataron a 10 personas refugiadas de Malí en la localidad de Egarek, región de Tahoua. Debido al conflicto en la región maliense de Ménaka, hasta febrero de 2023 habían buscado refugio en Níger más de 8.000 personas nacionales del país vecino.
El 2 de mayo, una milicia local mató al menos a 17 civiles de la comunidad fulani en la localidad de Kandadji, región de Tillabéri, por sospechas de colaboración con el Estado Islámico en el Sahel.
El 15 de agosto, según fuentes locales, al menos 20 civiles pertenecientes a la comunidad songhay murieron durante un ataque del Estado Islámico en el Sahel en las localidades de Tomare e Issile Kotogoria, región de Tillabéri.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El matrimonio precoz seguía siendo una práctica generalizada. La edad legal mínima para contraer matrimonio seguía siendo 16 años para las niñas, a pesar del compromiso contraído en el Examen Periódico Universal de 2021 de elevarla a 18. Según el Instituto Nacional de Estadística de Níger, más de 3 de cada 4 mujeres en Níger se casaban antes de cumplir 18 años.
En marzo, Nazira, joven de 16 años de Daré, comuna de Matameye, región de Zinder, se quitó la vida para escapar de un matrimonio forzado.
Violencia sexual y de género
Durante la semana que siguió al golpe de Estado, al menos cuatro mujeres fueron agredidas sexualmente por jóvenes que patrullaban Niamey, según la policía y la Liga Nigerina de Derechos de las Mujeres. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra ninguno de los autores de estos delitos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Entre enero y abril, unas 9.000 personas refugiadas y migrantes que habían sido expulsadas por las autoridades de Argelia, entre las que había nacionales de varios países de África Occidental, llegaron a la localidad fronteriza de Assamaka, a 200 km de la ciudad importante más cercana (Arlit), según la Organización Internacional para las Migraciones. En abril, un informe de la ONU declaró que los recursos humanos, logísticos y económicos presentes en ese momento en Níger no eran suficientes para atender a todas las personas migrantes. Debido a la expulsión habitual, por parte de Argelia, de nacionales de África Occidental, la población refugiada y migrante de Assamaka superaba a su población autóctona, lo que afectaba al acceso a la salud, la protección y la seguridad alimentaria de ambos grupos poblacionales de la localidad.
En diciembre, el gobierno derogó una ley de 2015 que tipificaba como delito el tráfico de personas migrantes.
Derecho a la educación
El conflicto armado suponía un grave obstáculo para el derecho a la educación. En junio, casi 958 escuelas primarias estaban cerradas o no operativas en el país, 891 de ellas en la región de Tillabéri, según la Dirección Regional de Enseñanza Nacional. Estos cierres de escuelas afectaban al derecho a la educación de más de 81.500 niños y niñas de Níger.
Derecho a la alimentación y al agua
El conflicto y los fenómenos climáticos acentuaron la inseguridad alimentaria, y la escasez de agua repercutió en el derecho a la alimentación y al agua, en una situación que afectaba a 2,5 millones de personas, según el Comité Internacional de Rescate. Según datos de UNICEF, casi 1,5 millones de niños y niñas menores de 5 años podían ser víctimas de malnutrición; de ellos, al menos 430.000 podía sufrirla en su forma más mortífera.
En octubre, el 58% de las necesidades de financiación para implementar el plan de respuesta humanitaria no estaban cubiertas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).