Malawi 2022
Se aprobó un proyecto de ley que modificaba la ley sobre ONG y amenazaba con menoscabar el derecho a la libertad de asociación. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra participantes en manifestaciones pacíficas. Periodistas, activistas y muchas otras personas corrían peligro de detención y procesamiento por sus publicaciones en las redes sociales. El Parlamento rechazó una moción para abolir la pena de muerte. El gobierno tomó medidas para contener un brote de cólera.
Libertad de asociación
En marzo, el Parlamento aprobó el draconiano Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales, a pesar de que en 2018 se había presentado un requerimiento judicial contra su tramitación en el que se aducía que era incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. El proyecto contenía disposiciones que amenazaban la independencia, la existencia y las actividades de las ONG, especialmente la definición restrictiva de ONG que podría excluir del registro a las “organizaciones que no [fuer]an de interés público” o las “organizaciones de beneficio mutuo” como las federaciones, los grupos de defensa o las instituciones de investigación; el requisito de inscripción obligatoria en registro; la excesiva discrecionalidad que se otorgaba al órgano regulador, con autoridad para suspender, cancelar y revocar la inscripción; la prohibición de que las ONG hicieran “electoralismo y politiqueo”; y sanciones penales desproporcionadas contra las organizaciones y sus dirigentes por incumplimiento de la Ley.
Uso excesivo de la fuerza
En marzo, la policía de la capital (Lilongwe) disparó gas lacrimógeno contra cientos de personas que se manifestaban para protestar contra la presunta corrupción del gobierno. La marcha estaba encabezada por el grupo de la sociedad civil Ciudadanos contra la Impunidad y la Corrupción. En julio, la policía usó de nuevo gas lacrimógeno contra manifestantes que protestaban en Lilongwe por el alto costo de la vida y la gestión de los casos de corrupción por parte de la judicatura. También detuvo a más de 70 de esas personas, entre ellas 8 activistas de los derechos humanos de Embajadores de los Derechos Humanos, organización de la sociedad civil que había organizado las protestas.
Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión estaba cada vez más amenazado, y el aumento de los casos de vigilancia ilegítima por parte de la policía —incluida la interceptación de conversaciones privadas de la gente— daba lugar a detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y sentencias condenatorias. En abril, la policía detuvo al periodista de investigación Gregory Gondwe por publicar un artículo en el que revelaba un acto de presunta corrupción policial que implicaba pagos a una empresa propiedad de un empresario acusado a su vez de corrupción. En el artículo se afirmaba que los pagos correspondían a la adquisición de cañones de agua para la policía por valor de millones de dólares estadounidenses. Gregory Gondwe quedó en libertad varias horas después, sin cargos.
El 1 de mayo, Chidawawa Mainje fue detenido y acusado de ciberacoso en virtud del artículo 86 de la Ley de Transacciones Electrónicas y Ciberseguridad de 2016, en relación con el señalamiento de que había insultado al presidente Chakwera en una conversación en WhatsApp.
Pena de muerte
En agosto, el Parlamento rechazó un informe del Comité de Asuntos Jurídicos que respaldaba las propuestas de abolición de la pena de muerte. El Comité había indicado previamente que sus amplias consultas públicas habían revelado que más del 90% de la población de Malawi apoyaba la abolición.
Derecho a la salud
El 3 de marzo, el Ministerio de Salud declaró un brote de cólera tras la confirmación en laboratorio de un caso en el país. El gobierno, con el apoyo de la OMS y UNICEF, implementó un plan nacional de respuesta cólera para reforzar la vigilancia de la enfermedad, proporcionar tratamiento médico a quienes la sufrieran, distribuir suministros de laboratorio, vigilar la calidad del agua y promover la educación sanitaria y la higiene entre las comunidades afectadas y en situación de riesgo. A pesar de estas iniciativas, el brote se propagó por la mayor parte del país, a 26 de los 28 distritos. A 31 de diciembre había 17.448 casos confirmados y al menos 576 personas habían muerto.