Malawi 2023
Se restringía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cientos de personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron detenidas y obligadas a reubicarse en campos y a abandonar sus medios de vida. Aumentaron los ataques violentos contra personas con albinismo. Las personas LGBTI sufrían discriminación. Los ciclones causaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de 659.000; las mujeres corrían un peligro mayor de sufrir violencia por motivos de género en los campos para personas desplazadas. Había señales de que el brote de cólera remitía.
Libertad de expresión y de reunión
El 30 de agosto, el exparlamentario Bon Kalindo fue detenido cuando entregaba en la oficina del comisario de distrito una orden judicial que confirmaba que una protesta prevista para la semana siguiente podía celebrarse, tras haber sido bloqueada por el consejo de distrito. Bon Kalindo quedó en libertad al día siguiente tras suspender un tribunal su orden de arresto. El 7 de septiembre, encabezó una marcha de manifestantes pacíficos hasta la sede de la Presidencia para entregar una petición que reclamaba la renuncia del presidente. Cuando otro grupo lanzó piedras contra quienes se manifestaban pacíficamente, la policía dispersó la manifestación con gas lacrimógeno.
Periodistas
En mayo, el presidente afirmó ante periodistas que estaba comprometido con la defensa de la Constitución mediante el respeto de la libertad de expresión. Dos semanas después, Francis Mzindiko, del periódico The Times Group, fue atacado por simpatizantes del partido gobernante, Partido del Congreso de Malawi, tras haberlos filmado peleando con miembros de otro partido en Blantyre.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En marzo, el gobierno ordenó que todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo regresaran al campo de refugiados de Dzaleka antes del 15 de abril so pena de reasentamiento forzado. En mayo, la policía detuvo a cientos de ellas en sus viviendas y negocios en la capital, Lilongwe, y las reubicó en dicho campo. La policía confiscó propiedades y exigió sobornos a algunas de ellas, y muchas tuvieron que abandonar sus medios de vida. El campo de Dzaleka, que se creía que albergaba a más de 50.000 personas refugiadas, tenía capacidad para 12.000, en tanto que otras 8.000 vivían en sus inmediaciones. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirmó que los servicios de atención de la salud y las instalaciones de agua y saneamiento eran inadecuados.
Discriminación
Personas con albinismo
Aumentaron los delitos contra personas con albinismo: entre otros actos, se denunciaron intentos de secuestro, agresiones físicas y profanación de tumbas. En mayo, Ajasi Salim, de la localidad de M’boola, en el sur del país, sufrió lesiones en una agresión. En junio se profanó la tumba de Tony Robert en la localidad de M’maliha, en Blantyre; la policía y miembros de la comunidad local confirmaron que sólo había quedado el tronco del cadáver. La ONG de derechos humanos Standing Voice documentó 3 intentos de secuestro de niñas menores de 10 años, una de ellas de un año. De todos los casos denunciados, sólo se practicó una detención.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En julio, líderes religiosos llevaron a cabo manifestaciones de ámbito nacional, a las que asistieron ministros del gabinete, para protestar contra la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El desencadenante de las protestas fue un caso juzgado por el Tribunal Constitucional en el que Wim Akster y Jana Gonani, malawiana transgénero, impugnaban las disposiciones del Código Penal que tipificaban como delito esa conducta y en virtud de las cuales Jana Gonani había sido condenada en 2021. El caso se aplazó en agosto y al terminar el año no se había dictado sentencia. La organización Alianza Arco Iris de Nyasa, defensora de los derechos LGBTI, afirmó que la participación de personas influyentes en las protestas había dado lugar a un aumento de la discriminación en relación con el acceso de las personas LGBTI a servicios básicos como la atención de la salud. También aumentó el discurso que propugnaba el odio contra la Alianza Arco Iris de Nyasa y las personas LGBTI.
Derecho a un medioambiente saludable
El 13 de marzo se declaró el estado de desastre cuando el ciclón Freddy golpeó por segunda vez en un mes. Al menos 679 personas murieron y 659.278 se vieron desplazadas por las intensas lluvias que destruyeron carreteras, viviendas y cultivos y mataron ganado en el sur del país. El Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres y el Departamento de Cambio Climático y Servicios Meteorológicos (sendos organismos gubernamentales) tomaron medidas, dirigidas a zonas proclives a las inundaciones, para sensibilizar a la población sobre los efectos de las intensas lluvias. El gobierno reubicó a familias en situación de riesgo en zonas menos vulnerables a las inundaciones.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las elevadas tasas de desempleo, la pobreza y los desastres naturales exponían a las mujeres a explotación sexual, trata y violencia de género. La Comisión de Derechos Humanos de Malawi registró casos de abusos tales como violencia por motivos de género (54), explotación sexual (23) y matrimonio infantil (34) contra mujeres y niñas desplazadas a campos debido al ciclón Freddy.
En julio, el gobierno reveló que habían sido repatriadas a Malawi 18 de las más de 300 mujeres que habían sido tentadas con falsas ofertas de trabajo para ir a Omán, donde sufrieron abusos tales como violación, tortura, terribles condiciones y bajos salarios.
Derecho a la salud
El gobierno tomó medidas para abordar el brote de cólera, entre ellas la vigilancia de la calidad del agua y la promoción de la sensibilización de la población. En agosto, las autoridades declararon que no se habían notificado nuevos casos en 14 días en los 26 distritos afectados desde marzo de 2022. A 15 de diciembre, el brote había afectado a 59.114 personas, de las cuales 1.771 habían muerto.