Liberia 2017/2018
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Liberia 2017/2018

La violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas continuaban siendo generalizadas. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos. Las condiciones de reclusión no se ajustaban a las normas internacionales, y la detención prolongada en espera de juicio era habitual.

Información general

En octubre dieron comienzo las elecciones presidenciales y legislativas. George Weah, del partido Congreso por el Cambio Democrático, fue elegido presidente el 26 de diciembre, y se preveía que asumiera el cargo en enero de 2018.

La práctica de poner los colegios públicos bajo el control de una empresa privada limitaba el acceso de los niños y niñas a una educación adecuada, motivo de preocupación que la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación había expresado en 2016.

Impunidad

Todavía no se habían aplicado la mayoría de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad y Reconciliación había formulado en 2009, incluida la de establecer un tribunal penal para enjuiciar los crímenes de derecho internacional, ni las medidas encaminadas a lograr rendición de cuentas y reparación para las víctimas. La Comisión se había creado a raíz de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil de 14 años que había terminado en 2003.

En Liberia no se había enjuiciado a nadie por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. No obstante, Mohammed Jabbateh fue enjuiciado en Estados Unidos en relación con su participación en presuntos crímenes de guerra y declarado culpable de perjurio y fraude de inmigración. También seguían en curso unas investigaciones en Suiza y Bélgica sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Alieu Kosiah y Martina Johnson, jefes militares de grupos rebeldes que habían sido respectivamente detenidos en esos países en 2014.

Reclusión

Persistía el hacinamiento en las prisiones, en parte debido a que había cientos de personas sometidas a reclusión prolongada en espera de juicio. La población reclusa no tenía acceso suficiente a atención a la salud ni a instalaciones recreativas. En junio, una reclusa quedó embarazada de un preso en la Prisión Central de Tubmanburg después de haber sido coaccionada a mantener relaciones sexuales. El personal penitenciario facilitó el incidente y luego la llevó a que le practicaran un aborto sin su consentimiento. Se llevó a cabo una investigación tras la cual se despidió a varios miembros del personal penitenciario. No obstante, no se tuvo noticia de que se hubiera enjuiciado a ninguno de ellos.

Libertad de expresión

Se presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que despenalizaba los delitos de prensa, en concreto los relacionados con la difamación. La iniciativa legislativa seguía pendiente al terminar el año.

Derecho a la educación

En agosto, 174 organizaciones nacionales e internacionales pidieron a los inversores que dejaran de financiar a Bridge International Academies, empresa privada que gestionaba 25 colegios en Liberia y otros países africanos. Previamente, en marzo, la Coalición para la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Educación había expresado preocupación por las prácticas de la empresa, como, por ejemplo, limitar el número de alumnos por aula en los colegios públicos, lo que dejaba a niños y niñas sin acceso a un colegio local. La administración de estos colegios se había externalizado a Bridge International Academies en 2016.

Derechos de las mujeres

La violencia intrafamiliar, la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, incluidas prácticas tales como la mutilación genital femenina y el matrimonio a edad temprana, continuaban siendo generalizadas. Prevalecía la impunidad por las violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres. No obstante, en julio se aprobó un proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar que al finalizar el año estaba pendiente de la firma del presidente. El gobierno, la ONU y los países socios en materia de desarrollo seguían invirtiendo en unidades de violencia sexual y de género, situadas en comisarías de policía y ministerios, que investigaban los abusos y la violencia de índole sexual, así como en el tribunal especializado en este tipo de delitos situado en el condado de Monserrado (noroeste del país). Las autoridades seguían gestionando en siete condados 12 centros de atención inmediata que ofrecían servicios médicos y de apoyo a sobrevivientes de violencia sexual.

Las sobrevivientes de violación continuaban sin disponer de servicios de aborto asequibles y accesibles, a pesar de que la legislación permitía abortar en los casos de violencia sexual denunciados a la policía y cuando dos profesionales médicos dieran su autorización. Las tasas de lesiones y mortalidad materna seguían siendo de las más elevadas de África a consecuencia de los abortos peligrosos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI sufrían discriminación, hostigamiento y amenazas. El Código Penal tipificaba como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Un hombre que había sido detenido en junio de 2012 acusado de “sodomía voluntaria” seguía recluido en la Prisión Central de Monrovia al concluir el año.