Gambia 2023
Pese a los importantes avances en la materialización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante la presidencia de Yahya Jammeh, hubo retrasos a la hora de proporcionar acceso a la justicia y reparaciones adecuadas a las víctimas. Había leyes draconianas que seguían amenazando los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se aprobó una ley nacional para prevenir y castigar el uso de la tortura. La prohibición de la mutilación genital femenina no se aplicó de forma efectiva. Se iniciaron procedimientos judiciales por la muerte en 2022 de más de 60 niños y niñas tras haber ingerido un jarabe antitusivo. El derecho a un medioambiente saludable se veía amenazado por la sobrepesca y las fábricas de harina de pescado.
Información general
El año fue testigo de causas judiciales relativas a crímenes cometidos durante los 22 años de gobierno del expresidente Yahya Jammeh. En abril, Ousman Sonko, exministro del gobierno de Yahya Jammeh, fue acusado ante un tribunal federal de Suiza de crímenes de lesa humanidad, entre ellos haber participado, ordenado o facilitado, o no haber impedido, asesinatos, actos de tortura, violaciones y detenciones ilegales. En Alemania continuó otro juicio contra un supuesto ex-jungler (miembro de un escuadrón de la muerte paramilitar) por su presunta implicación en el homicidio, en julio de 2005, de unas 55 personas migrantes de África Occidental. En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley contra la corrupción.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En abril, un estudio encargado por Periodistas por la Justicia —organización sin ánimo de lucro— puso de relieve las deficiencias del programa de reparación de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, entre las que se encontraban la falta de comunicación, una definición limitada de “víctima”, la exclusión de algunas personas sobrevivientes de la violencia sexual y de género, y una indemnización económica insuficiente. En particular, el estudio se hacía eco de los motivos de preocupación expresados por una organización dirigida por víctimas y de las conclusiones de un informe elaborado en 2022 por varias ONG, entre ellas el Centro Internacional para la Justicia Transicional, sobre las reparaciones a las personas sobrevivientes de la violencia sexual y de género en Gambia.
En mayo, el gobierno emitió un plan de implementación de las recomendaciones de la Comisión y anunció que la Unión Europea se había comprometido a enviar a Gambia ayudas por valor de nueve millones de euros para el proceso de justicia transicional, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que brindaría apoyo técnico. El plan de implementación disponía la creación de una fiscalía especial y un tribunal híbrido en colaboración con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) “para juzgar a quienes t[uvier]an mayor responsabilidad”. En julio, el gobierno afirmó que crearía un grupo de trabajo —que incluiría miembros de la sociedad civil— para ampliar la labor ya desarrollada por la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación sobre las desapariciones forzadas.
En julio, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO resolvió que Gambia había violado el derecho a la vida de Saul Ndow, crítico con el gobierno de Yahya Jammeh y sometido a desaparición forzada, y resolvió también que, pese a la creación de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, no era razonable el retraso de casi 10 años en el procesamiento de los presuntos responsables. El Tribunal también ordenó al gobierno que aplicara las recomendaciones de dicha comisión.
Libertad de expresión
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras, en 2023 Gambia ocupaba el puesto 46 en el mundo y el 5 en África. La organización señaló que el país había hecho progresos, pero también pidió al gobierno que aboliera las leyes draconianas relativas a los medios de comunicación, que seguían restringiendo el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. El artículo 51 de la Ley sobre el Código Penal, por ejemplo, tipificaba la sedición contra el presidente, mientras que el artículo 59 establecía el ambiguo delito de publicar noticias falsas con la intención de “generar miedo y alarma entre el público”, castigado con 2 años de prisión.
En junio, el Sindicato de Prensa de Gambia condenó la agresión a 2 periodistas en un acto político y pidió a la policía que investigara el incidente y pusiera fin al ciclo de la impunidad. Según la organización, no se había investigado ninguno de los 15 casos de agresión a periodistas registrados entre 2017 y 2022.
Tortura y otros malos tratos
En marzo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Prevención contra la Tortura, con la que se aspiraba a prevenir los actos de tortura y otros malos tratos y a garantizar la rendición de cuentas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
La Ley de Delitos Sexuales siguió excluyendo la violación conyugal como delito, pese a los llamamientos previos hechos por activistas de derechos humanos para que se tipificara.
En marzo, la responsable del organismo de la ONU encargado de la salud sexual y reproductiva declaró que una de cada dos niñas en Gambia había sufrido mutilación genital femenina y que, a pesar de que esta práctica se había ilegalizado en 2015, apenas se había exigido el cumplimiento de la ley; sólo se habían llevado a juicio 2 casos y no había habido ninguna sentencia condenatoria. La responsable señaló también que la pobreza menstrual —imposibilidad de pagar los productos de higiene menstrual— estaba muy extendida en el país, sobre todo en las zonas rurales. En agosto, 3 mujeres fueron condenadas por un tribunal de primera instancia de la región de Central River a una multa de 15.000 dalasis (223 dólares estadounidenses) o un año de prisión por practicar la mutilación genital femenina a 8 niñas. Ésta fue la primera condena por mutilación genital femenina dictada en Gambia.
Durante el año se puso en marcha un proyecto dirigido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para aumentar el acceso de las mujeres a la tierra. Los primeros datos recogidos entre finales de 2022 y principios de 2023 revelaron que, aunque las leyes de Gambia concedían a las mujeres derechos de propiedad en condiciones de igualdad, a menudo existía confusión —en detrimento de las mujeres— entre las prácticas consuetudinarias y los sistemas jurídicos.
Un informe publicado por el Sistema de Información de la Gestión sobre Cuestiones de Género reveló que, entre enero y julio, Gambia había registrado 117 casos de violación y 310 casos de violencia de género.
Derecho a la salud
En octubre, el proceso iniciado por 19 familias contra el Ministerio de Salud, el fiscal general, la Agencia de Control del Medicamento y una empresa farmacéutica india llegó a juicio después de que un jarabe antitusivo acabara, al parecer, con la vida de más de 60 niños y niñas en 2022. Tras descubrir que el producto no estaba registrado en la agencia —como exigía la legislación—, el gobierno despidió a 2 de sus responsables y declaró que estaba planteándose iniciar acciones legales contra la empresa farmacéutica india.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno puso en marcha un programa de 25 millones de dólares estadounidenses denominado “PROREFISH Gambia” para reforzar la resiliencia ante el cambio climático en el sector pesquero. Su aplicación —una colaboración entre la FAO, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos— estaba prevista para el periodo 2023-2029.
En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe en el que ponía de manifiesto el impacto negativo de la sobrepesca en los derechos socioeconómicos y ambientales en la localidad costera de Sanyang, especialmente el generado por arrastreros industriales extranjeros y una fábrica de harina de pescado allí radicada.1
- Gambia: The human cost of overfishing, 31 de mayo