GABÓN 2017/2018
El nuevo Código de Comunicación recibió críticas de periodistas por las disposiciones imprecisas y demasiado amplias que contenía. Se suspendió un periódico. Se detuvo arbitrariamente a destacados simpatizantes de la oposición. Se restringieron estrictamente las actividades del sindicato de docentes. Una representación de la Corte Penal Internacional realizó una visita de dos días al país.
Información general
El candidato presidencial Jean Ping siguió impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de agosto de 2016; en septiembre de 2017 se le negó temporalmente el derecho a abandonar el país. Las elecciones legislativas se aplazaron hasta abril de 2018. En noviembre, el informe presentado por Gabón y los informes paralelos presentados por las organizaciones de la sociedad civil se sometieron al examen periódico universal de la ONU.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
El nuevo Código de Comunicación entró en vigor en enero y recibió críticas de periodistas por las disposiciones imprecisas y demasiado amplias que contenía, entre ellas la prohibición de que las personas de nacionalidad gabonesa trabajaran para medios de comunicación nacionales fuera del país y la de usar pseudónimos, la corresponsabilidad de las empresas de impresión y de distribución en las infracciones, y la obligación de los medios de comunicación de “contribuir a la imagen del país y a la cohesión nacional”.
El 17 de marzo, las autoridades suspendieron las actividades del principal sindicato de docentes (Convention nationale des syndicats du système éducatif, CONASYSED), alegando la “alteración del orden público” provocada por las huelgas que habían comenzado en octubre de 2016. El ministro de Educación también ordenó la suspensión del pago de los salarios de más de 800 docentes para poner fin a la huelga.
El Consejo Nacional de Comunicación prohibió en junio de 2017 Les Echos du Nord, un periódico al que se consideraba cercano a la oposición política, por unas declaraciones calificadas de difamatorias contra el presidente Bongo y el primer ministro Issoze-Ngondet. El periódico reanudó sus actividades en agosto.
Detención y reclusión arbitrarias
Alain Djally, ayudante del líder opositor Jean Ping, fue detenido sin orden judicial el 14 de abril en la capital, Libreville. Unos hombres vestidos de civil le vendaron los ojos y lo sometieron a malos tratos, pero se le permitió acceder a su abogado al día siguiente de su arresto. Fue la última vez que le permitieron hacerlo. Estuvo detenido en la Dirección General de Investigación —un centro gestionado por los servicios de Inteligencia de Gabón—, y después fue trasladado a la prisión central de Libreville, en la que permaneció recluido en régimen de aislamiento durante todo el periodo de su detención. Fue acusado de hacerse pasar por miembro activo del ejército y posesión ilegal de armas de fuego, por conservar su antiguo documento de identidad militar y poseer un arma de fogueo. Su abogado sostuvo que un arma de ese tipo no requería permiso y que los cargos eran de motivación política. Quedó en libertad provisional el 23 de junio.
Marcel Libama, asesor de CONASYSED y de la confederación sindical Dinámica Unitaria, fue detenido el 15 de junio en la ciudad de Tchibanga tras hablar del caso de un compañero detenido —Cyprien Moungouli— en un programa de Radio Massanga. Estuvo recluido durante tres días en una comisaría de policía y el 20 de junio fue trasladado a la prisión local. Fue acusado de desacato al tribunal, obstrucción de la justicia y difamación. Juldas Biviga, periodista de Radio Massanga, también fue detenido el 17 de junio por, entre otras cosas, negarse a borrar grabaciones de antiguas entrevistas. Marcel Libama y Juldas Biviga fueron golpeados brutalmente por los guardias penitenciarios el 13 de julio. Juldas Biviga fue trasladado al hospital con lesiones en los tobillos, las costillas y los oídos. Los dos fueron condenados a 184 días de prisión y a una multa de 450 euros.
Hervé Mombo Kinga, activista y destacado simpatizante de Jean Ping, fue detenido por las fuerzas de seguridad el 27 de agosto. Había proyectado públicamente vídeos cerca del cibercafé de su propiedad y fue acusado de “instigar a la violencia” e “insultar al jefe del Estado”. Pasó un mes y medio en régimen de aislamiento, y al terminar el año continuaba recluido.
Impunidad
La Corte Penal Internacional continuó su examen preliminar para determinar si los presuntos delitos cometidos a partir de mayo de 2016, incluidos los que habían tenido lugar en el contexto de las elecciones presidenciales de ese año, podían constituir crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y si se cumplían los criterios para abrir una investigación. En junio, una representación de la Corte realizó una visita de dos días al país.