Etiopía 2023
Tras firmarse un acuerdo para poner fin a las hostilidades, los indicios de que se desviaban suministros de ayuda llevaron a las agencias humanitarias a suspender temporalmente la ayuda alimentaria a la región de Tigré. En la región de Amhara estallaron nuevos enfrentamientos entre el ejército federal y las milicias Fano amharas, contexto en que se cometieron violaciones de derechos humanos tales como detenciones y reclusiones arbitrarias; en la región de Tigré se perpetraron ejecuciones extrajudiciales. También en Tigré se sometió a mujeres a violencia sexual. Grupos y personas influyentes dirigieron una campaña que culminó en una represión del gobierno contra las personas LGBTI. Se interrumpió el acceso a Internet en la región de Amhara. Se restringió el acceso a las plataformas de redes sociales en toda Etiopía, y en torno a 30 manifestantes perdieron la vida. El gobierno llevó a cabo con éxito una campaña contra mecanismos de investigación regionales e internacionales que podrían haber logrado justicia y rendición de cuentas para las víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional.
Información general
La población desplazada forzosamente como parte de la campaña de limpieza étnica contra la comunidad tigriana en la zona occidental de Tigré aún no había regresado a su hogar. Siguieron llegando a otras partes de la región de Tigré nuevas oleadas de personas desplazadas de dicha zona, que se halla bajo la administración de las fuerzas civiles y de seguridad de la región de Amhara. Los medios de comunicación locales informaron de que en marzo habían huido 47.000 personas, mientras que en septiembre abandonaron la zona más de 1.000 personas, incluidas algunas procedentes de centros de detención masiva.
Se intensificaron los combates en la región de Oromia, después de que fracasaran por segunda vez las conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Oromo y el gobierno, lo que afectó a la población civil de la región.
Derecho a la alimentación
En mayo, unos 6 meses después de haberse firmado el Acuerdo de Cese de Hostilidades en noviembre de 2022, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunciaron la suspensión temporal de la ayuda alimentaria a la región de Tigré. La medida se tomó después de que las agencias detectaran indicios de que se estaban desviando los suministros, al parecer por parte de agencias gubernamentales y de las fuerzas armadas. A pesar de que USAID y el PMA anunciaron en noviembre y diciembre su intención de reanudar la distribución de alimentos, los informes de la región indicaban que aún no habían reanudado esa distribución en su totalidad. La suspensión afectó a más de 4 millones de personas que ya estaban en situación de inseguridad alimentaria. En diversos informes de profesionales sanitarios locales y autoridades gubernamentales se señaló que, debido a la suspensión, cientos de personas habían muerto de hambre en la región.
Detención y reclusión arbitrarias
El 4 de agosto, el gobierno impuso el estado de excepción en todo el país durante seis meses, tras los enfrentamientos armados generalizados entre las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) y la milicia Fano en la región de Amhara. La Ley del Estado de Excepción concedía amplios poderes a las fuerzas de seguridad, lo que provocó que se detuviera a centenares de personas y se les negara el acceso a asistencia letrada y a los tribunales. Aunque había indicios de que durante los enfrentamientos se habían cometido más violaciones graves de derechos humanos, el deterioro de la situación impedía la comunicación efectiva con la gente de la región y hacía difícil determinar el alcance de esas violaciones (véase, infra, “Libertad de expresión y de reunión”).
Ejecuciones extrajudiciales
Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Eritrea continuaron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales contra civiles en la región de Tigré durante meses, aun después de haberse firmado el Acuerdo de Cese de Hostilidades. Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, ejecutaron al menos a 24 civiles en el distrito de Kokob Tsibah. En 2023, Amnistía Internacional verificó la ejecución extrajudicial de al menos 20 civiles entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2022 en el distrito de Mariam Shewito. No obstante, el equipo de trabajo social del distrito disponía de una lista de más de 100 personas de la población civil ejecutadas en el mismo periodo por las Fuerzas de Defensa de Eritrea.1
Violencia sexual y de género
En el distrito de Kokob Tsibah, región de Tigré, las Fuerzas de Defensa de Eritrea perpetraron actos de violencia sexual contra mujeres entre noviembre de 2022 y finales de enero de 2023. Durante ese periodo, unos soldados de las Fuerzas de Defensa de Eritrea mantuvieron cautivas al menos a 15 mujeres durante casi 3 meses, hasta el 19 de enero de 2023, en su campamento militar. Los soldados violaron repetidamente a las mujeres, sometidas a una situación equivalente a esclavitud sexual. Además, dichas mujeres tuvieron que soportar otros malos tratos físicos y psicológicos, así como la privación de recursos esenciales como alimentos, agua y servicios médicos.
Las Fuerzas de Defensa de Eritrea también sometieron a violaciones, perpetradas tanto por individuos aislados como por grupos, a mujeres del mismo distrito retenidas en sus respectivos hogares. Tanto las sobrevivientes como el equipo de trabajo social y autoridades locales afirmaron que las Fuerzas de Defensa de Eritrea habían atacado a estas mujeres por sospechar que sus maridos, hijos u otros familiares varones estaban asociados con las fuerzas tigrianas.
Las organizaciones locales de la sociedad civil y los medios de comunicación informaron de múltiples casos de secuestro con fines de matrimonio forzado. El secuestro de Tsega Belachew, contable en un banco, fue uno de los casos que recibió atención nacional, incluso en las redes sociales. Tsega Belachew fue secuestrada el 23 de mayo por un guardaespaldas del alcalde de Hawassa, en la región de Sidama, y estuvo retenida durante nueve días hasta su liberación.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Influencers de las redes sociales, líderes religiosos y artistas populares lanzaron una campaña contra las personas LGBTI tanto en Internet como fuera de ella. Dicha campaña culminó a principios de agosto con una redada que las autoridades llevaron a cabo en la capital, Adís Abeba, en hoteles, bares y centros de ocio que, según acusaciones, permitían “actividades homosexuales”. Diversas personas LGBTI denunciaron palizas en Adís Abeba tras difundirse mensajes que daban a conocer su identidad en las redes sociales.
Los defensores y defensoras de los derechos de las personas LGBTI acusaron a las plataformas de redes sociales —en particular a TikTok— de no tomar medidas contra los contenidos que incitaban a la violencia contra las personas a causa de su sexualidad o identidad de género.
Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo siguieron tipificadas como delito y castigadas con penas de prisión de hasta 10 años.
Libertad de expresión y de reunión
El corte de las comunicaciones, impuesto por las autoridades federales en la zona occidental de Tigré, persistió por tercer año consecutivo. El 3 de agosto, como consecuencia de los enfrentamientos en la región de Amhara, las autoridades suspendieron el acceso a Internet en la zona, mientras que en algunas partes de la región se produjo un corte total de las comunicaciones. Esta situación se mantuvo hasta el final del año.
El 9 de febrero, a raíz de las tensiones provocadas por desacuerdos en el seno de la iglesia ortodoxa etíope, las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de al menos 30 manifestantes en la ciudad de Shashamane, región de Oromia, según la iglesia ortodoxa tewahedo etíope. Al mismo tiempo, las autoridades prohibieron organizar concentraciones a los miembros de las facciones eclesiásticas implicadas en el desacuerdo y restringieron el acceso a las redes sociales hasta el 17 de julio.
Impunidad
El gobierno siguió sin investigar ni procesar en procedimientos abiertos a personas presuntamente culpables de crímenes de derecho internacional. Tras una campaña del gobierno etíope contra los esfuerzos en materia de justicia y rendición de cuentas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puso fin en mayo al mandato de la Comisión de Investigación sobre la situación en la región de Tigré. La Comisión de Investigación nunca publicó el informe de sus conclusiones ni comunicó el destino de los testimonios que había recopilado de víctimas, sobrevivientes o miembros del público en general. En marzo, el gobierno trató de recabar apoyos para poner fin prematuramente al mandato de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía (CIEDH), de la ONU. Sin embargo, en septiembre, la CIEDH publicó un informe en el que concluía, entre otras cosas, que la situación reinante en todo el país seguía presentando riesgos característicos señalados de futuros crímenes atroces. A pesar de las conclusiones del informe, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no presentaron ninguna resolución para renovar el mandato de la CIEDH.
Simultáneamente, el gobierno celebró consultas sobre una propuesta política para la justicia transicional, proceso que se centra en la reconciliación más que en la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas y sobrevivientes.