Esuatini 2020
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Esuatini 2020

La amenaza de desalojo forzoso pesaba sobre cientos de familias. Las personas LGBTI eran objeto de discriminación y hostigamiento. Por primera vez, un hombre fue acusado formalmente de violación conyugal. Se usó legislación represiva para silenciar la disidencia pacífica, y profesionales de la información se enfrentaron a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y enjuiciamiento.

Información general

En marzo, el primer ministro declaró el estado de emergencia por dos meses para controlar la propagación de la pandemia de COVID-19. Se informó de que las fuerzas de seguridad habían hostigado a gente que salía en busca de alimentos o para procurarse atención médica.

Desalojos forzosos

La falta de políticas o leyes sobre las tierras seguía perjudicando a quienes se enfrentaban a desalojos forzosos. Cientos de familias de la región de Manzini se vieron ante la amenaza de desalojo cuando los propietarios de sus tierras de cultivo tomaron medidas para recuperarlas. La Comisión de Derechos Humanos había intervenido en el caso de más de 100 personas que corrían riesgo de desalojo en Sigombeni y estaba negociando con el propietario de las tierras. Si no se seguía el debido proceso ni se proporcionaba una indemnización adecuada, la situación podría desembocar en un desalojo forzoso. En julio, un recurso del Consejo de Iglesias de Esuatini ante el Ministerio de Recursos y Energía logró evitar el desalojo de 45 familias —en las que había 38 niños y niñas— de sus tierras en Mbondzela, localidad de la región de Shiselweni.

Las autoridades locales de la barriada de Mangwaneni de la capital, Mbabane, demolieron un caserío familiar en febrero y tres más en agosto, lo que dio lugar al desalojo forzoso de 17 personas de familias encabezadas por personas de edad avanzada. Tras resultar herido un residente, por una bala de goma disparada por la policía en los enfrentamientos que rodearon la operación de agosto, el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano suspendió las demoliciones mientras las autoridades tradicionales locales trabajaban para resolver el asunto. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas eran demasiado pobres para reconstruir o reparar sus edificaciones y las autoridades municipales les prohibieron que lo hicieran.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI eran objeto de discriminación, hostigamiento y estigmatización. Las relaciones homosexuales consentidas seguían siendo delito.

En julio, el grupo de activistas Minorías Sexuales y de Género de Esuatini impugnó la decisión del ministro de Comercio e Industrias de rechazar su solicitud de registro. El caso fue aplazado en dos ocasiones antes de celebrarse la vista en octubre ante el Tribunal Superior de Mbabane, aunque al terminar el año no se había dictado sentencia.

Violencia contra mujeres y niñas

En enero, Nhlanhla Dlamini fue la primera persona acusada de violación conyugal en virtud de la Ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de 2018. Ese mismo mes se llevó su caso ante el Tribunal Superior, que le concedió la libertad bajo fianza.

En virtud de las medidas asociadas a la COVID-19, el trabajo de los grupos de la sociedad civil se clasificó como no esencial, por lo que se negó a las supervivientes de violencia el acceso a servicios de apoyo vitales. En abril, el gobierno permitió que estas organizaciones continuaran con su labor a raíz de las presiones del Grupo de Acción contra los Abusos de Suazilandia y otras ONG.

Libertad de expresión y de asociación

En mayo, después de un año en la cárcel por decir que el rey debía ser acusado de malversación y violaciones de derechos humanos, Goodwill Sibiya fue puesto en libertad y todos los cargos formulados en su contra se retiraron. También lo habían acusado de terrorismo y sedición en relación con su vinculación al partido Movimiento Popular Democrático Unido.

Periodistas

El gobierno hizo uso de legislación draconiana, como la Ley de Supresión del Terrorismo y la Ley de Sedición y Actividades Subversivas, para silenciar a los medios de comunicación. Se detuvo arbitrariamente y se sometió a tortura y otros malos tratos a periodistas.

En febrero, Zweli Martin Dlamini —director de Swaziland News— fue detenido en su domicilio, en Mbabane, por publicar artículos en los que criticaba al rey. El periodista afirmó que había sido torturado en el cuartel general de la policía de Mbabane, donde entre otras cosas le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico. Quedó en libertad sin cargos seis horas después y huyó a Sudáfrica al día siguiente. En abril, la policía irrumpió en su casa y detuvo a su esposa, Nompendulo Nokuthula Mkhonta, que fue torturada durante el interrogatorio cuando estaba bajo custodia policial en Mbabane y quedó en libertad sin cargos tres horas más tarde.

La Comisión de Comunicaciones de Esuatini rechazó las solicitudes de licencias de emisión comunitaria de corta duración presentadas por la Red Multimedia Comunitaria de Suazilandia en nombre de Radio Comunitaria de Shiselweni y Radio Comunitaria de Lubombo. La Red había solicitado las licencias con el fin de que las emisoras de radio pudieran emitir información para sensibilizar a la opinión pública sobre la COVID-19. Las solicitudes fueron rechazadas de conformidad con las Directrices sobre Radiodifusión, según las cuales no se podían expedir dos licencias a una misma entidad, y por haberse reducido la capacidad de personal para tramitar las solicitudes durante el confinamiento parcial.

El proyecto de Ley de Delitos Informáticos y Ciberdelincuencia, que no se había presentado todavía en el Parlamento, incluía disposiciones que permitían imponer penas de 10 años de prisión y cuantiosas multas a periodistas de sitios de noticias en Internet si se consideraba que habían publicado “noticias falsas”.

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