Esuatini 2022
Se reprimieron libertades fundamentales. Las fuerzas de seguridad arrestaron y sometieron a tortura y otros malos tratos a personas que ejercían el activismo político, y registraron sus casas. Las protestas pacíficas se dispersaron con violencia y el gobierno negó los motivos de preocupación en materia de derechos humanos planteados por la ONU a través de sus procedimientos especiales. Cientos de personas continuaban en riesgo de desalojo forzoso. Se sometía a discriminación, acoso y exclusión a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres seguían expresando su preocupación por la violencia de género.
Tortura y otros malos tratos
Las fuerzas de seguridad seguían intimidando y hostigando a la disidencia. El 31 de enero, unos agentes del Departamento de Investigación Penal vestidos de civil secuestraron a Colani Maseko, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Suazilandia, con el pretexto de “interrogarlo”. El 4 de febrero, el líder estudiantil quedó en libertad bajo fianza tras ser acusado de sedición y de daños a bienes o propiedades.1 En mayo, Colani Maseko fue secuestrado de nuevo frente a la Universidad de Esuatini por unos soldados que lo golpearon y se lo llevaron a la comisaría de policía de Matsapha, desde donde posteriormente lo trasladaron a un hospital. El 1 de febrero, Sakhile Nxumalo, otro líder sindical estudiantil, fue secuestrado por agentes de policía, agredido por medio de prácticas que incluían la electrocución, y puesto en libertad sin cargos ese mismo día.
La policía actuó contra Tibusiso Mdluli y Nontsetselelo Nkambule, del Movimiento Democrático Popular Unido, por ir vestidas con ropa distintiva de su partido durante una protesta celebrada en la ciudad de Mbabane el 23 de marzo. Más de 40 agentes de policía, en su mayoría hombres, metieron a las 2 mujeres en un vehículo policial, las desnudaron, las insultaron, las golpearon brutalmente y las abandonaron en la barriada de Mvutshini.
En agosto, el rey elogió públicamente a la policía y animó a los agentes a practicar el “ojo por ojo”.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades continuaron empleando la Ley de Sedición y Actividades Subversivas de 1938 y la Ley de Supresión del Terrorismo de 2008 para silenciar las voces críticas.
En junio, Zweli Martin Dlamini, director de Swaziland News, uno de los pocos periódicos online independientes del país, fue declarado terrorista en virtud de la Ley de Supresión del Terrorismo.
En julio, tres relatores especiales y otros representantes de la ONU expresaron preocupación por las “graves restricciones de libertades fundamentales” en relación con la represión de protestas multitudinarias, entre otras violaciones de derechos humanos. El gobierno negó cualquier responsabilidad al respecto.
El 1 de septiembre, el gobierno prohibió la entrada al país al ciudadano sudafricano Sicelo Mngomezulu tras unos comentarios realizados por éste sobre la danza anual de Reed (un evento cultural). No obstante, la prohibición podía deberse a que Sicelo formaba parte del equipo jurídico de los diputados Mduduzi Bacede Mabuza y Mthandeni Dube, que habían sido detenidos en 2021 por cargos falsos, en virtud de la Ley de Supresión del Terrorismo, y por incumplir las normas sobre la COVID-19. La madrugada del 22 de septiembre, los dos diputados fueron agredidos brutalmente por agentes de los servicios penitenciarios; después de eso, les negaron la atención médica durante 24 horas hasta que su abogado presentó una solicitud al tribunal.
El 20 de septiembre, la vivienda de Mlungisi Makhaya, presidente del Movimiento Democrático Popular Unido, fue atacada con bombas, al parecer por agentes del Estado. Ni él ni su familia estaban allí y nadie resultó herido.
Desalojos forzosos
En abril, una terrateniente ejecutó una orden de desalojo dictada contra más de ocho granjas en el poblado de KaMbhoke, región de Shiselweni. Se destruyeron los hogares de más de 30 personas, aunque las protestas violentas de jóvenes de la comunidad evitaron algunas demoliciones. No se proporcionaron viviendas alternativas.
En julio, un terrateniente notificó a una comunidad que cultivaba tierras en la hacienda Mbondzela (localidad de Gege) que había solicitado a un tribunal su desalojo de esas tierras. Mientras tanto, se ordenó a las personas que vivían allí que dejaran de cultivar la tierra, lo que las dejaba expuestas a sufrir inseguridad alimentaria. La medida afectaba a unas 45 granjas.
Seguía pendiente en el Senado el Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley de Control sobre Habitantes de Granjas, cuyo propósito era regular las relaciones entre los habitantes y los propietarios de haciendas.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La población LGBTI seguía sufriendo discriminación, hostigamiento y exclusión. En abril, el Tribunal Superior confirmó la decisión del registrador mercantil de rechazar la solicitud de inscripción en registro como organización del grupo de incidencia Minorías Sexuales y de Género de Esuatini. En septiembre, una turba acosó a una pareja gay en Mbabane, burlándose de ella por “hacerse pasar por mujeres”.
Violencia por motivos de género
La violencia de género estaba muy extendida. El 11 de febrero, una mujer murió en Nhlangano a manos de su expareja, que la apuñaló unas 40 veces. El agresor murió posteriormente en un hospital tras ser atacado por una multitud. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres intensificaron los llamamientos para que la violencia de género se declarara emergencia nacional, y firmaron la Carta de Esuatini sobre Violencia de Género para poner fin a ese tipo de crímenes. La Carta, descrita como “iniciativa popular”, la promovía el Colegio Estadounidense de Abogados en asociación con grupos de la sociedad civil y el gobierno.