Costa de Marfil 2017/2018
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Costa de Marfil 2017/2018

Continuaban detenidas en espera de juicio unas 200 personas leales al expresidente Laurent Gbagbo, en relación con la violencia postelectoral de 2010 y 2011. No se investigaron los homicidios perpetrados en el contexto de motines y enfrentamientos entre soldados desmovilizados y las fuerzas de seguridad. Se restringió el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y se prohibieron algunas protestas. Se absolvió a Simone Gbagbo, esposa del expresidente Gbagbo, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional juzgaba a Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé.

Información general

La Operación de la ONU en Costa de Marfil (ONUCI) concluyó su misión en junio, 13 años después de haber sido establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU. El experto independiente de la ONU elogió el avance gradual de Costa de Marfil hacia la reconciliación nacional y la estabilidad, si bien advirtió de que ésta era frágil, habida cuenta de los disturbios de enero.

Con el respaldo de investigadores de la ONU, el gobierno inició una investigación sobre el descubrimiento de un alijo de armas en una casa perteneciente a un estrecho colaborador del presidente de la Asamblea Nacional.

En julio hubo varios ataques de grupos armados. Tres soldados perdieron la vida en un ataque de unos hombres armados a un campamento militar de Korhogo, en el norte del país.

Libertad de expresión

Se aprobó legislación que restringía el derecho a la libertad de expresión, con disposiciones relativas a la difamación, las ofensas al presidente y la difusión de noticias falsas, entre otras.

En febrero se detuvo durante dos días en la ciudad de Abiyán a seis periodistas acusados de divulgar información falsa sobre motines del ejército. No se presentaron cargos formales contra ellos, pero las autoridades continuaban citándolos para interrogarlos.

En agosto, dos periodistas del diario Le Quotidien fueron detenidos en relación con un artículo de su autoría sobre las finanzas del presidente de la Asamblea Nacional.

Libertad de asociación y de reunión

En febrero, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para reprimir una protesta pacífica de productores de cacao y miembros del Sindicato Nacional Agrícola en Abiyán.

En julio, grupos de soldados desmovilizados celebraron protestas pacíficas en la ciudad de Bouaké para pedir al gobierno que cumpliera las promesas realizadas tras las protestas de mayo (véase infra). Amadou Ouattara, Mégbè Diomandé y Lasina Doumbia, miembros de la asociación de soldados desmovilizados Célula 39, fueron detenidos y acusados de desórdenes públicos y de organizar una protesta no autorizada.

En septiembre se detuvo al menos a 40 estudiantes después de que la Federación Estudiantil y Escolar de Costa de Marfil organizara protestas en todo el país contra la violencia policial y el aumento de las tasas universitarias. Una estudiante dijo que la policía la había detenido junto con sus amistades en su dormitorio y la había golpeado. Algunas de las personas detenidas habían arrojado piedras a la policía, pero otras habían sido pacíficas. Todas fueron acusadas de alteración del orden público y puestas en libertad provisional 20 días después.

Impunidad

Se enjuició a personas presuntamente simpatizantes del expresidente Gbagbo por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y después de ellas. En cambio, no se detuvo ni enjuició a ninguna persona simpatizante del presidente Ouattara en relación con violaciones de derechos humanos.

En mayo, el Tribunal de lo Penal de Abiyán absolvió a Simone Gbagbo de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se negó a las víctimas de violaciones de derechos humanos su derecho jurídico a participar en la vista. Los nuevos abogados de Simone Gbagbo, designados por el decano del Colegio de Abogados después de que los que ella había elegido se retiraran de la causa en 2016, también se retiraron en marzo alegando que el Tribunal se había constituido de manera irregular porque uno de sus jueces había sido nombrado una vez comenzado el juicio.

Continuaban recluidas en espera de juicio unas 200 personas simpatizantes de Laurent Gbagbo que habían sido detenidas en 2011 por delitos presuntamente cometidos durante la violencia postelectoral. Dos de ellas, Assi Jean Kouatchi y Bonfils Todé, murieron bajo custodia en 2017.

Algunas personas detenidas quedaron en libertad provisional en espera de juicio, entre ellas Antoinette Meho, miembro de la organización de la sociedad civil Solidaridad Wé, que fue excarcelada en mayo. Estaba acusada de menoscabar la seguridad del Estado. En diciembre, Hubert Oulaye, exministro puesto en libertad provisional en junio, y Maurice Djire fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato y complicidad en el asesinato de soldados de la ONU en 2012. A pesar de las peticiones de sus abogados defensores, el tribunal no proporcionó los testimonios prestados por dos testigos de cargo durante el juicio.

En julio, Adou Assoa, otro exministro, fue condenado a cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, pero se retiró el cargo de menoscabar la seguridad del Estado que pesaba contra él.

David Samba, activista de la oposición y presidente de la ONG Coalición de Indignados de Costa de Marfil, terminó de cumplir en marzo de 2016 la pena de seis meses que se le había impuesto por desórdenes públicos. Antes de terminar de cumplir la pena, fue acusado de un nuevo delito —socavar la seguridad del Estado— en relación con un intento de levantamiento ocurrido en Dabou en 2015. Al terminar el año continuaba recluido en espera de juicio.

Motines

Al menos 10 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en motines y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y soldados desmovilizados. Cuatro personas murieron entre el 12 y el 14 de mayo durante un motín en Bouaké que se extendió a otras ciudades. El motín estuvo liderado por soldados que se habían integrado en el ejército en 2011 y pedían el pago de bonificaciones. El 13 de mayo, un grupo de amotinados se dirigió a la oficina de la asociación Célula 39 y disparó contra quienes allí se encontraban, en respuesta a la condena del motín realizada por la asociación. Issoufou Diawara murió tras recibir disparos en la espalda, y varias personas resultaron heridas. La violencia cesó cuando el gobierno accedió a satisfacer las peticiones económicas de los amotinados.

El 22 de mayo, cuatro soldados desmovilizados murieron en enfrentamientos con la policía mientras se manifestaban pidiendo un acuerdo equivalente al obtenido por los amotinados. Según se dijo, estaban desarmados cuando la policía disparó contra ellos. (Los soldados desmovilizados eran exmiembros de grupos armados que habían luchado con las fuerzas leales al presidente Ouattara durante la violencia electoral de 2010 y 2011.)

Al terminar el año no había ninguna señal de que los presuntos autores, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, fueran a comparecer ante la justicia por violaciones de derechos humanos.

Justicia internacional

Continuaba en la Corte Penal Internacional el juicio contra Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por los crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato y violación, perpetrados durante la violencia postelectoral. En julio, la Sala de Apelaciones de la Corte ordenó a la Sala de Primera Instancia que revisase su decisión de negar a Laurent Gbagbo la libertad provisional.

Rendición de cuentas de las empresas

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) retrasó hasta 2018 la publicación de su evaluación de la contaminación duradera en los 18 lugares de Abiyán en los que se habían vertido 540.000 litros de residuos tóxicos en 2006. El vertido había sido realizado por la empresa Trafigura. Las autoridades todavía no habían evaluado los riesgos a largo plazo para la salud de las personas derivados de la exposición a las sustancias químicas que contenía el vertido, y no habían dado seguimiento a la salud de las víctimas. Las peticiones de indemnización contra la empresa continuaban, aunque muchas personas no habían recibido pago alguno.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional