República del Congo 2017/2018

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República del Congo 2017/2018

Decenas de personas que ejercían la oposición política continuaban privadas de libertad; algunas eran presas de conciencia. No se investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad y personal penitenciario. Continuaba el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad y grupos armados en Pool; unas 81.000 personas internamente desplazadas de la zona seguían viviendo en condiciones terribles, y la tasa de desnutrición aguda alcanzó niveles alarmantes.

Información general

El gobierno llevó a cabo operaciones militares —que incluyeron ataques aéreos— en el departamento sudoriental de Pool. Las restricciones impuestas por el gobierno y la persistencia del conflicto armado limitaban el acceso a la zona.

El Partido del Trabajo del Congo obtuvo 90 de los 151 escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas de julio, aunque en Pool las elecciones se habían aplazado indefinidamente a causa del conflicto. El 23 de diciembre, el gobierno y grupos armados liderados por Frédéric Bintsamou (también conocido como reverendo Ntumi) firmaron un alto el fuego en Pool.

El 31 de marzo, la República del Congo ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Libertad de reunión y de expresión

Las autoridades hacían uso de legislación restrictiva en relación con las concentraciones y reuniones públicas para limitar el derecho a la libertad de reunión. El 23 de marzo, el prefecto de la capital, Brazzaville, denegó una petición para celebrar una manifestación pacífica convocada por el Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos, la Asociación por los Derechos Humanos y las Condiciones Penitenciarias y las Fuerzas Unidas por la Libertad y la Democracia. Las organizaciones tenían la intención de entregar al primer ministro, durante la manifestación, una carta en la que planteaban sus motivos de preocupación en relación con la situación de los derechos humanos.

Se restringía el derecho a la libertad de expresión. El 11 de enero, Ghys Fortuné Dombé Bemba, director del periódico Talassa, fue citado por la policía judicial en relación con el cargo de “complicidad en socavar la seguridad del Estado”. La citación siguió a la publicación en ese medio de una declaración del reverendo Ntumi, líder del grupo armado los Ninjas, que operaba en el departamento de Pool.

Presos y presas de conciencia

En noviembre, Paulin Makaya cumplió una condena de dos años de prisión por participar en una protesta no autorizada. Sin embargo, al terminar el año continuaba en prisión como consecuencia de cargos adicionales formulados en su contra el 6 de enero 2017 que incluían “socavar la seguridad nacional, complicidad en un plan de evasión y complicidad en la posesión ilícita de armas y municiones de guerra”. Los cargos guardaban relación con un tiroteo que había tenido lugar en la prisión central de Brazzaville en diciembre de 2016 en el que, según testigos, él no había intervenido.

Presos y presas por motivos políticos

Se observaron escasos avances en las actuaciones judiciales que afectaban a líderes y miembros de la oposición detenidos desde 2015 por oponerse a cambios en la Constitución o a los resultados de las elecciones presidenciales.

La plataforma opositora Iniciativa por la Democracia en el Congo-Frente Republicano por el Respeto del Orden Constitucional y la Alternancia Democrática (FROCAD-IDC) afirmó que al terminar el año más de 100 personas seguían encarceladas por motivos políticos en la prisión central de Brazzaville. Algunas organizaciones locales de derechos humanos recopilaron una lista con los nombres de 90 personas recluidas por motivos políticos durante el año. Entre ellas estaban los líderes opositores Okouya Rigobert, del Convenio de Acción para la Democracia y el Desarrollo (CADD); Jean-Marie Michel Mokoko, candidato presidencial y general del ejército retirado, y Jean Ngouabi, miembro del equipo de campaña del anterior. En enero, André Okombi Salissa, exmiembro de la Asamblea Nacional y presidente del CADD, fue arrestado y quedó detenido en la Dirección General de Vigilancia del Territorio tras permanecer casi un año en la clandestinidad.

También en enero, Noël Mienanzambi Boyi, presidente de la Asociación por la Cultura de la Paz y la No Violencia y locutor de una emisora de radio comunitaria, fue detenido en Kinkala, principal ciudad de Pool. Las autoridades afirmaron que transportaba medicinas y alimentos para el reverendo Ntumi, y formularon en su contra cargos de “complicidad en socavar la seguridad del Estado”. Algunas ONG locales afirmaron que su detención había tenido lugar tras haber accedido a organizar una mediación entre las autoridades y el reverendo Ntumi a petición del gobierno. También afirmaron que lo habían torturado en varios centros de detención antes de trasladarlo en junio a la prisión central de Brazzaville, donde continuaba al terminar el año.

Tortura y otros malos tratos

Se denunciaron varios casos de tortura y otros malos tratos a manos de los servicios de seguridad. Las autoridades no abrieron investigaciones ni actuaciones judiciales en relación con estas denuncias.

El 24 de enero, Modeste Boukadia, presidente del opositor Círculo de Demócratas y Republicanos del Congo, fue ingresado en la clínica Guénin, en la ciudad de Pointe Noire, como consecuencia de las lesiones sufridas al ser golpeado por guardias penitenciarios en la prisión de Pointe Noire en noviembre de 2016. Los golpes le causaron fractura de dos huesos, hipertensión arterial y una afección cardiaca.

Personas internamente desplazadas

Tras los combates entre fuerzas gubernamentales y el grupo armado los Ninjas, aproximadamente un tercio de la población de Pool huyó de sus hogares. Se calculaba que había unas 81.000 personas desplazadas internamente, de las que 59.000 habían sido registradas como desplazadas en 2017. La población internamente desplazada necesitaba con urgencia albergue, alimentos, agua, servicios de salud básicos y saneamiento adecuado. Estas personas se veían obligadas a vivir con familias en comunidades de acogida, en terrenos eclesiásticos, en edificios públicos o en emplazamientos improvisados y superpoblados.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La condición de refugiado de unas 10.000 personas refugiadas ruandesas expiró el 31 de diciembre, en virtud de la cláusula de cesación para los refugiados ruandeses, por considerarse que Ruanda era un país seguro. A algunas de las personas de nacionalidad ruandesa refugiadas podría permitírseles elegir entre la repatriación voluntaria y la residencia en sus países de acogida, o bien mantener su condición de refugiado si cumplían ciertos criterios.

Derecho a la alimentación

Según la ONU, 138.000 personas necesitaban asistencia humanitaria en Pool, y más del 50% de las familias estaba en situación de inseguridad alimentaria.

La tasa de desnutrición aguda global, utilizada para medir la situación nutricional de las personas refugiadas de larga duración, afectaba a entre el 17,3 y el 20,4% de los niños y niñas internamente desplazados menores de cinco años que habían huido de Pool.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional