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República del Congo 2016/2017

Se celebraron elecciones presidenciales en un contexto de violencia y controversia. Se recluyó a opositores políticos por sus críticas pacíficas hacia las elecciones. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y a veces tortura para contener la disidencia. Se aprobó una nueva ley que restringía aún más el espacio para las organizaciones de la sociedad civil.

Información general

El 20 de marzo se celebraron elecciones presidenciales bajo un bloqueo total de las comunicaciones que incluyó la interrupción de las conexiones telefónicas y de Internet. Denis Sassou Nguesso fue reelegido presidente.

No se permitió la entrada de Amnistía Internacional en el país para vigilar la situación de los derechos humanos antes de las elecciones presidenciales.

Libertad de expresión y de reunión

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, que fueron impugnados por la oposición, las autoridades detuvieron a varias personalidades destacadas de la oposición, entre ellas altos responsables de campaña de los candidatos presidenciales Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi Salissa, a quienes acusaron de poner en peligro la seguridad nacional. Entre los detenidos que continuaban privados de libertad figuraban Jean Ngouabi, Anatole Limbongo-Ngoka, Marcel Mpika, Jacques Banangazala y Ngambou Roland.

Jean-Marie Michel Mokoko estuvo bajo arresto domiciliario de facto entre el 4 de abril y el 14 de junio, mientras las fuerzas de seguridad rodeaban su domicilio sin orden judicial. El 14 de junio fue detenido, acusado de poner en peligro la seguridad del Estado y de posesión ilegal de armas y municiones de guerra, y recluido en la prisión principal de la capital, Brazzaville. Más tarde también fue acusado formalmente de incitación a alterar el orden público. Se creía que André Okombi Salissa había huido del país en junio, tras irrumpir las fuerzas de seguridad en su domicilio.

Continuó la reclusión de varias personalidades políticas destacadas —entre ellas Paulin Makaya, líder del opositor Unidos por el Congo, y Okouya Rigobert, del grupo político Convenio de Acción para la Democracia y el Desarrollo (CADD)— detenidas en noviembre de 2015 por protestar contra la reforma propuesta de la Constitución. El 25 de julio, Paulin Makaya fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 3.800 euros por participar en una protesta no autorizada. El mismo día presentó un recurso que se examinó el 6 de diciembre, más de cuatro meses después, aunque el plazo establecido por la ley había expirado y se había remitido un recordatorio a las autoridades competentes. Su comparecencia se aplazó dos veces. Al concluir el año no se había tomado una decisión. Continuaba siendo preso de conciencia.

La plataforma opositora “Iniciativa por la Democracia en el Congo-Frente Republicano por el Respeto del Orden Constitucional y la Alternancia Democrática” (IDC-FROCAD) afirmó que 121 personas continuaban recluidas por motivos políticos en la prisión principal de Brazzaville.

El 9 de noviembre, las autoridades no autorizaron la celebración de una sentada organizada por el movimiento juvenil “Ras-le-Bol” (Hartos) en Brazzaville. IDC-FROCAD denunció la prohibición de protestas en varias ocasiones —generalmente aduciendo que éstas podían alterar el orden público— y que los documentos que las prohibían hacían referencia a la violencia postelectoral de abril en Brazzaville.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad del gobierno llevaron a cabo ataques aéreos contra zonas residenciales del departamento de Pool, en el sudeste del país, el 5 de abril. Se lanzaron desde helicópteros al menos 30 bombas sobre zonas residenciales, que también afectaron a una escuela en la ciudad de Vindza cuando su objetivo era la antigua residencia del pastor Frederic Ntumi, líder del grupo armado los “Ninjas”. Autoridades de Pool informaron de que hasta 5.000 personas habían quedado desplazadas. Los ataques aéreos tuvieron lugar después de un estallido de violencia en Brazzaville —tras confirmar el Tribunal Constitucional el 4 de abril los resultados de las elecciones presidenciales—. Hubo disparos en las calles; jóvenes levantaron barricadas en el barrio de Makélékélé, en el sur de la ciudad; la oficina de un alcalde local y dos comisarías de policía fueron incendiadas, y hombres armados atacaron un cuartel del ejército. El gobierno atribuyó la violencia a los “Ninjas”.

El 29 de abril se realizó una misión conjunta, integrada por policías, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, para evaluar la situación de seguridad en Pool e investigar los bombardeos. Al terminar el año no se había dado a conocer todavía un informe oficial.

En septiembre se llevaron a cabo nuevos ataques aéreos en Pool; la información sobre los incidentes fue escasa debido a la extrema dificultad para acceder a la zona, entre otros motivos por las restricciones impuestas por el gobierno.

Tortura y otros malos tratos

El 29 de septiembre, miembros de las fuerzas de la seguridad presidencial secuestraron en el barrio de Sadelmy, Brazzaville, a Augustin Kala Kala, coordinador nacional adjunto de CADD. Según su testimonio, lo esposaron de manos y pies, lo sometieron a descargas eléctricas y lo quemaron en varias ocasiones en la espalda y las manos con bolsas de plástico. También lo golpearon con palos y con un cinturón y lo mantuvieron nueve días en un contenedor. El 13 de octubre lo dejaron en libertad, cerca del depósito de cadáveres de un hospital de Brazzaville. No se abrió investigación alguna sobre sus denuncias.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En septiembre, el Senado adoptó un anteproyecto de ley reguladora de las organizaciones de la sociedad civil que estaba en espera de promulgación por el presidente. Las organizaciones de la sociedad civil se quejaron de que la ley se había elaborado sin consulta significativa y de que limitaba su libertad de asociación con medidas como penalizar actividades consideradas una amenaza para la estabilidad institucional, impedir a las organizaciones religiosas trabajar en cuestiones políticas y exigir la aprobación de las autoridades para llevar a cabo actividades.

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Descarga el Informe 2016/17 de Amnistía Internacional