República Centroafricana 2023
Se restringía el derecho a la libertad de expresión. Se impusieron restricciones a la libertad de reunión pacífica en el contexto de la adopción de una nueva Constitución. La situación de seguridad se deterioró, y todas las partes en el conflicto armado cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos. Cuatro personas comparecieron ante el Tribunal Penal Especial por crímenes de derecho internacional. La violencia sexual y de género seguía siendo generalizada. Aproximadamente 2,4 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria.
Información general
En enero, ante la disminución de los recursos del Estado, el presidente declaró que había que poner freno a la corrupción; en mayo, el Parlamento aprobó legislación contra esta práctica.
En julio se aprobó en referéndum, por más del 95% de los votos emitidos, una nueva Constitución que permitía al presidente optar a un tercer mandato. La oposición política cuestionó la legalidad e imparcialidad del proceso.
Continuaron los enfrentamientos entre grupos armados afiliados a la Coalición de Patriotas por el Cambio y fuerzas gubernamentales, con la ayuda de sus aliados. En octubre, 504.992 personas se hallaban en situación de desplazamiento interno. El Fondo Monetario Internacional concedió apoyo económico en el marco de un plan de ayuda global de 191 millones de dólares estadounidenses para evitar una crisis humanitaria.
Libertad de expresión y de reunión
En febrero, un periodista que había escrito sobre corrupción en la Asamblea Nacional huyó del país cuando estaba en libertad condicional, tras recibir amenazas de origen no identificado; había sido condenado en 2022 a 2 años de prisión y al pago de una cuantiosa multa por cargos de difamación del primer vicepresidente de la Asamblea.
A otro periodista se le prohibió la entrada en el Parlamento en marzo tras haber investigado presuntas deficiencias en la gestión del presupuesto de la Asamblea.
Un tercer periodista fue detenido y estuvo recluido durante 6 días en marzo, acusado de trabajar para un periódico considerado disidente con el que ya no mantenía relación laboral. En 2021, el gobierno había bloqueado el acceso digital a esa publicación.
Durante la campaña del referéndum, los partidos de la oposición pertenecientes al Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución organizaron una manifestación en la capital, Bangui, el 14 de julio. Las autoridades prohibieron el acto invocando la situación de seguridad y el carácter “subversivo” de la manifestación, y amenazaron con “meter en cintura a los infractores”.
Homicidios y ataques ilegítimos
Según la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), la situación de los derechos humanos se deterioró y los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes en el conflicto aumentaron. La MINUSCA registró al menos 103 ejecuciones sumarias llevadas a cabo por las fuerzas armadas de República Centroafricana y los grupos armados entre febrero y junio. En el mismo periodo, 13 civiles que trabajaban en una explotación minera en la localidad de Chingbolo, a 25 km de Bambari, murieron en un ataque armado. El gobierno culpó a miembros de la Coalición de Patriotas por el Cambio, que negaron su autoría.
La ONU afirmó que había registrado 75 ataques presuntamente cometidos por grupos armados contra personal de ayuda humanitaria o sus bienes entre enero y junio. Al menos 17 centros de salud fueron objeto de ataques y saqueos de los que se consideró responsables a grupos armados.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), hasta el 31 de agosto, 19 civiles —11 de ellos menores de edad— habían muerto en 54 incidentes y accidentes en los que se utilizaron artefactos explosivos.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El Tribunal Penal Especial, tribunal híbrido respaldado por la ONU que tiene el mandato de investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en el país desde 2003, anunció durante el año la detención de 4 hombres acusados de crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad. Se trataba de Abdoulaye Hissène, exlíder del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana; Vianney Semndiro, exmando de las fuerzas armadas de la República Centroafricana; y Philemon Kahena y François Boybanda, combatientes del grupo antibalaka.
El 16 de junio, el Tribunal dictó su primer fallo sobre reparación para las víctimas en el juicio contra Issa Sallet Adoum, Yaouba Ousman y Mahamat Tahir, miembros del grupo armado Retorno, Reclamación y Rehabilitación (conocido como 3R). Los acusados habían sido declarados culpables en noviembre de 2022 de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la matanza de al menos 46 civiles en 2019. En octubre de 2023 se les ordenó el pago, de forma conjunta y solidaria, de una indemnización a las víctimas o sus herederos.
En agosto, la Sala de lo Penal del Tribunal Penal Especial juzgó a Kalité Azor y otros acusados en la misma causa, todos ellos miembros del grupo armado Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana. Habían sido entregados al Tribunal Penal Especial en mayo de 2020, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Violencia sexual y de género
El Sistema de Gestión de la Información sobre Violencia por Motivos de Género registró 5.928 casos de violencia sexual y de género entre enero y mayo. La violación y la violencia sexual suponían más del 40% de los casos, y el 95% de las personas sobrevivientes eran mujeres y niñas. En agosto, la OCAH afirmó que 2 personas sufrían ese tipo de violencia en República Centroafricana cada hora.
En junio, la ONU anunció que su Oficina de Servicios de Supervisión Interna había recopilado indicios de violación que incriminaban a 11 soldados de mantenimiento de la paz tanzanos desplegados temporalmente en el oeste de República Centroafricana. Los 60 miembros de la unidad de los presuntos autores quedaron confinados en su base y después fueron repatriados.
Derecho a la alimentación
Según cifras de la ONU, aproximadamente 2,4 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria; de ellas, 622.000 vivían en situación de inseguridad alimentaria aguda a causa del conflicto armado, el alza de los precios y las inundaciones, entre otros factores. En noviembre se destinó a seguridad alimentaria el 20% de los 303 millones de dólares estadounidenses aportados a República Centroafricana en concepto de ayuda humanitaria.
El Comité Internacional de Rescate afirmó en abril que República Centroafricana era cada vez más vulnerable a los efectos del calentamiento global, lo que suponía una amenaza para la seguridad alimentaria.