La imagen de miles de refugiados rohingyas abandonados a su suerte en la Bahía de Bengala y el Mar de Andamán frente a las costas del Sudeste Asiático proyectará su sombra sobre la Cumbre Regional sobre Migración Irregular que se celebra este viernes en la capital de Tailandia, Bangkok. El origen de esta crisis está en Myanmar, donde los rohingyas sufren desde hace decenios la discriminación institucional.
En los últimos tres años, decenas de miles de rohingyas se han embarcado para huir de Myanmar y escapar de la persecución. Sin embargo, los problemas a los que se enfrentan no son nuevos.
En este texto, Amnistía Internacional aborda la persecución promovida por el Estado y la terrible situación de derechos humanos que están obligando a decenas de miles de rohingyas a arriesgar sus vidas y huir de un país al que no les está permitido llamar su hogar.
Persecución promovida por el Estado
Se calcula que más de un millón de rohingyas viven en Myanmar, donde han sido reprimidos y se les han negado sus derechos humanos durante decenios. No son considerados oficialmente un grupo étnico y la Ley de Nacionalidad de 1982 les niega la ciudadanía, lo cual los convierte en la práctica en apátridas. A consecuencia de ello sufren graves restricciones de sus derechos a estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar su religión y acceder a servicios de salud.
Las autoridades myanmaras niegan la existencia de los rohingyas, insistiendo en referirse a ellos como “bengalíes”, un término que da a entender que son migrantes del vecino Bangladesh. Además, las autoridades también restringen severamente el acceso al estado de Rajine, con la consiguiente dificultad que esto supone para conseguir información independiente y precisa sobre la situación de derechos humanos existente allí.
A pesar de los grandes elogios que ha recibido el presidente myanmaro Thein Sein por las grandes reformas emprendidas desde que subió al poder en 2011, no cabe duda de que los rohingyas no se han beneficiado de ellas. Por el contrario, recientes medidas tomadas por el gobierno parecen concebidas para consolidar aún más su exclusión.
Este año, la presión de manifestantes nacionalistas budistas hizo que el presidente suspendiera todos los certificados de registro temporal, lo que se conoce localmente como “tarjetas blancas”, lo cual dejará a muchos rohingyas sin ningún documento de identidad y hará sumamente improbable que puedan votar en las elecciones generales, programadas para noviembre de este año.
En octubre de 2014, el gobierno anunció un Plan de Actuación para el Estado de Rajine que, de ponerse en práctica, consolidará aún más la discriminación y la segregación de los rohingyas. El anuncio de este plan pareció desencadenar una nueva huida por mar del país. El gobierno no ha hecho público el plan ni ha consultado a las comunidades afectadas, lo cual aumenta los temores de que se utilizará para marginar aún más a los rohingyas.
En marzo de 2014, un día antes del primer censo nacional que se realizaba en Myanmar desde 1983, el gobierno se retractó de su promesa de permitir a los rohingyas autoidentificarse y anunció que deberían inscribirse como “bengalíes” o de lo contrario no serían censados.
Violencia
En 2012, en el estado de Rajine estalló la violencia entre budistas y musulmanes (la mayoría de ellos de etnia rohingya), que provocó decenas de muertos, desplazamientos masivos y destrucción.
Desde entonces continúan las tensiones entre la comunidad budista y la musulmana. En 2013 y 2014 hubo ataques –predominantemente antimusulmanes– en varias localidades de todo el país.
A pesar de las denuncias de que las fuerzas de seguridad del Estado habían participado directamente en algunos actos de violencia o no habían protegido a la población de los ataques, a Amnistía Internacional no le consta que se esté realizando ninguna investigación independiente ni se estén exigiendo responsabilidades a las autoridades estatales. Por el contrario, las autoridades myanmaras han detenido y encarcelado a dirigentes de la comunidad rohingya que han denunciado los abusos contra los derechos humanos que ésta sufre.
Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos de rohingyas bajo custodia, así como muertes bajo la custodia de las fuerzas de seguridad myanmaras.
Desplazamiento
Los incidentes de violencia de 2012 provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas. Se calcula que 139.000 personas –en su mayoría rohingyas– continúan hoy desplazadas en todo el estado de Rajine, la mayor parte viviendo en campamentos oficiales para desplazados internos y en refugios provisionales no oficiales. Muchas de ellas no tienen acceso regular a alimentación, atención médica, saneamiento y demás ayuda humanitaria fundamental.
Las restricciones impuestas por el gobierno y la desconfianza de la comunidad budista del estado de Rajine hacia las ONG, en parte por considerarlas favorables a los rohingyas y los musulmanes, siguen impidiendo a los grupos de ayuda proporcionar ayuda humanitaria a las personas desplazadas. Tras una visita realizada en julio de 2014, un alto funcionario de la ONU afirmó que había presenciado “un nivel de sufrimiento humano en los campos de desplazados internos que nunca había visto antes”.
Creciente discriminación e intolerancia religiosa
En los últimos años se ha producido en Myanmar un preocupante aumento de la intolerancia religiosa, alimentada a menudo por grupos budistas nacionalistas radicales y dirigida especialmente contra los musulmanes. Las autoridades myanmaras no sólo han mostrado una inacción casi total frente a quienes incitan a la discriminación, la hostilidad y la violencia, sino que han intentado introducir nuevas leyes y políticas que discriminarán aún más a los rohingyas, entre otras minorías.
Una de estas leyes, la Ley de Atención a la Salud para el Control de la Población, se aprobó la semana pasada. Esta ley establece un intervalo de “espaciamiento de los nacimientos” de 36 meses para las mujeres, al parecer por temor a que los grupos minoritarios tengan más hijos que la mayoría budista. La nueva ley es particularmente alarmante para las parejas rohingyas, que en el pasado se han visto limitadas a no tener más de dos hijos. En el peor de los casos, esta ley podría convertirse en un ensayo de control estatal de la población, e incluso preparar el terreno para implantar la anticoncepción, el aborto o la esterilización estatal forzosos.
Otras tres leyes encaminadas a “proteger la raza y la religión” que aún están en el Parlamento podrían dar rienda suelta a las autoridades para discriminar a mujeres y grupos minoritarios, incluidos los rohingyas.
Sin un lugar adonde ir
El progresivo deterioro de la situación de los rohingyas ha hecho que cada vez sean más los que se vayan de Myanmar en los últimos años. Desde la violencia de 2012, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) calcula que más de 110.000 personas –en su mayoría rohingyas, pero también bangladeshíes– han huido por mar desde la Bahía de Bengala. De enero a marzo de este año se calcula que esta cifra ascendió a 25.000 personas, el doble que en el mismo periodo del año pasado.
Muchos rohingyas cruzan la frontera huyendo al vecino Bangladesh, desde donde intentan llegar por mar hacia países del Sudeste Asiático, especialmente Tailandia y Malaisia, donde están expuestos a sufrir más abusos contra los derechos humanos.
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