El Servicio de Seguridad Nacional (NSS) de Sudán del Sur debe dejar de secuestrar y cerrar periódicos y de hostigar, intimidar y detener de manera ilegítima a periodistas, afirman dos destacadas organizaciones de derechos humanos en un informe conjunto publicado hoy viernes.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirman que, en el contexto de un conflicto armado que azota desde hace siete meses gran parte del país, se están tomando medidas que limitan la libertad de expresión y restringen el debate público sobre la manera de poner fin al conflicto. Los dos grupos piden que se ponga fin a estos abusos y que el Parlamento de Sudán del Sur garantice una supervisión adecuada del NSS, de conformidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
“La represión gubernamental tiene lugar en el periodo en el que Sudán del Sur más necesita voces independientes que contribuyan a los debates sobre la manera de poner fin a la crisis política y al conflicto armado interno”, ha afirmado Elizabeth Ashamu Deng, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudán del Sur. “Los abusos cometidos por el Servicio de Seguridad Nacional –una institución cuyas actividades no están reguladas todavía por ninguna ley específica– han contribuido especialmente a un clima cada vez mayor de miedo entre los periodistas y los defensores de los derechos humanos.”
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado restricciones ilegítimas de la libertad de expresión y a los medios de comunicación desde que comenzó el conflicto en diciembre de 2013. En los últimos siete meses, altos cargos gubernamentales han prohibido que los periodistas entrevisten a líderes opositores. Los que no han acatado esta orden o los que han informado sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales han sufrido intimidación. Las autoridades han restringido también la información sobre el conflicto, las violaciones de derechos humanos y los debates en torno al federalismo en Sudán del Sur.
El NSS ha hostigado y detenido a periodistas, los ha citado para proceder a su interrogatorio y ha ordenado a algunos que salgan del país. A un periódico, el Almajhar Alsayasy, se le ordenó de forma explícita que dejara de publicarse. El gobierno ha retenido números de otro periódico semanal, Juba Monitor, en ocho ocasiones en los últimos siete meses. En junio se secuestró una tirada entera del semanario The Citizen.
“En este momento, los periodistas y los comentaristas no pueden hacer su trabajo ni informar con libertad sobre el conflicto en curso sin temor a represalias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, ha afirmado Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Hemos visto al NSS y a otras autoridades erosionar la libertad de expresión desde la independencia de Sudán del Sur mediante prácticas abusivas, que deben terminar ya.”
La guerra ha tenido efectos directos sobre los medios de comunicación de Sudán del Sur. Muchos periodistas se han visto desplazados debido a los combates o han tenido que abandonar el país, entre otras razones por miedo a ser atacados debido a su origen étnico. Se han dañado o destruido infraestructuras de los medios de comunicación, incluidas emisoras de radio en Leer y Malakal, en el estado de Alto Nilo, y en Bor, estado de Jonglei.
“Toda esperanza de justicia por los delitos cometidos durante el nuevo conflicto y el éxito de todo proceso de búsqueda de la verdad requerirán un entorno seguro en el que la población de Sudán del Sur pueda hablar abiertamente”, ha afirmado Ashamu Deng. “Para que Sudán del Sur pueda tener esperanza en un futuro pacífico, no debe permitirse el encubrimiento de crímenes, y la libertad de expresión debe ser protegida, no atacada.”
El conflicto de Sudán del Sur comenzó en diciembre en la capital, Yuba, pero se extendió rápidamente. Los combates se han caracterizado por ataques ilegítimos contra civiles –a los que a menudo se ha atacado o matado a causa de su etnia– y contra bienes civiles. La violencia ha arrebatado la vida a miles de personas, ha destruido grandes extensiones de ciudades clave y ha obligado a aproximadamente 1,5 millones de personas a huir de sus hogares, a menudo a lugares donde se enfrentan a una hambruna severa.
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado abusos que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad, cometidos tanto por las fuerzas gubernamentales como por las fuerzas opositoras.
Poco después de estallar el conflicto, la Unión Africana estableció una Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur, pero se ha demorado a la hora de comenzar a investigar las violaciones de derechos humanos. La Comisión de Investigación debe garantizar que las violaciones de la libertad de expresión se abordan en su investigación, y debe hacer recomendaciones acerca de cómo puede protegerse este derecho básico en Sudán del Sur, lo que incluye la reforma institucional del NSS.
El Ministerio de Justicia ha redactado un proyecto de ley con objeto de definir y limitar las prerrogativas del Servicio de Seguridad Nacional, que se introdujo en la Asamblea Legislativa Nacional en mayo. El borrador del proyecto de ley concede a los agentes del NSS los mismos poderes para practicar arrestos y detenciones que a la policía, pero no especifica los lugares de detención permisibles ni garantiza los derechos básicos al debido proceso, como el derecho a asistencia letrada o a comparecer ante un tribunal en un plazo determinado. El borrador concede a los agentes del NSS una amplia inmunidad penal, así como poderes para practicar vigilancia y para registrar y confiscar bienes sin una supervisión judicial clara.
El proyecto de ley debe ser revisado inmediatamente para limitar los amplios poderes que se conceden al NSS para practicar arrestos y detenciones, y para garantizar que toda vigilancia de las comunicaciones está sujeta a supervisión judicial. Los miembros del Parlamento deben garantizar que la ley cumple el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.