La “chapucera” ejecución de la pasada noche en Oklahoma ofrece otra clara razón para que las autoridades de todo Estados Unidos establezcan la suspensión inmediata de los homicidios judiciales y trabajen en favor de la abolición de este castigo irremediablemente cruel, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Los testigos han descrito cómo el condenado, Clayton Lockett, comenzó a jadear y a retorcerse después de que se le declarara inconsciente y empezara a administrársele la segunda y la tercera sustancias. En ese momento, unos 16 minutos después de iniciado el procedimiento de inyección letal, los funcionarios corrieron la cortina de la ventana de la cámara de ejecución, impidiendo que los testigos presenciaran lo que ocurría. Casi media hora después, Clayton Lockett fue declarado muerto por ataque al corazón. Una segunda ejecución prevista para la misma noche, la de Charles Warner, se aplazó.
“Lo que ha ocurrido esta noche con Clayton Lockett resulta espeluznante para cualquiera, pero no es ni mucho menos la primera ejecución chapucera que se produce en Estados Unidos, tanto por electrocución como por asfixia o por inyección letal, utilizando el protocolo tradicional de tres sustancias”, ha señalado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos, refiriéndose a las más de tres decenas de ejecuciones en las que, según informes, ha habido algún fallo.
El único fabricante estadounidense de tiopental sódico, una de las sustancias que se utilizan tradicionalmente en las inyecciones letales en Estados Unidos, se retiró del mercado a principios de 2011 y la Comisión Europea endureció su normativa sobre el comercio de tales sustancias para su uso en casos de pena de muerte. Como consecuencia, los estados de Estados Unidos donde sigue habiendo pena de muerte han buscado fuentes alternativas de sustancias para las inyecciones letales y han modificado sus protocolos de ejecución a fin de poder continuar con esta forma de homicidio permitido por el Estado.
“Si la tenacidad que muestran las autoridades con la pena de muerte la aplicaran a poner a su país en sintonía con la tendencia mundial abolicionista, veríamos rápidos avances en esta fundamental cuestión de derechos humanos en Estados Unidos”, ha añadido Rob Freer.
“Pero por el contrario la siniestra historia de las ejecuciones en Estados Unidos ha seguido hasta bien entrado el siglo XXI, cuando un país tras otro han ido dejando de ejecutar.”
Clayton Lockett y Charles Warner habían impugnado sin éxito una ley del estado de Oklahoma que impide que los funcionarios revelen la identidad de las personas que participan en las ejecuciones y de las que proporcionan las sustancias y el material empleado.
“Una y otra vez hemos visto cómo el hermetismo del gobierno puede ir en contra del respeto a los derechos humanos. Pero lo que no debemos olvidar en todo esto es que, incluso cuando las ejecuciones se llevan a cabo conforme a lo previsto, la pena de muerte sigue siendo un ejercicio de poder estatal con profundas deficiencias. Su resultado es irrevocable, su aplicación, incoherente y discriminatoria, y todo él es incompatible con principios básicos de derechos humanos”, ha dicho Rob Freer.
Un total de 18 estados estadounidenses han abolido la pena de muerte en los últimos años. Amnistía Internacional renueva su petición a las autoridades de todo el país –tanto a nivel federal como estatal y local– de que aprovechen la oportunidad que les brindan los problemas que presenta el aprovisionamiento de sustancias para la inyección letal para trabajar contra la pena de muerte, en lugar de tratar de remediar lo irremediable.
Información complementaria
Desde la reanudación del homicidio judicial en Estados Unidos, el 17 de enero de 1977, los verdugos estadounidenses han matado a casi 1.400 hombres y mujeres, el 90 por ciento de ellos mediante inyección letal, aunque se han utilizado otros métodos, como la cámara de gas, la horca, la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento.
Hasta aproximadamente 2010, la mayoría de los estados estadounidenses empleaban protocolos de tres sustancias para la inyección letal. Tras la suspensión de la producción por parte del único fabricante estadounidense de tiopental sódico, que posteriormente –en 2011– se retiró del mercado, las jurisdicciones estatales de Estados Unidos que aplican la pena de muerte han tratado de encontrar soluciones recurriendo las unas a las otras, sirviéndose de “fórmulas magistrales” (que en Estados Unidos se utilizan para crear medicamentos que se ajusten a las necesidades de un paciente concreto), empleando proveedores extranjeros y recurriendo al gobierno federal.
En noviembre de 2010, se supo que una pequeña empresa radicada en Londres (Reino Unido) había suministrado al estado de Arizona tiopental sódico, que se había utilizado para ejecutar a Jeffery Landrigan el 26 de octubre. Amnistía Internacional y Reprieve pidieron al gobierno británico que prohibiera la exportación de esta sustancia en los casos en que fuera destinada a ejecuciones.
Amnistía Internacional trabajó con una coalición de organizaciones no gubernamentales para pedir a la Comisión Europea que modificara la normativa sobre el comercio internacional de cierto material de forma que incluyera las sustancias empleadas en el protocolo de la inyección letal y que introdujera una “cláusula de uso final relativa a la tortura y la pena de muerte” que permitiera a los Estados denegar las licencias de exportación de productos cuando fuera evidente que su único uso práctico es la aplicación de la pena capital; o cuando existieran motivos fundados para creer que estos productos se van a utilizar para la aplicación de la pena capital.
En 2013, los estados estadounidenses de Arkansas, California, Florida, Luisiana, Montana, Carolina del Norte y Ohio cambiaron sus procedimientos de ejecución de manera que incluyeran un protocolo de una sola sustancia y/o se pudieran modificar las sustancias químicas utilizadas en las ejecuciones.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del carácter o las circunstancias del crimen, la culpabilidad del condenado o el método elegido por el Estado para llevar a cabo la ejecución.