Los dirigentes mundiales deben comprometerse a mantener los sistemas y tecnologías de vigilancia invasiva lejos de las manos de dictadores y regímenes opresivos. Así lo ha manifestado una nueva coalición global de organizaciones de derechos humanos al hacer hoy su presentación en Bruselas.
La Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal (Coalition Against Unlawful Surveillance Exports, CAUSE) –entre cuyos miembros se encuentran Amnistía Internacional, Digitale Gesellschaft, FIDH, Human Rights Watch, el Instituto de Tecnología Abierta de la Fundación New America, Privacy International y Reporteros sin Fronteras– tiene como finalidad hacer que los gobiernos y las empresas privadas rindan cuentas de los abusos relacionados por el comercio internacional (que alcanza ya los 5.000 millones de dólares estadounidenses y sigue creciendo) de tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia. Los gobiernos recurren cada vez más al uso de software, material y herramientas de espionaje para violar el derecho a la intimidad y un sinfín de derechos humanos más.
“Estas tecnologías permiten a los regímenes sofocar la disidencia o las críticas, reprimir la libertad de expresión y destruir derechos fundamentales. La coalición CAUSE ha documentado casos en los que las tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia se han utilizado no sólo para espiar la vida privada de la gente, sino también para ayudar a gobiernos a encarcelar y torturar a quienes los critican”, ha manifestado Ara Marcen Naval, coordinadora de relaciones institucionales sobre control de armas, comercio de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.
“El creciente número de pruebas permite ver claramente el uso generalizado que los regímenes represivos hacen de estas tecnologías de vigilancia para pisotear los derechos de las personas. El desarrollo, la venta y la exportación sin freno de estas tecnologías no es justificable. Los gobiernos deben actuar rápidamente para impedir que estas tecnologías lleguen a manos peligrosas”, ha manifestado Kenneth Page, responsable de políticas de Privacy International.
En una carta abierta publicada hoy en el sitio web de CAUSE (https://www.globalcause.net), las organizaciones expresan su alarma por la ausencia prácticamente total de regulación respecto al comercio global de materiales de comunicación aplicados a la vigilancia.
El sitio web expone con detalle las distintas tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia que han sido fabricadas y suministradas por empresas privadas, y también destaca los países en los que tienen su sede esas empresas. Según muestra, se han encontrado estas tecnologías en una diversidad de países, tales como Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Libia, Nigeria, Marruecos, Turkmenistán y muchos más.
“Nadie está a salvo del peligro que las tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia suponen para la intimidad individual y un sinfín de derechos humanos más. Y quienes hoy vigilan, mañana serán vigilados”, ha manifestado Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “CAUSE ha nacido para pedir una regulación responsable del comercio y para poner fin a los abusos que éste permite.”
Aunque varios gobiernos están empezando a debatir la manera de restringir este comercio, la preocupación persiste. Sin una presión internacional sostenida para que los gobiernos establezcan controles sólidos y exhaustivos a este comercio, basados en las normas internacionales de derechos humanos, la floreciente proliferación de esta tecnología intrusiva continuará, y alimentará aún más abusos.
“A los gobiernos se les brinda una oportunidad única de abordar de inmediato este problema y actualizar sus normativas para alinearse con el desarrollo tecnológico”, ha manifestado Tim Maurer, investigador del Instituto de Tecnología Abierta de la Fundación New America.
“Cada vez hay más periodistas, ciberciudadanos y disidentes que terminan en la cárcel tras ser interceptadas sus comunicaciones online. La adopción de un marco jurídico que proteja las libertades en la web es un elemento fundamental, tanto en lo que se refiere a la cuestión general de la vigilancia en Internet como respecto al problema específico de las empresas que exportan productos de vigilancia”, ha manifestado Grégoire Pouget, experto en seguridad digital de Reporteros sin Fronteras.
“Hemos visto el devastador impacto que estas tecnologías tienen en la vida de personas y en el funcionamiento de grupos de la sociedad civil. La inacción envalentonará aún más a comerciantes manifiestamente irresponsables de material de vigilancia y a organismos de seguridad, hasta convertir en normal la vigilancia arbitraria por parte del Estado. Instamos a los gobiernos a unirse y emprender acciones responsables cuanto antes”, ha manifestado Wenzel Michalski, director de Human Rights Watch en Alemania.
Entre las tecnologías en cuestión se encuentran las siguientes: malware que permite extraer subrepticiamente datos de dispositivos personales; herramientas que se utilizan para interceptar el tráfico de telecomunicaciones; equipo de espionaje utilizado para la geolocalización de teléfonos móviles; centros de observación que permiten a las autoridades hacer un seguimiento de poblaciones enteras; espionaje anónimo mediante escuchas y cámaras en ordenadores y teléfonos móviles; y dispositivos utilizados para intervenir cables submarinos de fibra óptica con el fin de realizar una vigilancia y un filtrado masivos de Internet.
“Como miembros de la coalición CAUSE, pedimos a los gobiernos que emprendan acciones inmediatas para detener la proliferación de esta peligrosa tecnología y garantizar que este comercio está controlado de manera efectiva y es totalmente transparente y responsable”, ha manifestado Volker Tripp, responsable de políticas de Digitale Gesellschaft.
Las ONG agrupadas en CAUSE han investigado la manera en que estas tecnologías terminan en manos de organismos de seguridad con un historial atroz de derechos humanos y permiten que los agentes de seguridad hagan arbitrariamente blanco de sus acciones a periodistas, manifestantes, grupos de la sociedad civil, opositores políticos y otras personas.
Entre los casos documentados por los miembros de la coalición se encuentran los siguientes:
se está utilizando tecnología de vigilancia alemana para contribuir a que se inflijan torturas en Bahréin;malware fabricado en Italia está ayudando a las autoridades de Marruecos y de Emiratos Árabes Unidos a reprimir la libertad de expresión y encarcelar a quienes critican al gobierno; hay empresas europeas que exportan software de vigilancia al gobierno de Turkmenistán, un país tristemente famoso por su violenta represión de la disidencia.