El juicio de ex cargos del gobierno libio, entre ellos Saif al Islam al Gadafi, corre el riesgo de convertirse en una farsa, ha afirmado Amnistía Internacional en vista de que el tribunal ha ordenado hoy que él y otros seis acusados sean juzgados por videoconferencia.El 23 de marzo, víspera de la última vista de esta causa, se introdujeron dos enmiendas en el Código de Procedimiento Penal de Libia para permitir la celebración de vistas por videoconferencia. Los juicios por videoconferencia supondrán la violación del derecho a un juicio justo de los siete acusados. Preocupan especialmente sus repercusiones en el caso de Saif al Islam, ya que permanece recluido en un lugar secreto de Zintan en manos de una milicia que se ha negado repetidamente a entregarlo a la custodia del Estado en Trípoli. Los otros seis acusados están recluidos en cárceles de Misrata que dependen de los Ministerios de Justicia y Defensa. “Permitir que Saif al Islam al Gadafi comparezca por videoconferencia socava gravemente su derecho a un juicio justo. Saif al Islam no está bajo custodia del Estado, y tanto la reforma del Código de Procedimiento Penal como la decisión pronunciada hoy por el tribunal tienen como único fin dar un barniz de legalidad al pulso que sostienen las milicias y las autoridades centrales. La cuestión principal es que Saif al Islam al Gadafi, igual que varios cientos de detenidos más, sigue recluido en un lugar de detención no oficial”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. Saif al Islam al Gadafi está procesado en Libia junto con otros 36 ex cargos del gobierno libio, entre ellos el ex jefe de la inteligencia militar, Abdalá al Sanussi. Se enfrentan a múltiples cargos relacionados con delitos cometidos durante la sublevación y el conflicto armado de 2011. Saif al Islam al Gadafi está, además, reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad de dos tipos: asesinato y persecución. “¿Cómo es posible que las autoridades libias afirmen que Saif al Islam al Gadafi será juzgado con las debidas garantías cuando ni siquiera pueden garantizar su presencia física para que se enfrente a unas acusaciones tan graves que pueden acarrearle la pena de muerte? La decisión del tribunal no hace sino confirmar que debe ser entregado a la Corte Penal Internacional, de conformidad con la resolución de la Corte pronunciada hace casi un año”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.Saif al Islam al Gadafi continúa recluido en un lugar secreto sin tener contacto regular de ninguna clase con el exterior, y su comparecencia en las vistas judiciales por videoconferencia socava su derecho a estar presente en su propio juicio. Además, en el mejor de los casos sólo permitiría entrever sus condiciones de reclusión, y no sería indicativo del trato general que recibe bajo custodia y en los desplazamientos entre ese lugar y el tribunal. Un juicio celebrado en tales circunstancias podría asimismo dificultar la comunicación con su abogado y afectar a su capacidad de preparar y presentar una defensa eficaz. El juicio se aplazó al 27 de abril para dar tiempo a hacer los preparativos técnicos necesarios. “Da la impresión de que las autoridades han reformado la legislación para permitir las comparecencias judiciales por videoconferencia simplemente porque no pueden garantizar la entrega de Saif al Islam a la custodia del Estado. Es una prueba del escaso control que el Estado tiene sobre él”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.Incluso según las Reglas de Procedimiento y Prueba, algunas partes del juicio pueden celebrarse por videoconferencia en determinadas circunstancias. Aunque deben ser la excepción, tales disposiciones son permisibles, por ejemplo, por motivos de seguridad a petición del acusado, o cuando el acusado hace imposible que el juicio pueda continuar en su presencia. No obstante, si el acusado está bajo custodia no oficial y el tribunal no puede hacer valer su autoridad sobre él, su presencia por videoconferencia no es más que un espejismo de legalidad.El fiscal general ha afirmado que Saif al Islam no puede ser trasladado de Zintan a Trípoli por razones de seguridad, y que él mismo se negaba a ser trasladado porque temía por su vida. Pero Amnistía Internacional cree que no es sostenible este argumento mientras Saif al Islam al Gaddafi continúe bajo custodia de una milicia y expuesto a sufrir coacción.Por otra parte, no trasladar a los otros seis acusados de Misrata a la sede del tribunal en Trípoli afectará innecesariamente al derecho de estos hombres a un juicio justo.Amnistía Internacional es consciente de los múltiples problemas en materia de seguridad que afrontan las autoridades libias en el periodo posterior al conflicto. La organización ha expresado su preocupación por los ataques y secuestros sufridos por detenidos durante su traslado. Pero, mientras persista una policía judicial débil, las autoridades deben centrarse en reconstruir las instituciones y mejorar la seguridad. “En lugar de reformar la legislación para adaptarla a los problemas políticos y de seguridad actuales, las autoridades libias deberían buscar la manera de agilizar el proceso de traspaso de los centros de detención que controlan las milicias”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.Los juicios justos son fundamentales para abordar la impunidad y garantizar que las víctimas de abusos contra los derechos humanos y delitos de derecho internacional perpetrados durante el conflicto obtienen verdad y justicia.“Cuesta imaginar que pueda celebrarse un juicio justo cuando los testigos tienen miedo a declarar, los abogados temen presentar sus alegaciones, los fiscales y jueces son amenazados, los juicios se celebran en el interior de recintos penitenciarios o a través de videoconferencias por supuestos motivos de seguridad, y el Estado es incapaz de conseguir el traspaso de la custodia de detenidos por parte de las milicias”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui. A Amnistía Internacional le preocupa asimismo el derecho a un juicio justo de todos los demás procesados en la causa. Los abogados contaron a la organización que no les habían dado tiempo suficiente para examinar las pruebas y preparar la defensa en la fase preliminar de los procedimientos. Algunos dijeron que habían sufrido intimidación y acoso. Las amenazas son habituales en Libia desde que terminó el conflicto de 2011, sobre todo en los casos delicados.Abdalá al Sanussi permanece recluido sin acceso a asesoramiento letrado. Su familia no ha conseguido encontrar a un abogado dispuesto a representarlo desde que fue extraditado desde Mauritania en 2012. Para que la causa siga adelante, el derecho libio exige que el tribunal designe a un abogado de oficio que lo represente.Información complementariaSaif al Islam al Gadafi es el principal de los 37 ex funcionarios encausados, entre los que también están Abdalá al Sanussi (ex jefe de la inteligencia militar), Al Baghdadi al Mahmoudi (ex primer ministro), Mansour Daw (ex jefe de la Guardia Revolucionaria), Abu Zeid Dorda (ex director de la Agencia de Seguridad Exterior) y otros. Los múltiples cargos se refieren principalmente a la responsabilidad de mando de Saif al Islam y otros ex cargos y a incitar u ordenar presuntamente la comisión de crímenes durante el conflicto. Algunos conllevan la pena de muerte. Sólo 23 de los encausados han comparecido hoy en la sala de lo penal del Tribunal de Apelación de Trípoli, situada en el recinto de la Institución de Prisiones y Rehabilitación de Al Hadba, en Trípoli, prisión de alta seguridad teóricamente dependiente del Ministerio de Justicia. En previsión del aplazamiento, la mayoría de los abogados no asistieron a esa vista.Amnistía Internacional se reunió con Saif al Islam en septiembre de 2013 en el complejo de la milicia en Zintan, pero no pudo hablar con él de manera confidencial ni visitar el lugar donde permanece recluido. La organización ha seguido expresando preocupación por su prolongado aislamiento y por el perjuicio que pueda suponer para su salud, su bienestar y su derecho a un juicio justo. Las visitas a Saif al Islam por parte de organizaciones nacionales e internacionales independientes, que requieren la autorización de la Fiscalía General, siguen siendo sumamente excepcionales y muy difíciles de organizar. La observación periódica independiente de los lugares de detención es una de las principales salvaguardias contra la tortura.Artículos reformados que socavan el derecho a un juicio justo El 23 de marzo, el Congreso Nacional General aprobó la reforma de los artículos 241 y 243 del Código de Procedimiento Penal, que regulan el derecho a un juicio público y a que el acusado esté presente ante el tribunal, dos principios fundamentales de las garantías que establece el derecho internacional de los derechos humanos para celebrar un juicio justo.Con arreglo al artículo 241 reformado, se considera que una vista es pública si se transmite al público mediante canales de televisión por satélite, pantallas u otros medios de comunicación. Con arreglo al artículo 243 reformado, el tribunal puede servirse de modernos medios de comunicación para conectar al acusado con la sala del tribunal cuando exista preocupación por su seguridad o se tema su posible fuga. Este procedimiento es igualmente aplicable a testigos, expertos y fiscales. Permite juzgar a más de un detenido en más de una sala judicial.
