Las autoridades malaisias deben detener de inmediato los planes de llevar a cabo este viernes otra “ejecución secreta” más. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha sabido que las autoridades de Malaisia planean ejecutar el viernes 7 de febrero a Chandran, un condenado a muerte que lleva 11 años encarcelado por asesinato.
“La ejecución de Chandran supondría un enorme paso atrás respecto a los derechos humanos en Malaisia. Las autoridades deben detener esos planes inmediatamente”, ha manifestado Hazel Galang-Folli, investigadora de Amnistía Internacional sobre Malaisia.
“Resulta vergonzoso que Malaisia intente llevar a cabo ejecuciones en medio de un secreto casi total: el gobierno está intentando básicamente ocultar al mundo sus violaciones de derechos humanos. La familia de Chandran no fue informada hasta ayer de la ejecución inminente, y está totalmente perdida respecto a qué puede hacer ahora.”
En contra de lo establecido por el derecho internacional, la condena de muerte que se impuso a Chandran fue preceptiva, y el juez no tuvo la opción de examinar las circunstancias atenuantes del caso. En 2012 se anunció que se iban a revisar las leyes con penas preceptivas del país.
“Lo que hace que este caso resulte aún más chocante es que, de hecho, en los últimos años hemos presenciado progresos respecto a la pena de muerte en Malaisia, y ha habido iniciativas para limitar las penas de muerte preceptivas. Sin embargo, al fijar otra ejecución más, las autoridades están desandando los avances positivos realizados, incluido el anuncio de la revisión legal de las condenas de muerte preceptivas”, ha manifestado Hazel Galang-Folli.
En Malaisia se han llevado a cabo ejecuciones en secreto, sin notificación ni previa ni posterior. La transparencia en el uso de la pena de muerte es una salvaguardia esencial en los casos de pena capital, ya que no sólo permite mantener debates informados y significativos sobre el tema, sino que además otorga la posibilidad de presentar apelaciones para garantizar que se ha seguido el proceso debido.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La organización insta a Malaisia a detener todos los planes de ejecución, conmutar las condenas de muerte existentes y dictar una moratoria del uso de la pena de muerte, como primer paso hacia la abolición.