Con diez miembros muertos en poco más de diez años, la historia de la familia Barrios es difícil de creer.
Todo empezó a primeras horas del 28 de agosto de 1998.
Benito Antonio Barrios, de 28 años, estaba en su casa con sus dos hijos, Jorge Antonio y Carlos Alberto, en la localidad de Guanayén (estado de Aragua, en el sur de Venezuela), cuando un grupo de policías entró en la vivienda, lo golpeó y se lo llevó.
Los testigos presenciales, entre los que se encontraba su hermano Luis Alberto, vieron cómo cuatro agentes lo esposaban y lo detenían.
No se supo nada más de Benito Antonio hasta que se encontró su cadáver en un hospital local. El cuerpo presentaba heridas de bala en el pecho y en el estómago. La policía dijo después que los agentes habían acudido a su casa tras recibir una llamada que alertaba de un tiroteo entre dos hombres, pero no se sabe con certeza lo que ocurrió exactamente antes y durante su detención.
Hasta la fecha nadie ha comparecido ante la justicia por este homicidio, y las autoridades de Venezuela no han sido capaces de ofrecer una explicación de lo que ocurrió.
Desgraciadamente, era sólo el comienzo de 15 años de violencia e intimidación para la familia Barrios.
Una década de muertes
Cinco años después, el 11 de diciembre de 2003, la policía detuvo al hijo de Benito, Jorge Antonio, por entonces ya un adolescente. Su tío Narciso y su primo Néstor siguieron a los agentes para averiguar lo que pasaba.
La policía dejó libre al muchacho, pero disparó a su tío Narciso varias veces en la cabeza, matándolo delante de Néstor.
Al año siguiente, el 20 de septiembre de 2004, el hermano de Benito, Luis Alberto, fue amenazado por un policía. Ese mismo día lo mataron de varios tiros en la cabeza cuando salía de su casa tras haber oído ruidos procedentes del tejado.
Menos de un año después, en enero de 2005, dispararon también contra Rigoberto Barrios, de 16 años, que murió cuatro días después. El muchacho dijo que el autor de los disparos había sido un policía, y su madre también declaró que un policía la había amenazado con matar a sus hijos.
En 2005, la situación de la familia Barrios era tan desesperada, y las medidas de seguridad que se habían adoptado para proteger a sus miembros tan inadecuadas, que varios de ellos huyeron de Guanayén temiendo por su vida.
Pero la pesadilla no terminó ahí.
En los años siguientes mataron a tiros a una segunda generación de jóvenes Barrios: Oscar José Barrios, de 22 años, Wilmer José Flores Barrios, de 19, Juan José Barrios, de 28, Víctor Tomás Barrios, de 16, y Jorge Antonio Barrios, de 24, el hijo mayor de Benito Antonio.
Miembros de la familia Barrios han recibido amenazas e intimidaciones al tratar de conseguir justicia y denunciar a las autoridades por la ausencia de investigaciones policiales sobre los homicidios.
Impunidad y desprotección
Desde 2004 han sido varias las ocasiones en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado medidas urgentes ordenando a las autoridades venezolanas que proporcionen protección a los miembros de la familia Barrios.
Sin embargo, jamás se han tomado medidas de protección efectivas.
En noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado de Venezuela por no haber investigado estos crímenes eficazmente, no haber emprendido acciones judiciales y puesto en manos de la justicia a los responsables, y también por no haber proporcionado protección a la familia.
Pero hasta la fecha la sentencia no se ha aplicado y los asesinos han seguido eludiendo la justicia, mientras la familia Barrios teme que la campaña de amenazas y ataques no tenga fin.
COFAVIC, organización con sede en Caracas que se ha ocupado de estos casos, ha manifestado recientemente: “Por los asesinatos de la familia Barrios, las autoridades venezolanas no han hecho ni un solo comunicado ni un llamado público que determinara su rechazo ante este exterminio. Este desinterés revela que en Venezuela hay un doble rasero para las víctimas y que hay unas víctimas que merecen atención del Estado y que otras resultan insignificantes”.
El décimo homicidio
El 16 de mayo de este año, Roni Barrios, de 17 años, fue encontrado muerto con heridas en la cabeza y el cuello, probablemente hechas con un machete o un hacha. Roni trabajaba y vivía en Caracas, pero había regresado a su ciudad natal, Guanayén, en el estado de Aragua, para visitar a su familia. Había sido visto con vida por última vez la noche anterior.
Su muerte es la décima que sufre la familia Barrios, tres de ellas en los últimos 12 meses.
“Cuando empecé a hacer diligencias buscando justicia con la muerte de Narciso, mi segundo hermano muerto, nunca pensé que iban a caer todos los demás ante mis ojos. Creí que con esas diligencias protegía a los otros, pero luego de un tiempo me puse a pensar que tal vez fue peor. Con excepción de los Barrios, las decenas de familias del estado Aragua que han sido sus víctimas, cada vez se atreven menos a denunciarlos”, ha declarado a una organización local de derechos humanos Eloísa, hermana de Narciso y tía de Roni.
“¿Cuántos miembros más de la familia Barrios tienen que morir para que las autoridades venezolanas afronten directamente el problema? Es preciso adoptar de inmediato medidas urgentes para investigar estos asesinatos y proteger a la familia”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
Tendencia mortal
Venezuela tiene uno de los índices de delitos violentos más altos de la región, con una elevada incidencia de homicidios y violencia armada. Según el Ministerio del Interior venezolano, sólo en 2012 hubo más de 16.000 homicidios en el país, el 92 por ciento de ellos perpetrado con armas de fuego.
También es motivo de preocupación el uso de las armas de fuego por la policía. Según un informe del Consejo General de Policía, el 80 por ciento de las instituciones policiales utilizan las armas sin respetar las directrices institucionales.
En los últimos años Venezuela ha introducido dos nuevas leyes para regular a la policía, y en marzo de 2010 la Fiscalía General estableció una Unidad de Investigación Penal para mejorar el índice de enjuiciamiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.