Las autoridades indonesias deben paralizar de inmediato la ejecución de tres hombres que tiene previsto llevar a cabo de forma inminente, ha declarado Amnistía Internacional.
La ejecución de los hombres constituiría un importante retroceso en la aplicación de la pena de muerte en un país que en los últimos años parecía estar distanciándose de esta práctica brutal.
Según la Fiscalía General, la ejecución de Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah e Ibrahim bin Ujang está prevista para este mes.
Sin embargo, hay indicios que apuntan a que podría llevarse a cabo esta misma noche. Los tres hombres están recluidos en celdas de aislamiento en la prisión de la isla de Nusakambangan, en Java Central, en donde está previsto que los ejecute un pelotón de fusilamiento.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.
En el caso de Indonesia, no hay indicios claros sobre los motivos por los que el país ha decidido reanudar las ejecuciones tras un paréntesis de cuatro años que se interrumpió el 14 de marzo de este año, cuando el ciudadano malawiano Adami Wilson, de 48 años, fue ejecutado por tráfico de drogas.
Esta ejecución –y las tres que son inminentes– parece contradecir las declaraciones y actuaciones previas de las autoridades gubernamentales.
En octubre del año pasado, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono conmutó la condena a muerte impuesta a un narcotraficante. El ministro de Asuntos Exteriores, Marty Natalegawa, afirmó que esta medida formaba parte de una política más amplia de distanciamiento de la pena de muerte por parte de Indonesia.
Además, las ejecuciones van en contra de las iniciativas de Indonesia para conseguir la conmutación de las condenas a muerte impuestas a ciudadanos indonesios en otros países, como Arabia Saudí y Malaisia.
“Deben paralizarse el resto de las ejecuciones en Indonesia. Ponen en entredicho muchos de los compromisos y las reformas en materia de derechos humanos adoptados por el gobierno indonesio en los últimos años. Cuando parecía que el presidente Yudhoyono iba a dejar un legado positivo en relación con los derechos humanos, antes de abandonar el poder el año que viene, ahora parece que va a ocurrir lo contrario”, ha manifestado Papang Hidayat, investigador de Amnistía Internacional sobre Indonesia.
“Estos cambios con respecto a la pena de muerte también socavan el papel positivo que ha desempeñado Indonesia en la ASEAN al promover un mayor respeto por los derechos humanos.”
Suryadi Swabuana fue declarado culpable y condenado a muerte en 1992 por el asesinato de una familia en la provincia de Sumatra Meridional. En 2003 se le denegó el indulto que había solicitado. Jurit bin Abdullah e Ibrahim bin Ujang fueron declarados culpables y condenados a muerte en 1998 por un asesinato en el distrito de Musi Banyuasin, en la provincia de Sumatra Meridional.
Según sus abogados, Jurit e Ibrahim volvieron a solicitar el indulto en 2006 y 2008 respectivamente, pero no han recibido respuesta del presidente.
En marzo, tras la ejecución de Adami Wilson, el fiscal general anunció que este año estaba prevista la ejecución de al menos otras nueve personas condenadas a muerte.
Las autoridades no han relevado sus nombres ni las fechas de ejecución.
En Indonesia hay al menos 130 personas condenadas a muerte.
Las ejecuciones se llevan a cabo mediante fusilamiento. La persona que va a ser ejecutada puede elegir entre estar de pie o sentada y decidir si quiere que la encapuchen o le tapen los ojos con una venda. Los pelotones de fusilamiento están formados por 12 personas. Tres de ellas disparan con fuego real, mientras que las nueve restantes lo hacen con cartuchos de fogueo. El pelotón dispara a una distancia de entre 5 y 10 metros.
La cifra de países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica asciende a 140 en todo el mundo, 17 de ellos en la región de Asia y Oceanía.