Este año, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz deberían celebrar sus cumpleaños 38 y 34 rodeadas por sus familiares.
Pero nadie sabe donde están. Y aquellos que tal vez tienen alguna pista, guardan silencio.
Hace 31 años, las niñas, que entonces tenían 7 y 3 años, fueron arrebatadas de su familia en la municipalidad de San Antonio de la Cruz, en el norte de El Salvador.
El año era 1982 y el país centroamericano atravesaba uno de los períodos más sangrientos de un conflicto armado que duró desde 1980 a 1992 y se cobró miles de vidas.
Alrededor del país, batallones del ejército llevaron a cabo su campaña “tierra arrasada”, matando a todos y destruyendo todo lo que encontraban, quemando casas y arrasando cultivos.
Cuando los soldados llegaron a su pueblo, como muchas otras, la familia Serrano Cruz huyó por sus vidas pero fueron separados entre el caos y el pánico.
Después de tres días sin nada que comer o beber, Dionisio Serrano, desesperado por mantener a sus niñas con vida, dejó a Ernestina y Erlinda mientras fue a buscar agua.
Su hermana mayor, Suyapa, se escondió en los arbustos cerca de las niñas, temiendo que el llanto de su bebé de seis meses los pondría en peligro al revelar dónde estaban.
Aterrorizada, Suyapa oyó que un soldado se acercaba al lugar donde sus hermanas estaban escondidas y le preguntó a otro soldado si debía matar a las niñas.
“Llévalas con nosotros,” escuchó que el segundo soldado respondió.
Y así, Ernestina y Erlina fueron arrebatadas de su familia.
Cuando el conflicto terminó y los sobrevivientes pudieron finalmente hablar, miles de historias de pérdida y horror salieron a la luz. Cientos de niños habían desaparecido, miles de personas habían muerto en masacres. La tortura y violencia sexual lo había permeado todo.
Buscando la verdadSe estima que 75,000 personas murieron durante el conflicto interno armado en El Salvador, que culminó con la firma de un acuerdo de paz al final de 1992 y el establecimiento de una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU.
La Comisión presentó su informe el 15 de Marzo de 1993, el que documentó miles de asesinatos, desapariciones y torturas y estableció una serie de recomendaciones. Estas incluyeron un llamado para la realización de investigaciones y para que los responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos fueran llevados a la justicia.
Pero una semana después de su publicación, las autoridades de El Salvador aprobaron una ley de Amnistía con la clara intención de socavar los esfuerzos para llevar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado en repetidas ocasiones que se revoque la Ley de Amnistía.
Dos décadas más tarde, quienes han cometido terribles crímenes nunca han rendido cuentas. Los archivos militares, que podrían contener información vital para descubrir la verdad sobre lo que pasó, continúan cerrados. Los crímenes del pasado continúan en absoluta impunidad.Benjamin Cuellar es el Director Ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centro America y era miembro de una de las organizaciones consultadas por las ONU mientras producían el informe.
“Nosotros teníamos muchas expectativas y finalmente fue un buen informe. A pesar que no cubría todos los casos, por cuestiones de infraestructura, el informe contaba lo que pasó, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, masacres y tortura.”
“Sin embargo, las recomendaciones más importantes, relativas a temas de reconciliación nacional, a reconocer las reparaciones morales y materiales, nunca de cumplieron. Hubieron perdones generales, pero nada más.”
Miles de preguntas sin respuestasAbogados y activistas de derechos humanos en El Salvador dicen que la indiferencia de las autoridades a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas ha condenado a miles de sobrevivientes y familiares de victimas a continuar sufriendo. A 20 años de los crímenes, se les continúa negando la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos, y les obliga a vivir con el hecho que quienes los asesinaron o torturaron están libres.
Entre otras violaciones, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas documentó varias de las muchas masacres cometidas por las fuerzas de seguridad de El Salvador – particularmente en las áreas del país que consideraban como “fortalezas” de la guerrilla.
Uno de los casos emblemáticos que aparece en el informe es la masacre de El Calabozo. A finales de Agosto de 1982, más de 200 personas – desde bebés que no habían caminado sus primeros pasos hasta abuelos y abuelas – fueron asesinados a sangre fría por tropas del ejército salvadoreño.
Cientos de aldeanos de la región de San Vicente, en el norte del país, habían tratado de escapar una operación militar que pretendía “limpiar el área” pero fueron acorralados por los soldados en las orillas del río Amatitán y ejecutados. Algunas mujeres y niñas fueron violadas antes de ser asesinadas.
Desde entonces, los sobrevivientes de la masacre de El Calabozo han intentado llevar su caso a la justicia en El Salvador. El caso fue re abierto por última vez en 2006, pero todavía no progreso a la etapa de juicio.
“Yo pido que la Fiscalía General le quite este manto de encubrimiento a los autores materiales e intelectuales, y que aplique derecho nacional e internacional de derechos humanos, porque las víctimas y la sociedad civil lo demanda,” dijo Carolina Constanza, una de las abogadas que representa a los sobrevivientes de “El Calabozo”.
Cuellar dice que las masacres eran comunes durante el conflicto interno en El Salvador.
“En el Salvador no hay justicia porque falta voluntad política para hacer algo y porque no hubo tanta atención internacional. El Salvador es un monumento a la impunidad.”
En lo que se considera uno de los pocos pasos positivos que se tomaron recientemente, el gobierno de El Salvador finalmente reconoció la responsabilidad del Estado por otra masacre – cuando soldados torturaron y asesinaron a las de 750 hombres, mujeres, niños y ancianos en El Mozote en 1981.
Las autoridades también comenzaron un programa de reparaciones para los sobrevivientes de El Mozote después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les obligara a hacerlo.
“A 20 años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, los responsables de este crimen y de miles de otros crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el conflicto armado tamben deben ser investigados y llevados a la justicia. Se debe revelar la verdad sobre lo que pasó y se debe proveer de reparaciones a todas las victimas y a los sobrevivientes. Además, las autoridades deben cumplir con la demanda de la Corte Interamericana y derogar la Ley de Amnistía,” dijo Esther Major, investigadora sobre Centro America de Amnistía Internacional.
“Los sobrevivientes y familiares que pusieron sus esperanzas en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la verdad, no pueden esperar otros 20 años.”