El estado de Florida, Estados Unidos, debe suspender la ejecución de un hombre al que se denegó la revisión federal de su recurso de apelación después de que su abogado dejara pasar el plazo establecido para ello, ha manifestado Amnistía Internacional.Está previsto que Paul Howell sea ejecutado el martes 26 de febrero a las 6 de la tarde (hora local) por el asesinato de un agente de policía cometido en 1992. El 19 de febrero, la Corte Suprema de Florida se negó a suspender la ejecución.Los abogados que representan a Howell en la actualidad continúan presionando para que un tribunal paralice la ejecución a fin de que puedan presentar pruebas que demuestran que la asistencia letrada que recibió durante el juicio fue deficiente –al parecer su abogado tenía un conflicto de intereses–.Luego –por si esto fuera poco– ninguna corte federal revisó el caso porque el siguiente abogado interpuso el recurso de apelación demasiado tarde. “Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, hasta a los partidarios de este castigo les deben preocupar las cuestiones planteadas sobre la calidad de la asistencia letrada que este acusado de un delito punible con la muerte ha recibido en el juicio y en apelación”, ha señalado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.En febrero de 1992, Paul Howell fue acusado del asesinato del agente Jimmy Fulford, de la policía estatal de Florida, que murió cuando una bomba fabricada por Howell explotó. Al mismo tiempo Howell se enfrentaba a otros cargos con arreglo a una ley federal sobre conspiración relacionada con el narcotráfico.Aunque se asignó el mismo abogado defensor a ambas causas, posteriormente el abogado se retiró de la causa federal relacionada con el narcotráfico alegando que su esposa había recibido una llamada telefónica amenazadora.Comentarios perjudiciales sobre su cliente vertidos por el abogado en la corte federal –afirmó que creía que Paul Howell sería condenado y que su cliente estaba relacionado con la llamada telefónica amenazadora– fueron citados más tarde por la fiscalía cuando trataba de que se retirara al abogado de la causa por asesinato.El juez se negó y el abogado siguió representando a Paul Howell en el juicio sin un colaborador –la persona que en causas de pena capital se encarga de preparar las pruebas que se han de presentar en la fase del juicio dedicada a la determinar si se impone la pena de muerte, mientras el primer abogado prepara la fase del juicio en la que se determina la culpabilidad o inocencia de la persona acusada–.El 10 de enero de 1995 Howell fue declarado culpable y condenado a muerte. Lleva casi 20 años esperando que lo ejecuten.Según los abogados que lo representan actualmente, Paul Howell fue condenado sin que se llevase a cabo una investigación sustancial sobre sus antecedentes, que habría sacado a la luz una serie de factores atenuantes que el jurado habría debido conocer antes de tomar una decisión de vida o muerte.Los abogados quieren aportar información que no fue presentada en su totalidad al jurado, como pruebas que demuestran que Howell sufre daños cerebrales causados por traumatismos craneoencefálicos y exposición a pesticidas cuando era niño, sustancias químicas prohibidas en Estados Unidos desde entonces. Poseen asimismo pruebas que demuestran que sufrió amplios abusos durante su infancia en Jamaica, donde nació y creció. Dos expertos que han examinado el caso han llegado a la conclusión de que estos abusos han podido dar lugar a un trastorno de estrés postraumático.Sus abogados citan además síntomas de enfermedad mental, como alucinaciones auditivas que se manifestaron cuando Howell sirvió durante su juventud en el ejército estadounidense. El delito por el que lo van a ejecutar fue cometido un año después de que lo licenciaran del ejército.El abogado designado para representar a Paul Howell en la fase de apelación no presentó dentro del plazo de un año establecido con arreglo a la legislación estadounidense la petición de hábeas corpus ante una corte federal.El 1 de diciembre de 2004, la corte federal de primera instancia resolvió que no existían “circunstancias extraordinarias” que disculparan la presentación de la petición fuera de plazo y la desestimó.En la petición se argumentaba que, a causa del conflicto de intereses de su abogado, Paul Howell no había contado con una asistencia letrada efectiva, pero no se alegó ninguna de las pruebas atenuantes que los abogados que lo representan actualmente tratan de presentar. En 2005, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la decisión de la corte federal de primera instancia y, en 2006, la Corte Suprema rechazó ocuparse del caso.De ser ejecutado, Paul Howell se convertiría en el primer condenado a muerte de Florida que es ejecutado sin una revisión judicial federal del fondo de su causa.Desde 2007, cuatro estados de Estados Unidos han legislado para abolir la pena de muerte al haberse agravado la preocupación de la opinión pública por lo que respecta a este castigo. Existe la posibilidad de que en las próximas semanas Maryland se convierta en el decimoctavo estado abolicionista de Estados Unidos. Tales acontecimientos ponen aún más de relieve si cabe la postura de los estados de Estados Unidos en los que se siguen llevando a cabo ejecuciones.Aunque en los últimos años las condenas de muerte en Estados Unidos han ido disminuyendo, reduciéndose en dos tercios desde el periodo culminante en la década de los noventa, Florida es uno de los Estados que no sigue esta tendencia. El año pasado se dictaron en Florida 22 condenas de muerte, más que en ningún otro año desde 1998.
