Las autoridades cubanas deben poner fin al continuo hostigamiento de activistas políticos y de derechos humanos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la liberación de un ex preso de conciencia que ha permanecido 36 horas recluido en una comisaría de policía tras su última detención.José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quedó en libertad el miércoles, dos días después de su detención por parte de la policía en la provincia oriental de Holguín. No fue acusado de ningún delito. Su familia desconocía por completo su paradero hasta que las autoridades lo devolvieron a su casa la tarde del miércoles.Esta detención de Ferrer sucede a un episodio anterior en La Habana en febrero de 2012, cuando estuvo tres días bajo custodia, y a los 27 días que estuvo detenido en Santiago de Cuba por “desórdenes públicos” dos meses después. Estas detenciones breves y reiteradas se ajustan a un patrón de acoso por parte de las autoridades cubanas contra miembros de la UNPACU y otros disidentes políticos. “La última detención y reclusión durante un breve periodo de José Daniel Ferrer García forma parte del juego del ratón y el gato que las autoridades cubanas siguen practicando con los disidentes políticos y los activistas de derechos humanos”, ha manifestado James Burke, adjunto de investigación y acción sobre el Caribe de Amnistía Internacional. “Esta práctica, utilizada como forma de acoso e intimidación para reprimir el activismo pacífico legítimo y la libertad de expresión, tiene que acabar.”La UNPACU se creó a mediados de 2011 como agrupación de organizaciones disidentes cubanas de la provincia de Santiago de Cuba y sus inmediaciones que abogan por el cambio democrácico sin recurrir a la violencia. Desde su creación, las autoridades cubanas han utilizado la detención arbitraria y otras medidas para acosar e intimidar a sus miembros. Wilman Villar Mendoza, miembro de la UNPACU al que Amnistía Internacional había adoptado como preso de conciencia, murió en enero de este año durante la huelga de hambre que había emprendido en señal de protesta por su condena a cuatro años de cárcel, impuesta tras un juicio sumario. Ferrer García, coordinador de la UNPACU, había cumplido 8 de los 25 años de prisión a los que había sido condenado por su activismo político cuando le fue concedida la libertad condicional en marzo de 2011.
Estaba entre los 75 disidentes cubanos detenidos durante la represión de la “Primavera Negra” en marzo de 2003. Amnistía Internacional adoptó a los 75 como presos de conciencia cuando fueron encarcelados por la expresión pacífica de sus críticas al gobierno.
La detención de Ferrer García y otros se debió en parte su participación en el Proyecto Varela, cuya finalidad era pedir un referéndum nacional sobre reformas democráticas en Cuba.
Después de quedar en libertad condicional en 2011, Ferrer García volvió a ser detenido por la policía de Santiago de Cuba el 2 de abril de 2012 junto a otros 42 activistas, en su mayoría miembros de la UNPACU.
A los demás los pusieron en libertad, pero Ferrer García quedó bajo custodia de la policía durante 27 días acusado de “desórdenes públicos”; fue liberado a condición de que renunciara a su activismo político.
Tras su liberación, José Daniel Ferrer García contó a Amnistía Internacional que las autoridades lo habían detenido para impedir que viajara a La Habana, la capital, donde tenía previsto reunirse con otros opositores al gobierno que persiguen por medios pacíficos un mayor respeto de los derechos civiles y políticos en Cuba.
Aseguró que la campaña de hostigamiento en curso no iba a disuadirles, ni a él ni a sus colegas, de continuar con su activismo: “Nuesta meta es establecer un verdadero Estado de derecho en Cuba, en el que se respeten la libertad de expresión, la libertad de asociación y todas las libertades fundamentales, y, hasta que lo hayamos conseguido, continuaremos con nuestra lucha pacífica.”