Amnistía Internacional declaró hoy que las autoridades egipcias deben derogar la ley de la era Mubarak que está aplicándose para procesar a la sociedad civil, y asegurar que la normativa sustitutoria prevista garantice el derecho a la libertad de asociación.
Este llamamiento responde al anuncio realizado ayer de que 43 personas han sido remitidas a un tribunal penal para su juicio en el marco de una investigación sobre la financiación y registro de ONG.
Amnistía Internacional ha pedido que se retiren los cargos contra dichas personas, pues estos se derivan de la represiva legislación egipcia sobre registro y financiación internacional de organizaciones de la sociedad civil.
“Estas asociaciones internacionales se han convertido en los más recientes chivos expiatorios de las autoridades, desesperadas por dar pábulo a sus teorías sobre conspiraciones extranjeras”, afirma Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las organizaciones de derechos humanos egipcias esperan atemorizadas a que llegue su turno.”
Entre las personas nombradas el lunes, figuran 14 de nacionalidad egipcia, además de otras de nacionalidad estadounidense, alemana y serbia que trabajan, según se ha informado, para cinco organizaciones: Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés), Instituto Internacional Republicano (IRI, por sus siglas en inglés), Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) y Freedom House (FH), todas ellas con sede en EE. UU., y Konrad-Adenauer-Stiftung, con sede en Alemania.
Toda persona declarada culpable de incumplir la draconiana Ley de Asociaciones egipcia (Ley 84 de 2002) se enfrenta a una pena de cárcel de hasta un año o a una elevada multa, o a ambas cosas. En enero, las autoridades anunciaron un proyecto de ley que sustituiría a la Ley 84 e impondría aún más restricciones a la sociedad civil.
La ley actual obliga a las ONG a registrarse en el Ministerio de Solidaridad y Justicia Social y a solicitar autorización para recibir y utilizar financiación extranjera. Asimismo, otorga al Ministerio de Solidaridad y Justicia Social la potestad de no permitir el registro a determinadas organizaciones.
Las organizaciones que quieran llevar a cabo actividades políticas o sindicales no pueden registrarse. Una vez registrada la organización, el Ministerio de Solidaridad y Justicia Social adquiere una amplia gama de prerrogativas sobre ella, incluido el mandato de disolución. Para ejercer sus actividades, las ONG internacionales deben registrarse al parecer en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El pasado 29 de diciembre, las autoridades ordenaron redadas en 17 oficinas de ONG que trabajan en Egipto, entre ellas NDI, IRI y FH, y en las sedes de otras organizaciones egipcias. Durante las redadas, los fiscales, acompañados por oficiales del ejército y agentes de la policía realizaron un registro y confiscaron documentos, ordenadores, otros dispositivos, libros y dinero. Finalmente, ordenaron sellar los accesos.
Varias ONG egipcias sufrieron redadas ese mismo día, entre ellas el Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica (ACIJLP, por sus siglas en inglés) y el Observatorio de Derechos Humanos y Presupuestarios (BAHRO, por sus siglas en inglés).
El 30 de enero, Nasser Amin, director del ACIJLP, fue interrogado durante siete horas bajo la acusación de haber puesto en marcha la oficina local de una ONG extranjera y de haber recibido fondos extranjeros sin autorización. También ha sido interrogado un miembro de BAHRO a cuenta de la financiación extranjera de la organización.
La decisión de remitir a juicio fue tomada el 5 de diciembre de 2012 por dos jueces designados desde el Ministerio de Justicia con el fin de investigar a varias ONG por poner en marcha y gestionar oficinas de organizaciones internacionales no registradas y por recibir financiación extranjera sin autorización del gobierno egipcio.
Tanto NDI como IRI han sido “testigos” durante las elecciones parlamentarias, con la autorización del gobierno egipcio. Ambas solicitaron el registro ante el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio en 2005 y 2006, respectivamente. Freedom House había presentado la solicitud de registro prevista por la ley egipcia tres días antes de la redada.
En noviembre de 2011, las autoridades habían recibido favorablemente la presencia de organizaciones extranjeras para ejercer como “testigos” durante los comicios.
Los jueces instructores afirmaron que la investigación del caso aún no se ha cerrado. Es de prever que más personal de ONG sea remitido a juicio. En septiembre de 2011, un periódico egipcio filtró las conclusiones de un estudio gubernamental, según el cual 39 ONG no estaban correctamente registradas y 28 habían recibido financiación extranjera sin autorización.
La lista incluía organizaciones de derechos humanos egipcias que trabajan en ámbitos como la tortura, los derechos de las mujeres y la vivienda, además de NDI, IRI y FH. Desde que comenzó la investigación, muchas ONG han informado sobre interpelaciones acerca de financiación extranjera procedente de bancos.
Muchos creen que la enérgica medida ha sido impulsada por la ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Fayza Abul-Naga. La ministra ha comparecido hoy ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento y ha criticado de nuevo el trabajo de las ONG. El 1 de enero, Abul-Naga y el ministro de Justicia ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que arremetieron contra las organizaciones de derechos humanos egipcias y extranjeras que trabajan en Egipto o que reciben fondos sin autorización del gobierno, incumpliendo así la Ley de Asociaciones.
La Ley de Asociaciones ha sido criticada en repetidas ocasiones desde hace muchos años por los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU que monitorean el historial internacional de derechos humanos de Egipto.
En enero, las autoridades anunciaron que la Ley de Asociaciones sería reemplazada por una nueva normativa y dio a las ONG 15 días para presentar alegaciones al proyecto de ley, afirmando que la financiación extranjera constituía un “asunto crítico” sobre el que no cabrían concesiones.
“El parlamento egipcio podría acabar de un plumazo con la larga guerra mantenida por las autoridades contra la sociedad civil”, señala Hassiba Hadj Sahraoui.
“Si echaran por tierra la ley, Egipto daría un paso más para dejar atrás la larga sombra de Hosni Mubarak.”
Las ONG egipcias han mostrado su rechazo a la ley. El proyecto de ley confiere a las autoridades más poderes, entre ellos el de decidir si las actividades de una organización son aceptables en función de si representan una amenaza a la unidad nacional, violan el orden o la moralidad públicos o fomentan la discriminación.
El proyecto de ley también suprime la posibilidad de que las asociaciones eludan las restricciones registrándose como empresas, mantiene importantes barreras a la financiación internacional y reduce aún más el margen de libertad de las organizaciones extranjeras en Egipto. Quienes incumplan la ley se enfrentan a penas de cárcel de hasta un año y a multas que pueden ascender a miles de libras egipcias.
La sociedad civil egipcia se ha expresado en contra del proyecto de ley y una coalición de organizaciones ha presentado su propia propuesta de ley.