Miles de activistas van a inundar de faxes al presidente de Colombia Juan Manuel Santos instándole a intensificar la protección de una comunidad que se encuentra al noroeste del país, cuando se cumplen siete años desde la masacre que se saldó con varios muertos, entre ellos cuatro menores de edad.La “marea de faxes” organizada por Amnistía Internacional conmemora el aniversario del homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2005 y pone de manifiesto las amenazas y ataques continuos que sufre la comunidad. El 21 de febrero de 2005, los paramilitares, en una operación conjunta con las fuerzas armadas colombianas, asesinaron brutalmente al portavoz de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, y a otras siete personas, entre ellas cuatro menores de edad. Aunque al menos se ha investigado y procesado a algunos de los paramilitares implicados, hasta la fecha solamente un miembro de las fuerzas armadas ha sido condenado por la masacre, y los miembros de la comunidad se enfrentan a amenazas y ataques constantes por parte de las fuerzas de seguridad, los paramilitares que actúan conjuntamente con ellos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).“Es escandaloso que hayan pasado siete años y las autoridades colombianas no hayan investigado aún íntegramente ni procesado a todas las personas implicadas en la masacre de 2005 en San José de Apartadó, ni en otras tantas decenas de homicidios de miembros de la comunidad”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “Pedimos a la gente del mundo entero que se una a nosotros para instar al presidente de Colombia Juan Manuel Santos a que ponga fin a esa situación de impunidad y garantice que los miembros de la comunidad pueden seguir plantando cara de forma pacífica al contexto de lucha que los rodea, sin sufrir amenazas ni ataques.”El 23 de marzo de 1997, campesinos de diversas aldeas en torno a la población de San José de Apartadó, en la región noroccidental colombiana de Antioquía, se unieron para fundar una “comunidad de paz” consagrada a la no violencia y a su derecho a no verse arrastrada al conflicto armado interno que tantos años lleva activo en el país. Desde su fundación, la comunidad ha crecido hasta contar con más de 1.350 residentes y no es infrecuente que sufran ataques e intimidación por parte de todas las partes en el conflicto armado. Más de 170 de sus miembros y otros civiles que viven en la zona han sido objeto de homicidio o de desaparición forzada, y muchas otras personas han sido agredidas sexualmente o amenazadas.Los paramilitares, en connivencia con el ejército colombiano –que tacha a los campesinos de subversivos–, son responsables de la mayor parte de los homicidios. Los grupos armados guerrilleros también han matado a miembros de la comunidad. El 4 de febrero se produjo el último de los ataques, en el que un miembro de la comunidad fue tiroteado por paramilitares que actuaban en la zona. Dos paramilitares que iban en moto dispararon a Jesús Emilio Tuberquia, abogado de la comunidad de paz, en la localidad de Apartadó. Logró escapar del tiroteo, que se produjo a tan sólo unos 100 metros de un puesto de control policial.Días antes las fuerzas armadas colombianas habían entrado en varias aldeas de la Comunidad de Paz y habían destruido cosechas, detenido a un residente y amenazado con “exterminar” a otros. Anteriormente, los paramilitares habían lanzado amenazas similares contra los miembros de una Comunidad de Paz cercana.“Las autoridades colombianas deben hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a los ataques y la intimidación constantes que sufre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, manifestó Susan Lee. “Debe facilitarse a los miembros de la comunidad protección respetando sus deseos.”La marea de faxes en favor de San José de Apartadó –activa entre 21 y el 27 de febrero– es la segunda acción-fax que Amnistía Internacional emprende en las últimas semanas. El mes pasado la organización llevó a cabo una campaña para inundar de faxes a la fiscal general de Guatemala instándola a incrementar la protección de una destacada defensora de los derechos humanos. Norma Cruz había recibido numerosas amenazas de muerte debido a su trabajo en defensa de mujeres y niñas en riesgo de sufrir violencia. Al día siguiente del lanzamiento de la acción, Norma Cruz recibió una llamada de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala para preguntarle por su situación de seguridad. La persona que llamó a Norma Cruz hizo alusión en la conversación a la campaña de Amnistía Internacional.“Cuando el mundo se expresó en defensa de Norma Cruz, las autoridades guatemaltecas se alzaron y prestaron atención; esperamos que el presidente colombiano haga lo mismo y tome medidas para proteger a quienes viven en San José de Apartadó”, dijo Susan Lee.
