Dieciséis hombres condenados a largas penas de cárcel tras intentar fundar una organización de derechos humanos en Arabia Saudí deben ser sometidos a juicios de apelación justos, ha dicho hoy Amnistía Internacional, cuando los condenados están a la espera de la vista de sus causas.
El grupo, que incluye a varios destacados activistas a favor de reformas que fueron condenados a penas de entre cinco y 30 años de cárcel en noviembre de 2011, presentó sus recursos de apelación ante el Tribunal Penal Especializado de Riad el pasado lunes.
Todos fueron condenados por deslealtad al rey, y muchos de ellos también fueron condenados por blanqueo de capital, entre otros cargos.
Uno de los encausados, el ex juez Suliaman al Rashudi, fue condenado por cargos entre los que se incluía la posesión de artículos prohibidos escritos por la profesora Madawi al Rasheed, de la universidad británica de King’s College, en Londres.
“Algunos de estos cargos parecen criminalizar el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, como la defensa de un cambio político. En estos casos, las condenas deberían anularse”, ha afirmado Philip Luther, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Incluso los cargos aparentemente más graves por los que algunos de los 16 hombres han sido condenados, como blanqueo de capital, deben volver a estudiarse detenidamente, ya que los encausados fueron declarados culpables tras un juicio escandalosamente injusto.”
“Los juicios de apelación que se celebren deben cumplir las normas internacionales sobre juicios justos, y esto únicamente será posible si se investigan exhaustivamente y con antelación todas las denuncias de tortura y otros malos tratos que presuntamente ocurrieron bajo custodia antes del juicio.”
Nueve de los hombres encausados –entre ellos activistas, abogados y profesores de universidad– fueron detenidos en febrero de 2007 después de haberse reunido para debatir la posibilidad de crear una asociación de derechos humanos y de haber hecho circular un llamamiento en el que se pedían reformas políticas.
En aquella ocasión, el ministro del Interior dijo que los hombres habían sido detenidos por recaudar dinero para financiar el terrorismo, algo que ellos han negado.
Otros siete hombres fueron detenidos posteriormente por su presunta vinculación con Saud al Hashimi, uno de los defensores de la reforma.
Muchos de los detenidos han permanecido durante largos periodos de tiempo recluidos en régimen de aislamiento, y en ocasiones en régimen de incomunicación.
Al menos dos de ellos han denunciado que fueron torturados bajo custodia, y uno de ellos ha afirmado que les forzaron a “confesar” utilizando estos medios. Se teme que otros hayan sufrido un trato similar.
Los cargos contra los 16 detenidos se presentaron en agosto de 2010; alrededor de tres años y medio después de la detención de los primeros nueve arrestados.
A los abogados y familiares no se les permitió conocer los detalles de los cargos presentados contra los detenidos hasta pasados varios meses, y se les negó el acceso a muchas de las partes del proceso judicial.
De los 16 hombres procesados, 14 de ellos se enfrentan a prohibiciones para viajar tras las penas de cárcel, y un ciudadano yemení y otro sirio serán deportados a sus respectivos países tras su puesta en libertad.
En un informe reciente titulado Saudi Arabia: Repression in the name of security, Amnistía Internacional ha documentado una nueva oleada de represión en el país, ya que las autoridades han tomado medidas represivas contra manifestantes y reformistas con el pretexto de garantizar la seguridad.
El informe cuenta cómo cientos de personas han sido detenidas por participar en manifestaciones, y explica que el gobierno ha presentado un proyecto de ley antiterrorista que criminalizaría de forma efectiva la disidencia como un “delito terrorista” y además despojaría de sus derechos a quienes fuesen acusados de este tipo de delitos.