Cientos de miles de haitianos y haitianas que viven en campamentos provisorios siguen expuestos al peligro de desalojo forzoso ilegal y otras violaciones de derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional cuando se cumplen dos años del devastador terremoto que asoló el país caribeño.En la últimas semanas, las autoridades haitianas han practicado una serie de desalojos forzosos en campamentos ubicados en lugares públicos en torno a la capital, Puerto Príncipe, lo que de nuevo dejó sin hogar de manera efectiva a cientos de personas damnificadas por el terremoto del 12 de enero de 2010. Transcurridos dos años desde que el terremoto acabase con la vida de 230.000 personas y provocara lesiones a 300.000, se calcula que medio millón de personas vive aún en condiciones atroces en centenares de ciudades-tienda en Puerto Príncipe y alrededores. “Hace dos años, cuando el terremoto azotó Haití, supuso un trauma nacional, pero la situación de verse viviendo en la calle a causa de un desalojo forzoso ilegal es una crisis evitable que traumatiza aún más a las víctimas y representa una violación de los derechos humanos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional. En un desalojo forzoso sucedido recientemente, durante la noche del 20 al 21 de diciembre de 2011, se sacó de forma violenta a cerca de 1.000 residentes de un campamento de Place Jérémie, una plaza de Puerto Príncipe.
Según testigos presenciales, unas 10 personas que blandían cuchillos, machetes y palos llegaron al campamento alrededor de las 4 de la madrugada del 21 de diciembre y comenzaron a destruir las tiendas. Según informes, en el campamento se alojaban unas 945 personas: 79 familias, entre cuyos miembros había mujeres embarazadas, personas ancianas y 225 menores de edad. Una mujer que vivía en Place Jérémie describió el desalojo de la siguiente manera: “Estaba durmiendo con mi bebé de 15 días. Tiraron abajo la tienda, encima de mí, sin avisar. No tuve tiempo de llevarme nada. Sólo pude salvar al bebé. He perdido toda la ropa del bebé. Pasé la noche [a la intemperie] y no tengo nada con que tapar a mi hijo”.Algunas horas antes dos hombres pertenecientes a un movimiento local, la Asociación de Jóvenes Progresistas de Bas-Peu-de-Choses, había visitado el campamento y habían ido de tienda en tienda para realizar un “censo” improvisado de los residentes. A los residentes desalojados se les entregó luego un sobre con una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y los 10.000 gourdes (entre 25 y 250 dólares estadounidenses).En el momento del desalojo se vieron en la zona tres vehículos policiales, pero la policía no intervino para detener el asalto al campamento. También se ha acusado a agentes vestidos de paisano de tomar parte en el desalojo forzoso.Cuando ONG locales interpelaron a las autoridades de Puerto Príncipe acerca del incidente, un portavoz negó toda responsabilidad con respecto al desalojo o la reubicación de las familias que habían quedado sin hogar.Tras el desalojo de Place Jérémie, un grupo de ONG haitianas exigieron a las autoridades del país respuestas acerca del incidente, ya que nadie había asumido la responsabilidad por lo sucedido.
Crecen las denuncias de la población haitiana sobre tácticas de coacción empleadas para que abandone los campamentos en los que vive desde el terremoto de 2010, como por ejemplo sobornos con dinero y amenezas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados vestidos de paisano.Los desalojos forzosos se producen con frecuencia sin previo aviso y sin consultar a las personas que viven en los campamentos. También con frecuencia se hace un uso excesivo de la fuerza, a veces con el conocimiento evidente o participación directa de la policía haitiana. Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades haitianas a cumplir las leyes nacionales y las normas internationales a la hora de realojar a los damnificados por el terremoto para que no sigan en campamentos provisorios.La organización también ha pedido reiteradamente a la ONU y a la comunidad internacional que intensifiquen su apoyo al gobierno haitiano para que proporcione a las personas internamente desplazadas alternativas de vivienda adecuadas y garantice que no se tolerarán los desalojos ilegales.“El respeto por los derechos humanos debe ser el eje del plan de reconstrucción de las autoridades haitianas –los desalojos de los campamentos deben llevarse a cabo según el proceso debido y debe ofrecerse a las familias desplazadas alternativas de vivienda adecuadas”, ha manifestado Javier Zúñiga.En el primer aniversadio del terremoto, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo las mujeres y las niñas que viven en los campamentos estaban más expuestas a sufrir violencia sexual y violación, a menudo a manos de hombres armados que merodean por los campamenos de noche Poco se ha hecho para mejorar esa situación: las mujeres y niñas haitianas siguen sufriendo una violencia escandalosa.