La Comisión Europea debe actuar para garantizar que la nueva Constitución de Hungría y las leyes húngaras relativas a los medios de comunicación son conformes con las normas de derechos humanos adoptadas por la UE. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La nueva Constitución, que entró en vigor el 1 de enero, puede crear barreras para que los ciudadanos y ciudadanas presenten denuncias ante el Tribunal Constitucional, y puede discriminar al colectivo LGBTI de Hungría. Por otra parte, las restrictivas leyes sobre medios de comunicación introducidas a finales de 2010 amenazan la libertad de expresión.
“La Comisión Europea debe hacer más para someter a escrutinio la Constitución húngara y las nuevas leyes, que tememos que puedan tener consecuencias graves para los derechos humanos en el país”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Todos los Estados miembros de la UE tienen la obligación de respetar los derechos humanos.”
En diciembre de 2011, Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, planteó al gobierno húngaro su preocupación por aspectos específicos de la Constitución.
Sin embargo, Amnistía Internacional teme que el análisis de la Comisión Europea se haya centrado demasiado en los defectos técnicos y haya ignorado el impacto negativo más general que la Constitución y las otras nuevas leyes pueden tener en los derechos humanos.
Acceso al Tribunal Constitucional
Una nueva ley sobre el Tribunal Constitucional de Hungría parece reducir el derecho de los ciudadanos comunes a obtener remedio judicial.
Ahora, para presentar una denuncia de constitucionalidad, los ciudadanos deben contar con asistencia letrada, y las autoridades judiciales tienen la facultad de imponer una multa de 1.700 euros a los denunciantes que “abusen del derecho a presentar una petición”.
Discriminación
Las personas LGBTI de Hungría pueden enfrentarse a una discriminación general en virtud de la nueva Constitución, que define la familia como una unidad “basada en el matrimonio de un hombre y una mujer, o en una relación de consanguineidad, o en una tutela”.
“Esta restrictiva definición de lo que constituye una familia discrimina a las parejas del mismo sexo y puede impedir que los tribunales amplíen a ellas la institución del matrimonio en el futuro”, ha manifestado Nicola Duckworth.
Libertad de expresión
Una crítica fundamental a las leyes sobre medios de comunicación es que concentran el poder sobre dichos medios en la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de imparcialidad resultante, pues aseguran que puede conducir a un “control arbitrario sobre los procesos de concurso y concesión de licencias”.
En diciembre de 2011, la Autoridad decidió no conceder una licencia a Klubradio, emisora radiofónica de noticias independiente que se ha mostrado crítica con el gobierno. Esta decisión obligará a la emisora a suspender sus actividades cuando su licencia actual expire, el mes próximo.
“Ahora, una única agencia gubernamental tiene el poder de silenciar las voces críticas de los medios de comunicación de Hungría, una situación que ya está afectando negativamente a la libertad de expresión”, ha manifestado Nicola Duckworth.
“La Comisión Europea debe actuar sin demora para garantizar que el gobierno húngaro respeta y protege los derechos humanos y emprende las reformas necesarias para que sus leyes de medios de comunicación y su nueva Constitución sean conformes con las normas de la UE.”