Foto: DENIS SINYAKOV/AFP/Getty Images
John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Hace exactamente 10 años, Dilorom Abdukadirova, madre de cuatro hijos que entonces tenía 39 años, fue una de los miles de manifestantes que, en su mayoría desarmados, se reunieron en la plaza principal de la ciudad de Andiyán, en el este de Uzbekistán, para protestar contra la pobreza, la corrupción y la injusticia. De repente, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud indiscriminadamente y mataron a cientos de personas, entre ellas mujeres y niños.
Antes siquiera de que la sangre se secase en las calles, cayó sobre la plaza Babur el velo del secreto oficial. De hecho, una década después, nadie sabe el número exacto de personas que murieron ese día. Y nunca se han confirmado las ubicaciones de las fosas comunes que, según los defensores de derechos humanos, hay repartidas en Andiyán. No se ha realizado una investigación internacional independiente y nadie ha rendido cuentas por las muertes.
Antes siquiera de que la sangre se secase en las calles, cayó sobre la plaza Babur el velo del secreto oficial. De hecho, una década después, nadie sabe el número exacto de personas que murieron ese día.
John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional
Por el contrario, las autoridades uzbekas han perseguido implacablemente a quienes, según creen, participaron en los incidentes. Dilorom, así como cientos de personas más, fueron condenadas en juicios injustos, por cargos como intento de derrocar el orden constitucional. Dilorom fue torturada y cumple actualmente una pena de 18 años de cárcel.
En los años transcurridos desde la matanza de Andiyán, Uzbekistán ha consolidado su reputación de violador de derechos humanos. En un informe reciente sobre confesiones forzadas, Amnistía Internacional concluyó que la tortura es endémica y que las fuerzas de seguridad usan las descargas eléctricas y las palizas, las violaciones y la humillación sexual para obtener “confesiones” o incriminar a otras personas. Las pruebas obtenidas mediante tortura se emplean con demasiada frecuencia en los tribunales para obtener condenas.
Aun así, pese a estos flagrantes y atroces abusos, Estados Unidos, Alemania y otros países de la Unión Europea parecen ciegos en lo que se refiere a Uzbekistán, y anteponen sus intereses de seguridad, políticos y militares a cualquier medida significativa de presión para que este país, importante estratégicamente, respete los derechos humanos.
Tras la matanza de Andiyán, la Unión Europea impuso un embargo de armas y otras sanciones específicas, y exigió que Uzbekistán realizase una investigación efectiva. Sin embargo, en octubre de 2009, la UE levantó el embargo sin mencionar la inexistencia de una investigación sobre Andiyán. La última vez que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE incluyeron la situación de los derechos humanos en Uzbekistán en su agenda fue en octubre de 2010.
El gobierno estadounidense también pidió una investigación sobre las muertes, pero en enero de 2012 levantó las restricciones al envío de ayuda militar a Uzbekistán que impuso en 2004 en parte debido a la situación de los derechos humanos en el país. Este año la relación militar entre los dos países se reforzó de forma significativa con la implementación de un nuevo plan quinquenal de cooperación militar. El pasado mes de enero, Estados Unidos entregó a Uzbekistán 328 vehículos militares para uso en operaciones antiterroristas y antinarcóticos.
También en enero, cuando se le pidió que explicara por qué Estados Unidos no condena más enérgicamente los abusos contra los derechos humanos de Uzbekistán, Nisha Biswal, secretaria de estado adjunta para Asia Central, explicó que empleaban “una combinación del equilibrio adecuado entre presión, asociación y cierta cantidad de paciencia estratégica en cómo puede producirse el cambio.”
La aplicación de la “paciencia estratégica” en Uzbekistán es emblemática de cómo Estados Unidos ha privilegiado su dependencia de gobiernos represivos para la cooperación militar y el intercambio de inteligencia, y el apoyo operativo en la “lucha contra el terrorismo” en detrimento de los derechos humanos.
El historial de Uzbekistán sugiere que esta cuidadosa gestión de ‘recursos e influencia’ significa no invertir mucho capital político en derechos humanos por temor a molestar a un aliado en una ubicación geoestratégica clave.
El historial de Uzbekistán sugiere que esta cuidadosa gestión de ‘recursos e influencia’ significa no invertir mucho capital político en derechos humanos por temor a molestar a un aliado en una ubicación geoestratégica clave.
John Dalhuisen
Y Estados Unidos no es el único. Los lazos militares con Uzbekistán son también esenciales para las operaciones de Alemania en Afganistán. En noviembre de 2014, Alemania renovó el arrendamiento de una base aérea en Termez para dar apoyo a las tropas alemanas en Afganistán.
También hay intereses económicos. En marzo, varias empresas alemanas firmaron un acuerdo de inversión por valor de 2.800 millones de euros con empresas estatales uzbekas. A la primera reunión del Consejo Empresarial Alemania-Uzbekistán, celebrada antes de firmar el acuerdo, asistieron más de 50 destacadas empresas alemanas.
Parece que la “paciencia estratégica” tiene beneficios militares y de seguridad, pero esta “diplomacia basada en la realidad” ha silenciado más las críticas del historial de Uzbekistán en materia de derechos humanos.
Enfrentados a pruebas creíbles de tortura, las autoridades uzbekas niegan abiertamente las violaciones de derechos humanos. Ni el presidente Islam Karimov ni ningún alto cargo ha condenado públicamente el uso de la tortura, práctica que rara vez se castiga como es debido. Las cifras del propio gobierno muestran 336 denuncias de tortura del periodo 2010-2013, que desembocaron en sólo seis juicios y en la condena de 11 policías.
Hoy en Uzbekistán la gente no se reunirá en la plaza de Babur para recordar a los muertos. Quienes intenten conmemorar públicamente el aniversario de la matanza de Andiyán temerán las represalias. Los periodistas que hablen sobre ello se enfrentarán a graves consecuencias. Los defensores de derechos humanos que exijan abiertamente una investigación internacional independiente sobre lo ocurrido en Andiyán serán perseguidos por ello.
Pero pese a los intentos de las autoridades uzbekas de silenciar las voces críticas, no se puede negar la historia. La comunidad internacional no debe hacer oídos sordos a los gritos que surgen de las cámaras de tortura uzbekas ni a esas voces valientes que reclaman justicia en el país.
Este artículo de opinión se publicó originalmente en Al-Jazeera.com
Más información:
Uzbekistan: Secrets and Lies: Forced confessions under torture in Uzbekistan (informe, 15 de abril de 2015)