Libia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República árabe Libia Popular y Socialista

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Libya is now live »

Jefe del Estado : Muamar al Gadafi
Jefe del gobierno : Al Baghdadi Ali al Mahmudi
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 6,1 millones
Esperanza de vida : 73,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 18/18 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 84,2 por ciento

Tras años de negociaciones diplomáticas se obtuvieron resultados positivos en un notorio caso de encarcelamiento por motivos políticos, que afectaba a seis profesionales de la medicina de nacionalidad extranjera a quienes se había condenado a muerte por considerarse que eran culpables de haber infectado con el VIH a centenares de menores en Libia. Su excarcelación preparó el terreno para que Libia firmara acuerdos armamentísticos con Francia y un memorándum diplomático de entendimiento con la Unión Europea. Se permitió cierta diversidad mediática, pero la libertad de expresión continuó sometida a fuertes restricciones, manifiestas, por ejemplo, en la ausencia de ONG independientes y en la represión de la disidencia. Se siguió sometiendo a malos tratos a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes bajo custodia, y el gobierno no abordó el legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que «nada [hubiera] cambiado en casi ninguno de los ámbitos que [eran] motivo de preocupación» desde la última vez que había examinado la actuación de Libia en materia de derechos civiles y políticos, en 1998. El Comité tomó nota de algunos avances con respecto a la condición de las mujeres, pero expresó su preocupación por la persistencia de discriminación en la legislación y en la práctica.

Libertad de expresión

En agosto se amplió el panorama mediático con dos nuevos periódicos y un canal de televisión por satélite privados. Los abrió una empresa de medios de comunicación perteneciente, según informes, a Saif al Islam al Gadafi, hijo del líder libio, Muamar al Gadafi. Los nuevos rotativos hicieron algunas críticas al gobierno en cuestiones económicas. No obstante, las voces disidentes que trataban asuntos más delicados, como las violaciones de derechos humanos o el liderazgo de Muamar al Gadafi, se reprimían duramente.

En agosto se estableció un nuevo órgano judicial, el Tribunal de Seguridad del Estado, para juzgar a personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y de actividades políticas no autorizadas, lo que hizo temer que se tratara de un nuevo sistema de justicia paralelo, similar al desacreditado Tribunal Popular, que se había abolido en 2005.

  • Fathi el Jahmi continuó recluido en un lugar no revelado, que se creía que era un centro especial de la Agencia de Seguridad Interna. Preso de conciencia, había sido detenido en marzo de 2004 por criticar a Muamar al Gadafi y pedir reformas políticas. Su familia dijo a Amnistía Internacional que no le permitían visitarlo desde agosto de 2006.
  • Idriss Boufayed y otras 13 personas fueron detenidos y acusados de delitos como estar en posesión de armas, animar a manifestarse y mantener comunicación con potencias enemigas. Idriss Boufayed y tres de esas personas habían emitido un comunicado en sitios web de noticias anunciando su intención de organizar una manifestación pacífica en Trípoli el 17 de febrero con motivo del aniversario del homicidio de al menos 12 personas durante una manifestación celebrada en Bengasi en febrero de 2006. Los informes recibidos indicaban que, tras su detención, los 14 estuvieron largo tiempo recluidos en régimen de incomunicación y que al menos dos sufrieron tortura. Los procedimientos judiciales entablados contra ellos, que comenzaron en junio, se transfirieron al nuevo Tribunal de Seguridad del Estado cuando éste se estableció. Según los informes, 2 de los 14 detenidos no asistieron a ninguna de la vistas judiciales, lo que suscitó gran preocupación por su seguridad bajo custodia.

«Guerra contra el terror»

Dos ciudadanos libios que habían sido devueltos a Libia en diciembre de 2006 y septiembre de 2007, respectivamente, tras haber estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo, se encontraban recluidos, aparentemente sin cargos y sin acceso a un abogado. En diciembre, la Fundación Gadafi para el Desarrollo, dirigida por Saif al Islam al Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi, anunció que los había ido a ver, que vigilaba el trato que recibían y que incluso había comprado una vivienda a la familia de uno de ellos. Sin embargo, ni la Fundación ni las autoridades revelaron ninguna información sobre el lugar exacto de reclusión y la condición jurídica de los dos hombres.

No se disponía de ninguna información sobre al menos siete ciudadanos libios, presuntos miembros, en su mayoría, del Grupo de Combate Islámico de Libia, que las autoridades estadounidenses habían tenido recluidos, se creía, en lugares secretos antes de trasladarlos secreta e ilegalmente a Libia en años anteriores. Amnistía Internacional recibió informes según los cuales al menos cinco de ellos habían sido trasladados a Libia en 2005 o 2006 y se hallaban recluidos en régimen de incomunicación.

Pena de muerte

Según informes, en abril se ejecutó a nueve personas de nacionalidad libia, pero no se conocían más detalles. Se conmutaron varias condenas de muerte impuestas a personas de otras nacionalidades declaradas culpables de asesinato tras acceder las familias de las víctimas a recibir a cambio una indemnización.

  • En julio se conmutaron por cadena perpetua las condenas de muerte impuestas a cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino declarados culpables de haber infectado deliberadamente de VIH a centenares de menores libios en 1998, tras acceder la familias de las víctimas a recibir a cambio indemnizaciones con cargo a un fondo internacional. Las cinco enfermeras y el médico habían sido obligados a firmar un documento en el que renunciaban a su derecho de resarcimiento por la tortura que afirmaban haber sufrido en Libia. Una semana más tarde fueron trasladados a Bulgaria en virtud de un acuerdo sobre intercambio de detenidos alcanzado entre ambos países, y poco después de su llegada recibieron un indulto del presidente búlgaro, Georgi Parvanov.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Persistieron las denuncias de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes sometidas a tortura u otros malos tratos al ser detenidas o bajo custodia. Se temía en particular por al menos 500 personas de nacionalidad eritrea que se encontraban detenidas y corrían riesgo de ser devueltas a su país de origen.

  • Según informes, en julio se detuvo a unos 70 hombres de nacionalidad eritrea que habían huido de su país para buscar refugio en Libia. Fueron llevados a un centro de detención de la ciudad de Az Zawiyah, donde, al parecer, los guardias les dijeron que se desnudaran y los golpearon con instrumentos como cadenas de metal. Según los informes, a algunos los golpearon en numerosas ocasiones. Los detenidos afirmaban que los guardias los habían amenazado con expulsarlos. Al parecer, en septiembre les hicieron una fotografía y les pidieron que rellenaran un formulario, tras lo cual los guardias les dijeron que eran para entregárselos a los funcionarios de la embajada eritrea, que los habían solicitado a fin de expedirles los documentos de viaje necesarios para su expulsión. No obstante, al final del año no parecía que hubiera sido expulsado ninguno de los detenidos. Se creía que muchos de ellos eran reclutas, obligados a cumplir el servicio militar en Eritrea por tiempo indefinido.

Discriminación contra las mujeres

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró su preocupación por el hecho de que en muchas esferas siguiera «habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en el derecho como en la práctica, sobre todo en lo que respecta a los derechos sucesorios y al divorcio». Asimismo, lamentó «que las leyes libias permit[ieran] la reclusión forzosa de mujeres que no ha[bían] sido condenadas en los denominados centros de rehabilitación social» y que el Estado no hubiera adoptado aún «ningún instrumento legislativo para proteger a las mujeres contra la violencia, especialmente la violencia doméstica».

Las autoridades tomaron la retrógrada medida de dictar un decreto por el que se impedía a los niños y niñas de madre libia y padre extranjero recibir educación pública gratuita, derecho del que anteriormente disfrutaban del mismo modo que los de padre libio y madre libia o extranjera. Según informes, en septiembre, cuando comenzó el curso académico, tales menores no pudieron matricularse ya en las escuelas públicas. En octubre las autoridades anunciaron que podrían hacerlo en el caso de que sus familias accedieran a pagar una cuota o de que estuvieron exentas de pagarla por falta de medios.

Impunidad

La impunidad siguió siendo motivo de gran preocupación. Tres personas, miembros, según informes, de la Guardia Revolucionaria, fueron juzgadas y declaradas culpables en julio del asesinato del periodista Daif al Ghazal, muerto en 2005 en circunstancias que indicaban que había sido asesinado a causa de lo que escribía. Sin embargo, el inusual y positivo paso de hacer rendir cuentas a los responsables se vio contrarrestado por las condenas de muerte que les fueron impuestas y por la celebración, aparentemente a puerta cerrada, del juicio.

Siguió sin abordarse el legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Perpetradas particularmente en las décadas de 1970, 1980 y 1990, entre ellas figuraba la desaparición forzada de centenares de personas, muchas de las cuales se temía que hubieran muerto bajo custodia tras haber sido detenidas por motivos políticos.

No se ofreció ninguna información sobre una investigación que parecía estar realizándose sobre unos sucesos ocurridos en 1996 en la Prisión de Abu Salim de Trípoli, en los que, al parecer, centenares de presos habían sido víctimas de homicidio.

Informes y visita de Amnistía Internacional