Annual Report 2013
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30 October 2012

Irán: Denegadas las visitas y la atención médica a galardonada con el Premio Sajarov y a otros detenidos

El poder judicial y las autoridades penitenciarias iraníes deben poner fin a los malos tratos que se infligen a la destacada abogada pro derechos humanos Nasrin Sotoudeh, han declarado hoy Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y seis organizaciones de derechos humanos. Ebadi y las organizaciones han pedido también a las autoridades iraníes que permitan el acceso de todos los presos al tratamiento médico necesario y a las visitas de sus familias, acceso al que tienen derecho en virtud del derecho internacional de derechos humanos.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos, junto con Ebadi, renovaron su llamamiento a la autoridades para que anulen las condenas impuestas a activistas pacíficos y les pongan en libertad incondicionalmente.

“Periodistas, abogados de derechos humanos y defensores de derechos recluidos sólo por sus actividades pacíficas: ninguna de estas personas debería haber ingresado siquiera en prisión”, afirmó Ebadi.

“Acosar a la hija de una presa o negar a ésta las visitas de su familia y la atención médica sólo sirve para que se deteriore aún más la imagen de Irán en el mundo.”

Sotoudeh, abogada de derechos humanos de 47 años y madre de dos hijos, está detenida desde 2010, y desde esa fecha las autoridades la han sometido a menudo al régimen de aislamiento y le han impedido reunirse con su familia o hablar con ella. En los últimos meses, las autoridades penitenciarias iraníes vienen negando habitualmente a otros presos políticos las visitas periódicas de sus seres queridos y el acceso a un tratamiento médico adecuado.

Sotoudeh está recibiendo tratamiento en la enfermería de la prisión de Evin desde que inició una huelga de hambre, el 17 de octubre de 2012, informó su esposo, Reza Khandan, a las organizaciones de derechos humanos. También dijo que la huelga de hambre era una respuesta al acoso al que las autoridades someten a su familia y a las restricciones de sus derechos de visita.

Las seis organizaciones de derechos humanos y Ebadi han declarado: “Nos preocupa seriamente la situación de Nasrin Sotoudeh y señalamos las responsabilidades de las autoridades iraníes.”

El 26 de octubre de 2012, el Parlamento Europeo anunció la concesión del Premio Sajarov a la libertad de conciencia a Sotoudeh y al cineasta iraní Jafar Panahi.

Khandan declaró que Sotoudeh había iniciado su huelga de hambre tras saber que las autoridades judiciales habían citado a su hija de 12 años para informarle de que no se le iba a permitir viajar al extranjero. Según dijo Khandan, Sotoudeh creía que “no tenía más elección” que hacer una huelga de hambre para expresar su protesta por el acoso de las autoridades a su familia y por la denegación de sus derechos de visita. En los últimos tres meses, las autoridades de la prisión de Evin han impedido que los hijos de Sotoudeh visiten a su madre cara a cara y han limitado severamente las llamadas telefónicas que puede hacer Sotoudeh. Además, hace casi un año que le prohíben ver a su madre y a su hermano.

En enero de 2011, un Tribunal Revolucionario condenó a Sotoudeh a 11 años de prisión y le prohibió ejercer el Derecho y salir del país durante 20 años tras declararla culpable de “actuar contra la seguridad nacional” y de “propaganda contra el sistema”. Un tribunal de apelación redujo la pena a seis años de cárcel y 10 de prohibición de viajar y de ejercer el Derecho. Sin embargo, según la legislación iraní, ni los tribunales penales ni los revolucionarios tienen autoridad para prohibir a los abogados el ejercicio de su profesión, que es competencia del Tribunal Disciplinario de la Magistratura. 

Las autoridades de la prisión de Evin han negado a las periodistas Jila Baniyaghoob y Mahsa Amrabadi las visitas personales periódicas de sus esposos, que están en prisiones diferentes. Las organizaciones de derechos humanos han recibido informes de fuentes solventes según los cuales Baniyaghoob, que cumple una pena de un año de cárcel en la Sección 350 de la prisión de Evin, no ha recibido permiso para recibir una visita de su esposo, Bahman Ahmadi-Amoui (Ahmadi Amoui), también periodista, desde que comenzó a cumplir la condena en septiembre de 2012. Amoui cumple una pena de cinco años de cárcel en la prisión de Rajai Shahr, a 47 km al oeste de Teherán, por cargos que incluyen “propaganda contra el sistema” e “insultar al presidente”.

Por su parte, Amrabadi cumple una condena de un año de prisión y su esposo, Masoud Bastani, también periodista, una pena de seis años, ambos por cargos relacionados con la seguridad, incluido el de “propaganda contra el Estado”, por los artículos que escribieron sobre las polémicas elecciones presidenciales de 2009. Amrabadi está recluida en Evin, mientras  que su esposo está en la prisión de Rajai Shahr.

Además, las autoridades han negado la atención médica necesaria a dos detenidas políticas, Bahareh Hedayat y Mahboubeh Karami. Algunas fuentes informaron a las organizaciones de derechos humanos de que las autoridades han negado a Karami el acceso a atención psicológica adecuada para la grave y debilitante depresión que padece. Un Tribunal Revolucionario condenó a Karami a tres años de prisión por cargos relacionados con la seguridad nacional. Hedayat, que sí pudo salir de prisión para recibir tratamiento médico por problemas renales y digestivos, fue obligada a volver antes de recuperarse del todo. Cumple una pena de 10 años de cárcel por cargos relacionados con la seguridad nacional.

Las autoridades judiciales y de seguridad iraníes dificultan periódicamente el ejercicio por los presos políticos de su derecho a la asistencia letrada. Muchos abogados defensores de derechos humanos cumplen a su vez penas de prisión por cargos relacionados directamente con la defensa de sus clientes, lo que tiene un efecto negativo sobre los abogados que proporcionan servicios.

Javid Houtan Kiyan (Houtan Kian) cumple una pena de 11 años de prisión por el cargo de “actuar contra la seguridad nacional”. Las autoridades iraníes le detuvieron en octubre de 2010, después de que difundiera públicamente el caso de su cliente, Sakineh Mohammadi Ashtiani. En 2006, Sakineh fue condenada a muerte por lapidación, aunque la atención internacional que suscitó el caso hizo que se suspendiera la ejecución de la pena.

Desde su detención en septiembre de 2010, Houtan Kian tiene derechos de visita mínimos, pero no ha recibido tratamiento médico adecuado pese a sufrir una grave enfermedad del aparato digestivo.

El 4 de marzo de 2012, el destacado abogado pro derechos humanos Abdolfattah Soltani supo que un Tribunal Revolucionario le había condenado a 18 años de prisión, prohibiéndole ejercer el Derecho durante 20 años, y ordenaba que cumpliera la pena en Barazjan, a unos 1.200 km al sur de Teherán.

Los fiscales acusaron a Soltani de “propaganda contra el sistema”, “reunión y connivencia contra el Estado” y “establecimiento de un grupo ilegal”: el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (CHRD), que Soltani fundó junto con Ebadi. Un tribunal de apelación redujo posteriormente la pena a 13 años, pero confirmó la prohibición de ejercer el Derecho durante 20 años. 

En abril de 2012, un tribunal de apelación confirmó la pena de nueve años de prisión impuesta a otro abogado, Mohammad Ali Dadkhah, por cargos relacionados con entrevistas con medios de comunicación extranjeros y pertenencia al CHRD. El tribunal condenó también a Dadkhah al pago de multas y a flagelación, y le prohibió ejercer el Derecho y enseñar durante 10 años.  Mohammad Seifzadeh, otro abogado de derechos humanos y miembro del CHRD, cumple una pena de dos años por cargos similares, y tiene otros juicios pendientes.

El derecho internacional y el iraní exigen que las autoridades penitenciarias proporcionen a los reclusos atención médica adecuada. El reglamento de la Organización de Prisiones Estatales iraní estipula que, en caso necesario, los detenidos serán trasladados a un hospital fuera del centro penitenciario. Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la ONU, exigen que las autoridades trasladen a todos los internos que necesiten tratamiento especializado a instituciones especializadas, incluidos hospitales civiles. 

Además, tanto el derecho iraní como el derecho internacional establecen que las autoridades penitenciarias deberán atender las necesidades básicas de todos los presos, permitirles recibir visitas periódicas —incluidas visitas personales de familiares— y tratarles con dignidad y respeto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado parte Irán, prohíbe los tratos o penas inhumanos o degradantes.

Region Middle East And North Africa
Country Iran
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