Argentina

Human Rights in República Argentina

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Argentina is now live »

Jefa de Estado y de gobierno
Cristina Fernández de Kirchner
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
40,8 millones
Esperanza de vida
75,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
14,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,7 por ciento

Información general

La presidenta Cristina Fernández fue reelegida en octubre. El partido gobernante obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso para los siguientes dos años.

En abril se incorporó al Código Penal el delito de desaparición forzada, siguiendo la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Iván Eladio Torres Millacura, desaparecido en 2003.

En octubre, Argentina ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tras su visita a Argentina en abril, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada expresó su preocupación por el creciente número de desalojos violentos que afectaban a los residentes de asentamientos informales, campesinos e indígenas.

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Derechos de los pueblos indígenas

Las comunidades indígenas seguían viviendo bajo la amenaza de desalojo, pese a la vigencia de una prohibición total de desalojos hasta noviembre de 2013, mientras se llevaba a cabo un estudio de ámbito nacional de los territorios indígenas. Tras visitar Argentina en noviembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó preocupación por el número de desalojos forzosos, por que no se hubiese implantado un sistema de protección real del derecho a la tierra y por la falta de un mecanismo de consulta a las comunidades sobre los proyectos que les afectaban.

  • En mayo finalizaron cinco meses de protestas en el centro de Buenos Aires cuando el gobierno nacional se reunió por fin con la comunidad indígena toba qom de La Primavera, provincia de Formosa. El gobierno accedió a garantizar la seguridad de la comunidad y a iniciar un diálogo sobre los derechos a la tierra y otros derechos de la comunidad. Sin embargo, la familia del dirigente comunitario Félix Díaz siguió siendo objeto de amenazas y hostigamiento. Se habían presentado contra él cargos relacionados con la dispersión violenta, por parte de la policía, de un corte de carretera organizado por la comunidad en noviembre de 2010, en la que murieron dos hombres, uno de ellos policía.
  • En noviembre murió por disparos Cristian Ferreyra, dirigente de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, provincia de Santiago del Estero. Ferreyra participaba en la defensa de las tierras tradicionales de la comunidad frente a la deforestación y la expansión de las plantaciones de soja.
  • En agosto, un tribunal de la provincia de Tucumán ordenó la suspensión de los intentos de desalojar a la comunidad indígena quilmes de Colalao del Valle –sometida a amenazas continuas de desalojo– hasta que concluyeran las actuaciones para determinar la propiedad de las tierras donde vivía la comunidad.
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Justicia e impunidad

Se hicieron avances significativos para condenar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983).

  • En octubre, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15 hombres fueron condenados a penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua por su participación en 86 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención secreta de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires. Durante el régimen militar, cientos de personas estuvieron recluidas en la ESMA tras ser secuestradas; algunas murieron por torturas y otras fueron arrojadas desde aviones.
  • En abril, el ex general del ejército Reynaldo Bignone y el político y ex policía Luis Abelardo Patti fueron condenados a cadena perpetua por varios casos de asesinato, secuestro y tortura cometidos en la localidad de Escobar durante la década de 1970.
  • En mayo, ocho ex soldados fueron condenados a cadena perpetua por la masacre de Margarita Belén de 1976, en la provincia del Chaco, en la que fueron torturados y ejecutados 22 presos políticos.
  • En mayo, los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, en tanto que oficiales al mando, fueron juzgados como partícipes necesarios en actos de violencia de género cometidos contra mujeres recluidas en el centro de detención secreta de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán, en la década de 1970, y por la violación sexual agravada en grado reiterado de una mujer de 19 años. Antonio Domingo Bussi murió en noviembre mientras estaba bajo arresto domiciliario.
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Tortura y otros malos tratos

En febrero se divulgaron unas imágenes tomadas con un teléfono móvil de la tortura en 2010 de dos presos a manos de unos guardias penitenciarios de la prisión de San Felipe, en la provincia de Mendoza. Los presos Matías Tello y Andrés Yacante, de cuya implicación en la divulgación de las imágenes sospechaban los funcionarios penitenciarios, recibieron amenazas y fueron trasladados a la prisión de Almafuerte, donde afirmaron haber sido torturados. Al finalizar el año nadie había comparecido ante la justicia por estos actos.

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Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres continuaron teniendo dificultades para abortar legalmente.

  • En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución contra Argentina por obstaculizar el acceso al aborto legal a una mujer de 19 años que sufría una discapacidad mental y que había sido violada por su tío en 2006. El Comité concluyó que el hecho de que el Estado no garantizara el derecho de la mujer a poner fin al embarazo le había causado dolor físico y moral, y ordenó a Argentina el pago de una indemnización por daños y la adopción de medidas para impedir similares vulneraciones de derechos en el futuro.
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Uso excesivo de la fuerza

La policía hizo uso excesivo de la fuerza durante la expulsión, en julio, de 700 familias de unos terrenos privados en Libertador San Martín, provincia de Jujuy. En los sucesos murieron 4 personas, un policía entre ellas, y al menos 30 resultaron heridas. El policía al mando de la operación fue destituido y el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia dimitió.

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