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Human Rights by region

Martina Correia frente a la prisión en que su hermano, Troy Davis, era ejecutado en Georgia (EE. UU.) el 21 de septiembre, pese a las serias dudas que existían sobre su culpabilidad.

© Scott Langley


Una afrenta para la democracia [y] una afrenta para el Estado de derecho. 
Marcelo Freixo, diputado estatal brasileño y víctima de numerosas amenazas de muerte por su labor de investigación y denuncia de las bandas criminales, habla sobre el homicidio de la jueza Patrícia Acioli

 

El 11 de agosto de 2011, varios agentes de la Policía Militar efectuaron 21 disparos contra la jueza Patrícia Acioli frente a su casa de Niterói, en el estado de Río de Janeiro (Brasil). El largo historial de la jueza en casos penales contra policías brasileños implicados en violaciones de derechos humanos la había convertido en blanco de numerosas amenazas de muerte. En octubre fueron detenidos 11 policías, entre ellos un alto mando, y acusados formalmente del homicidio. Según la información recibida, en el momento de su muerte la jueza Acioli presidía una investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y actividades delictivas cometidas por los policías implicados. Su fallecimiento fue un duro revés para el movimiento de derechos humanos en Brasil, pero su búsqueda incansable de justicia sigue inspirando a innumerables personas que, como ella, se niegan a permitir que las violaciones de estos derechos queden impunes.

La demanda de respeto por los derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles. Las peticiones de justicia realizadas por ciudadanos individuales, defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas siguieron ganando fuerza, y a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos. En el núcleo de muchos de estos conflictos se encontraban políticas de desarrollo económico que dejaban a muchas personas, sobre todo a quienes vivían en la pobreza y a las comunidades marginadas, más expuestas a los abusos y a la explotación. 

Demanda de justicia y del fin de la impunidad

Muchos casos de derechos humanos avanzaron con lentitud, obstaculizados por la ausencia de un acceso significativo a la justicia, por la falta de independencia del poder judicial y por la disposición, en algunos sectores, a recurrir a medidas extremas para evitar la rendición de cuentas y proteger intereses creados de carácter político, delictivo y económico. La dificultad para conseguir que se respetaran los derechos humanos se vio exacerbada a menudo por homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, testigos, abogados, fiscales y jueces en países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Los periodistas que intentaron denunciar los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción se convirtieron también a menudo en víctimas de abusos en Latinoamérica y el Caribe.

Sin embargo, en algunos países, a pesar de los obstáculos y de los frecuentes reveses, hubo avances significativos en la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y varios altos mandos del ejército y gobernantes militares de facto fueron declarados culpables y condenados a prisión.

El ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15 hombres fueron condenados a penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua por su participación en 86 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de 1970.

En Argentina, el ex general del ejército Reynaldo Bignone y el político y ex policía Luis Abelardo Patti fueron condenados en abril a cadena perpetua por cargos de asesinato, secuestro y tortura cometidos en la localidad de Escobar durante la década de 1970. En octubre, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15 hombres fueron condenados a penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua por su participación en 86 crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa década. Sus víctimas fueron secuestradas y recluidas en el centro de detención secreta de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, donde algunas murieron por torturas y otras fueron arrojadas desde aviones. Entre los asesinados figuraban las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, las activistas pro derechos humanos Azucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga, cofundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, y el escritor y periodista Rodolfo Walsh.

En Bolivia, la Corte Suprema condenó en agosto a siete ex oficiales de alta graduación y a varios altos cargos civiles por su participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, en los que murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz, en 2003. Fue la primera vez en Bolivia que un juicio contra oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos concluía ante un tribunal civil. Cinco ex oficiales del ejército fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, y dos ex ministros a penas de 3 años, cuyo cumplimiento se suspendió posteriormente.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sancionó la ley de creación de una Comisión de la Verdad encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988. Y en Chile, el número de casos de violaciones de derechos humanos sometidos a investigación por los tribunales aumentó a su máximo nivel con la presentación por una fiscal de 726 nuevas querellas que se sumaron a las más de 1.000 querellas presentadas en los últimos años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

A su regreso a Haití después de 25 años de exilio, el ex presidente Jean-Claude Duvalier fue sometido a una investigación penal basada en denuncias de violaciones graves de derechos humanos presentadas por víctimas y sus familiares. En Colombia, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en abril a 35 años de prisión por su participación en la desaparición forzada de 11 personas ocurrida en noviembre de 1985, después de que el ejército irrumpiera en el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varios rehenes. En septiembre, el ex director del servicio de inteligencia civil colombiano (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio en 2004 del intelectual Alfredo Correa de Andreis y por su vinculación con grupos paramilitares. 

Pese a su importancia, estos casos fueron la excepción, y la impunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo la norma. Por ejemplo, en Colombia, otra ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas y vigilancia ilegales y amenazas contra detractores del ex presidente Álvaro Uribe, siguió eludiendo la justicia. En 2010 había obtenido asilo en Panamá.

En México, las acciones judiciales contra los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas en las décadas de 1960, 1970 y 1980 seguían en punto muerto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia resolvió que eran vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana contra México, incluida la que ordenaba que las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares fueran transferidas a la jurisdicción civil.

En el ámbito de la justicia internacional, los avances fueron desiguales. Por ejemplo, en octubre, el gobierno canadiense optó por no detener al ex presidente estadounidense George W. Bush cuando éste viajó a la Columbia Británica, pese a los claros indicios de que había sido responsable de delitos de derecho internacional, incluida la tortura. Sin embargo, en diciembre, Francia extraditó al ex jefe de Estado de facto Manuel Noriega a Panamá, donde había sido declarado culpable in absentia del asesinato de algunos adversarios políticos, entre otros delitos. 

Sistema interamericano de derechos humanos

El sistema interamericano, y en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011. Por ejemplo, Brasil retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indígenas afectadas. Suscitó preocupación que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, apoyara abiertamente la postura de Brasil y pidiera públicamente a la Comisión que revisara su decisión en el caso de Belo Monte. Posteriormente, la Comisión Interamericana modificó las medidas cautelares dictadas en el caso y dejó de exigir a Brasil la suspensión del proyecto hasta que se realizaran las consultas.

Ecuador, Perú y Venezuela también criticaron a la Comisión, acusándola de excederse en su mandato y de injerirse en sus derechos soberanos. Las críticas de Ecuador y Venezuela estaban dirigidas a la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, mientras que Perú criticó con dureza la decisión de la Comisión de remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el rescate de 71 rehenes en 1997 (la operación “Chavín de Huántar”).

Durante la segunda mitad de 2011, los Estados miembros de la OEA prosiguieron el debate sobre posibles reformas del sistema interamericano de derechos humanos. El debate concluyó con la publicación de un informe que el Consejo Permanente de la OEA estudiaría a principios de 2012. Aunque las recomendaciones contenidas en el informe fueron calificadas de esfuerzo para reforzar el sistema, en realidad algunas de las medidas propuestas podrían debilitar su independencia y eficacia, y tener un impacto especialmente grave en la labor de la Comisión y de sus relatores.

Seguridad pública y derechos humanos

Los gobiernos siguieron explotando motivos legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades delictivas o a grupos armados.

El gobierno mexicano cerró los ojos ante las noticias generalizadas de torturas, desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y, de forma creciente, de la marina, en su lucha contra los cárteles de la droga. Más de 12.000 personas perdieron la vida en actos violentos atribuidos a organizaciones delictivas, y el presidente Felipe Calderón siguió desplegando a alrededor de 50.000 soldados e infantes de marina para realizar funciones de orden público. Hubo indicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad actuaban en connivencia con organizaciones delictivas en el secuestro y asesinato de presuntos miembros de otras organizaciones delictivas, entre otros delitos. El gobierno siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendirían cuentas de sus actos, pero durante 2011 sólo hubo un caso de personal militar que compareció ante la justicia.

En menor escala, también emplearon personal militar para desempeñar funciones de orden público otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez sacó a la calle a las tropas de la Guardia Nacional para atajar la delincuencia violenta generalizada.

En medio de un elevado índice de delincuencia violenta, las prácticas de los cuerpos de seguridad en Brasil siguieron caracterizándose por la discriminación, los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y las operaciones policiales de estilo militar. Aunque ciertos proyectos de seguridad pública tuvieron un éxito limitado en cuanto a reducir el grado de violencia, las reformas en seguridad pública del gobierno federal se vieron debilitadas por severos recortes presupuestarios y por una falta de voluntad política. Las comunidades socialmente excluidas siguieron atrapadas entre la violencia de las bandas delictivas y los abusos de la policía, que a menudo trataba a los residentes como presuntos delincuentes. En Río de Janeiro, el poder de las milicias siguió aumentando. Estas bandas delictivas, integradas por ex agentes y agentes en activo de las fuerzas de seguridad, aumentaron su influencia en muchas de las comunidades más pobres mediante la violencia y la extorsión, ayudadas por actividades económicas ilícitas y la creación de bases de poder político. El atentado contra la jueza Acioli puso de relieve el alcance y la confianza de estas bandas. 

En la República Dominicana, la policía cometió violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidios ilegítimos y desapariciones, en el marco de la denominada “política de mano dura” en la lucha contra la delincuencia. Hubo indicios de que en varios casos la policía había adoptado una política de disparar a matar en lugar de intentar detener a los sospechosos, muchos de los cuales estaban desarmados.  

Conflicto armado

El largo conflicto armado interno de Colombia siguió infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país. Las consecuencias de los combates en los derechos humanos fueron especialmente graves para los pueblos indígenas rurales y las comunidades afrodescendientes y campesinas, miles de cuyos miembros se vieron obligados a huir de sus hogares. Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas de seguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueron responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario.

Algunas de las medidas legislativas de las autoridades, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron importantes primeros pasos en los esfuerzos para reconocer los derechos a la reparación de algunas víctimas y para devolver algunos de los millones de hectáreas de tierras robadas en el curso del conflicto. Sin embargo, la ley excluía a muchas víctimas, y el aumento del número de amenazas y homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban en la devolución de las tierras, sembró dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de devolver las tierras a sus legítimos propietarios.

El compromiso del gobierno colombiano para con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad quedó en entredicho por los esfuerzos para ampliar la jurisdicción militar, que podría permitir que los miembros de las fuerzas de seguridad eludieran la acción de la justicia por violaciones de derechos humanos. Asimismo, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante general de las Fuerzas Armadas criticaron las condenas de varios altos mandos del ejército por violaciones de derechos humanos.

Seguridad y medidas antiterroristas

Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos. 

La esperanza de que el gobierno estadounidense siguiese adelante con su decisión, anunciada en 2009, de juzgar a cinco detenidos acusados de implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2011 ante una corte federal ordinaria quedó truncada cuando el fiscal general anunció en abril que esos hombres iban a ser juzgados por una comisión militar. El gobierno dejó clara su intención de pedir la pena de muerte para los cinco. En otro caso remitido a una comisión militar, la pena capital se convirtió en posibilidad en septiembre, cuando se remitieron los cargos contra el ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri para que fuera juzgado por delitos que conllevaban dicha pena. 

Continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior como parte del programa de detención secreta de la CIA. En junio, el fiscal general anunció que, con la excepción de dos casos de muerte bajo custodia, no consideraba justificado realizar nuevas investigaciones sobre las detenciones, a pesar de que la tortura y la desaparición forzada eran parte integral del programa secreto y de que entre las víctimas se encontraban los detenidos que iban a ser juzgados injustamente por una comisión militar y que, de ser declarados culpables, podrían ser ejecutados.

Pueblos indígenas

Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron suscitando honda preocupación pese a algunos avances positivos en la región.

En muchos casos se negó a los pueblos indígenas su derecho a una consulta significativa y a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto a proyectos de desarrollo en gran escala que les afectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva. Perú aprobó una histórica ley en 2011 que hizo preceptiva la consulta a los pueblos indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales. Sin embargo, esto siguió siendo la excepción. Pese a que todos los Estados de la región habían respaldado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, los derechos consagrados en ella seguían distando de ser respetados. 

Al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas no sólo se resintieron sus medios de subsistencia, sino que las comunidades también sufrieron amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques y homicidios a medida que se intensificaba la campaña para explotar recursos en las zonas donde residían. En Brasil, Colombia, Guatemala y México se expulsó a indígenas de sus tierras, a menudo con violencia. Se tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban por los derechos de los indígenas y contra proyectos de desarrollo en Perú y Bolivia. En Ecuador y México suscitó preocupación la presentación de cargos falsos contra dirigentes indígenas.   

Hubo nuevos indicios de que los gobiernos no se tomaban en serio los derechos de los pueblos indígenas o no mostraban la voluntad política necesaria para paliar los efectos de décadas de arraigada discriminación. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera la construcción de la represa de Belo Monte hasta que se hubiera consultado de forma exhaustiva y efectiva con las comunidades indígenas –lo cual incluía el acceso a una evaluación del impacto social y medioambiental del proyecto en los idiomas correspondientes– y se hubieran tomado medidas para salvaguardar las vidas de las comunidades en aislamiento voluntario. Brasil respondió con dureza a estas medidas cautelares, que la Comisión suavizó posteriormente.

En Bolivia, después de varias semanas de protestas en las que decenas de personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y porras para disolver un campamento provisional, el presidente decidió cancelar la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Los manifestantes indígenas alegaron que la planificación de la carretera infringía las garantías constitucionales sobre la consulta previa y las leyes de conservación del medio ambiente.

En agosto, un estudio federal canadiense concluyó que el 39 por ciento de las redes de agua de las comunidades de las Primeras Naciones tenían deficiencias importantes que hacían que el 73 por ciento de las redes de agua potable y el 65 por ciento de las redes de aguas residuales constituyeran un riesgo medio o elevado para la salud.   

Derechos de mujeres y niñas

Los Estados de la región no consideraron prioritaria en sus agendas políticas la protección de las mujeres y las niñas frente a la violación, las amenazas y los homicidios. La aplicación de las leyes para combatir la violencia de género siguió suscitando gran preocupación, y la falta de recursos disponibles para investigar y enjuiciar estos delitos puso en entredicho la voluntad oficial de abordar la cuestión. El hecho de que no se juzgase a los responsables de estos delitos afianzó aún más la impunidad por la violencia de género en muchos países y contribuyó a fomentar un clima de tolerancia hacia la violencia contra mujeres y niñas. 

Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas seguían siendo una práctica extendida, con terribles consecuencias para sus vidas y su salud. En El Salvador, Chile y Nicaragua seguía estando prohibido el aborto en todas las circunstancias, incluso para niñas y mujeres embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida o salud corría peligro si continuaba el embarazo. Quienes intentaban abortar o ayudaban a abortar a otra persona se enfrentaban a largas penas de prisión.

En otros países, aunque la ley garantizaba el acceso a un aborto sin riesgos, dicho acceso se veía negado en la práctica por unos prolongados procedimientos judiciales que lo hacían casi imposible, especialmente para quienes no podían permitirse pagar un aborto privado. El acceso a servicios de anticoncepción y a información sobre cuestiones sexuales y reproductivas seguía suscitando preocupación, sobre todo para las mujeres y niñas más marginadas de la región.  

Migrantes: víctimas visibles, derechos invisibles

En varios países se negó la protección de la ley a cientos de miles de migrantes regulares o irregulares.

En México se descubrieron cientos de cadáveres en fosas clandestinas; algunos fueron identificados como pertenecientes a migrantes secuestrados. Las familias de migrantes centroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el país para exigir que se adoptasen medidas encaminadas a localizar a sus familiares y para poner de relieve la suerte corrida por muchos migrantes. Los migrantes centroamericanos, que atravesaban México por decenas de miles, eran secuestrados, torturados, violados y asesinados por bandas delictivas, a menudo con la complicidad de funcionarios públicos. En el caso de los migrantes irregulares, el miedo a las represalias o a la expulsión hacía que rara vez pudieran denunciar los graves abusos que sufrían.

Los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes fueron objeto de ataques sin precedentes en México, especialmente quienes trabajaban en la red de refugios que proporcionaban asistencia humanitaria a los migrantes.

A lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos con México, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales discriminaban a migrantes regulares e irregulares según criterios raciales. Los migrantes sufrían discriminación cuando intentaban acceder a la justicia y a protección, y encontraban obstáculos a la hora de recibir educación y atención médica. Estos obstáculos incluían políticas que sometían a los migrantes a comprobaciones adicionales y a la amenaza de ser denunciados a las autoridades de inmigración. Las propuestas de nuevas leyes contra la inmigración obligaron a algunos estudiantes a abandonar la escuela por temor a que sus padres fueran detenidos. Se presentaron recursos ante las cortes federales contra las leyes de inmigración de Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

En la República Dominicana, los migrantes haitianos regulares e irregulares fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas expulsiones ilegales masivas y violentas en las que se siguió negando a los dominicanos de origen haitiano su derecho a la nacionalidad dominicana. Se denunciaron palizas y la separación de niños de sus padres durante las expulsiones. Varios Estados, como Bahamas, no atendieron a los llamamientos de la ONU para que se pusiera fin a las devoluciones a Haití por motivos humanitarios, dado que proseguía la crisis humanitaria desencadenada en el país por el terremoto y el brote de cólera de 2010. 

Pena de muerte

En Estados Unidos fueron ejecutados durante el año 43 presos, todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976. Como dato más positivo, en marzo Illinois se convirtió en el decimosexto estado abolicionista de Estados Unidos, y en noviembre el gobernador de Oregón dictó una suspensión de las ejecuciones en el estado y pidió que se reevaluase la pena capital.

Entre los ejecutados en 2011 se encontraba Troy Davis, ejecutado en Georgia en septiembre pese a que existían serias dudas sobre la fiabilidad de su declaración de culpabilidad. Martina Correia, su hermana y una resuelta e intrépida activista contra la pena de muerte hasta su propia muerte, en diciembre de 2011, sigue inspirando a las numerosas personas que defienden la dignidad humana y la justicia en toda la región y más allá: “La pena de muerte es una abominación. Una negación de la dignidad humana. Su aplicación no sólo está determinada por el color y la raza, sino también por la capacidad para luchar contra el sistema. Intento ser una voz para quienes no la tienen. No me considero especial, creo simplemente que mi comunidad no es sólo la gente que vive en mi calle: es mi comunidad global. Y cuando matan a alguien en China o Uganda o Nigeria o Georgia o Texas, matan un poco de nosotros.”

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