Document - Dominican Republic: A life in transit - The plight of Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent


[No difundir hasta el 21 de marzo de 2007]Público


Amnistía Internacional

República Dominicana

Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana


Resumen

Índice AI: AMR 27/001/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR270012007

En este informe se explican detalladamente los actuales motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a la discriminación, el racismo y la xenofobia contra los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana.


Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional indican que las leyes y políticas de inmigración no se están aplicando de forma coherente con las normas internacionales de derechos humanos. También revelan que, si bien son los trabajadores migrantes haitianos en situación irregular los que corren más peligro, los dominicanos de ascendencia haitiana y los trabajadores migrantes en situación regular también están expuestos constantemente a sufrir numerosas violaciones de derechos humanos.


Los funcionarios dominicanos suelen aplicar de forma discriminatoria las leyes de inmigración y las normas sobre el registro de nacimientos.


En algunos casos, los funcionarios de inmigración se centran desproporcionadamente en los migrantes haitianos cuando efectúan sus comprobaciones de documentación, lo cual conduce a menudo a detenciones arbitrarias, malos tratos y expulsiones colectivas a Haití. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que estas expulsiones privan a las personas haitianas que son deportadas de una serie de derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la igual protección de la ley, a que la orden de expulsión se examine de acuerdo al debido procedimiento legal y a no sufrir discriminación. Los dominicanos de ascendencia haitiana también corren peligro de ser detenidos y expulsados, ya que los funcionarios de inmigración se niegan a reconocer su documentación y afirman que está falsificada o no es auténtica.


Amnistía Internacional halló también que la actual legislación y su aplicación discriminatoria niegan a miles de menores dominicanos de ascendencia haitiana su derecho a adquirir una nacionalidad. Estos niños y niñas son de hecho apátridas. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los menores dominicanos de ascendencia haitiana a la hora de conseguir la nacionalidad dominicana es la de conseguir un certificado de nacimiento de una Oficialía de Registro Civil. Los padres que son migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana suelen enfrentarse a prácticas discriminatorias en las Oficialías de Registro Civil que les impiden de hecho registrar el nacimiento de sus hijos. Sin certificados de nacimiento los dominicanos de ascendencia haitiana no pueden garantizarse trabajo, tener acceso a servicios públicos, incluida la educación y la atención médica, participar en la vida política, circular libremente ni tener acceso al sistema judicial.


A pesar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que se condenaba el trato dispensado por la República Dominicana a los niños de ascendencia haitiana, las autoridades dominicanas siguen negando la nacionalidad dominicana a niños nacidos en este país cuyos padres son migrantes indocumentados o irregulares. Esto implica que sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos son violados desde su nacimiento, incumpliendo no sólo obligaciones internacionales y regionales, sino la propia Constitución dominicana.


La actual política de la República Dominicana sobre migración y concesión de nacionalidad socava el derecho de miles de migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana a disfrutar de toda una gama de derechos humanos. Los factores que originan estas violaciones son diversos, pero todos tienen sus raíces en el racismo, la xenofobia y la discriminación, fenómenos generalizados y persistentes en el país.


Amnistía Internacional insta a las autoridades dominicanas a que demuestren una voluntad y un compromiso político claros de proteger y fomentar los derechos humanos de los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.



Este texto resume el documento titulado República Dominicana. Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana (Índice AI: AMR 27/001/2007), publicado por Amnistía Internacional el 21 de marzo de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España






[No difundir hasta el 21 de marzo de 2007]

Público

Amnistía Internacional


República Dominicana


Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana

























Índice




1. Introducción 1

2. Información general 3

2.1 El principio de no discriminaciónn 4

2.2 Metodología 5

3. La difícil situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos 7

3.1 Riesgos a los que están expuestos los trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos 8

3.2 Discriminación, racismo y xenofobia 11

3.3 Expulsiones colectivas y masivas 14

3.4 La nueva ley de migración 19

4. La problemática de la nacionalidad 21

4.1 Obtención de un certificado de nacimiento 23

5. Conclusiones y recomendaciones 27

5.1 Conclusión 27

5.2 Recomendaciones 28





Glosario




apátrida

Persona que ningún Estado considera ciudadano según su propia legislación.



batey

En el contexto de las plantaciones de caña de azúcar, los bateyes son asentamientos de trabajadores y trabajadoras. En el pasado estaban formados por barracones. Actualmente, en algunos bateyes los barracones han sido sustituidos por pequeñas casas de cemento.



cédula

Documento de identidad dominicano.



Convención sobre los Derechos de los Migrantes

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)



expulsión

Se dicta una orden de expulsión cuando una persona ha entrado en un Estado ilegalmente o ya no tiene autorización para permanecer en él. La expulsión se lleva a cabo mediante la deportación. Ésta puede no tener base legal y efectuarse obligando a la persona afectada a cruzar las fronteras del país.



finca

Propiedad agrícola



migrante

Término genérico que abarca tanto a emigrantes como a inmigrantes.



migrante irregular

Persona sin permiso legal para permanecer en un país.



trabajador/trabajadora migrante

"[...] toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional."

(Art. 2.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares)



trabajador/trabajadora migrante no documentado (trabajador/trabajadora migrante en situación irregular)

Persona que no tiene la documentación necesaria para entrar o permanecer en un país legalmente.










Muchacho de ascendencia haitiana en un batey, 6 de junio de 2006.



1. Introducción



"Nosotros venimos aquí como inmigrantes, como está la situación allá no podemos vivir. Venimos aquí buscando la vida pero no encontramos una vida que sea mejor. Estamos sufriendo mucho, estamos pasando trabajo aquí en esta zona, en este país, principalmente en la finca donde trabajamos."

RS, migrante haitiano que trabaja en una plantación de plátanos en el noroeste del país



En la República Dominicana, como en muchos otros países, la presencia de migrantes es motivo de un intenso debate público y político. A menudo los medios de comunicación dominicanos han dado un enfoque sensacionalista a este debate con su descripción distorsionada y engañosa de los migrantes, y en particular de los trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos.

Durante décadas las personas de origen haitiano han dejado su país huyendo de la persecución política y las dificultades económicas. Muchas han emigrado o buscado refugio en América del Norte y en Europa, pero la inmensa mayoría ha cruzado la frontera con la República Dominicana en busca de mejores oportunidades. Desde la década de los veinte, los trabajadores migrantes haitianos, en su mayoría hombres, han acudido a la República Dominicana como temporeros en la industria azucarera. Las plantaciones de caña, tanto privadas como nacionalizadas, dependen del gran contingente de trabajadores haitianos que, por salarios irrisorios, se someten a unas terribles condiciones laborales que la mayoría de los dominicanos no están dispuestos a aceptar.

Se calcula que actualmente viven en la República Dominicana entre 500.000 y un millón de haitianos y haitianas, pero no hay cifras oficiales.(1) La mayoría llegaron hace varios años, cuando el sector azucarero necesitaba miles de jornaleros anualmente. A pesar de la contracción del sector en la década de los ochenta, el flujo de migrantes haitianos a la República Dominicana no ha disminuido, al abrirse gradualmente a ellos otros sectores de la economía dominicana. Gran número de migrantes haitianos siguen empleados en el sector agrícola, pero actualmente también trabajan en la construcción, en el sector turístico, en hoteles y restaurantes, en fábricas instaladas en zonas francas situadas cerca de la frontera con Haití y en el servicio doméstico. Muchos migrantes haitianos también se ganan la vida con la venta en las calles de la capital, Santo Domingo, y en otras ciudades importantes.

La discriminación por origen étnico, idioma y nacionalidad es una realidad para muchos trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana (domínico-haitianos) que viven en la República Dominicana. Las víctimas cuyos casos han llegado a oídos de Amnistía Internacional son casi siempre trabajadores migrantes en situación irregular e indocumentados, pero también hay ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos menores.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional indican que las leyes y políticas de inmigración no se están aplicando de forma coherente con las normas internacionales de derechos humanos (véase el apartado 2.3). También revelan que, si bien son los trabajadores migrantes haitianos en situación irregular los que corren más peligro, los dominicanos de ascendencia haitiana y los trabajadores migrantes en situación regular también están expuestos constantemente a sufrir numerosas violaciones de derechos humanos. Los funcionarios suelen aplicar de forma discriminatoria las leyes de inmigración y las normas sobre el registro de nacimientos. En algunos casos, los funcionarios de inmigración se centran desproporcionadamente en los migrantes haitianos cuando efectúan sus comprobaciones de documentación, lo cual conduce a menudo a detenciones arbitrarias, malos tratos y expulsiones colectivas a Haití. Los dominicanos de ascendencia haitiana también corren peligro de ser detenidos y expulsados, ya que los funcionarios de inmigración se niegan a reconocer su documentación y afirman que está falsificada o no es auténtica. Amnistía Internacional halló también que la actual legislación y su aplicación discriminatoria niegan de hecho a miles de menores dominicanos de ascendencia haitiana su derecho a disfrutar de diversos derechos económicos, civiles y políticos, como el derecho a adquirir una nacionalidad, el derecho a la educación, a la seguridad de la persona y a no sufrir discriminación.

Trabajadores migrantes haitianos llegan para la zafra a una plantación de caña de azúcar en la región de

Los Llanos. © Particular

En este informe se explican detalladamente los actuales motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a la discriminación, el racismo y la xenofobia contra los trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana. El informe examina las actuales prácticas de expulsión colectiva y la ausencia del debido procedimiento en relación con estos casos. El capítulo 4 analiza las leyes dominicanas en relación con el derecho a adquirir una nacionalidad y pone de manifiesto las barreras administrativas y las prácticas discriminatorias a las que se exponen miles de dominicanos de ascendencia haitiana cuando intentan conseguir un certificado de nacimiento, documento esencial para establecer la nacionalidad dominicana. El informe termina con las conclusiones y recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades dominicanas respecto a las medidas que el gobierno debería tomar para mejorar el respeto, la protección y la realización de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana.



2. Información general

Las terribles condiciones económicas que reinan en Haití y la agitación política que ha caracterizado al país han contribuido a la constante emigración a la República Dominicana.

Trabajador migrante haitiano en un batey de la región de Los Llanos, junio de 2006. Las condiciones de vida en los bateyes son a menudo terribles, sin agua corriente ni infraestructuras sanitarias y con un acceso muy limitado a la asistencia médica. © AI



Hasta mediados de la década de los ochenta, la mayoría de los trabajadores migrantes haitianos eran contratados como braceros (cortadores de caña) para la zafra (cosecha de la caña de azúcar). En la República Dominicana, el Estado, que en ese momento explotaba 12 ingenios (fincas donde están las plantaciones y los molinos de caña), era el principal empleador de los trabajadores migrantes haitianos. Éstos eran contratados en su país mediante un acuerdo bilateral entre ambos Estados. Los acuerdos regulaban la remuneración de los braceros y su repatriación una vez terminada la cosecha. También determinaban la cantidad de dinero que el gobierno haitiano recibía por cada persona enviada. En 1986, con el último acuerdo bilateral en vigor, el gobierno haitiano recibió 2 millones de dólares estadounidenses como pago por 19.000 braceros.(2)

En las plantaciones, los braceros y todos los familiares que los acompañaban se alojaban en barracones de asentamientos llamados bateyes. Con el tiempo, el carácter de los bateyes cambió y se convirtieron en comunidades permanentes, pues las empresas azucareras contrataban permanentemente a cierto número de braceros para llevar a cabo tareas durante todo el año, como limpiar, desmalezar y plantar, y otros trabajadores, incluidos hombres y mujeres dominicanos, se trasladaron a ellos. Los bateyes se convirtieron en el hogar de familias de ascendencia haitiana de primera, segunda e incluso tercera generación.

Hay unos 400 bateyes diseminados por toda la República Dominicana. En la mayoría de ellos, las condiciones de vida son de las peores del país. En general, quienes viven en bateyes y otras comunidades pobres y marginadas de la República Dominicana no tienen acceso a los servicios públicos más básicos, como atención médica, educación, agua corriente y tratamiento de aguas residuales.

En 2005, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desarrollo humano en la República Dominicana afirmó que en el 16 por ciento de los bateyes pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar no había asistencia médica y que sólo el 7 por ciento contaban con un dispensario o una clínica rural. Dos tercios de las personas que viven en los bateyes no tenían acceso a infraestructura sanitaria alguna y la mitad sacaba el agua directamente de los ríos.(3) El informe del PNUD señala también que en casi un tercio de los bateyes los niños no reciben educación formal. Se calcula que un tercio de las personas que viven en estas comunidades son analfabetas.

Desde mediados de la década de los ochenta, la economía dominicana sufrió rápidos cambios que tuvieron un importante efecto en la migración. La agricultura dejó de ser la base fundamental de la economía, que comenzó a diversificarse con el desarrollo del turismo y de los servicios. También aumentaron las remesas de los dominicanos residentes en el extranjero. Al mismo tiempo, la industria azucarera dominicana se vio afectada por el descenso de los precios del azúcar en el mercado internacional. Los trabajadores migrantes haitianos se adaptaron a las nuevas oportunidades que surgieron de estos cambios y su presencia aumentó gradualmente en los sectores en desarrollo, si bien continuaron manteniendo una fuerte presencia en la agricultura.

En los últimos 20 años ha ido en aumento el número de migrantes que han abandonado las tareas agrícolas y han buscado trabajo en ciudades y pueblos. Este traslado de las zonas rurales a las urbanas ha aumentado la visibilidad general de los trabajadores migrantes haitianos y ha sido utilizado por algunos para crear el temor a una "invasión pacífica" de haitianos.(4) Como consecuencia de estos argumentos, el debate público y el discurso político sobre la inmigración haitiana han estado dominados por llamamientos en favor de medidas estatales más firmes para limitar el número de migrantes haitianos. Esto ha creado una atmósfera en la cual a menudo se ha hecho caso omiso de los informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y de otros órganos internacionales de derechos humanos sobre las violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes haitianos.

2.1 El principio de no discriminación

La base del programa de trabajo de Amnistía Internacional en favor de los derechos de los migrantes es el llamamiento para que todos los migrantes sean tratados con pleno respeto de sus derechos humanos y su dignidad humana. El derecho de toda persona a no sufrir discriminación es un derecho humano fundamental en sí mismo. Pero, además, puede ser también un mecanismo de protección eficaz contra diversas violaciones de derechos humanos, como por ejemplo la violación del derecho a la igualdad ante la ley.

La importancia del principio de no discriminación en el disfrute de otros derechos humanos queda subrayada por el hecho de estar consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 2 del PIDCP afirma:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El principio de no discriminación también está recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que afirma en su artículo 1:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la ONU, desarrolla el principio de no discriminación en su artículo 1:

la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU profundiza en este desarrollo al afirmar en su Observación general Núm. 18: "La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos".(5)

Esta Observación General señala también que no discriminación no sólo significa igualdad de trato, sino también acción afirmativa. El párrafo 10 señala:

El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población.

Este último principio significa que el Estado debe ir más allá del trato de igualdad y puede aplicar un trato preferente para corregir desigualdades en la sociedad, especialmente con respecto a sectores vulnerables y marginados.

2.2 Metodología

Este informe se centra en la discriminación a la que están expuestos los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana y las barreras existentes para su disfrute pleno y real de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la República Dominicana.

Durante 2006, representantes de Amnistía Internacional visitaron las ciudades de Santo Domingo y Dajabón, así como varias comunidades de trabajadores migrantes en las regiones de Dajabón, Mao, Barahona y Los Llanos. Los miembros de la delegación hablaron con representantes de ONG, y también con gente corriente, con trabajadores migrantes haitianos y con dominicanos de ascendencia haitiana. También visitaron la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Los delegados hablaron sobre asuntos de migración y nacionalidad con intelectuales dominicanos e internacionales. En varias ocasiones, los representantes de Amnistía Internacional solicitaron reuniones para debatir asuntos de migración y discriminación con autoridades gubernamentales dominicanas y funcionarios de inmigración, aunque sin éxito.

Amnistía Internacional llevó a cabo varias entrevistas con trabajadores migrantes haitianos y con dominicanos de origen haitiano que habían sufrido discriminación por su origen étnico, su nacionalidad y su idioma. Algunos de sus testimonios se han incluido en este informe como casos ilustrativos. Varias de las personas que hablaron con Amnistía Internacional pidieron quedar en el anonimato y por eso se han sustituido sus nombres por nombres ficticios.

El informe está dividido en cuatro apartados. El primero (éste) ofrece una introducción a los motivos de preocupación y explica el objetivo y el alcance del documento. Incluye unos breves antecedentes históricos de la migración en la República Dominicana y esboza la metodología utilizada para elaborar el informe.







Trabajadores migrantes haitianos cargan caña de azúcar en un tren en Los Llanos. © Particular




3. La difícil situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos


"Tengo 35 años en el país y he perdido mucha oportunidad de trabajo porque los gobernantes no se apuraron en dar cédulas [...] Abusan de la gente, dicen que van a dar [...] Yo desde que llegué aquí me dediqué a cortar caña, entonces el gobierno tendría que ayudar para dar la cédula. Mis cinco hijos no han podido estudiar porque no tienen certificado de nacimiento. El documento que me dieron no es útil porque ya no existe en éste régimen. Un coronel le daba un documento a los braceros haitianos pero ahora ya no sirve."

Jaime Jean, trabajador migrante de 44 años que vive en Santo Domingo



Al parecer, la mayoría de los trabajadores migrantes haitianos de la República Dominicana están en situación irregular, es decir, no tienen permiso legal para permanecer en el país. Es posible que algunos hayan entrado en la República Dominicana legalmente, convirtiéndose en migrantes irregulares al cambiar su condición con el tiempo.

Hay varias formas en que la situación de un migrante puede cambiar. Por ejemplo, delegados de Amnistía Internacional entrevistaron a varias personas que trabajaban en el sector agrícola y a quienes la Dirección General de Migración había dado permisos de trabajo válidos cuando entraron por primera vez a la República Dominicana, varios años antes. Con los años, estos permisos expiraron, sin que los renovaran ni prorrogaran, y por consiguiente estas personas se convirtieron en migrantes irregulares a pesar de seguir viviendo y trabajando en el mismo lugar. En otros casos, los funcionarios estatales han confiscado o destruido permisos de trabajo válidos. Sin documentos, los trabajadores migrantes ya no pueden demostrar que están en situación regular y por consiguiente corren peligro de ser expulsados.

Según una encuesta realizada entre trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), un gran porcentaje de trabajadores migrantes entran legalmente al país con pasaporte haitiano y visado turístico dominicano.(6) Estas personas se van integrando en el mercado laboral, su visado expira y se convierten en irregulares.

Los trabajadores migrantes que entraron en el país sin autorización legal y los que lo hicieron legalmente, pero con el tiempo pasaron a ser irregulares corren riesgos similares, agravados por el hecho de que pertenecen a una minoría étnica, nacional y lingüística que con frecuencia es objetivo de las redadas de migrantes. Los migrantes haitianos también han sido vilipendiados por grupos políticos nacionalistas que tratan de explotar los temores populares y usan a los migrantes como chivos expiatorios para los problemas sociales, económicos o de seguridad. Las medidas y las prácticas aplicadas por las autoridades dominicanas, como la expulsión masiva sin acceso a examen judicial alguno, han atropellado varios de los derechos humanos más básicos de los trabajadores migrantes haitianos, como el derecho a la libertad y la seguridad personal. Estas medidas también han contribuido a la creciente oleada de discriminación, racismo y xenofobia a la que se enfrentan.

Niños trabajando en una plantación de caña de azúcar en la región de Los Llanos. Aunque el trabajo infantil es ilegal, en las plantaciones de caña continúa dándose empleo a menores. © Particular



Una terminología peyorativa domina el debate público sobre la presencia de trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana. El discurso oficial sobre la aplicación de las políticas migratorias se expresa en términos de soberanía popular y a veces de supervivencia de la nación y la cultura dominicanas. En los debates públicos se suele hablar de la amenaza de "haitianización" para referirse a ello.

La República Dominicana, como cualquier otro Estado, tiene el derecho soberano de ejercer la autoridad en sus fronteras y establecer políticas sobre migración. Sin embargo, tanto la forma en que se ejerce la soberanía como las políticas migratorias que se siguen deben ser compatibles con las leyes y normas internacionales de derechos humanos. La soberanía viene condicionada por las obligaciones que el Estado dominicano ha asumido al ratificar tratados internacionales de derechos humanos.(7) Estos tratados garantizan la protección de los derechos humanos de toda persona en la República Dominicana, independientemente de su nacionalidad y condición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado: "[...] la calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral".(8)Aunque la República Dominicana no ha ratificado aún la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, la mayoría de sus disposiciones ya están incluidas en otros tratados en los que es Estado Parte. Estos tratados internacionales y regionales confirman la obligación del gobierno de reconocer y proteger los derechos humanos de todo trabajador migrante que se halle en territorio dominicano, independientemente de su condición migratoria.

3.1 Riesgos a los que están expuestos los trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos

Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores migrantes provienen principalmente del hecho de que no son ciudadanos del país en el que viven. En el caso de los trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana, estos riesgos están intensificados por el hecho de que la inmensa mayoría se encuentran en una situación irregular como consecuencia de la particular dinámica del proceso de migración y la falta de medidas eficaces y coherentes del gobierno dominicano para proteger los derechos de los trabajadores migrantes.

Los trabajadores migrantes irregulares sufren mayor riesgo de sufrir explotación y abusos contra los derechos humanos a manos de empleadores u otros agentes no Estatales, así como de funcionarios del Estado. Al carecer de condición jurídica, les resulta sumamente difícil reivindicar sus derechos o buscar resarcimiento por los abusos sufridos.

Los trabajadores migrantes haitianos que se hallan en situación irregular encuentran enormes dificultades para regularizar su condición migratoria incluso cuando llevan viviendo y trabajando varios años en el país. Los que se encuentran en situación regular también siguen en peligro debido a la discriminación generalizada contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana por su origen étnico, nacionalidad, idioma y situación económica. Amnistía Internacional recibió numerosos informes que narraban cómo los funcionarios confiscaban o rompían los documentos que permitían a trabajadores migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana trabajar o vivir en la República Dominicana, afirmando que eran falsos.


"Ese problema que tenemos los inmigrantes haitianos en la frontera porque la mayoría de nosotros queremos viajar legalmente pero la posibilidad no lo permite [...]

Nosotros queremos sacar un documento legal para viajar pero no tenemos recursos [...] El sueldo en la finca es de 150 pesos por día [4,40 dólares estadounidenses] menos los descuentos del seguro social. El problema es que, vamos a suponer una familia de cinco, seis, calcula cuanto le sale cada persona, 25 pesos por día y tiene que desayunar, y tiene que comer a las doce y cenar en la tarde. Eso no da para nada [...]

El sistema de carnets de migración es malo porque teníamos que pagar 1.000 pesos [30 dólares estadounidenses] a Migración pero después los guardias nos los quitaban y los rompían. Cuando el presidente da la orden a la guardia que nos deporte, los guardias ya no respetan los carnets.

No tenemos carnet. Ya no lo están emitiendo. Ya no tiene valor."

R.S., migrante haitiano que trabaja en una plantación de plátanos en la región de Mao, en el noroeste del país, 14 de junio de 2006

El sector agrícola dominicano depende mucho de los trabajadores migrantes haitianos, la mayoría de los cuales están en situación irregular, incluso en el caso de que en el momento de contratarlos tuvieran un permiso de trabajo de temporada. En la industria azucarera, por ejemplo, los trabajadores migrantes haitianos son un 90 por ciento de la mano de obra. La inmensa mayoría trabaja cortando caña, el trabajo más duro del sector.(9)

Debido a su falta de condición jurídica o protección, los migrantes que trabajan en esta economía "en la sombra" están en constante peligro de sufrir los abusos y la explotación de empresarios o administradores de fincas sin escrúpulos. Los empresarios y los administradores de finca que cometen abusos contra los derechos humanos saben que no es probable que tengan que responder de sus actos. La mayoría de los trabajadores migrantes irregulares se muestran reacios a acudir a las autoridades para que impongan el respeto debido a sus derechos, y por lo general temen llamar la atención de las autoridades arriesgándose a ser deportados a Haití. Para la mayoría de ellos prácticamente no existen los derechos en el trabajo. Por ejemplo, a los trabajadores migrantes haitianos se les niega el derecho a formar sindicatos legales y algunos trabajan en condiciones peligrosas con grave riesgo para su salud. Los trabajadores migrantes haitianos y los dominicanos de un batey situado cerca de Mao hablaron a Amnistía Internacional sobre su situación en la plantación de plátanos donde trabajan:





"Una avioneta fumiga cuando los trabajadores están en las plantaciones [...] Los guachimán [guardas] de la compañía allanan las casas de los trabajadores y acusan a nosotros de robar. La compañía no quiere uno que venga a decirle a la compañía [...] Ni tampoco ellos hablan mas nunca con nosotros [...] No tenemos derecho de hablar nada con ellos [los gerentes]. Uno viene a buscar la vida, no la muerte. Uno no puede seguir siendo maltratado así en el trabajo. Los gerentes de la compañía nos tratan mas mal que a un perro."

"Ellos aquí en la finca no quieren que nosotros nos organicemos porque si nos organizamos es un defecto para ellos. Obligatoriamente tenemos que trabajar allí porque no hay otras actividades para mujeres, ni para nosotros. Tenemos que trabajar obligatoriamente."

"Por eso es que nos están maltratando, a haitianos y a dominicanos. A todos nos están maltratando porque no hay otra cosa que hacer sino trabajar en las plantaciones."

"Si uno de nosotros abre los ojos para hablar, a ellos [los gerentes] no les importa sacarnos de la finca. Porque ellos dicen que uno que sabe más esta dañando a los otros. A B., que estaba luchando mucho, lo sacaron de la finca sin darle nada, después de 11 años trabajando."

Trabajadores dominicanos y haitianos, región de Mao, junio de 2006



Dado el omnipresente riesgo de despido y deportación, los trabajadores migrantes suelen considerar que no tienen más remedio que aceptar las malas condiciones laborales y es menos probable que traten de ejercer sus derechos plenamente, incluido sus derechos en el trabajo.

Los trabajadores migrantes haitianos viven en condiciones precarias, marginados y en una situación de pobreza extrema. Además, fuera de los bateyes tienen que enfrentarse a actitudes políticas y sociales por lo general hostiles, sin posibilidad de conseguir reparación por los abusos sufridos. Son sometidos a diferentes formas de discriminación y con frecuencia a discriminación múltiple. Las más flagrantes son el racismo y la xenofobia, que en ocasiones provocan estallidos de violencia.

3.2 Discriminación, racismo y xenofobia



"Los negros, con la cédula o sin cédula, con acta de nacimiento o sin acta de nacimiento, casi no tienen ningún valor, no tienen ningún valor [...] En la calle, con inmigración no tienen ningún derecho"

Dominicano de ascendencia haitiana, junio de 2006



El racismo supone una agresión a la noción misma de derechos humanos universales. Niega sistemáticamente a ciertas personas todos sus derechos humanos por su color, raza, etnia, ascendencia u origen nacional.(10) La discriminación racial persiste en casi todas las sociedades, a pesar de los esfuerzos que en todo el mundo se dedican a combatir el racismo y a pesar de las obligaciones contraídas por los Estados al firmar los tratados internacionales. El derecho a no sufrir discriminación racial es un principio fundamental del derecho de los derechos humanos. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos están obligados a combatir la discriminación en todas sus formas. Tienen la responsabilidad de garantizar que las leyes e instituciones del Estado abordan las raíces y las consecuencias de la discriminación, y esto incluye las leyes sobre nacionalidad y migración.

[L]os Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones, a la luz del principio de la igualdad y no-discriminación, independientemente de que tales personas sean nacionales o extranjeras.(11)

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial compromete a los Estados Partes a modificar las leyes y políticas nacionales que crean o perpetúan la discriminación racial y a promover la igualdad racial que permita a los diversos grupos étnicos disfrutar del mismo desarrollo social.

En la República Dominicana, donde persiste el racismo incluso contra los dominicanos de raza negra, los trabajadores migrantes haitianos corren más peligro, ya que pertenecen a una minoría étnica, nacional y lingüística. Tras visitar la República Dominicana, la experta independiente sobre los derechos humanos y la extrema pobreza de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU subrayó el vínculo entre pobreza y racismo hacia los trabajadores migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana:

[E]n la República Dominicana el racismo es un componente importante de la pobreza. A veces se manifiesta entre los propios dominicanos, pero sobre todo es patente frente a los haitianos o personas de origen haitiano cuya familia algunas veces está establecida desde varias generaciones, y que continúan fluyendo. Ello sirve a los intereses de los empresarios dominicanos, que aprecian la mano de obra haitiana subremunerada, mientras que la persistente pobreza existente en Haití garantiza una afluencia continua de recién llegados que hacen bajar los salarios.(12)

La República Dominicana, al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ha asumido la protección de las personas frente a la discriminación, tanto de particulares como de funcionarios del Estado. Esta protección se extiende a los trabajadores migrantes haitianos, independientemente de su condición migratoria. Sin embargo, las autoridades dominicanas continúan negando la persistente discriminación existente en la sociedad dominicana y no han tomado verdaderas medidas para impedirla. En 1999, el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que vigila la observancia de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los Estados, hizo el siguiente comentario sobre el informe presentado por la República Dominicana:

Se expresa preocupación por una afirmación que figura en el informe periódico, según la cual en la República Dominicana no existen prejuicios raciales y el Estado parte nunca ha considerado necesario condenar la discriminación racial en el sentido del artículo 2 de la Convención, ya que ningún país puede afirmar que en su territorio no existe ninguna forma de discriminación racial o estar seguro de que no ha de surgir en el futuro"(13)

En nota similar, en 2001, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación "por la discriminación de los niños de origen haitiano nacidos en el territorio del Estado Parte o hijos de familias haitianas migrantes, en especial su limitado acceso a vivienda, educación y servicios de salud", y observó "en particular, la falta de medidas específicas para resolver este problema". Por otro lado, manifestó "preocupación por las modalidades actuales de la disparidad socioeconómicas y la discriminación sexual y racial".(14)

En los últimos años, la frecuencia de los informes sobre agresiones racistas y xenófobas contra trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana ha sido preocupante. Ha habido actos de violencia en comunidades fronterizas, desde Montecristi, en el noroeste, hasta Elías Piña en el centro y Pedernales en el suroeste. Esta violencia se ha extendido a otras regiones, como Santiago y Moca e incluso Higüey, en el extremo oriental del país. Según los informes, estas agresiones aleatorias se han producido en aparente represalia por agresiones y homicidios perpetrados contra ciudadanos dominicanos que han sido atribuidos a haitianos. Amnistía Internacional ha recibido en los últimos años informes sobre ciudadanos dominicanos que, pertrechados con armas de fuego, instrumentos cortantes, bates de béisbol y piedras, han atacado las viviendas y las propiedades de personas que creían haitianas, a menudo únicamente por el color de su piel, causándoles graves lesiones e incluso la muerte.

Los siguientes artículos de prensa permiten hacerse una idea del carácter y la magnitud de estas agresiones. En muchos casos, la respuesta de las autoridades a estos estallidos de violencia indiscriminada ha sido disponer precipitadamente expulsiones colectivas en masa de trabajadores migrantes haitianos, con el pretexto de "protegerlos" de nuevos actos de violencia. A su vez, estas expulsiones han generado nuevos abusos y violaciones de los derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.

"Repatrían decenas de haitianos en Constanza tras el asesinato de una menor atribuida a un haitiano" (Espacinsular, 29 de noviembre de 2006).

"Forman grupos de vigilantes contra haitianos" (El Caribe, 1 de febrero de 2006).


sl240 "Haitianos huyen de persecución en Moca" (El Nacional, 31 de enero de 2006). En el artículo se lee: "Moradores de Monte de la Jagua han amenazado con matar a palos, pedradas o con armas blancas a los haitianos que encuentren en el lugar".

"En Monte de La Jagua no quieren haitianos" (Hoy, 30 de enero de 2006)

"Hieren a 7 haitianos y destruyen 27 viviendas" "Hieren a 7 haitianos en venganza" (Hoy, 23 de enero de 2006, El Caribe, 23 de enero de 2006).

"Sobreviviente narra cómo quemaron haitianos" (El Nacional, 25 de agosto de 2005)

"Deportan haitianos para ‘prevenir linchamientos’" (El Caribe, 8 de junio de 2005)

"Matan 2 haitianos y hieren a 40 en Hatillo Palma" (Listín Diario, 7 de junio de 2005)

"Jesuita denuncia Ejército repatria haitianos en masa" (Listín Diario, 14 de mayo de 2005)

"Destruyen propiedades y amenazan linchar a miles de haitianos en Montecristi" (El Caribe, 11 de mayo de 2005)

Muchas agresiones racistas o xenófobas de menor magnitud no son denunciadas a la policía porque sus víctimas temen ser expulsadas o sufrir nuevos abusos por parte de los agentes. Aunque las autoridades intervienen en algunos casos para intentar contener a las multitudes enfurecidas y evitar nuevos actos de violencia, son contadas las ocasiones en que las agresiones racistas y xenófobas se investigan de manera minuciosa e imparcial, y es raro que los responsables tengan que rendir cuentas de sus actos.

Las víctimas de discriminación normalmente no suelen tener acceso a los procedimientos formales de denuncia de los abusos. Muchas confían en organizaciones no gubernamentales y particulares que trabajan en la promoción y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y que también sufren intolerancia e intimidación por su trabajo. En 2004, un estudio sobre ciudadanía y democracia en la República Dominicana halló que más del 55 por ciento de los encuestados no apoyaba a particulares y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes haitianos.(15) En las zonas rurales el nivel de desaprobación de esta actividad llegaba a un 60,9 por ciento.

3.3 Expulsiones colectivas y masivas

Todo trabajador migrante tiene derecho a la protección frente a la expulsión arbitraria o colectiva. Este derecho lo garantiza el artículo 13 del PIDCP y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que la República Dominicana es Estado Parte. Toda decisión de expulsión debe ser evaluada individualmente y seguir el debido procedimiento. No son lo mismo las expulsiones colectivas (o masivas) que las de varias personas a la vez. Estas últimas son lícitas siempre que cada una de dichas personas haya pasado por un procedimiento individual. Las primeras no son jamás lícitas. Una expulsión masiva se presupone siempre teñida de discriminación y arbitrariedad y, por tanto, es inherentemente ilegítima. También es inherentemente arbitraria porque, entre otras cosas, no es posible decir si entre las personas expulsadas hay residentes legales e incluso ciudadanos dominicanos. Además, su carácter colectivo hace que para el Estado sea prácticamente imposible brindar las garantías de procedimiento necesarias. La realidad demuestra que, incluso cuando una expulsión masiva tiene supuestamente como objetivo a migrantes irregulares, a menudo resultan afectados por ella residentes legales, ciudadanos o ambas cosas.

Las expulsiones colectivas también vulneran el Protocolo de Entendimiento entre la República Dominicana y la República de Haití sobre los Mecanismos de Repatriación, firmado en diciembre de 1999. Al firmarlo, la República Dominicana se comprometió a mejorar sus mecanismos de expulsión y adquirió una serie de compromisos concretos, como:

· No expulsar a haitianos por la noche (entre las 6.00pm y las 6.00am),los sábados por la tarde ni en fiestas nacionales de cualquiera de los dos países;

· Evitar la separación de familias nucleares durante el proceso de repatriación;

· Permitir a los expulsados recoger sus pertenencias y conservar sus documentos de identidad;

· Dar a cada una de las personas expulsadas copia de su orden de expulsión;

· Notificar con antelación las expulsiones a las autoridades haitianas.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, el ejército y los funcionarios de inmigración dominicanos no han cumplido plenamente estos compromisos en la mayoría de las expulsiones. A los trabajadores migrantes haitianos que caen en las redadas que los funcionarios de inmigración hacen en las calles no se les da la oportunidad de recoger sus pertenencias ni de cobrar los salarios que se les deben.

Las autoridades dominicanas no han refutado el hecho de que estas operaciones de expulsión no se llevan a cabo según las normas nacionales e internacionales. Por el contrario, en una entrevista televisiva del 11 de octubre de 2005, el director general de Migración de la República Dominicana, Carlos Amarante Baret, admitió que en ocasiones se cometían "excesos" durante las detenciones y expulsiones.(16)

Mayo de 2005: expulsión masiva y colectiva de trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana

El 9 de mayo de 2005, en Hatillo Palma, localidad de la provincia noroccidental de Montecristi, Maritza Núñez, comerciante dominicana, murió y su esposo, Domingo Luzón, resultó herido durante un asalto, al parecer perpetrado por dos haitianos. Entre el 13 y el 15 de mayo, tras la agresión, miembros de las fuerzas armadas dominicanas, acompañados por funcionarios de inmigración, expulsaron sumariamente a más de 2.000 haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana residentes en la zona. Según las personas expulsadas, el personal del ejército entró en sus casas y lugares de trabajo para acorralarlas. La mayoría de los expulsados eran mujeres y menores. Algunos menores fueron expulsados sin sus padres, y otros quedaron en la República Dominicana y sus padres fueron expulsados.

Se han recibido informes de que, en el transcurso de estos hechos, las autoridades policiales y militares negaron a las personas que iban a ser expulsadas el derecho a esgrimir argumentos en contra de su expulsión, como la presentación de documentos que demostrasen que residían legalmente en la República Dominicana, ya fuera porque eran ciudadanos dominicanos o porque poseían permisos temporales en vigor como trabajadores migrantes. Según informes, el personal militar y los funcionarios de inmigración confiscaron, destruyeron o pasaron por alto estos documentos durante las expulsiones. Se expulsó a haitianos de más de 60 años de edad que llevaban viviendo en la República Dominicana más de 30 años y a los que ya no unía ningún lazo a su país de origen. Según los informes, no se autorizó a ninguna de las personas expulsadas a hacer una llamada telefónica para procurarse asistencia letrada con vistas a impugnar la legitimidad de la expulsión o ponerse en contacto con parientes o amigos. El criterio para decidir las expulsiones parecía ser abiertamente racista, es decir, basado en el color de la piel de las personas expulsadas y en la presunción de que eran de origen o nacionalidad haitiano.

Amnistía Internacional también recibió denuncias sobre el modo inhumano en el que se llevó a cabo la operación. Entre las personas sometidas a expulsión arbitraria había menores, mujeres embarazadas, mujeres que habían dado a luz recientemente y personas de más de 60 años. Según testimonios, fueron distribuidos en camiones y autobuses "apilados como animales" y viajaron durante varias horas sin recibir agua potable ni comida. También hubo informes de robos de objetos personales, como dinero, teléfonos celulares e incluso motocicletas por parte de los funcionarios dominicanos.



El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, admitió públicamente durante un seminario sobre política de inmigración celebrado el 23 de junio de 2005 que las expulsiones colectivas de haitianos se llevaban a cabo "en forma abusiva e inhumana". También afirmó: "Hemos carecido históricamente en nuestro país de una política migratoria justa y humana con respecto a Haití", y añadió: "Yo mismo me resiento cuando veo que lo que hacemos tradicionalmente son repatriaciones masivas que, ciertamente, sí violan los derechos humanos de los haitianos, y no podemos permitir que transmitamos una imagen internacional de que violamos los derechos humanos de nuestros hermanos de la República de Haití".(17)

El carácter colectivo de las operaciones de expulsión hace que resulte muy difícil que el gobierno proporcione las garantías de procedimiento necesarias, incluida la evaluación individual, y por tanto determine si entre los expulsados hay ciudadanos dominicanos y trabajadores migrantes haitianos que tienen derecho a permanecer en el país. Según los informes, durante las expulsiones de mayo de 2005 al menos 50 ciudadanos dominicanos fueron expulsados arbitrariamente de su país. Al expulsar a sus ciudadanos, la República Dominicana viola sus obligaciones internacionales, en concreto el artículo 22.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "[n]adie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional [...]"



CASO– Víctima de expulsión masiva y colectiva

El 13 de marzo de 2005, Marcos*y su familia fueron expulsados arbitrariamente por las autoridades de la República Dominicana. Aproximadamente a las 6 de la mañana, unos soldados acompañados por funcionarios de inmigración llegaron al batey Boca de Mao, en la provincia de Valverde, en el noroeste del país, e hicieron una redada con todas las personas haitianas o con "aspecto" de haitianas.

"[...] Cuando llegaron [los guardias y los funcionarios de migración], vinieron a mi casa [...] yo mostré mi cédula y dijeron ‘ahora no queremos saber de eso [...] ahorita se van todos para Haití’. El guardia tomó mi cédula, las cédulas de todos y mandaron pa’ Haití, con las manos vacías, sin nada. También tomaron mi motor [...].

De aquí [Boca de Mao] el camión salió como a las 7[de la mañana] [...] eran 40 o 50 en el camión, niños, viejos, todos [...] Primero fue a la base [militar] en Mao y volvió a recoger más [...] Llegamos allá, a la frontera, [Dajabón] a las 10 [de la mañana] [...] Nos mandaron sin ropa, zapatos [...]"

Marcos y su familia tuvieron que quedarse en Haití cuatro días hasta que pudieron regresar a su domicilio en Boca de Mao.

Entrevista de Amnistía Internacional, Boca de Mao, junio de 2006

* Nombre ficticio



El PIDCP, si bien no prohíbe expresamente la expulsión de nacionales, si establece el derecho de ingreso, que estas expulsiones vulneran necesariamente. El artículo 12.4 del Pacto dispone: "Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país". El Comité de Derechos Humanos señaló en su Observación general 27:

El derecho de toda persona a entrar en su propio país reconoce los especiales vínculos de una persona con ese país. Este derecho tiene varias facetas. Supone el derecho a permanecer en el propio país. [...] Implica también la prohibición de traslados forzosos de población o de expulsiones en masa a otros países. [...] El alcance de la expresión "su propio país" es más amplio que el de "país de su nacionalidad". No se limita a la nacionalidad en el sentido formal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización; comprende, cuando menos, a la persona que, debido a vínculos especiales o a pretensiones en relación con un país determinado, no puede ser considerada como un simple extranjero [...] El texto del párrafo 4 del artículo 12 permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia.(18)

La falta de supervisión judicial de las expulsiones masivas y colectivas es uno de los motivos de preocupación más acuciantes, ya que elimina una protección clave e incrementa el riesgo de que los migrantes sufran violaciones de derechos humanos, tales como detención arbitraria, discriminación, procesos administrativos sin garantías y malos tratos. Los procedimientos de expulsión deben contener las salvaguardias adecuadas y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.



CASO– Maltrato durante la expulsión

Evans*, haitiano de 25 años, lleva viviendo en situación irregular en la República Dominicana desde 2001. Ha sido deportado a Haití en tres ocasiones, la última en agosto de 2005.

"La Migración me agarró y me mandó para Haina [un centro de detención para expulsados]. Desde Haina hasta Elías Piña iba esposado de pie en la guagua. Cinco horas, así [...]Nos soltaron a las cinco de la mañana después de pasar toda la noche en la guagua. No recibimos nada de comer. Mujeres y niños amanecieron en la guagua también. En los asientos caben 3 personas pero [los funcionarios de migración] pusieron hasta cuatro o cinco. Uno arriba de otro.

No dejaron salir durante la noche [...] La gente hacía sus necesidades dentro de la guagua mismo. Los guardias escogían el espacio adelante y empujaban los otros para atrás. En la guagua subieron hasta 120 personas en una guagua de 60 y cuando uno no quería ir para adentro, cogían un palo y empujaban para dentro. Y cuando llegamos a Haití estábamos muriendo. Las mujeres embarazadas, todo.

Me dieron un papel diciendo que no tenía familia ni nada, ni casa. Vendo en la calle, vendo con triciclo. No tengo papeles y estoy sólo en la RD.

Regresé a la República Dominicana con un buscón [traficante] por Jimaní en diciembre de 2005. El buscón pagaba en el chequeo militar y los militares no hacían cuenta.

Fui deportado 3 veces. En la segunda fui apresado en Haina por 2 días sin comer ni beber nada antes de salir para Haití, en 2003."

Entrevista de Amnistía Internacional, 16 de junio de 2006

* Nombre ficticio



La Ley General de Migración de 2004 (véase infra) contiene varias disposiciones que garantizan el debido procedimiento. Cuando se redacta este informe no se sabe con certeza cuáles serían sus efectos en lo que se refiere al debido procedimiento, pues el presidente aún debía aprobar su reglamento de aplicación. Sin embargo, a pesar de las disposiciones de la nueva Ley, las prácticas y los procedimientos de expulsión en la República Dominicana siguen siendo duros y en la práctica las expulsiones, incluso cuando se deciden caso por caso, se llevan a cabo con tal precipitación que no se da a los afectados la oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares, y menos aún de impugnar la orden de expulsión.

Los autobuses abarrotados que transportan a los deportados crean condiciones de inseguridad que en ocasiones han causado graves lesiones. El 25 de septiembre de 2006, un autobús que transportaba a 81 trabajadores migrantes haitianos y 7 funcionarios de migración dominicanos se precipitó a un río cuando se dirigía a la localidad fronteriza de Elías Piña, desde la cual los migrantes debían ser expulsados a Haití. En el accidente resultaron heridos 46 haitianos y todos los funcionarios. Los trabajadores migrantes que quedaron ilesos o con heridas leves fueron expulsados; el resto fue hospitalizado.



CASO– Malos tratos y confiscación arbitraria de documentos de identidad durante redadas de migración

Matilde*,de ocho años, y otros cinco menores fueron rodeados por funcionarios de inmigración en la calle Máximo Gómez de Santo Domingo a eso de las 8.30pm del 4 de enero de 2006. Según los informes, un funcionario pegó dos veces a Matilde, cuya boca comenzó a sangrar. Esto hizo que interviniera una vecina, Ariana Cuevas, que también fue detenida. Matilde y Ariana Cuevas fueron enviadas a la Dirección General de Migración y luego a un centro de detención a las afueras de Santo Domingo conocido como Vacacional de Haina, donde pasaron la noche. Según Ariana Cuevas, los funcionarios de inmigración, tanto durante la detención como en el centro, profirieron insultos racistas y las amenazaron.

Matilde quedó en libertad al día siguiente, cuando una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos presentó en la oficina del servicio de migración pruebas de su nacionalidad dominicana. Ariana Cuevas también quedó libre.

En el momento en que esto se escribe, la Dirección General de Migración aún no había devuelto el acta de nacimiento dominicana de Matilde, única prueba de su identidad y documento esencial para conseguir acceder a una educación formal, a pesar de haberle sido solicitado reiteradamente.

Entrevista de Amnistía Internacional, 16 de junio de 2006

* Nombre ficticio



3.4 La nueva ley de migración

En 2004, el Congreso dominicano aprobó la nueva Ley General de Migración, Núm. 285-04. La ley contiene una serie de incongruencias que han desembocado en una confusión sobre las diferentes categorías aplicables a los nuevos migrantes y han obstaculizado su aplicación eficaz. Además, algunos de sus artículos contienen disposiciones que discriminan a los trabajadores migrantes y sus descendientes.

En 2005, la constitucionalidad de la ley fue impugnada por diversas organizaciones de derechos humanos dominicanas(19) con el argumento de que sus artículos eran contrarios a las disposiciones de la Constitución y discriminaban a los trabajadores migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. Basaban su recurso en los artículos que tratan de limitar el alcance del artículo 11 de la Constitución definiendo a todos los "no residentes" como personas "en tránsito" e imponiendo limitaciones a su derecho a la nacionalidad dominicana (Ley General de Migración, artículo 36, párr. 10). Al refundir ambas categorías (personas en tránsito y no residentes) la nueva ley ha creado una considerable confusión.

En su calidad de corte constitucional, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso y, en diciembre de 2005, afirmó la constitucionalidad de la ley. Este fallo podría tener importantes repercusiones legales respecto a los derechos de los migrantes y el derecho a la nacionalidad de los menores dominicanos de ascendencia haitiana. De hecho, el gobierno dominicano ha afirmado que, a la luz del fallo de la Suprema Corte de Justicia y de las disposiciones de la Ley General para las Migraciones, los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana.

La Ley General de Migración contiene otras disposiciones que discriminan claramente a los no dominicanos en general y a los trabajadores migrantes en particular. En el artículo 22 reconoce el disfrute de los derechos civiles de los extranjeros que viven en el país incluidos los trabajadores migrantes en situación regular sólo cuando el país del que son nacionales otorga un reconocimiento similar a los ciudadanos dominicanos que viven en su territorio. Así, el respeto a los derechos de los migrantes está condicionado a un acuerdo recíproco en otro Estado. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos afirma claramente en su Observación general Nº 15: "En general, los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todas las personas, independientemente de la reciprocidad, e independientemente de su nacionalidad o de que sean apátridas [...] Así pues, la norma general es que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros".(20)

En contra de lo que establece la Constitución dominicana, el artículo 28 de la Ley General de Migración contiene disposiciones discriminatorias en relación con la igual protección de la ley. El artículo establece que las mujeres no residentes que dan a luz en la República Dominicana deben registrar el nacimiento en la embajada o consulado del país de su nacionalidad. Sin embargo, si el padre es dominicano, el hijo de una mujer no residente puede ser inscrito en la Oficialía de Registro Civil del lugar de nacimiento. Además, este artículo dispone que los centros de salud emitirán un acta de nacimiento color rosado a las madres que no sean residentes legales o que no puedan demostrar su condición migratoria. Para el resto de los niños el acta es blanca. Los niños cuyas actas de nacimiento sean rosadas no podrán inscribir su nacimiento para conseguir la nacionalidad dominicana y por tanto se les niega el derecho a solicitar su nacionalidad basándose en su lugar de nacimiento, derecho que garantiza la Constitución dominicana.







Niña dominicana en el batey Libertad, junio de 2006. ©Gianni Dal Mas



4. La problemática de la nacionalidad

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre [y] a adquirir una nacionalidad [...]

517 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 7.1(21)

La importancia de la nacionalidad estriba en que da derecho a la persona a quien se le concede a recibir la protección del Estado e implica diversos derechos y obligaciones, como el derecho a participar en las elecciones, a votar y a presentarse como candidato. La nacionalidad es también un derecho humano fundamental recogido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.(22)

El artículo 11 de la Constitución de la República Dominicana dispone el derecho a la nacionalidad y define como ciudadano dominicano a cualquier persona nacida en el territorio de la República, "con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él". Además, el artículo 9 del Código Civil dispone: "Son dominicanos: Primero.- Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres. "

Todos los Estados tienen competencia para determinar quién goza del derecho a ser ciudadano y las condiciones relativas a la adquisición, la pérdida y la conservación de la nacionalidad. Sin embargo, esta autoridad está limitada por la obligación de garantizar la plena protección de los derechos humanos sin discriminación.(23)

En septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en el Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. La Corte estableció que, al impedir que las dos niñas consiguieran sus actas de nacimiento, la República Dominicana había violado su derecho a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, los derechos del niño y el derecho a la igualdad ante la ley.(24)

El Estado dominicano ha adoptado una postura y aplicado unas normas según las cuales los menores de origen haitiano nacidos en la República Dominicana no serían ciudadanos dominicanos porque sus padres son trabajadores migrantes haitianos y se los considera "en tránsito", a pesar del hecho de llevar viviendo en el país años, e incluso décadas. El artículo 36.10 de la Ley General de Migración, Núm. 285-04 intenta legitimar esta práctica limitando la aplicación de las disposiciones constitucionales con respecto a la nacionalidad (artículo 11 de la Constitución).

La Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional afirmó en 2003:

[N]o puede asimilarse la condición de ilegalidad del extranjero al concepto de tránsito, por tratarse de figuras distintas, y además, ni en el reglamento para la aplicación de la ley sobre Migración ni en el informe rendido por la Comisión [Interamericana de] [D]erechos [H]umanos [sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana en el año 1999], se establece la condición de legalidad como requisito para tener derecho a la nacionalidad del lugar de nacimiento; […] que en la especie no hay posibilidad de que pueda considerarse en tránsito a los padres de los menores que reclaman la inscripción de su nacimiento, en razón de que [de] los documentos depositados en el expediente se desprende que hace varios años viven en el país […,y] que, por otra parte, si bien es cierto, que los padres del menor viven en el país en un estado de ilegalidad, no menos cierto es que dicho estado de ilegalidad no puede, en modo alguno afectar a los menores, quienes pueden beneficiarse de la nacionalidad dominicana con sólo demostrar que han nacido en el territorio dominicano, y que sus padres no están cumpliendo función diplomática en el país ni están de tránsito en él […].

Sentencia no. 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictada el 16 de octubre de 2003.

En 2001, el Comité de los Derechos del Niño expresó su honda preocupación: "El Comitéestá profundamente preocupado por la discriminación de los niños de origen haitiano nacidos en el territorio [de la República Dominicana] o hijos de familias haitianas migrantes, en especial su limitado acceso a vivienda, educación y servicios de salud, y observa, en particular, la falta de medidas específicas para resolver este problema". En relación con el registro de nacimientos, el Comité indicó que le preocupaba "en particular la situación de los niños de origen haitiano o de familias haitianas migrantes cuyo derecho a la inscripción en el registro civil ha sido denegado en el Estado [...]. A consecuencia de esta política, no han podido gozar plenamente de sus derechos, como el de acceso a la atención de la salud y la educación".(25)

El derecho a la nacionalidad se recoge en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 15 que "[t]oda persona tiene derecho a una nacionalidad" y que "[a] nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad". Si bien no es un instrumento vinculante para los Estados, otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos también garantizan el derecho a la nacionalidad e imponen a sus Estados Partes la obligación de proteger este derecho.

El artículo 24 del PIDCP impone al Estado dominicano la obligación legal de proteger el derecho de todo menor a adquirir una nacionalidad.

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: "El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos". También establece: "Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

El artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla".

Las autoridades dominicanas incumplen claramente el derecho internacional de los derechos humanos, que les exige garantizar que a todo menor nacido en la República Dominicana se le conceden los mismos derechos, en particular el derecho a una nacionalidad, sin discriminación por la nacionalidad o el origen de sus padres.

4.1 Obtención de un certificado de nacimiento

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los menores dominicanos de ascendencia haitiana a la hora de conseguir la nacionalidad dominicana es la de conseguir un certificado de nacimiento de una Oficialía de Registro Civil.

La Junta Central Electoral es el órgano administrativo responsable de registrar las inscripciones de nacimiento y determinar los requisitos para la inscripción. La inscripción en sí tiene lugar en alguna de las 158 Oficialías de Registro Civil del país o en alguno de los 30 hospitales y clínicas de maternidad autorizados. Un estudio realizado en 2002 mostró que en la República Dominicana casi el 22 por ciento de los niños menores de cuatro años y el 6,1 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años no tenían certificado de nacimiento. En general, el 13 por ciento de los menores de 15 años no poseían este documento.(26) En general, el número de nacimientos no registrados de dominicanos es un motivo de gran preocupación, pero se trata de un problema particularmente grave en el caso de dominicanos de ascendencia haitiana.

Hay dos formas de registrar un nacimiento. La primera es hacerlo en el plazo de 60 días desde el nacimiento. El segundo procedimiento permite un registro tardío del nacimiento (superado el plazo de 60 días). En ambos casos, los padres que desean registrar el nacimiento de su hijo tienen que aportar varios documentos. La mayoría de los trabajadores migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana no tienen más remedio que utilizar el procedimiento de registro tardío, pues rara vez pueden registrar el nacimiento de sus hijos en el plazo de 60 días.

Los requisitos para el registro del nacimiento en el caso de registro tardío varían según la edad del solicitante. Por ejemplo, los que estaban en vigor en el momento de redactar este informe para la declaración tardía de nacimiento de personas mayores de 16 años eran:(27)

a) Constancia de nacimiento o alumbramiento del futuro inscrito expedida por el médico, clínica u hospital, partera o Alcalde Pedáneo;

b) Cédulas de Identidad vigente de los padres del futuro inscrito, en caso de filiación legítima o reconocida o de la madre en caso de filiación natural; o del declarante previsto por la Ley (Art. 43 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil). En caso de que los padres o uno de ellos haya fallecido, deberá presentarse Acta de Defunción, expedida por el Oficial del Estado Civil

correspondiente;

c) Acta de Matrimonio de reciente expedición de los padres del futuro inscrito, si éstos fueren casados;

d) Certificación de no-inscripción de la o las Oficialías del Municipio o del Distrito Nacional donde nació la persona a declarar, la cual se expedirá libre de impuestos y de manera gratuita;

e) Constancia de Bautismo con presentación de acta de nacimiento;

f) Las fotografías del futuro inscrito tamaño 2x2.



CASO– Negación del derecho a la nacionalidad

Marina*nació en Jacmel, Haití. Desde 1985 vive en la República Dominicana, donde ha tenido tres hijos. La mayoría del tiempo que ha vivido en la República Dominicana Marina lo ha hecho con visado de inmigración. Sin embargo, al final consiguió la residencia provisional y una cédula de identidad para extranjeros. Ha estado luchando durante años para conseguir la nacionalidad dominicana para sus hijos inscribiéndolos en una Oficialía de Estado Civil de Santo Domingo. Ha tenido que ajustarse a tres listas de requisitos diferentes sólo para dar un nombre legal a sus hijos.


Marina consiguió inscribir a dos de sus hijos, Raúl*y Sofía*que actualmente tienen 18 y 16 años, respectivamente. Sin embargo, no le han dejado que inscriba a Juan*alegando que su madre es haitiana y por tanto debe conseguir la residencia permanente en la República Dominicana para registrar su nacimiento.

Marina lleva más de cuatro años intentando conseguir un certificado de nacimiento para que Juan pueda seguir estudiando y tenga la oportunidad de trabajar legalmente en el país en que nació. Juan está en primero de bachillerato, pero le han pedido que deje de asistir a clases hasta que pueda acreditar su identidad, es decir, presentar su certificado de nacimiento.

Entrevista de Amnistía Internacional, junio de 2006

* Nombre ficticio

Las Oficialías de Registro Civil no aplican de forma sistemática estos requisitos. A consecuencia de ello, no es raro encontrar familias que tienen algunos hijos registrados y otros no. Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que en los distritos donde hay gran número de trabajadores migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, la Oficialía pide documentos suplementarios que la ley no exige.

Pero el problema es cuando vas a declarar. Porque mira esa mujer, [...] ella tenía, [pero] se pusieron a chequear [...] "Tiene su cédula dominicana [...], pero, ¿no es una haitiana?" Empezaron a hacer problema y esa mujer tiene su cédula, su acta de nacimiento [...] todo legal, y la están molestando. Una señora que no tiene cédula, imagínate [...] el problema que es. Solamente por el físico y la dificultad al hablar ya se ponen sospechosos: "Esa cédula es una cédula falsa", " Esta acta de nacimiento la compraron" [...] Y una que está legal, que tiene todo… una que no tiene, imagínese [...] Yo voy mucho a la oficialía [acompañando a los padres] Cuando yo veo que se acerca, yo empiezo a asustarme: Ya, le van a hacer problemas. No falla: "¿Tu no tienes tu pasaporte? ¿Tu mujer tiene su pasaporte, su visa? ¿No? ¡Ya váyanse!".

[...] Pero es verdad que la acogida está muy mala , muy mala. Hay algunas oficialías que están un poquito más suaves, pero hay oficialías que son tremendas, que no aceptan [...] si se acerca una señora un poquito morena [...]

Monja que trabaja con trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en Santo Domingo, 16 de junio de 2006

Los padres que son migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana suelen enfrentarse a prácticas discriminatorias en las Oficialías de Registro Civil. Estas prácticas les impiden de hecho registrar el nacimiento de sus hijos. Las sospechas sobre la autenticidad de los documentos presentados para el registro, el lenguaje peyorativo y las actitudes desdeñosas son obstáculos añadidos que la mayoría de los padres haitianos o que son considerados haitianos tienen que vencer para garantizar los derechos humanos de sus hijos, incluido el derecho a un nombre y a una nacionalidad.

CASO

"Yo tengo esta niña de 1 año y 7 meses cuando yo estaba embarazada que me chequeaba en la maternidad del hospital Altagracia [en Santo Domingo], yo me chequeaba con mi nombre normal que me dieron mis padres al nacimiento. Pero, como yo para poder estudiar en la escuela tenía que coger las pruebas nacionales y entonces tuve que pagar 3000 pesos [90 dólares estadounidenses] a un abogado para que pudiera conseguirme un acta de nacimiento de aquí de la República Dominicana porque yo sin ese documento no podía coger mis pruebas nacionales.

Y el error mío fue que cuando fui a chequearme a la maternidad no me chequé con mi nombre del acta de aquí, sino con el nombre del acta de Haití, mi país. Y después los médicos me dijeron que tenía que ir a sacar el acta de nacimiento de mi niño y me dijeron que no, que si no era con el nombre del acta de aquí no me lo chequeaba y entonces cuando fui a información me dijeron que tenía que pagar 700 pesos [21 dólares estadounidenses] para cambiar el nombre y legalizarme los papeles y declarar a mi hija. Y mi acta de aquí no está para fines de cédula y cuando voy a la junta me dicen que no, que hasta que no esté para fines de cédula, no me dan la cédula. Cuando mando a Barahona [principal Oficialía de Registro Civil del distrito donde nació Rachel*] para que me la traigan para fines de cédula, me están cobrando 1.500 pesos [45 dólares estadounidenses] más para entregarme la acta para fines de cédula."

Rachel* nació en un batey de la región de Barahona, en el suroeste del país. Un abogado le "compró" un padre y una madre con cédulas dominicanas para que pudiera conseguir una cédula y tener "condición jurídica" en el país, aunque bajo otra identidad. Rachel tiene 19 años y ha realizado todos sus estudios bajo un nombre que no es el suyo.

Entrevista de Amnistía Internacional, Santo Domingo, junio de 2006

* Nombre ficticio



[Para declarar] los niños que nacieron en la casa [hay que ir] donde un alcalde [...] Hay que pagarle algo al alcalde y hay que tener tres testigos que dicen que el muchacho nació en la casa a tal hora y tal fecha. Y el alcalde después que te da el papel, lo llevas a otro sitio y te lo firman y entonces ahí tu vas a la Oficialía. Venga mañana, venga pasado mañana [...] Ahora mismo tengo dos hijos míos para declararlos [...] ya tengo como dos meses. Si voy el lunes, me manda que venga el martes, si voy el martes, el miércoles, el jueves, el viernes hasta que manda para el lunes otra vez. Hay que gastar el pasaje todos los días, entonces tengo que quedar sin comida, sin comer nada, porque está un poquito lejos donde queda. El alcalde no tiene problema para dar el papel, pero la Oficialía difícil para conseguir.

Dominicano de ascendencia haitiana que vive en Santo Domingo

El certificado de nacimiento es el documento legal que identifica a una persona y determina su vinculación jurídica y política con el Estado dominicano. Se trata del documento oficial que establece la nacionalidad dominicana. Una persona sin certificado de nacimiento queda fuera del sistema jurídico del Estado y sus derechos le son negados. El derecho a la personalidad jurídica está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 3) y garantiza el reconocimiento de los individuos ante la ley, por lo que se trata de una condición fundamental para el disfrute de todas las libertades básicas. Sin certificados de nacimiento los dominicanos de ascendencia haitiana no pueden garantizarse trabajo, tener acceso a servicios públicos, incluida la educación y la atención médica, participar en la vida política, circular libremente ni tener acceso al sistema judicial.





Trabajador migrante haitiano, batey Libertad, junio de 2006. © Gianni Dal Mas



5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusión

Las personas que componen la población de trabajadores migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana (domínico-haitianos) corren peligro de sufrir toda una serie de violaciones de derechos humanos en la República Dominicana. Los factores que originan estas violaciones son diversos, pero todos tienen sus raíces en el racismo, la xenofobia y la discriminación, fenómenos generalizados y persistentes en el país.

Los trabajadores migrantes haitianos se arriesgan a ser detenidos y expulsados a Haití en expulsiones colectivas y masivas sin una revisión judicial adecuada. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que estas expulsiones privan a las personas haitianas que son deportadas de una serie de derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la igual protección de la ley, a que la orden de expulsión se examine de acuerdo al debido procedimiento legal y a no sufrir discriminación.

Las redadas de presuntos migrantes irregulares a menudo tienen como motivo la discriminación por el origen étnico, la nacionalidad y el idioma. Como consecuencia de ello, se detiene y se expulsa a trabajadores migrantes haitianos que están legalmente en el país, y también a ciudadanos dominicanos a los que se considera haitianos por el color de su piel. Los afectados no pueden impugnar estas decisiones debido a la inexistencia de mecanismos para el examen de las órdenes de expulsión, o a la inadecuación de los existentes.

El control de la migración en la República Dominicana dista mucho de cumplir las salvaguardas establecidas en la Ley General de Migración, la Constitución dominicana y el derecho internacional de los derechos humanos. Las expulsiones colectivas y masivas de trabajadores migrantes haitianos y los abusos que las acompañan seguirán siendo un motivo de preocupación hasta que el gobierno dominicano tome medidas firmes para que su política y sus prácticas respecto a la migración se ajusten a sus obligaciones internacionales.

Los niños nacidos en la República Dominicana de padres haitianos suelen ver negado su derecho a una nacionalidad y son de hecho apátridas. A pesar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que se condenaba el trato dispensado por la República Dominicana a los niños de ascendencia haitiana, las autoridades dominicanas siguen negando la nacionalidad dominicana a niños nacidos en este país cuyos padres son migrantes indocumentados o irregulares. Esto implica que sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos son violados desde su nacimiento, incumpliendo no sólo obligaciones internacionales y regionales, sino la propia Constitución dominicana.

La actual política de la República Dominicana sobre migración y concesión de nacionalidad socava el derecho de miles de migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana a disfrutar de toda una gama de derechos humanos y contribuye a reforzar actitudes xenófobas y discriminatorias. En las siguientes recomendaciones se indican medidas prácticas que las autoridades dominicanas deben tomar para cumplir con su obligación de promover y proteger los derechos humanos y poner fin a las violaciones contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que se han descrito a grandes rasgos en este informe.

5.2 Recomendaciones

Amnistía Internacional insta a las autoridades dominicanas a que demuestren una voluntad y un compromiso político claros de proteger y fomentar los derechos humanos de los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. En concreto, el gobierno dominicano debe tomar las siguientes medidas:

Deportaciones y expulsiones masivas y colectivas

§ Abstenerse de toda expulsión masiva y colectiva de trabajadores migrantes haitianos y asegurarse de que se toman medidas para garantizar que en todo proceso de expulsión se respetan los derechos humanos de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados.

§ Poner fin a las expulsiones sumarias y asegurarse de que los casos de todas las personas cuya expulsión se está considerando son examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos.

§ Tomar medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar llevan a cabo las detenciones y expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho y que todas las denuncias de abuso se investigan sin demora y de forma independiente e imparcial.

§ Asegurarse de que en el procesamiento de todos los migrantes indocumentados se respeta plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y en particular el derecho a un juicio con garantías, tomando medidas concretas para garantizar que los acusados comparecen sin demora ante una autoridad judicial o similar y que pueden comunicarse con sus familiares.

§ Garantizar que las medidas de detención se ajustan al Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y, cuando se trata de menores, a las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad. En cualquier proceso de expulsión deben darse condiciones de detención adecuadas en todo momento, tanto antes como durante el proceso.

§ Tomar medidas para garantizar que a cualquier menor o mujer detenida en un proceso de expulsión se le brinda la protección adecuada que exige la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ambas de la ONU.

Discriminación y agresiones racistas y xenófobas contra trabajadores migrantes haitianos

§ Garantizar el derecho de los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana a no sufrir ninguna forma de discriminación, consagrado en las normas internacionales, con especial atención a las mujeres y los menores.

§ Asegurarse de que la discriminación y las agresiones racistas y xenófobas no son toleradas en ninguna circunstancia, que estos incidentes se investigan minuciosa e imparcialmente y que los responsables comparecen ante la justicia.

§ Establecer mecanismos para informar a los trabajadores migrantes haitianos y sus descendientes de sus derechos, incluidos mecanismos eficaces y accesibles de presentación de denuncias cuando son sometidos a discriminación o a agresiones racistas y xenófobas.

§ Garantizar el acceso a un recurso efectivo, incluida la igualdad de acceso a las cortes nacionales y al sistema judicial, de los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que han sufrido prácticas discriminatorias o agresiones racistas y xenófobas.

§ Proteger y promover los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado. En concreto, tomar medidas para poner fin a prácticas ilegales y discriminatorias que niegan a los no ciudadanos el acceso al empleo, la propiedad y servicios públicos como los servicios médicos y la educación

§ Proteger y promover los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en el trabajo, independientemente de su condición migratoria.

Nacionalidad y registro de nacimientos

§ Conforme al artículo 11 de la Constitución dominicana, reconocer el derecho de todos los nacidos en la República Dominicana, sin discriminación de ningún tipo, a la nacionalidad dominicana.

§ Revisar la legislación, las políticas y las prácticas actuales sobre migración para asegurarse de que no contienen disposiciones discriminatorias en relación al derecho a la nacionalidad dominicana de los niños nacidos en territorio dominicano de padres haitianos, y ajustarlas al derecho internacional de los derechos humanos.

§ Poner fin a prácticas discriminatorias contra los dominicanos de ascendencia haitiana en las Oficialías de Registro Civil y exigir responsabilidades a los funcionarios que discriminan a los niños de ascendencia haitiana.

§ Ajustarse plenamente a lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, en concreto:

a) garantizar que no se repiten las prácticas discriminatorias en el registro de los nacimientos de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana;

b) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias para regular el procedimiento y los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana mediante la declaración tardía de nacimiento, y asegurarse de que se trata de un procedimiento sencillo, accesible y razonable;

c) garantizar que existe la posibilidad de interponer un recurso efectivo en los casos en los que la solicitud del registro tardío del nacimiento es denegada, y que los solicitantes que no consiguen registrarse reciben información sobre este recurso.

§ Garantizar la aplicación plena, y sin ningún tipo de discriminación, de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU, con respecto a todos los menores presentes en territorio dominicano.

§ Garantizar que el interés de los menores es la consideración prioritaria en todos los actos que afectan a los menores migrantes y descendientes de migrantes durante todas las etapas de su presencia en la República Dominicana, independientemente de su condición legal o la de sus padres.

Recomendaciones generales

§ Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, todas ellas de las Naciones Unidas.

§ Presentar lo antes posible todos los informes pendientes a los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU:

o El quinto informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos;

o El sexto informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer;

o El tercer y el cuarto informes periódicos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

o El segundo informe periódico ante el Comité de los Derechos del Niño.********

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o (1) En el Informe Nacional de desarrollo humano, República Dominicana 2005, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se considera un cálculo moderado para 2003 cifrar en 416.000 los haitianos que viven en la República Dominicana.

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o (2) Bridget Wooding y Richard Moseley-Williams, Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, pág. 42.

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o (3) PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano, República Dominicana 2005.

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o (4) Durante el examen del segundo informe periódico de la República Dominicana, en la 29ª Reunión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el representante de este país afirmó: "La República Dominicana ha estado sojuzgada durante 22 años; ahora no desea repetir la experiencia a través de una invasión pacífica apoyada desde el exterior" (E/C.12/1997/SR.29). Las tropas haitianas ocuparon la República Dominicana de 1822 a 1844. El país se independizó de España en 1821 y finalmente de Haití en 1844.

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o (5) Observación general, Nº 18, No discriminación, párr. 1, Comité de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 1989.

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o (6) Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Encuesta sobre inmigrantes haitianos en la República Dominicana: Resumen de Resultados, Santo Domingo, 2004.

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o (7) La República Dominicana aún no ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, pero sí los siguientes instrumentos de derechos humanos: el PIDCP y su (primer) Protocolo Facultativo; el PIDESC; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, dentro del sistema interamericano, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José") y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará")

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o (8) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, párr. 134.

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o (9) PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano, República Dominicana 2005.

o

o (10) El artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial define la discriminación como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública".

o

o (11) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Voto concurrente del juez A.A.Cançado Trindade, párr.33.

o

o (12) Consejo Económico y Social: Los derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Sra. A. M. Lizin. Misión en la República Dominicana (E/CN.4/2003/52/Add.1), 16 de enero de 2003, párr.8.

o

o (13) Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial: República Dominicana (CERD/C/304/Add.74), 26 de agosto de 1999, párr. 5. El 5 de diciembre de 2006, la República Dominicana presentó conjuntamente al Comité sus informes periódicos noveno a duodécimo, que el Comité examinará en su 72 período de sesiones, a comienzos de 2008.

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o (14) Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: República Dominicana (CRC/C/15/Add.150), 21 de febrero de 2001, párr. 22.

o

o (15) Ciudadanía y Democracia en la Republica Dominicana: Encuesta de Opinión Pública Nacional, República Dominicana 2004, Santo Domingo: Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)/Instituto Nacional de Opinión Pública (INOP), 2006.

o

o (16) EFE, 11 de octubre de 2005.

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o (17) Leonel Fernández, "La comunidad internacional debe ayudar a Haití", Seminario presentación de prioridades de la Zona fronteriza de la República Dominicana, Revista Dominicana de Política exterior, Año I, Núm. 1, Noviembre 2005-Enero 2006, pág. 69. Citado también en Listín Diario, "Fernández admite maltratos en repatriaciones haitianos", 24 de junio de 2005.

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o (18) Comité de Derechos Humanos, Observación general 27: Libertad de circulación (artículo12), (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9), 2 de noviembre de 1999, párrs. 19 y 20.

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o (19) Según el artículo 46 de la Constitución dominicana, una ley que viola la Constitución queda automáticamente invalidada. La Suprema Corte de Justicia es la única institución competente para determinar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso de la nación, y sus fallos a ese respecto son inapelables.

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o (20) Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15: La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, (HRI/GEN/1/Rev.7), 11 de abril de 1986, párrs. 1-2.

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o (21) La República Dominicana ratificó sin reservas la Convención sobre los Derechos del Niño el 11 de julio de 1991.

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o (22) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 15; PIDCP, artículo 24.3; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 7.1; Convención sobre los Derechos de los Migrantes, artículo 29; Convención para reducir los casos de apatridia, artículo 1.1, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 20.

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o (23) PIDCP, artículo 26. Otro principio que limita la libertad de los Estados para determinar quiénes son sus ciudadanos es la obligación de evitar la apatridia, recogida en la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, que la República Dominicana aún no ha ratificado, pero sí ha firmado.

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o (24) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130.

o

o (25) Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. República Dominicana, (CRC/C/15/Add.150), 21 de febrero de 2001, párrs. 22 y 26.

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o (26) Visión Mundial, Estudio de línea de base sobre el sub-registro de nacimientos de niños y niñas en las comunidades acompañadas por los Proyectos de Desarrollo de Áreas de Visión Mundial, Santo Domingo, RD, agosto de 2004.

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o (27) Junta Central Electoral, Resolución sobre declaraciones tardías de personas mayores de dieciséis años de edad, Ley no.07/2003.

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