Document - South Sudan: A human rights agenda

South Sudan: A Human Rights Agenda for Independence

Sudán del Sur: Agenda de derechos humanos

30 de junio de 2011

El 9 de julio de 2011, Sudán del Sur pasará a ser el 54° Estado de África tras el referéndum realizado en enero. La población de Sudán del Sur merece ser felicitada por la manera pacífica en que se llevó a cabo el referéndum, en virtud del Acuerdo General de Paz de 2005, que puso fin a la prolongada guerra civil en Sudán.

La nueva República de Sudán del Sur enfrenta enormes desafíos, dado su legado de prolongada guerra civil y el grave subdesarrollo. Para satisfacer numerosos derechos básicos, se necesitará ayuda internacional constante a largo plazo, cooperación de donantes e inversión. Sin embargo, la República de Sudán del Sur puede y debe tomar numerosas medidas inmediatas, que no dependen de la asistencia a largo plazo, para respetar, promover y proteger los derechos de su ciudadanía.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a demostrar su compromiso con los derechos humanos, actuando con carácter prioritario en las siguientes áreas:

Garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por soldados, policías y miembros de otras fuerzas de seguridad

Defender el derecho a la libertad de expresión y asociación

Revisar la legalidad de todas las detenciones, especialmente las de menores

Declarar de inmediato una suspensión de la pena de muerte

Promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas

Ratificar los tratados internacionales de derechos humanos

Rendición de cuentas de los servicios de seguridad

A raíz de los combates entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y los grupos armados de oposición ocurridos desde enero, cientos de civiles perdieron la vida, entre ellos mujeres y niños, y más de 10.000 personas se vieron desplazadas a los estados de Alto Nilo, Unity y Jonglei, según informes de las Naciones Unidas. En estas operaciones, los soldados del Ejército de Liberación Popular de Sudán han cometido graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, entre ellas el homicidio injustificado de civiles y la destrucción de hogares y otros bienes civiles.

Los soldados también están cometiendo graves violaciones de derechos humanos durante el transcurso de las operaciones destinadas a hacer cumplir la ley. El Servicio de Policía de Sudán del Sur continúa mal equipado, poco entrenado, analfabeto en su mayor parte e insuficientemente desplegado. El Ejército de Liberación Popular de Sudán a menudo es llamado a reemplazar el vacío que existe en el mantenimiento del orden, pero en lugar de defender la ley, los soldados cometen más violaciones contra los civiles, entre ellas homicidios injustificados, palizas y saqueos, especialmente cuando llevan a cabo operaciones de desarme forzoso en una comunidad.

La República de Sudán del Sur debería cumplir su obligación de proteger a los civiles con medidas concretas, incluidas las siguientes, para solucionar la impunidad generalizada de las fuerzas de seguridad:

Garantizar que los soldados y sus oficiales conozcan y comprendan su obligación de respetar y defender los derechos humanos y el derecho humanitario; hacer rendir cuentas al personal militar por las violaciones, a través de juicios ante un tribunal independiente que brinde todas las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Abstenerse de utilizar al Ejército de Liberación Popular de Sudán para llevar a cabo funciones policiales y garantizar la supervisión por parte de los civiles de todas las fuerzas de seguridad y las encargadas de hacer cumplir la ley.

Agilizar los esfuerzos para entrenar, equipar y desplegar el servicio policial lo suficiente para llevar a cabo el mantenimiento del orden, y asegurar que los agentes de policía conozcan y apliquen las normas internacionales en relación con la labor policial y rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos mediante juicios ante un tribunal independiente que brinde todas las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Protección de la libertad de libre expresión, asociación y reunión pacífica

Durante las elecciones de Sudán de abril de 2010, las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur hostigaron y detuvieron a personas consideradas contrarias al gobernante Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM), incluidos periodistas y miembros de partidos de la oposición. En 2011, Human Rights Watch y Amnistía Internacional continuaron documentando casos de periodistas sometidos por personal de seguridad a hostigamiento y detención arbitraria por criticar al gobierno.

Ha surgido un nuevo patrón, en el que el personal de seguridad detiene arbitrariamente a personas sospechosas de tener vínculos con grupos armados de oposición. A la atmósfera de intolerancia política contribuye el hecho de que, al redactar la nueva Constitución, el gobierno limitó la participación de los partidos políticos de la oposición.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a demostrar su compromiso con las libertades y los derechos civiles y políticos a través de las siguientes acciones concretas:

Afirmar públicamente el compromiso del gobierno con la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluida la de pertenecer a cualquier partido político.

Poner fin a las detenciones arbitrarias de periodistas, activistas y opositores políticos al Movimiento de Liberación Popular de Sudán gobernante. Liberar a los detenidos o acusarlos de un delito reconocible.

Promulgar leyes sobre medios de comunicación, que garanticen la libertad de expresión y la libertad de los medios, en virtud de las normas aceptadas internacionalmente. Promulgar una ley que establezca que los medios de comunicación controlados por el Estado constituyen una autoridad de difusión pública independiente.

Revisión de detenciones, reducción de casos atrasados

Las deficiencias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del sistema de justicia en su totalidad, como consecuencia de la escasez de personal calificado y la confianza en el derecho consuetudinario, han alimentado la impunidad frente al delito y ocasionado graves violaciones de los derechos humanos en la administración de la justicia. Entre estas violaciones, documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se incluyen detenciones arbitrarias, falta de asistencia y ayuda jurídicas, largos periodos de detención previa al juicio y malas condiciones de reclusión, cuyas características son el hacinamiento, el estado ruinoso de las construcciones y la cantidad insuficiente de comida y de medicamentos en las celdas de las comisarías, las cárceles de condado y las prisiones.

A menudo, los niños son juzgados como adultos, y en la mayoría de los centros de detención se mezclan con personas adultas; de este modo, están expuestos a un riesgo más alto de abuso sexual. Los niños detenidos disponen de muy pocas oportunidades educativas; así, su reclusión es más un castigo ejemplar que una rehabilitación. Si bien la Ley de Protección del Niño de 2008 garantiza a los menores una gran cantidad de derechos y protecciones, como por ejemplo la protección para los menores en conflicto con la ley, la mayor parte de los pasos necesarios para brindar dichas protecciones no se han implementado.

Muchos enfermos mentales están en prisión, aunque es ilegal encarcelarlos alegando su enfermedad, ya sea para su "protección" o para la "protección de otros". Las prisiones no cuentan con suficientes servicios médicos para tratarlos, no existe un sistema de compromiso voluntario y recluirlos en prisión contribuye al hacinamiento.

En vista de las violaciones reales y potenciales de los derechos humanos en el seno del sistema de la justicia penal, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a tomar de inmediato las siguientes medidas con el fin de revisar todas las detenciones y hacer disminuir los casos atrasados y el hacinamiento en las prisiones:

La judicatura, en uso de sus poderes constitucionales, debe revisar la legalidad y la necesidad de todas las detenciones con una periodicidad no superior a tres meses. La autoridad judicial competente debe ordenar la liberación de los detenidos –en especial, en el caso de menores– si no existen motivos para retenerlos.

Garantizar que los Ministerios de Justicia, de Género, Infancia y Bienestar Social y otros órganos relevantes del gobierno elaboren un plan urgente para crear el sistema de justicia de menores previsto en la Ley de Protección del Niño, incluidas las alternativas a la reclusión en prisión.

Los Ministerios de Salud, de Justicia y todo otro organismo gubernamental relevante deben desarrollar, con carácter urgente, un plan para el tratamiento de los enfermos mentales y garantizar su traslado fuera de la custodia de la prisión, ya que no existe fundamento legal para retenerlos.

Declaración inmediata de una suspensión de las ejecuciones

El proyecto de Constitución de transición de la República de Sudán del Sur establece que la pena de muerte debe seguir vigente “para casos extremadamente graves, de conformidad con la ley". Desde enero de 2007, las autoridades de Sudán del Sur han ejecutado a 12 personas como mínimo, y muchísimas más permanecen condenadas a muerte, incluidos algunos menores.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la pena capital solo puede imponerse en el caso de los delitos más graves y únicamente después de haber respetado las garantías procesales más rigurosas. Cada vez con más frecuencia los Estados derogan la pena de muerte, en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de conformidad con el derecho a la vida. Entre los países africanos que han abolido la pena capital se incluyen: Angola, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Guinea-Bissau, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudáfrica y Togo.

En todos aquellos países en los que no es posible asegurar completamente las garantías procesales más rigurosas, la implementación de una suspensión de las ejecuciones es una prioridad inmediata de los derechos humanos. Las deficiencias reales y potenciales del sistema de justicia penal de Sudán del Sur pueden conducir, y de hecho conducen, a incumplimientos de las leyes internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser sometido a castigos crueles, inhumanos y degradantes y el derecho a la vida.

Al declarar una suspensión formal de las ejecuciones, con vista a su abolición, el nuevo gobierno demostraría liderazgo en la cuestión de la pena de muerte, de conformidad con la tendencia global hacia la abolición. Una suspensión eliminaría el riesgo de ejecutar a inocentes, incluidos aquellos que aún no han agotado las opciones de apelación.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a:

Declarar una suspensión oficial de las ejecuciones, con el objetivo final de abolir la pena de muerte;

Conmutar todas las condenas de muerte;

Tomar las medidas necesarias para garantizar la pronta ratificación, sin reservas, del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Protección de los derechos de las mujeres y las niñas

Aunque muchas leyes ordinarias de Sudán del Sur protegen a las mujeres y a las niñas –como por ejemplo aquellas que prohíben la violación y la violencia sexual y permiten a las mujeres ser propietarias de tierras–, el gobierno rara vez puede hacerlas cumplir. Se les niega sistemáticamente a las mujeres y a las niñas el derecho a elegir cónyuge o a poseer y heredar bienes, y son sometidas a prácticas tales como matrimonio forzado y prematuro, levirato (herencia de esposa), uso de niñas para pagar deudas y otras formas de violencia doméstica.

En toda la región del sur, las mujeres y las niñas tienen escaso conocimiento de sus derechos conforme a la ley; más del 80 por ciento son analfabetas. Tienen acceso limitado a la justicia, y la mayor parte de las disputas en el ámbito familiar se resuelven en los tribunales tradicionales, donde se aplican costumbres y tradiciones discriminatorias basadas en políticas discriminatorias. Los líderes de las comunidades y las autoridades tradicionales que aplican estas costumbres tampoco conocen los derechos de las mujeres ni saben cómo defenderlos.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a demostrar su compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las niñas a través de las siguientes acciones concretas:

Declarar públicamente la aplicación de una política de tolerancia cero ante el matrimonio forzado y prematuro y elaborar una estrategia nacional para abordar el problema.

Declarar públicamente la aplicación de una política de tolerancia cero ante la violencia sexual y de género y elaborar una estrategia nacional para abordar el problema.

Ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos de las Mujeres en África (Protocolo de Maputo), y utilizarlos como guía en la redacción de la nueva Constitución y otras leyes para promover la igualdad de género.

Agilizar la implementación de programas para educar a hombres, mujeres y niños, y también a las autoridades tradicionales, sobre los derechos legales de mujeres y niñas, de conformidad con las leyes sudanesas e internacionales vigentes en Sudán del Sur. Garantizar que el Ministerio de Género y Asuntos Sociales cuente con los recursos adecuados para llevar a cabo dichas actividades de promoción y protección.

Ratificación de los tratados internacionales clave de derechos humanos

Actualmente, Sudán es Estado Parte en varios tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sudán también es Estado Parte en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana).

Sudán del Sur deberá establecer un marco sólido de derechos humanos, asegurando que se sigan aplicando estos instrumentos y ratificando otros tratados regionales e internacionales de derechos humanos, entre los que se cuentan los siguientes:

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como su Protocolo Facultativo;

La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño;

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Asimismo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a la República de Sudán del Sur a:

Realizar una declaración formal el día de su independencia de que seguirá aplicando los tratados de derechos humanos en los cuales Sudán es Parte; garantizar que la Constitución de transición y la futura Constitución permanente contengan una carta de derechos completa, de conformidad con tales obligaciones internacionales de derechos humanos.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la pronta ratificación, sin reservas, de los tratados mencionados anteriormente, entre ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo; la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Fortalecer el marco internacional de derechos humanos de Sudán del Sur, declarando explícitamente que los derechos y las libertades descritas en la Constitución de transición podrán hacerse cumplir en los tribunales.

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