El 20 de diciembre de 2019 comenzaron nuevos ataques contra personal y representantes vinculados a partidos de oposición en la Asamblea Nacional venezolana. Tras los sucesos del 5 de enero de 2020, existe honda preocupación por el riesgo de detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos que corren todos los demás representantes. No es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno han sometido a intimidación, acoso, abusos físicos, detención arbitraria y desaparición forzada a representantes y personal de la Asamblea Nacional en un intento por silenciar la disidencia política.
