Cuando la Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la inscripción legal en registro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), la Policía Nacional irrumpió en las oficinas de la organización y en las instalaciones de otras tres organizaciones de derechos humanos y de un periódico independiente. Estos recientes ataques son ejemplos de la estrategia continuada de represión por parte del Estado nicaragüense contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos.
