Pese a las alertas de las organizaciones de la sociedad civil respecto a los crecientes riesgos de violaciones de
derechos humanos en el contexto de Río 2016, ni las autoridades brasileñas ni los organizadores de los Juegos
adoptaron las medidas necesarias para impedir que se cometieran esas violaciones de derechos humanos. Esto dio
lugar a la repetición de un patrón de abusos ya presenciado durante otros grandes eventos deportivos celebrados en
la ciudad de Río de Janeiro, como por ejemplo los Juegos Panamericanos de 2007 o la Copa Mundial de la FIFA de
2014.
