Las graves violaciones a los derechos humanos que, hace casi dos décadas, se realizaron contra mujeres peruanas, en su mayoría indígenas, campesinas y en situación de pobreza, como consecuencia de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en el contexto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000; merecen atención inmediata y sus más de dos mil víctimas acceso a la verdad, justicia y reparaciones.
