Hay países que siguen ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional cada año. Sin embargo, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de respetar el derecho internacional por parte de los Estados ejecutores.
