Todos los años, en países de todo el mundo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley someten a las personas detenidas a tortura y otras formas de malos tratos utilizando diversos equipos y técnicas. Algunos equipos son intrínsecamente abusivos, en tanto que otros pueden cumplir una función legítima en el cumplimiento de la ley, pero sistemáticamente son objeto de un uso abusivo. Para poner fin a este comercio de “instrumentos de tortura” y prevenir la tortura y otros malos tratos, Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega piden a todos los Estados que incorporen a sus marcos jurídicos y administrativos cinco principios clave.
