En Amnistía Internacional vemos con gran preocupación la decisión del gobierno mexicano publicada en el “Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas”. La mayoría de las personas venezolanas que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de carácter internacional, o de la Declaración de Cartagena de 1984, de carácter regional.
