Asia y Oceanía

Asia y Oceanía

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

Su Su Nway, activista por los derechos laborales, llega al aeropuerto de Yangón (Myanmar), 16 de octubre de 2011.

© REUTERS/Soe Zeya Tun


¡Ya es hora, pueblo de China! Ya es hora.
China pertenece a todos.
Es hora de que tú mismo decidas
cómo quieres que sea el futuro de China.

Zhu Yufu, disidente chino

 

La respuesta de varios gobiernos de la región de Asia y Oceanía a los vientos de cambio político procedentes de Oriente Medio y el Norte de África fue aferrarse aún más al poder reprimiendo las reivindicaciones de derechos humanos y dignidad. Al mismo tiempo, el éxito de los levantamientos en Túnez y en Egipto inspiró a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas de Asia a alzar sus voces combinando las nuevas tecnologías con el activismo tradicional para hacer frente a las violaciones de sus derechos.

Zhu Yufu, autor del poema que encabeza este texto, fue detenido en marzo por las autoridades chinas. El fiscal presentó este poema como prueba principal que sustentaba el cargo de “incitación a subvertir el poder del Estado”. Zhu Yufu, que ya había pasado casi 9 de los últimos 13 años en la cárcel por exigir más libertades políticas, fue uno más entre las decenas de críticos, activistas y disidentes que las autoridades chinas detuvieron y hostigaron a partir de febrero en una de las peores campañas de represión política habidas en el país desde las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Además de Zhu Yufu, en la larga lista de personas detenidas, puestas bajo arresto domiciliario ilegal o sometidas a desaparición forzada figuraban Liu Xia, esposa del premio Nobel de la paz Liu Xiaobo, el abogado Gao Zhisheng y Ai Weiwei, artista de fama mundial. En varios casos, las autoridades chinas torturaron a los detenidos para conseguir su “confesión” y su promesa de que no utilizarían los medios sociales ni contarían a periodistas u otras personas los malos tratos recibidos.

La dureza de la represión indicaba el grado de preocupación del gobierno chino por los mensajes “jazmín” que comenzaron a circular anónimamente por Internet en febrero, convocando a los ciudadanos y ciudadanas chinos que estuvieran hartos de la corrupción, el mal gobierno y la represión política a congregarse pacíficamente y simplemente pasear por zonas designadas de determinadas ciudades. A pesar de la inocuidad de estos llamamientos, el gobierno chino respondió a ellos en distintos momentos del año prohibiendo las búsquedas por Internet de las palabras “jazmín” y “Egipto”. No obstante, en todo el país hubo decenas de miles de manifestaciones cuyos asistentes intentaban proteger sus derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El dinamismo con que invocaba sus derechos la ciudadanía en China contrastaba con la situación de la vecina Corea del Norte, donde no había señales de que la terrible situación de los derechos humanos fuera a mejorar tras la llegada al poder de Kim Jong-un, quien el 17 de diciembre, con menos de 30 años, sucedió a su padre como gobernante absoluto del país. Por el contrario, había indicios de que las autoridades habían detenido a los funcionarios sospechosos de poder plantear dificultades o poner en tela de juicio una transición suave, y se temía que estas personas fueran enviadas junto a los cientos de miles que ya sufrían detención arbitraria, trabajos forzosos, ejecución pública y tortura y otros malos tratos en los numerosos campos penitenciarios para presos políticos existentes en el país. 

Represión de la disidencia

Pocos gobiernos de la región fueron tan brutales como el régimen norcoreano a la hora de reprimir las voces de su ciudadanía, pero en toda la región continuaron las violaciones del derecho a expresar y recibir opiniones libremente. Varios gobiernos reprimieron deliberadamente las opiniones disidentes. En Corea del Norte, quienes se desviaban de la ideología oficial podían acabar pasando el resto de su vida en un desolado y remoto campo penitenciario para presos políticos. Tanto Vietnam como Myanmar criminalizaron la libre expresión de opiniones disidentes, y tenían servicios de inteligencia dedicados a intimidar a las voces críticas y silenciarlas.

Otros países también silenciaron las críticas, aunque por medios no tan abiertamente violentos. El 1 de junio, Singapur, que seguía manteniéndose como una excepción a las normas internacionales sobre la protección de la libertad de expresión, encarceló brevemente al escritor británico Alan Shadrake, de 76 años, tras acusarlo de desacato al tribunal por criticar el uso de la pena de muerte por parte del poder judicial.

En India, país orgulloso de su trayectoria en materia de libertad de expresión y con unos medios de comunicación pujantes, el gobierno trató de imponer nuevas restricciones sobre los medios sociales, incluidos los servicios de mensajería instantánea. En Malaisia continuó la presión sobre los medios de comunicación por Internet, que no obstante gozaban de una libertad ligeramente mayor que la prensa, la radio y la televisión, fuertemente censurados.

En Tailandia, el recién elegido gobierno de Yingluck Shinawatra (hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) no puso fin a la agresiva aplicación de la legislación –sumamente problemática– relativa a los delitos de lesa majestad, que prohibía cualquier crítica contra la familia real. Muchas de las personas contra las que se aplicó dicha legislación habían publicado material en Internet que los fiscales habían encontrado reprobable, o –como en el caso de un hombre de 61 años, Ampon Tangnoppakul, condenado a 20 años de cárcel– habían enviado presuntamente mensajes de texto considerados ofensivos.

Las autoridades de Corea del Sur recurrieron cada vez más a la Ley de Seguridad Nacional para hostigar a quienes eran considerados opositores a la política oficial sobre Corea del Norte. En ocasiones, el resultado fue una aplicación absurda de la Ley, como en el caso de Park Jeonggeun, que se enfrentaba a detención y procesamiento por reenviar con intención satírica mensajes de la propaganda oficial norcoreana a través de un microblog.

Otras voces críticas que exigían derechos humanos y dignidad en la región generaron respuestas más severas y en ocasiones pagaron un alto precio por hacerse oír. Los periodistas paquistaníes consiguieron mantener una actitud tenaz y en ocasiones díscola en los medios de comunicación del país a pesar de la violenta reacción del gobierno, de los partidos políticos y de grupos insurgentes como los talibanes paquistaníes. Al menos nueve periodistas murieron durante el año, entre ellos Saleem Shahzad, que en la publicación por Internet donde trabajaba había criticado abiertamente los poderosos servicios militares y de inteligencia del país. Otros periodistas dijeron a Amnistía Internacional que habían recibido graves amenazas de los poderosos y opacos servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, partidos políticos o grupos integristas.

Los periodistas no fueron los únicos que sufrieron ataques por expresar sus opiniones en Pakistán. Dos destacados políticos fueron asesinados por poner en tela de juicio el uso de las problemáticas leyes sobre la blasfemia: Salmaan Taseer, gobernador de Punyab que se caracterizaba por expresar abiertamente sus opiniones, y Shahbaz Bhatti, ministro para las Minorías (y único cristiano del Consejo de Ministros).  

Minorías

En Pakistán, como en muchos otros países de la región de Asia y Oceanía, había una situación de discriminación constante y grave de las minorías religiosas y étnicas. A menudo se marginaba a las personas pertenecientes a minorías. En numerosas ocasiones los gobiernos no cumplían con su responsabilidad de proteger los derechos de estas personas, que en muchos casos sufrían directamente el acoso oficial. Esto consolidaba la discriminación, agravaba la pobreza, retrasaba el desarrollo general y, en muchos países, alimentaba la violencia.

En la provincia paquistaní de Baluchistán, rica en recursos, las fuerzas de seguridad y algunos grupos insurgentes se vieron implicados en violaciones tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno no cumplió plenamente sus promesas de resolver las inveteradas quejas de la comunidad baluchi respecto a la distribución de los ingresos generados por grandes proyectos extractivos y de infraestructura. Esta provincia fue también escenario de varias brutales agresiones contra la comunidad chií de Pakistán, especialmente los chiíes hazaras, muchos de ellos de origen afgano residentes en la capital de Baluchistán, Quetta. Los grupos religiosos extremistas apelaron abiertamente a la violencia contra los chiíes y se les permitió actuar y llevar a cabo actos de violencia, como el homicidio a modo de ejecución de 26 peregrinos chiíes el 20 de septiembre. Los grupos extremistas paquistaníes se atribuyeron la responsabilidad de los ataques contra los chiíes incluso en Afganistán, donde un doble atentado con explosivos mató en diciembre a unos 70 chiíes que participaban en las procesiones religiosas de la festividad de la Ashura en Kabul y en Mazar-e-Sharif.

La comunidad ahmadí, grupo religioso radicado principalmente en Asia cuyos miembros se consideran musulmanes, sufrió discriminación sistemática en Pakistán e Indonesia. En Pakistán, donde los ahmadíes tienen prohibido legalmente declararse musulmanes, esta comunidad sufrió un constante hostigamiento oficial y, al no contar con suficiente protección o apoyo, también fue atacada por grupos religiosos integristas. En Indonesia se criticó a la policía por no evitar el ataque de una muchedumbre de 1.500 personas contra la comunidad ahmadí en el subdistrito de Cikeusik en febrero, que se saldó con tres muertos y muchos más heridos. El gobierno central permitió que continuaran en vigor las normativas locales que restringían las actividades de los ahmadíes. Esta comunidad también sufrió discriminación por sus creencias religiosas en otros países de mayoría musulmana de la región de Asia y Oceanía, como Bangladesh y Malaisia, donde se prohibió estudiar en algunos colegios a los niños y niñas ahmadíes y se pusieron grandes limitaciones al derecho de esta comunidad a la libertad de culto.

Los musulmanes suníes fueron víctimas de discriminación en China. La población uigur, predominantemente musulmana y étnicamente diferenciada, siguió siendo reprimida y discriminada en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El gobierno chino invocó la amenaza inconcreta del terrorismo y la insurgencia para reprimir los derechos civiles y políticos e interferir con las prácticas religiosas de los uigures, mientras la afluencia de migrantes chinos de etnia han y la discriminación a su favor convertían a los uigures en ciudadanos de segunda clase en materia cultural, económica y social.

También corrieron malos tiempos para otras minorías étnicas chinas. Al menos una decena de monjas y monjes o ex monjes tibetanos se prendieron fuego (se cree que seis de ellos murieron) en protesta por las restricciones a las prácticas religiosas y culturales, que incrementaron la sensación de alienación de los tibetanos y exacerbaron sus sentimientos de agravio. En Mongolia Interior la tensión étnica también fue elevada. En toda la región estallaron numerosas protestas cuando un camionero de etnia han que transportaba carbón al parecer mató a un pastor de etnia mongol.  

Conflictos armados e insurgencia

La discriminación étnica y religiosa y los consiguientes agravios políticos y económicos fueron factores subyacentes a muchos de los diversos conflictos armados y situaciones prolongadas de insurgencia que afectaban a cientos de miles de personas en la región.

Los conflictos que desde hacía decenios mantenía el gobierno de Myanmar con diversos grupos étnicos armados se reavivaron. Las fuerzas gubernamentales lucharon contra insurgentes de etnia karen, shan y kachin, y en su lucha desplazaron a decenas de miles de civiles y cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario constitutivas de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

Los talibanes y otros grupos insurgentes de Afganistán perpetraron ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, y fueron responsables del 77 por ciento de las víctimas civiles del conflicto, según la ONU. Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para que la Corte Penal Internacional investigara la situación, incluso cuando las fuerzas internacionales de asistencia al gobierno afgano comenzaron a transferir la responsabilidad en materia de seguridad a las fuerzas gubernamentales de Afganistán. Muchos grupos afganos de la sociedad civil, en particular grupos de mujeres, expresaron su temor a ser excluidos de las negociaciones con los grupos insurgentes, a pesar de que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU pedía que las mujeres estuvieran representadas significativa y adecuadamente durante las conversaciones de paz.

Continuaron los conflictos de menor intensidad en la isla de Mindanao, en Filipinas, así como en el sur de Tailandia, dos zonas en las que la minoría musulmana había sido privada históricamente de sus derechos ciudadanos y había sufrido un escaso desarrollo económico. Sin embargo, aún había esperanzas para Filipinas, ya que las partes en el conflicto parecían tratar de conseguir la paz pese a un breve estallido de violencia. En el sur de Tailandia, en cambio, la situación era complicada: los insurgentes seguían haciendo blanco de sus ataques a la población civil con la intención de intimidar a los habitantes de la zona y desplazar a los budistas y a otros grupos considerados leales al gobierno central. Por su parte, el gobierno central tailandés no cumplió su compromiso de depurar responsabilidades por las violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad, ni de ofrecer una respuesta estratégica y sostenible a las peticiones de un mayor desarrollo político y económico en la zona.

El desarrollo económico relativamente escaso, especialmente de las comunidades tribales adivasis, y la mala gobernanza dieron pábulo a la insurgencia en varios de los estados centrales y orientales de India. En los enfrentamientos entre los insurgentes maoístas y las fuerzas de seguridad murieron unas 250 personas. Los insurgentes recurrieron a la toma de rehenes y a los ataques indiscriminados, mientras que las fuerzas gubernamentales violaron sistemáticamente los derechos de las poblaciones locales a las que teóricamente protegían. Reconociendo que la estrategia gubernamental era cuestionable, el Tribunal Supremo de India ordenó que se desmantelaran los grupos paramilitares de Chhattisgarh respaldados por el gobierno presuntamente responsables de graves violaciones de derechos humanos. El Tribunal Supremo permitió asimismo que Binayak Sen, preso de conciencia, fuera puesto en libertad bajo fianza mientras se resolvía el recurso contra la cadena perpetua que le había impuesto en 2010 un tribunal de distrito de Chhattisgarh por sedición y colaboración con grupos maoístas armados.

Las fuerzas indias volvieron a ser criticadas en Jammu y Cachemira por violar los derechos humanos. En marzo, Amnistía Internacional publicó un informe que se ocupaba del uso indebido de la detención administrativa en aplicación de la Ley de Seguridad Pública, a raíz del cual el gobierno del estado se comprometió a reformar la Ley. En septiembre, la comisión de derechos humanos estatal encontró más de 2.700 cadáveres en enterramientos clandestinos e identificó 574 cadáveres como pertenecientes a personas de la zona desaparecidas, lo que desmentía la afirmación de las fuerzas de seguridad de que las personas enterradas allí eran insurgentes. La petición de la comisión de que el estado utilizara pruebas forenses avanzadas para identificar al resto de los cadáveres cayó en saco roto.

Rendición de cuentas y justicia

La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado afectó a muchos países de la región, especialmente a aquellos que se enfrentaban a su herencia de conflictos. La falta de justicia complicó los esfuerzos de reconciliación, y en muchos casos dibujó un panorama de injusticia y ausencia de rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, las comisiones especiales nombradas por Sri Lanka para abordar graves violaciones de derechos humanos habían resultado fallidas, y lo mismo sucedió con la labor de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación. La Comisión terminó su mandato con un informe en el que figuraban varias recomendaciones útiles para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero no investigó adecuadamente el papel de las fuerzas del gobierno en los ataques contra miles de civiles durante las últimas fases del conflicto contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las conclusiones de la Comisión a este respecto fueron el resultado de un proceso plagado de deficiencias, y contrastaban con los resultados del Grupo de Expertos del secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka, según el cual existían denuncias creíbles de que ambas partes en el conflicto habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Grupo de Expertos recomendó que se abriera una investigación independiente sobre estas denuncias y se iniciara un examen de la actuación de la ONU durante el conflicto de Sri Lanka.

Al no procurarse justicia se fomentó un clima de impunidad en el que hubo nuevos casos de desaparición forzada en el norte y el este de la isla, así como amenazas y ataques contra periodistas, activistas y personas críticas con el gobierno. Aunque el gobierno levantó el estado de excepción, mantuvo la represiva Ley de Prevención del Terrorismo e incluso añadió nuevos reglamentos que permitían la detención sin cargos ni juicio.

En Camboya, las injerencias del gobierno también pusieron en peligro el proceso de rendición de cuentas por los crímenes perpetrados durante el periodo del Jemer Rojo, al cerrarse un caso sin una investigación completa y quedar paralizado otro. Y en Afganistán, algunos cargos oficiales destacados seguían ocupados por personas contra las que pesaban denuncias creíbles de responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Mientras los acusados de violaciones de derechos humanos evadían la rendición de cuentas, muchos gobiernos utilizaban la flagelación para castigar a presuntos delincuentes, violando con ello la prohibición internacional relativa a las penas crueles, inhumanas o degradantes. Singapur y Malaisia siguieron imponiendo el castigo de azotes con vara para diversos delitos, como consumir alcohol, jugar y hallarse a solas en compañía de una persona del sexo contrario que no fuera cónyuge o familiar. En Maldivas, la presión de la oposición política hizo que el gobierno mantuviera el castigo de los azotes con vara.    

Personas migrantes y refugiadas

La inseguridad, los desastres naturales, la pobreza y la falta de oportunidades adecuadas empujaron a cientos de miles de personas a buscar una vida mejor en otro lugar, tanto dentro como fuera de la región. Aunque numerosos gobiernos de la región dependían del trabajo migrante como necesidad económica básica, muchos seguían sin proteger adecuadamente los derechos de las personas que buscaban trabajo o refugio.

Al menos 300.000 nepalíes emigraron al extranjero para evitar la pobreza y la herencia de un largo conflicto. Muchos de ellos lo hicieron engañados sobre sus condiciones laborales y trabajaban en condiciones que equivalían a trabajo forzoso. Aunque el gobierno nepalí promulgó leyes y mecanismos de reparación para proteger a sus trabajadores migrantes, las investigaciones de Amnistía Internacional documentaron que estas medidas no se aplicaban adecuadamente debido a la escasa sensibilización de la opinión pública y a un seguimiento y un procesamiento inadecuados de los infractores.

En Malaisia, importante país receptor para los migrantes de la región y escala para los solicitantes de asilo con destino a Australia, los migrantes indocumentados solían ser detenidos y encarcelados o azotados con vara. En abril, los migrantes recluidos en el centro de detención de Lenggeng, cerca de Kuala Lumpur, se amotinaron a causa de las malas condiciones de reclusión. El Tribunal Superior de Australia declaró nulo un acuerdo bilateral entre Australia y Malaisia para intercambiar 800 solicitantes de asilo que habían llegado por mar a Australia por 4.000 refugiados (fundamentalmente de Myanmar) que se encontraban en Malaisia en espera de ser reasentados. El Tribunal alegó falta de garantías jurídicas para los refugiados en Malaisia.

 

Pasos adelante

A pesar de los grandes obstáculos existentes, muchos activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de la región de Asia y Oceanía pudieron abrirse camino para lograr un mayor respeto de sus derechos, y el éxito logrado en un país sirvió de inspiración y ánimo en otros. 

En India, las comunidades adivasis de Orissa consiguieron en julio una victoria en su lucha por defender su forma de vida cuando el Tribunal Superior de este estado falló que el intento de Vedanta Aluminium de ampliar su refinería violaba el derecho de las comunidades al agua, a la salud y a un medio ambiente saludable, y que la ampliación supondría más abusos contra las comunidades adivasis.

El primer ministro de Malaisia anunció en septiembre que trataría de derogar la Ley de Seguridad Interna, que entre otras cosas permitía la detención indefinida sin cargos ni juicio, y sustituirla por nuevas leyes sobre seguridad. La decisión se tomó en parte en respuesta al movimiento Bersih 2.0 (“Limpio”), que celebró una marcha en Kuala Lumpur en julio a la que asistieron miles de manifestantes pacíficos. La policía golpeó a los manifestantes, lanzó botes de gas lacrimógeno directamente contra la multitud y detuvo a más de 1.600 personas.

En marzo, Malaisia anunció que había firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que intentaría ratificarlo. Filipinas ratificó el Estatuto de Roma en noviembre.

Tal vez el avance potencial más significativo respecto a la situación de los derechos humanos en la región fue la decisión de las autoridades de Myanmar de poner en libertad a más de 300 presos políticos durante el año y permitir a Aung San Suu Kyi presentarse a las elecciones parlamentarias. Las autoridades siguieron hostigando y deteniendo a algunos disidentes y activistas de la oposición, lo cual hizo sospechar que su principal intención al adoptar esas medidas era suavizar las sanciones impuestas al país, no iniciar un cambio genuino. Pero, como los hechos se encargaron de demostrar en Myanmar y en otros lugares, es a través de estos resquicios por donde los activistas políticos y los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden hacer oír su voz y decidir cuál será su futuro.