Las autoridades cerraron definitivamente 375 asociaciones y ONG registradas, y confiscaron sus bienes, en virtud del decreto ejecutivo nº 677 de 22 de noviembre. En la lista de organizaciones cerradas figuran varias ONG cuyas actividades habían sido suspendidas el 11 de noviembre. Esta medida no puede justificarse ni siquiera bajo el estado de excepción.
